Desde Manantlán en Jalisco hasta Puerto Morelos en Cancún o Islas del Alto Golfo en Sonora, la crisis económica derrumba un trabajo de 25 años.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
En Manantlán, Jalisco y Colima, los miembros del consejo asesor –que alguna vez fue orgullo nacional como modelo de participación de los pobladores de la reserva- ya ni siquiera tienen apoyo para trasladarse en sus viajes a las reuniones locales, y se ha despedido personal operativo e incluso a un subdirector no obstante tratarse de unas de las 25 reservas prioritarias del país y está asediada por los intereses mineros.
Pero es un mal que se reproduce en todos lados: en Pico de Orizaba, los talamontes han incrementado el saqueo de madera desde que despidieron a parte del personal operativo del parque nacional; en tres áreas protegidas de Quintana Roo –Sian Kaan, Puerto Morelos y Tulum, entre las más presionadas del país para desarrollos turísticos- se ha despedido en fecha reciente a sus directores, lo que las ha dejado a merced de intereses inmobiliarios con poder de lobby ante la presidencia de la república.
Otras áreas protegidas como las del golfo de California, las del Desierto de Chihuahua y las del golfo de México no la pasan mejor. Los intereses económicos han ganado aparentemente la disputa contra los arrecifes veracruzanos para la ampliación del puerto; los productores de alfalfa obtienen control sobre las aguas fósiles de Cuatrociénegas, el milenario yacimiento de Coahuila, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene carta abierta para destruir la marisma más grande del Pacífico americano en Nayarit con la presa Las Cruces.
Es efecto inmediato de la “austeridad” que ya está destruyendo un trabajo de 25 años a favor de las regiones naturales más valiosas de México.
“Vi nacer a la Conanp [Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas] y ahora con impotencia y desilusión veo cómo la convierten en la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente], chimuela, sin intención, dejando a su gente sin compromiso y sin el espíritu de la conservación”, señala a MILENIO JALISCO el ex director de Cuatrociénegas y de Marismas Nacionales de Sinaloa, Ivo García.
“Durante mi último año en la Conanp recibí presión tanto del comisionado como del director regional para respaldar manifiestos de impacto ambiental que no cumplían con la ley; desde obras como granjas de producción extensiva de camarón dentro de manglares en áreas naturales protegidas, hasta presas como Las Cruces que desecará nuestros Marismas Nacionales, y no accedí. Primero, al inicio de 2014 redujeron el equipo con el que trabajaba en Sinaloa de diez a cinco personas, me quitaron autoridad en Marismas Nacionales de Sinaloa, Huizache Caimanero, Monte Mojino y El Palmito. Para mayo de 2014 el equipo se redujo a tres personas, incluyéndome. Luego, desde las oficinas centrales y la regional de la Conanp me pidieron entregar subsidios discrecionalmente, sin apegarme a las reglas de operación de los programas […]. Me negué a cooperar”.
Añade: “Finalmente en agosto me dijeron que había oportunidad de cambiarme a otra área natural protegida si yo entregaba subsidios a un grupo formado por los acuacultores de camarón sin cumplir con la ley. Decidí renunciar. No fue fácil, no ha sido fácil, pero aproveché la experiencia ganada en 17 años e inicié una consultoría […] ahora seguimos trabajando por la conservación de nuestras áreas naturales protegidas desde otra trinchera, el espíritu de la conservación no se acaba”.
Historias similares vivieron los antiguos responsables de las Islas del Alto Golfo de California o de la Sierra Tarahumara. Y en Quintana Roo, la directora de Puerto Morelos, Martha Abundes, no la dejaron siquiera cumplir el año. Hoy, la reserva marina, altamente presionada por los turisteros, es administrada desde otra área protegida, el parque Nacional Isla Contoy, también inmerso en presiones económicas y con escasez de recursos.
“No es creíble que una región que aporta tanto dinero al producto interno bruto nacional no pueda financiar las tareas básicas de la conservación”, destaca el investigador de la UdeG, Pedro Medina-Rosas, experto en arrecifes coralinos.
El patrimonio natural de México ha sido puesto así, por una coyuntura económica desfavorable, bajo riesgo.
Un gobierno con sentido de responsabilidad no habría reducido presupuestos, sino incrementado, advierte el investigador de la UdeG, Enrique Jardel Peláez. Pues desde 2012, un ejercicio denominado “Temas prioritarios de la Conanp”, discutido en la 41 reunión del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en la Ciudad de México, el 12 de noviembre de 2012, “se planteaba ya la difícil situación”
Textualmente, el documento señala: “en términos reales el presupuesto de la Conanp ha ido en disminución a partir de 2007, mientras que sus responsabilidades han ido en aumento. En 2007 la proporción del presupuesto de la Conanp con relación al Presupuesto de Egresos Federal (PEF) fue de 0.054, mientras que en 2012 alcanza sólo 0.029”
“Personal: si bien a nivel nacional la contratación de personal está restringida, en las áreas protegidas estamos por debajo de lo que requiere una gestión mínima de manejo en comparación con estándares internacionales. Es urgente un aumento en plazas, 304, más la regularización de 910 eventuales. Recordemos que en los territorios de las áreas protegidas hay regularmente poca presencia de otras instancias públicas y altos niveles de pobreza”
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