No se acreditaron por el MP y el juez penal los presuntos delitos de los que es acusado en la refriega del 22 de julio frente a la minera.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
A dos y medio meses de su detención bajo acusaciones prefabricadas por la Fiscalía del estado de Colima, el pasante de derecho Eduardo Mosqueda Sánchez, ha sido dejado en libertad por el juez primero de Distrito de esa entidad, en el marco del juicio de amparo 1173/2015-IIIMC, que será notificado en las siguientes horas al Juzgado Primero de lo Penal y las autoridades penitenciarias de esa entidad.
“Lo que sigue es la notificación a las autoridades y a partir de esa fecha el juez tiene 24 horas para cumplir la sentencia; es decir, dejar sin efecto el auto de formal prisión y dictar en su lugar uno de libertad con las reservas de ley por los delitos de privación ilegal de la libertad, robo calificado y despojo […] la justicia federal otorgó el amparo a Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, por no encontrar ningún elemento que acreditara la presunta responsabilidad en la comisión de esos supuestos delitos”, dijo a MILENIO JALISCO la abogada defensora, presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera.
El juzgador federal señala: “De autos se advierte que el inculpado, y los coinculpados [32 ejidatarios nahuas de Ayotitlán], son coincidentes en manifestar que el aquí quejoso, no participó en los hechos que se le imputan; además, contrario a lo manifestado por el juez natural, las denuncias y testimonios rendidos, no conllevan a presumir ni siquiera de forma indiciaria que el aquí quejoso es probable responsable de los delitos por los que se sigue el proceso penal”.
Mosqueda Sánchez fue detenido el 22 de julio pasado, al acompañar a los nahuas de Ayotitlán para la ejecutoria del amparo 462/2013, que determinó que se debían suspender actividades relacionadas con los títulos mineros propiedad de la transnacional Ternium. La autoridad colimense pretendió juzgar a Mosqueda y a los ejidatarios por los delitos de despojo, privación ilegal de la libertad y daños a la propiedad privada del consorcio minero, sin embargo, muchas de estas ”pruebas” fueron prefabricadas por el Ministerio Público, como se demostró con los cheques del presunto pago de rescate, que en realidad eran el pago de la renta de las tierras en disputa (“Nahuas secuestradores, o de cómo Colima fabricó un delito”, en MILENIO JALISCO, 27 de julio de 2015).
El gobierno de Jalisco negoció la liberación de los detenidos, excepto la de Mosqueda. El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, lo justificó: el abogado engañó a los ejidatarios, pues el amparo no tenía esos alcances territoriales. Sin embargo, dos y medio meses después, no se ha determinado el polígono afectado por la suspensión judicial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario