El derecho de acceso al agua, en tiempos de cambio climático, es un desafío que los entes públicos tienen posibilidad de afrontar con éxito, indica Léo Heller.
Agustín del Castillo/ Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La mayor vulnerabilidad de los pobres y marginados del mundo ante los efectos del cambio climático, que ocasiona dificultades en el acceso a agua de calidad y que incluso pone en predicamento la supervivencia de comunidades enteras por eventos extremos como sequías y huracanes, obliga a los gobiernos a retomar la rectoría de la gestión del territorio y a invertir en conservación ambiental, estimó el relator especial de Naciones Unidas para el derecho humano de acceso a agua potable y saneamiento, Léo Heller.
Entrevistado por MILENIO JALISCO ayer, después de su intervención en el conversatorio público de la VII reunión internacional de la Red Waterlat-Gobacit, que se realizó en el Congreso de Jalisco y a la que acudieron especialistas y activistas de 21 países, el funcionario de la ONU destacó la relevancia del Estado como ente garante de la universalidad de los derechos humanos en un mundo regulado por intereses comerciales, que deriva en que se usen recursos naturales sin control y se hagan negocios inmobiliarios sin consideraciones ambientales, incluso en zonas de riesgo.
"En los casos de extremo climático, como los huracanes o las inundaciones, por un lado hay que anticipar y tener planos de contingencia cuando ocurran estos casos, y además, reconocer que las comunidades más vulnerables de la población son las que reciben los impactos más grandes, porque por un lado viven en territorios más vulnerables, y porque tienen menos condiciones para hacer frente a los problemas; además del daño directo, con los huracanes e inundaciones pueden comprometerse las fuentes de agua, pueden desplazar a la gente, y en ese desplazamiento la gente pasa a vivir en condiciones más precarias en el acceso a esos bienes".
De este modo, "es responsabilidad de los gobiernos, como principios de los derechos humanos, proteger a las poblaciones más vulnerables: Los derechos humanos colocan tres tipos de responsabilidades en los gobiernos, defender lo que se tiene de los intereses de terceros [fundamentalmente, de negocio], proteger el goce del derecho ante algún retroceso de calidad y acceso, y cumplir progresivamente lo que falta usando los máximos recursos disponibles".
Sin embargo, añadió, "lo que puedo percibir es que en muchos casos la variable climática no es parte del planeamiento de los sistemas de agua y saneamiento [...] no me parece aceptable desconocer que el clima está cambiando, y que con este cambio los eventos extremos pueden ser más frecuentes; no es posible que los gobiernos y los prestadores de servicios tomen con sorpresa estas situaciones.
"Yo diría que hay dos problemas en este caso, un problema es anticipar los impactos, con un planteamiento más estratégico, con la consideración de esa variable del cambio climático, y por otro lado es la crisis adquirida, la gestión de la crisis, que hoy no considera las necesidades de los grupos más vulnerables", añadió.
- ¿Entonces se trata de que el ejercicio de gobierno incluya la planeación del uso del territorio y la preservación ambiental, que los servicios ambientales se conserven, que los ríos mantengan sus cuotas de agua, que los bosques estén forestados para que no haya escasez de agua, es decir, todo un rompecabezas?
- Sí, yo pienso que cuando miramos a los gobiernos desde la perspectiva de los derechos humanos esas cuestiones son las más importantes y fuertes, porque el mercado que regula a la sociedad es ineficiente porque puede traer agravamiento en el cumplimiento de los derechos humanos, ampliar las brechas entre los más vulnerables y los menos vulnerables; debemos desde esta perspectiva insistir en la fuerte presencia del Estado, del gobierno, intentando planear, aminorando las brechas, resolviendo problemas ajenos a los intereses de comercio.
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