Uribe Avín adjudicó en seis años 1,537.9 mdp sin licitación

En contraste, se licitaron apenas 366 grandes obras, aunque el monto es de 1,654 millonesde pesos; fueron en total 11,478 acciones de inversión o adquisiciones

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Durante los seis años de su gestión al frente del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), Salvador Uribe Avín contó con un gasto total de 5,475 millones de pesos, de los cuales, 1,537.9 millones (28 por ciento), fueron adjudicados de forma directa, lo que revela que lo que la ley prevé como “excepción”, fue regla.

Si se compara el número de adjudicaciones directas contra el de licitaciones públicas, la diferencia es abrumadora: 4,519 adjudicaciones contra apenas 366 licitaciones. El cuadro se completa con otro capítulo cuestionado: los concursos por invitación, que tienen frecuentes denuncias de estar amañados a favor de alguna de las empresas invitadas. En ese capítulo se ejercieron 1,231 millones 39,153 pesos, con un total de mil 41 procedimientos.

Un análisis del gasto reportado por el organismo al que tuvo acceso MILENIO JALISCO, el año 2012 fue el culminante en ese comportamiento, con un monto de 373 millones 866,904 pesos. Le siguen en montos el año 2007, con 319 millones 339,656 pesos, y 2009, con 294 millones 118,345 pesos.

Según el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, “la obra pública cuyo monto total a cargo de erario público no exceda de veinte mil salarios mínimos puede contratarse por cualquiera de las modalidades señaladas”, es decir, licitación, invitación o adjudicación directa. Agrega que “la obra pública cuyo monto total a cargo de erario público no exceda de setenta mil salarios mínimos puede contratarse por concurso por invitación o licitación pública”, mientras que “la obra pública cuyo monto total a cargo de erario público exceda de setenta mil salarios mínimos debe contratarse por licitación pública”.

Así, el monto máximo de adjudicación directa es de un millón 211,400 pesos por contrato, y si bien hay miles de contratos en que no se rebasa esa cantidad, en cientos de casos no ocurre así. Una revisión de adjudicaciones directas correspondientes al primer semestre de 2012 ofrece ejemplos: La construcción de cinco aulas didácticas, pórtico, escalera y obra exterior de la escuela del fraccionamiento Cumbres, en Tlajomulco, por tres millones 16,635 pesos, adjudicada a la empresa Asociados Rocfer, SA de CV. Un aula didáctica, un taller de electricidad y obra exterior, de la escuela de San Antonio Tlayacapan, en Chapala, por dos millones 34,830 pesos, adjudicada a la empresa Coninfra, SA de CV.

Un aula didáctica, un taller de electricidad y obra exterior, en el fraccionamiento Buenavista, en Tlajomulco, por dos millones 2,236 pesos adjudicada a la empresa Construcciones Citus, SA de CV. Seis aulas didácticas, núcleo de servicios sanitarios, dirección con anexo, bodega, escalera y obra exterior, en Bosques del Boulevard, en Tlaquepaque, por 5 millones 232,339 pesos, adjudicado a la empresa Construcciones Trocadero, SA de CV. La edificación de seis aulas didácticas, núcleo de servicios sanitarios, dirección con anexo, bodega, escalera y obra exterior, por cinco millones 261,959 pesos, en Las Granjas, Tonalá, adjudicada a Corporativo Constructor 2000. Trabajos de inyección de polímeros para la estabilización y levantamiento de los edificios A, B y C, así como la creación del muro de contención de ingreso de aguas subterráneas en la Secundaria Técnica 15, de Puerto Vallarta, por 6 millones 191,995 pesos, adjudicada a Georadar y Polímeros, SA de CV.

En 2012 se adjudicaron 582 obras; al menos por arriba de un centenar se supera el límite máximo para adjudicaciones directas que establece la ley.

Este tema ha sido uno de los más recurrentes en las denuncias vertidas por la gestión de Uribe Avín. Y contradice lo que el propio funcionario, en junio de 2012, dijo a este diario, de que se trata de un procedimiento por excepción.

“En su mayoría son licitaciones públicas [las que hacemos], y si llevan ellos [los empresarios quejosos] sus registros en orden, ahí están, no tienen por qué decir que no se les dé entrada para participar; también quiero decir con claridad que hay adjudicaciones directas, y esas me toca a mí otorgarlas, pero son adjudicaciones de menos de un millón de pesos, hasta de 50 mil pesos […] para cosas de urgencia y de situaciones especiales de rehabilitación, que están dentro de la normatividad, y evidentemente yo tengo que echar mano de las empresas, que les diga, pues se me van ahorita porque se cayó el techumbre de la escuela tal de cual, y van y la reparan, y ya luego hacemos el proceso administrativo...” (edición del 26 de junio de 2012).

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PAGA DEFENSA DE SU EX DIRECTOR

Por 575 mil pesos, Salvador Uribe Avín contrató un despacho de abogados que le permita hacer frente a tres averiguaciones penales interpuestas en su contra por empresarios y personal agraviado por sus acciones en el organismo constructor de escuelas.

