Los testimonios mexicanos y de 20 países más que asistieron demuestran la actitud institucional que genera desplazados y deja sin agua a los más pobres.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El huracán Patricia apresuró la realización de la VII reunión anual de la Red Waterlat-Gobacit, pero el tiempo de exposición fue suficiente para acreditar con las experiencias mexicanas y las compartidas por visitantes de Colombia, Brasil, Argentina, Guatemala y Ecuador, entre otros, “que el modelo de explotación y violencia contra la tierra y sus pueblos es de escala planetaria”, dijo la directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), María González.
Las presentaciones que se centraron en el caso de México, “evidenciaron que en la gran diversidad territorial y cultural que hay en nuestro país, se presentan patrones comunes de explotación y violación de derechos a través de la gestión del agua […] desde las comunidades afectadas se entiende que el gobierno, con sus nuevas leyes, quiere quitarles lo que ha sido de sus pueblos toda la vida, como lo denunciaron integrantes del Consejo Indígena de Zacualpan en Colima”, dijo el investigador del Iteso y consultor en temas de desarrollo, Héctor Castañón.
“Estas formas de exclusión no ocurren sólo en las remotas áreas rurales de nuestro país. De acuerdo con estudios realizados por la Coalición Internacional para el Hábitat, son los pobres en las ciudades quienes ven más vulnerado su derecho al agua y el saneamiento. Las evidencias muestran que esto no es una cuestión circunstancial, sino una forma de violencia sistemática, ya que según análisis históricos desarrollados por Francisco Peña del Colegio de San Luis, la inmensa mayoría de quienes hoy no tienen agua, es porque fueron desplazados del lugar donde tenían acceso”, añadió en un artículo analítico de la reunión, publicado en el portal desmesura.org, denominado “Nuestro reflejo en el agua”.
El derecho al agua es uno de los Derechos Económicos y Sociales sobre los que México no ha rendido cuentas desde 2006, a pesar de haber suscrito compromisos internacionales con las Naciones Unidas. “Y así, como lo reportó Areli Sandoval de Equipo Pueblo, la Ley de Aguas Nacionales de México no es un instrumento que garantiza el derecho humano al agua, porque el líquido en este país es destinado, cada vez más, a quien puede pagarlo: primero los negocios globales, luego las élites urbanas, y al final los pobres de la ciudad y los pequeños productores agropecuarios”.
Es que, como el antropólogo Angel Palerm advierte, “con el agua siempre fluye el poder. Y es el poder del mercado el que configura cada vez en mayor medida los modelos de gestión del agua en todo el mundo, aún por encima de los máximos tribunales de justicia, como lo demuestra en nuestro país el caso expuesto por Tomás Rojo de la Tribu Yaqui, sobre el Acueducto Independencia en Sonora, el cual a pesar de tener orden judicial para ser suspendido, continúa su construcción”.
Los grandes proyectos hidráulicos “en todo el planeta, son impulsados desde la perspectiva de mercado y no desde la perspectiva de una gestión sostenible de cuencas”, en la cual se privilegian los sistemas de pequeña escala y organización comunitaria. Por eso el proceso es de despojo e injusticia y exige una verdadera “revolución” por el agua, añade Héctor Castañón. El artículo completo se puede consultar en http://desmesura.org/firmas/nuestro-reflejo-en-el-agua#sthash.ugfkJn5q.dpuf
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La trampa del "fracking" energético
El proyecto hidráulico más grande y costoso de la historia de México es el acueducto Monterrey 6, de 100 mil millones de pesos para llevar agua desde el río Pánuco, uno de los cuatro más caudalosos del país, a la ciudad de Monterrey. Raúl Ángel Rubio Cano, del movimiento de resistencia contra la mega obra, aseguró que “es un negocio de políticos, en concreto de la familia Medina, y sus vinculaciones transfronterizas con la familia Bush en Texas; con este dinero tendrían un ingreso altísimo, por 30 años, pero la movilización de la sociedad civil, de académicos y hasta de funcionarios decentes y empresarios lograron hacer la detención de este proceso, pero tenemos dudas con el nuevo gobernador de Nuevo León”, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.
Si rompe su promesa tendrán que pasar a las denuncias y movilizaciones, porque a juicio de Rubio, la Comisión Nacional del Agua “había ofrecido tener en estos años el acueducto para el fracking, es parte del compromiso para la repartición petrolera del territorio nacional, porque estamos en una zona rica en gas natural y necesitan toda esa agua para explotar el recurso; lo de la necesidad de agua es una trampa, bastarían cinco mil o seis mil millones de pesos para abrir una segunda llave de la presa El Cuchillo para los cinco metros por segundo que requerimos, pero estamos en la cuenca de Burgos y es un asunto de geopolítica” ajeno a los habitantes de la región.
Según Claudia Campero, de NoFrackingMexico.Org, 29 millones de litros de agua se consumen en cada perforación por fracking.
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