El representante de DaFerdi dice que el director del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas no tiene autoridad moral para señalar actos de corrupción
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
Salvador Uribe Avín, director del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), le pidió a Víctor López Ortega, representante de Comercializadora DaFerdi SA, que le instalara un equipo de seguridad en uno de sus negocios, antes del final del año 2010 y no le pagó.
“En uno de sus centros comerciales tiene un gimnasio de su propiedad, de nombre Life Gym, en Plaza Conchitas; yo le instalé los equipos de control de acceso y barandales de acero inoxidable que suman la cantidad de 300 mil pesos, mismos que a la fecha no me ha pagado; es más, en ese entonces me mandó decir con Ramiro Fernández, quien era jefe de adquisiciones, que lo tomara como su Navidad, robándome de manera cínica y descarada”, afirmó el empresario en entrevista con MILENIO RADIO JALISCO.
Éste era un pago usual que había que hacer para mantenerse en nivel de competencia dentro de los concursos de proveeduría del CAPECE.
“Traigo unas copias del croquis que el mismo Salvador Uribe Avín, de su puño y letra con un lápiz me dibujó; un mapa de cómo quería instalar los torniquetes, vienen ahí ciertas medidas, me dijo con quién me dirigiera para tratar todo esto; a estas hojas voy a mandarles hacer un estudio de escritura porque a mí me interesa cobrar ese dinero; en vez de que me diga que soy un ladrón, es al revés, yo he sido víctima de la corrupción de este tipo”, advirtió.
—Entiendo que no es el único caso, que hay muchos proveedores a los que se les ha pedido ese tipo de cuotas…
—Exactamente; yo cuando fui a este lugar vi a varios proveedores instalando aires acondicionados y algunos tipos de aparatos; y quiero decir que para mí el señor es prácticamente un director chafa, por toda la polémica que hay y por todos los actos de corrupción que han habido en ese organismo desde que él lo preside y que además, no son únicos en su carrera, porque en Guadalajara estuvo de contralor y salió tras el escándalo de que favoreció a sus parientes.
El responsable de DaFerdi hizo sus aclaraciones acerca de las fianzas apócrifas. “Yo en ningún momento estuve enterado de que las fianzas fueras apócrifas, además de que con este proveedor duré mucho tiempo trabajando en lo que es el aspecto de las fianzas y nunca tuve ningún problema; y el que me lo recomendó fue el ingeniero Ramiro Fernández, me dijo que este proveedor, Roberto Granada Ontiveros, era familiar del ingeniero Uribe, para que lo tomara en cuenta al hacer cualquier compra de fianzas, pero debo aclarar que todos los contratos que están afianzados con ese tipo de fianzas se surtieron a 100 por ciento, no hubo ningún daño patrimonial, contra lo que dice ese señor”.
¿Cómo demuestra DaFerdi su trayectoria? “Todo lo tengo sellado, todo lo tengo firmado; ellos acusan de haber incumplido con el Instituto Tecnológico de Mascota, pero es mentira, tengo todo recibido y tan es así, que recientemente me invitaron a participar en una compra por invitación”.
Así, puntualizó, “el ingeniero Uribe Avín trata de desviar la tención; lo de las fianzas está denunciado y se está investigando, pero lo que quiere hacer es desviar la atención de todo el dinero y los fraudes; hablamos, por ejemplo, del caso de loncheras y campanas, que fue un fraude de 23 millones de pesos y que nunca se surtieron esos artículos; además, también compraron aparatos para hacer ejercicio en cada una de las escuelas, están pagados ya a 100 por ciento y este fue un fraude como de 250 millones de pesos, porque en las escuelas en donde ya se surtieron esos equipos prácticamente ya están descompuestos”.
Ante las evidencias, el empresario dudó de que haya voluntad institucional en sancionar a los culpables.
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El TAE le propina nueva derrota al CAPECE
El magistrado de la IV sala del Tribunal Administrativo del Estado (TAE), Armando García Estrada, determinó proteger con medidas cautelares a la empresa proveedora DaFerdi SA, con lo cual, obliga al CAPECE a abrir su participación en los procesos de licitación pública y respetarle todas sus garantías.
En el marco del expediente 518/2012, el juzgador emitió el pasado 29 de noviembre esa determinación de conceder la medida cautelar “para que las cosas se mantengan como se encontraban antes de la emisión del oficio DGC/CJ/F049/2012, que inactiva al actor como proveedor del gobierno del estado de Jalisco, acto del cual se demanda su nulidad y del cual su legalidad o no, se reserva para la sentencia definitiva; por tanto, la autoridad demandada deberá de abstenerse de realizar cualquier acto que tienda a impedir la actora participar en procedimientos de licitación…”.
De este modo, el CAPECE recibe una segunda resolución contraria a su decisión de impedir a diversas empresas participar en licitaciones, fundando tal sanción en su participación con fianzas apócrifas en el aseguramiento de pedidos del año 2011, la cual no ha derivado en ninguna consignación penal y en ninguna determinación judicial que condene a los presuntos responsables.
Los procedimientos de licitación en que se ha impedido a una decena de empresas participar son los ADQ INTEGRADO 001, 002 y 003; en el expediente 345/2012, con resolución del pasado 10 de septiembre por la Segunda Sala Unitaria del TAE, ya se había ordenado al CAPECE que se permitiera participar a la empresa ISD Soluciones de TIC, SA, que también había sido originalmente vetada.
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