Se trata de dinero público, proveniente de los fondos para adquisiciones de ese organismo. Es la requisición 4927 de gasto operativo, que aportó los recursos para un concurso por invitación a tres proveedores, que se les solicita “asesoría jurídica en la rama del derecho penal”, pues es necesario responder a las averiguaciones previas 5074, 1681 y 1118 de 2012, que han seguido su marcha en este año 2013.

El concurso es el AD 031/2012 y el contrato fue formado el 16 de octubre de 2012, según copia de la requisición a que tuvo acceso este diario.

Entre lo que se reclama de la actuación del funcionario están amenazas, malos tratos laborales, extorsión e incumplimiento de las leyes en materia de obra pública y adquisiciones.

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Los datos

2007. 319 millones 339,656 pesos canalizados a 774 obras por adjudicación directa; 188 millones 936,409 pesos a 371 obras en concurso por invitación; 224 millones 435,444 pesos en 55 obras por licitación pública

2008. 180 millones 871,966 pesos canalizados a 810 obras por adjudicación directa; 231 millones 277,477 pesos a 217 obras en concurso por invitación; 288 millones 946,101 pesos en 59 obras por licitación pública

2009. 294 millones 118,345 pesos canalizados a 1,034 obras por adjudicación directa; 295 millones 749,851 pesos a 188 obras en concurso por invitación; 482 millones 232,005 pesos en 120 obras por licitación pública

2010. 191 millones 004,681 pesos canalizados a 715 obras por adjudicación directa; 254 millones 723,344 pesos a 147 obras en concurso por invitación; 367 millones 743,168 pesos en 84 obras por licitación pública

2011. 173 millones 065,293 pesos canalizados a 463 obras por adjudicación directa; 201 millones 269,056 pesos a 92 obras en concurso por invitación; 162 millones 953,945 pesos en 29 obras por licitación pública

2012. 373 millones 866,904 pesos canalizados a 582 obras por adjudicación directa; 56 millones 568,019 pesos a 26 obras en concurso por invitación; 127 millones 717,730 pesos en 19 obras por licitación pública

2013. 5 millones 599,266 pesos canalizados a 41 obras por adjudicación directa; 2 millones 514,995 pesos a una obra en concurso por invitación; ningún peso a obras por licitación pública

TOTALES. 1,537 millones 866,115 pesos en 4,519 asignaciones directas de obra; 1,231 millones 039,153 pesos en 1,041 concursos de obra por invitación; 1,654 millones 028,395 pesos en 366 obras por licitación pública

NOTA: para ajustar el total sexenal de 5,475 millones se le deben sumar 822 millones 638,340 pesos de compra de mobiliario y 229 millones 508,276 pesos en el rubro de “otros”
Fuente: CAPECE

Uribe Avín “me pidió para su navidad”, denuncia empresario

El representante de DaFerdi dice que el director del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas no tiene autoridad moral para señalar actos de corrupción

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Salvador Uribe Avín, director del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), le pidió a Víctor López Ortega, representante de Comercializadora DaFerdi SA, que le instalara un equipo de seguridad en uno de sus negocios, antes del final del año 2010 y no le pagó.

“En uno de sus centros comerciales tiene un gimnasio de su propiedad, de nombre Life Gym, en Plaza Conchitas; yo le instalé los equipos de control de acceso y barandales de acero inoxidable que suman la cantidad de 300 mil pesos, mismos que a la fecha no me ha pagado; es más, en ese entonces me mandó decir con Ramiro Fernández, quien era jefe de adquisiciones, que lo tomara como su Navidad, robándome de manera cínica y descarada”, afirmó el empresario en entrevista con MILENIO RADIO JALISCO.

Éste era un pago usual que había que hacer para mantenerse en nivel de competencia dentro de los concursos de proveeduría del CAPECE.

“Traigo unas copias del croquis que el mismo Salvador Uribe Avín, de su puño y letra con un lápiz me dibujó; un mapa de cómo quería instalar los torniquetes, vienen ahí ciertas medidas, me dijo con quién me dirigiera para tratar todo esto; a estas hojas voy a mandarles hacer un estudio de escritura porque a mí me interesa cobrar ese dinero; en vez de que me diga que soy un ladrón, es al revés, yo he sido víctima de la corrupción de este tipo”, advirtió.

—Entiendo que no es el único caso, que hay muchos proveedores a los que se les ha pedido ese tipo de cuotas…

—Exactamente; yo cuando fui a este lugar vi a varios proveedores instalando aires acondicionados y algunos tipos de aparatos; y quiero decir que para mí el señor es prácticamente un director chafa, por toda la polémica que hay y por todos los actos de corrupción que han habido en ese organismo desde que él lo preside y que además, no son únicos en su carrera, porque en Guadalajara estuvo de contralor y salió tras el escándalo de que favoreció a sus parientes.

El responsable de DaFerdi hizo sus aclaraciones acerca de las fianzas apócrifas. “Yo en ningún momento estuve enterado de que las fianzas fueras apócrifas, además de que con este proveedor duré mucho tiempo trabajando en lo que es el aspecto de las fianzas y nunca tuve ningún problema; y el que me lo recomendó fue el ingeniero Ramiro Fernández, me dijo que este proveedor, Roberto Granada Ontiveros, era familiar del ingeniero Uribe, para que lo tomara en cuenta al hacer cualquier compra de fianzas, pero debo aclarar que todos los contratos que están afianzados con ese tipo de fianzas se surtieron a 100 por ciento, no hubo ningún daño patrimonial, contra lo que dice ese señor”.

¿Cómo demuestra DaFerdi su trayectoria? “Todo lo tengo sellado, todo lo tengo firmado; ellos acusan de haber incumplido con el Instituto Tecnológico de Mascota, pero es mentira, tengo todo recibido y tan es así, que recientemente me invitaron a participar en una compra por invitación”.

Así, puntualizó, “el ingeniero Uribe Avín trata de desviar la tención; lo de las fianzas está denunciado y se está investigando, pero lo que quiere hacer es desviar la atención de todo el dinero y los fraudes; hablamos, por ejemplo, del caso de loncheras y campanas, que fue un fraude de 23 millones de pesos y que nunca se surtieron esos artículos; además, también compraron aparatos para hacer ejercicio en cada una de las escuelas, están pagados ya a 100 por ciento y este fue un fraude como de 250 millones de pesos, porque en las escuelas en donde ya se surtieron esos equipos prácticamente ya están descompuestos”.

Ante las evidencias, el empresario dudó de que haya voluntad institucional en sancionar a los culpables.

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El TAE le propina nueva derrota al CAPECE

El magistrado de la IV sala del Tribunal Administrativo del Estado (TAE), Armando García Estrada, determinó proteger con medidas cautelares a la empresa proveedora DaFerdi SA, con lo cual, obliga al CAPECE a abrir su participación en los procesos de licitación pública y respetarle todas sus garantías.

En el marco del expediente 518/2012, el juzgador emitió el pasado 29 de noviembre esa determinación de conceder la medida cautelar “para que las cosas se mantengan como se encontraban antes de la emisión del oficio DGC/CJ/F049/2012, que inactiva al actor como proveedor del gobierno del estado de Jalisco, acto del cual se demanda su nulidad y del cual su legalidad o no, se reserva para la sentencia definitiva; por tanto, la autoridad demandada deberá de abstenerse de realizar cualquier acto que tienda a impedir la actora participar en procedimientos de licitación…”.

De este modo, el CAPECE recibe una segunda resolución contraria a su decisión de impedir a diversas empresas participar en licitaciones, fundando tal sanción en su participación con fianzas apócrifas en el aseguramiento de pedidos del año 2011, la cual no ha derivado en ninguna consignación penal y en ninguna determinación judicial que condene a los presuntos responsables.

Los procedimientos de licitación en que se ha impedido a una decena de empresas participar son los ADQ INTEGRADO 001, 002 y 003; en el expediente 345/2012, con resolución del pasado 10 de septiembre por la Segunda Sala Unitaria del TAE, ya se había ordenado al CAPECE que se permitiera participar a la empresa ISD Soluciones de TIC, SA, que también había sido originalmente vetada.

Denuncian corrupción en almacén de CAPECE

Señalan al responsable administrativo del organismo de obligarlos a recibir mercancía sin revisarla; Uribe Avín desestima el reclamo de los empleados.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Trabajadores del almacén del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE) interpusieron queja ante la Contraloría del estado, en contra del director administrativo del organismo, Daniel Hernández Aguirre, al que acusaron de pretender obligarles a recibir mercancía sin revisar la calidad de la misma.

La queja fue interpuesta el 18 de octubre pasado y está dirigida al contralor estatal, Francisco Xavier Venustiano Trueba Pérez; “consideramos que se lesionan los intereses de la ciudadanía [sic] así como se nos agravia con [esas] instrucciones”, le dicen al funcionario los seis trabajadores denunciantes: Carlos Avilés González, Ramsés Ramírez Carrasco, Carlos Sotelo Rodríguez, José Isabel y Rubén Aguayo Mendieta, y Luis Ramón García Ramírez, según el texto de la denuncia, del que MILENIO JALISCO posee copia.

“En el área de almacén se recibe mercancía que es comprada por el departamento de adquisiciones de este descentralizado, así que es responsabilidad de los suscritos revisar las mercancías antes de ser recibidas por este departamento y que posterior [sic] la empresa proveedora continúe con el trámite de pago de las mercancías recibidas”.

No obstante este claro mandato, “el día 29 de agosto de los corrientes, en las oficinas que ocupa el área de almacén, aproximadamente a las 13:00 horas, se presentó físicamente el C. Daniel Hernández […] y nos señaló de manera verbal y directa que a las mercancías que entregaran todas las empresas no les realizáramos revisión alguna, que sólo las procesáramos, a lo que nos negamos puesto que varias empresas continuamente pretenden entregar mercancías que no cumplen con las guías detalladas de los artículos […] en ese mismo momento nos amenazó con que podríamos perder el trabajo si alguno de nosotros no nos prestamos a sus dagas [sic] y si alguien dice lo ocurrido”.

Los trabajadores levantaron acta de hechos “donde asentamos las causas por las que no recibimos mercancías [de] diversas empresas, debido a que no cumplen con las especificaciones […] esto en contra de los intereses personales del director administrativo…”.

Como esta conducta de negación se mantuvo, el 11 de octubre siguiente, “en las oficinas que ocupa la sala de juntas de la dirección general de este descentralizado, aproximadamente a las 12:00 horas, citaron a los suscritos para que se levantara un acta pormenorizada donde se asentaran los motivos de por qué no se recibió la mercancía, en la cual quedó asentado que la mercancía no cumple”; esta acta se levantó, pero el director administrativo se ha negado a entregarles copia a los quejosos y se ha limitado a negar los hechos.

Los trabajadores consideran a Hernández Aguirre como un funcionario agresivo, que los amenaza de forma constante con quitarles el trabajo y afectar a sus familias. La queja está respaldada por copias de los reportes de inspección bajo los folios 2722, 2710, 2709, 2704, 2703, 2713, 2722, 2736 y 2739, “en los cuales quedó asentado el motivo de por qué no se recibe la mercancía”, los cuales pudieron rescatarse antes de que el director administrativo del CAPECE los sustrajera de la bodega.

Al respecto, el director del CAPECE, Salvador Uribe Avín, dijo desconocer la existencia de la queja, pero intentó revirarla: “Lo que pasa ahí es que a lo que estaba acostumbrada la gente era que recibían todo lo que entraba y todo lo que salía, pero a final de cuentas creo que se deben implementar algunas medidas disciplinarias, las cuales, con toda seguridad, no son del agrado de algunos de los empleados […] alguien se inconforma del cambio de una fórmula, de un sistema al que estaban acostumbrados, y que les redituaba beneficios particulares, pues a la hora que les ataban las manos, seguramente se molestan…”.

CAPECE aplica ley a 2 de 14 empresas por fianzas falsas

Justicia selectiva, pues el Comité se conforma, en los demás casos, con impedir a las compañías su participación en las licitaciones públicas convocadas por el organismo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Al menos 14 empresas incurrieron en la entrega de pólizas de fianzas falsas para operaciones de proveeduría con el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), admitió ayer el titular del organismo, Salvador Uribe Avín.

El problema es que, si bien aseguró que irían con toda la fuerza de la ley contra el daño que causaron todas las empresas —que tasa en dos millones de pesos—, solamente hay dos razones sociales denunciadas penalmente: Comercializadora DaFerdi SA, y Evolución AMC, SA de CV, en las causas penales 1118/2012 y 168/2012-C, “que están en proceso de integración”, puso en relieve el funcionario.

En cuanto al resto de las empresas, se ha conformado con impedirles participar en algunas licitaciones públicas o en marginarlas en los concursos por invitación y las asignaciones directas, sin tomar acciones punitivas por el presunto delito cometido.

“El CAPECE es una autoridad administrativa y cuando detecta alguna anomalía, tiene facultades para poder suspender provisionalmente las actividades que, como proveedores, ellos realizan […] hemos recibido los resultados del Tribunal de lo Administrativo del Estado [TAE], donde se les ha negado la nulidad de estas suspensiones; también de la propia Contraloría les ha dado entrada a esos documentos y en el último concurso fue suspendido durante tres semanas el proceso y posteriormente se llevó a cabo y ya se ejecutó”, lo que a su juicio, demuestra que no les asiste razón, dijo a MILENIO JALISCO.

Uribe Avín señaló que sus detractores son delincuentes, y preguntó: “¿Le permitirían la entrada a su casa a alguien que en diferentes ocasiones los defraudó y se llevó parte de su trabajo y de su patrimonio, de su casa?”.

—Pero ellos aseguran que no son parte del delito sino víctimas, porque las fianzas se armaban al interior del CAPECE.

—Pues probablemente ellos fueron sorprendidos, pero está ahí DaFerdi, que los sorprendieron 49 veces y que no les entregaron ningún comprobante de facturas del pago que estaba haciendo… a mí me pueden sorprender dos o tres veces, pero más de 40 veces, ¿cómo?

—¿Qué ha pasado con las denuncias penales?

—Están siguiendo sus procesos naturales, hay daño patrimonial, no es nada más la presentación de fianzas apócrifas y está siendo ventilado ante los medios oficiales, porque son las instancias que finalmente los jueces señalarán; como ente público el CAPECE tiene la obligación de denunciar esto porque hay un daño al erario.

—¿Algún estimado del daño patrimonial?

—Es de más de dos millones de pesos, dependiendo de los cargos posteriores que hubiera al respecto. Pero básicamente hay una gran cantidad de bienes que fueron adjudicados a estas empresas y que nunca fueron garantizados y en algunos ni siquiera los vicios ocultos puedan resultar de los bienes que ellos mismos entregan.

Uribe Avín dijo desconocer la resolución 345/2012 del TAE que obliga a dejar participar a una empresa que había sido “vetada” por estas presuntas irregularidades.

CAPECE impide participar a las empresas 'incómodas'

El TAE primero respaldó la prohibición y después la echó abajo, lo que obligaría al organismo constructor de escuelas a dejar participar a quejosos

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE) mantiene abierta su guerra contra un grupo de proveedores incómodos a los que acusa de participar en un esquema de fianzas ilegales que fue favorecido desde el interior del organismo en el año 2011.

El problema es que no tiene una sola condena judicial firme que respalde sus determinaciones más recientes: impedir que dichas empresas participen en licitaciones. Los afectados han denunciado en la Contraloría del estado, en el Tribunal de lo Administrativo del estado (TAE) y en la Secretaría de la Función Pública estas anomalías, lo que permitió la suspensión de algunos procedimientos, pero sólo se hizo de forma temporal.

Ellos señalan que el negocio de las fianzas fue un engaño propiciado por los responsables del CAPECE y que su historial de entrega de materiales solicitados es inobjetable. Para el organismo que preside Salvador Uribe Avín, las cosas son distintas, aunque las decisiones de impedir el ingreso de las empresas a los concursos rayan en el filo de la legalidad.

Del grupo de empresas que han demandado la violación de sus derechos destacan Comercializadora DaFerdi, SA; José Gómez Martínez, Evolución AMC, Computer Land de Occidente, Grupo Hersy Mac, Productos Metálicos Mahe, Proservem de Occidente, ISD Soluciones de TIC, SA; Muebles Esco y Suma 7, aunque hay otras tres razones sociales que no han procedido a demandar sus derechos y estarían en el mismo caso: Gerardo Humberto Valencia, Érick Daniel Rubin y Lan Wan SA.

Los quejosos señalan que a la par de que no se les permite ejercer sus derechos como proveedores del gobierno del estado, se les adeudan con diversos pretextos hasta cinco millones de pesos en conjunto, lo que afecta su viabilidad empresarial sobre todo ahora en la fase final del año, pues se deben pagar aguinaldos y otras obligaciones.

Las licitaciones públicas en cuestión son ADQ INTEGRADO 001, ADQ INTEGRADO 002 y ADQ INTEGRADO 003, todas del año 2012. La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del CAPECE emitió actas de dictamen técnico para fundamentar su negativa a dejarlas participar. En el caso de la primera licitación, MILENIO JALISCO posee copia del mismo: allí se determina “que los proveedores Comercializadora DaFerdi, SA; José Gómez Martínez; Muebles Esco, SA; ISD Soluciones de TIC, SA, y Proservem de Occidente, SA […] la comisión, en uso de sus facultades, procede a la descalificación total de estos proveedores…”. Y particulariza: “no se entra al estudio ni al análisis de la evaluación técnica y económica de la propuesta que presentó por estar inhabilitado para participar en este procedimiento de licitación pública al encontrarse en los supuestos de impedimento previstos en la fracción III del artículo 18 y 21 [sic] de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del estado de Jalisco, al haber proporcionado a este organismo fianzas apócrifas con la que pretendió garantizar diversos contratos celebrados con este descentralizado para suministrar bienes y servicios”.

El fundamento es un juicio que interpuso ante el TAE el afectado José Gómez Martínez (341/2012), el cual “le negó la participación a esta licitación pública” por las razones aducidas (Tercera Sala Unitaria, acuerdo del 24 de agosto de 2012). En las siguientes dos licitaciones, se agregó una nueva causa para no dejarlas participar: El no ser parte del padrón de proveedores del CAPECE, sino solamente del gobierno del estado, impedimento que no consigna ninguna ley.

Y no obstante respaldarse en una determinación del TAE para impedir que esas empresas entraran a concurso, 17 días después hubo una nueva resolución del mismo tribunal (expediente 345/2012) en que ordena al CAPECE (10 de septiembre de 2012) que se permita participar a la empresa ISD Soluciones de TIC, SA, en el mismo procedimiento ADQ INTEGRADO 001, es decir, se echa abajo el obstáculo más importante que adujo el CAPECE para impedir la participación de las empresas.

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Una suspensión que no duró

El pasado 6 de noviembre de 2012, la Contraloría del estado determinó suspender los procedimientos de licitación ADQ INTEGRADO 002/ 2012 y 003/2012, por diversas violaciones a los derechos de una empresa denunciante, Comercializadora DaFerdi, SA, lo que obligó al CAPECE a detener esos procedimientos mientras aclaraba el origen de los recursos ejercidos, el estado del concurso y los terceros interesados en el mismo.

Dicha medida estuvo vigente apenas “unas dos semanas”, pues el CAPECE argumentó la urgencia de dotar de mobiliario a las escuelas como causa de deber reactivarla, lo que ocurrió a finales del pasado noviembre.

“No me voy”, dice Avín; IP insiste en que salga

Presidente de Coparmex pidió la destitución del funcionario a secretarios de Educación y Gobierno. Auditoría oficial avala inocencia: titular del CAPECE

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Los empresarios de Jalisco mantienen su escepticismo sobre los resultados de la auditoría que practicó la Contraloría del estado al CAPECE, pero consideran que no hay tiempo ni recursos suficientes para hacer la auditoría externa a que se comprometió el secretario de Educación, Antonio Gloria Morales.

“Lo más adecuado sería que el ingeniero Salvador Uribe Avín [director del CAPECE] dejara el puesto, y que eso tranquilizaría las cosas y dejaría espacio para que se aclaren las cosas como debe de ser, por el bien de la educación en Jalisco, y el secretario me dice que es una posibilidad que puede considerar”, señaló el presidente en Jalisco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Óscar Benavides Reyes.

La propuesta se ha planteado también al secretario general de Gobierno, Víctor González Romero, pero no se ha tenido respuesta. Pero el titular del CAPECE, Salvador Uribe Avín, dejó manifiesta ayer de forma clara en MILENIO RADIO su oposición a ser destituido, pues aseguró que no se le comprobó ninguna irregularidad y que todas las acusaciones son falsas y tienen una explicación satisfactoria.

No hay tiempo
“Nosotros lo que hemos venido solicitando es que se esclarezcan las cosas, el secretario de educación propuso una auditoría externa con una terna de despachos para que concursaran, y de ahí sacar un ganador para hacerla; quedamos en trabajar en ese sentido, sin embargo, nos dimos cuenta que la cantidad que tenían ellos destinada eran cerca de 120 mil pesos, y pues ya no nos da con los alcances de la auditoría que debíamos de tener, ni tampoco nos alcanza el tiempo”, refirió Benavides Reyes.

De ahí que el camino más simple para restaurar la confianza e indagar lo procedente sea la salida de Uribe Avín, situación que el secretario de Gobierno, Víctor González Romero, “es evidente que ve como algo que podría ser positivo, me dijo que lo iba a platicar en estos días, y es donde básicamente nos encontramos, a la espera; nosotros le dijimos que ya no había tiempo y ya no había presupuesto para hacer una auditoría, y pues realmente hasta más daño se va a hacer con esto; lo que necesitamos es que en estos seis meses, que todavía son útiles para la educación en Jalisco, las cosas se lleguen a construir”.

A Benavides Reyes y al gremio empresarial “la verdad no nos gusta que haya 30 asignaciones de obra en lo que va del año, en montos superiores a tres millones de pesos, sin tener un criterio específico para ello; debe haber un tabulador que defina cuál es el mecanismo, pero simplemente se le asigna a la persona que de una manera unipersonal se cree que puede hacer el mejor trabajo, y esto se presta a muchas malas interpretaciones”.

Por eso “pedíamos que la auditoría cubriera no solamente temas de campanas y loncheras, sino también asignación de obra, para tener la tranquilidad de que lo que se ha hecho, se ha hecho bien [...] mis colegas, Francisco Beckmann, presidente de la Canaco Guadalajara, y Manuel Herrera, del CCIJ, también opinan que esto ha llevado demasiado tiempo, y enterándonos del monto que se tiene destinado para hacer esta auditoría, pues nos dimos cuenta que no se puede llevar a cabo de una manera seria”.

—¿Habría un plazo para que les dieran una respuesta?

—Sí, el secretario general de Gobierno y el secretario de Educación mencionan que no tienen ningún inconveniente en que las cosas se esclarezcan, y que se revise lo que se tenga que revisar, y llegar hasta donde se tenga que llegar; entienden que es una situación compleja para ellos y piden un poco de tiempo para ver cuál sería la mejor manera de resolver esta situación, pero ya tienen en cuenta este punto de vista, que estamos generando desde la iniciativa privada.

No se irá por su voluntad
“No tengo por qué retirarme”, respondió enfático el director general del CAPECE, Salvador Uribe Avín, al inquirirle sobre la propuesta de organismos empresariales para que deje el cargo que ostenta desde 2007, ante una eventual auditoría externa que transparente la actuación del organismo.

“Yo no tengo por qué retirarme, yo tengo un nombramiento del señor gobernador y solamente él cuando me lo pida, pues obviamente en cualquier momento tendré que retirarme. Sin embargo, pues aquí es una situación del posicionamiento que yo tengo, donde considero que no tengo nada que esconder”, respondió en entrevista para MILENIO RADIO.

Más confiado, ahora con el respaldo de la resolución que emitió la Contraloría del estado tras auditar al organismo, Uribe Avín incluso señaló que se reserva el derecho de actuar legalmente ante quienes asegura que lo difamaron.

“No tengo nada que esconder, tan es así que ya se hizo una auditoría. Yo tengo cuatro auditorías anuales, año por año, entonces los órganos oficiales de control que son los acreditados legalmente pues han hecho esas auditorías”, dijo, tras agregar que está dispuesto que se haga una auditoría más, externa. “Si existen las condiciones legales, adelante, yo no tengo ningún problema”.

El titular de este comité constructor de escuelas reiteró su postura al descalificar a quienes lo han denunciado, asegurando que presentaron documentos falsos como pruebas de irregularidades.

Uribe Avín consideró que los órganos empresariales, encabezados por Coparmex Jalisco, tienen el derecho de opinar respecto a la adjudicación directa de licitaciones que ha realizado el CAPECE. Sin embargo, apuntó que si algún organismo acusa lo tiene que probar.

“El estar en una posición de organismos intermedio no da derecho de acusar”, dijo, enfatizando que también él ha participado en este tipo de agrupaciones.

Insistió que las adjudicaciones directas se hicieron bajo las reglas que se prevén, debido al retraso en la entrega de presupuesto y la urgencia de tener listas las escuelas para el inicio del ciclo escolar.

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Claves

► Los señalados:

Salvador Uribe Avín, director general; Édgar Hernández, ex coordinador de costos y presupuesto; Ramiro Fernández, ex jefe de Adquisiciones; Francisco José Ontiveros Balcázar, director de Obra; Daniel Hernández, director administrativo; Ignacio Pérez de Alba, ex director administrativo.

► Los expedientes:

CAPECE da asignaciones directas a cambio de “comisiones” de 10 a 20 por ciento del monto de los proyectos; Francisco José Ontiveros Balcázar, director de Obra, favorece a familiares suyos en primera generación, con más de 28 millones de pesos en contratos; la adquisición de 550 mil loncheras y siete mil campanas de metal por 23.6 millones de pesos, a favor de un sólo proveedor, Héctor Orozco, con cuatro firmas; 14 empresas y funcionarios integran un negocio de fianzas falsificadas; laboratorios de computación que no cubren características; falsificación de bases de licitación pública nacional 431030002-022-10 por funcionarios del CAPECE.

Contraloría no halló culpas en el CAPECE

El contralor estatal dice que no hay evidencias de que se cobrara por favorecer a empresas, pero admite que los quejosos pueden inconformarse

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

La Contraloría del estado no encontró elementos para sancionar al director del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), Salvador Uribe Avín, pese al alud de denuncias en su contra por presuntos malos manejos de los dineros del programa.

El titular de la dependencia, Francisco Xavier Trueba Pérez, notificó de ese resultado la semana pasada, tanto al responsable del CAPECE como a sus acusadores; serán estos los que determinen si aceptan el resultado o lo impugnan en una queja, pero además tienen la opción de un amparo ante la justicia federal o un recurso ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), dijo ayer en entrevista con MILENIO JALISCO.

“Dijimos que en agosto íbamos a concluir este asunto, situación que sucedió en especie; el 28 de agosto notificamos los oficios, el primero es el 1307/DGJ/Q/2012, y el segundo, el 1308 con los mismos determinantes, dirigidos al ingeniero Salvador Uribe Avín y al ingeniero José Antonio Rivas Gallegos; ya habíamos notificado mediante el oficio 1332 con los mismos determinantes, al ingeniero Leobardo Vargas Ceballos, en el sentido de que con todas las pruebas aportadas, del análisis y la investigación que se hizo, no hubo elementos para imponer una sanción de carácter administrativa contemplada en el artículo 64, de la ley de responsabilidades”, explicó Trueba Pérez.

Para arribar a esa conclusión “entre otras actuaciones, se le solicitó información tanto a la Secretaría de Desarrollo Urbano como al propio CAPECE en relación al registro de los contratistas, de la adjudicación de contratos a diversas personas físicas y jurídicas [...] se obtuvo que hay elementos que permiten establecer que no había pruebas para establecer procedencia en la queja, porque hay contratistas que obtuvieron de manera directa varios contratos, pero que su promedio no rebasaba los montos que, por ejemplo, se otorgaron a constructora Varce —una de las quejosas—, en el año 2010; Varce tuvo varios contratos por una sumatoria de dos millones 700 mil pesos, cuando había otros contratistas señalados que obtuvieron hasta nueve contratos que no rebasaban es monto en la sumatoria, y eso fue el criterio que establecimos”.

El contralor aseguró que se tomó una muestra representativa de alrededor de 70 personas físicas o morales vinculadas al CAPECE entre 2010 y 2011. “Si tenemos un universo de contratistas y de ellos conocemos cuántos contratos les fueron asignados en cada ejercicio, se ve con toda claridad, independientemente del importe y del número de contratos, si hubo favoritismo o no; llegamos a esa conclusión, de que no hay favoritismo por las razones que acabamos de exponer”.

— Dentro de la queja, aparte del tema del favoritismo, se mencionaba que presuntamente se les cobraban dádivas para poder participar o incluso acceder a algún contrato...

— Sí, pero aquí es muy importante recalcar que dentro de los documentos que obran en el expediente, no hay referencias de alguna figura que pueda ser una dádiva o de cantidad alguna demandada para que les adjudicaran contratos de obra; yo creo que eso se fue agregando a lo largo del tiempo transcurrido, y quizás en diferentes foros, ya sea por los propios contratistas que en su momento promovieron o por la parte ulterior de quien concluyó el tramite, pero aquí sí le podemos compartir, en el análisis que hicimos no está exactamente la figura de que habían de sufrir una exacción por parte de los servidores públicos para poder tener acceso al contrato de obra; esa circunstancia no la tuvimos documentalmente [...] y no podemos ir más allá de lo que obra en el expediente.

— ¿Pero cómo se puede probar un hecho de esta naturaleza?, documentalmente es complicado que deje rastro...

— Sí, pero hay siempre algunos argumentos que pueden servir de base para tener la presunción, y el que afirma está obligado a probar y a demostrar [...] el simple hecho de manifestarlo no garantiza que así sucedió; sin embargo, se toma como referencia hasta donde nosotros podamos investigar, con base en el contexto que se cuente, pero eso no lo tuvimos nosotros, ya había yo advertido que íbamos a resolver de acuerdo a la pruebas documentales que nosotros tenemos, y de acuerdo a lo que nos allegáramos de información...

De este modo, se cierra un ciclo de denuncias que comenzó en 2009 por parte de Varce SA y que fue reforzado con más de una docena de empresas que se dolieron de los procesos en el CAPECE. No obstante, además de los recursos de inconformidad, el contralor admitió que está el recurso de la auditoría externa que se hará al CAPECE, en la cual, la Contraloría no intervendrá.

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Claves

Otras dudas y su respuesta, según la Contraloría

► Hay siete expedientes gruesos abiertos ante la opinión pública por las anomalías en el CAPECE. El contralor estatal explicó las principales dudas que generan

► El predominio de adjudicaciones directas por montos superiores a los de la ley, como forma de asignación de obras y compras en el CAPECE

► “Sabemos que no siempre los recursos son asignados en los tiempos previstos, y en función de ello tendrán que ajustarse los tiempos; pero también hay la referencia de que cuando son situaciones de carácter urgente, fortuitas o de fuerza mayor, hay los argumentos de peso para que puedan realizarse sin involucrar a un proceso que pudiera ser licitación”, aunque la ley impone topes “que deben de atenderse, dependiendo del tamaño de la obra, y del importe”

► La Secretaría de la Función Pública acreditó una licitación fraudulenta de unos laboratorios de computación a finales de 2011

► “Cuando no hay perjuicio, no hay daño al erario o al patrimonio, ni beneficio indebido, el asunto tiene características de aspecto administrativo, y ese antecedente debe ser sancionado con base a la falta y gravedad que se cometió”, lo que se realizó en ese proceso

► Las fianzas falsas otorgadas a 14 empresas según denuncia del director del CAPECE, en el año 2011

► “En la revisión de los documentos, se puede desprender como parte de la obligación del personal que revisa los documentos, si son fidedignos o adolecen de una falla, y eso le corresponde a las áreas jurídicas del CAPECE, y por la naturaleza del documento entiendo que dieron parte a la autoridad competente, que no es la Contraloría, en la cual yo no emitiré opinión porque es del ámbito de la competencia de la procuraduría”

► El director de Obra del CAPECE, Francisco José Ontiveros Balcázar, recibe beneficios por casi 30 millones de pesos en asignaciones para sus familiares

► “...de acuerdo a sus atribuciones, como lo ha manifestado el propio director del CAPECE, el director de obra participa en determinadas etapas, no en el momento en que se hace la asignación, eso le corresponde a otras áreas que conforman el grupo o el comité de asignación de la obra, y si el director de obra incurrió en algunas omisiones durante los procesos, tendremos que analizar cuál fue la parte en la que incurrió, debiendo en su caso haberse excusado, si tomó alguna decisión relacionada con asuntos vinculados de carácter consanguíneo, hasta en cuarto grado [...] no tenemos ahorita una situación específica, de que él hubiera asignado...”

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Pide aclaración sobre loncheras y campanas

En contraste con el tema de la obra pública, la Contraloría notificó el pasado 31 de agosto de 17 observaciones sobre el proceso de licitación y posterior adjudicación de una compra por 23.6 millones de pesos para adquirir campanas y loncheras a cuatro razones sociales propiedad del empresario Héctor Orozco Michel y familiares suyos.

“El señor secretario de Educación [Antonio Gloria Morales], en su carácter de presidente de la junta de gobierno del CAPECE, solicitó a la Contraloría realizar una auditoría de un periodo específico, donde estaba la efervescencia pública por tiempos en que se habían dado estas adquisiciones, y los productos que se trataba; así, la Contraloría abrió la auditoría por el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre del 2011, y del 1 de enero al 30 de abril del 2012”, explicó el contralor, Francisco Xavier Trueba Pérez.

Se atendió esta adquisición de campanas y loncheras que de dos licitaciones declaradas desiertas, derivó en una adjudicación directa a cuatro firmas de la familia de Héctor Orozco Michel (MILENIO JALISCO, 9 de julio de 2012).

“En este tenor, la Contraloría ha notificado los resultados de la revisión al director del CAPECE, el pasado 31 de agosto, y se le otorgó un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente, para que entregue su propuesta de solventación de las observaciones que le fueron emitidas, que son 17, en el renglón de las adquisiciones a que referí, de registro y control, y en el registro de los bancos por las cuestiones de los pagos referentes a éstas [...] debemos esperar a que concluya el término y que presente la propuesta, y en los términos en que se resuelva, yo con mucho gusto les compartiría para dar conocimiento al interesado, toda vez que hay detalles que pudieran involucrar a personas y estamos obligados a proteger los datos personales”.

El plazo para que el CAPECE responda por este pliego de observaciones vence el próximo 21 de septiembre, y en función de su respuesta, se tomarán las medidas de sanción y corrección correspondientes, indicó el contralor.

Constructores de escuelas amenazan a denunciante

Se trata de empresarios que han recibido grueso del recurso de obras del organismo y que reclaman daños a su imagen como proveedores

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Un grupo de constructores que reconocieron su cercanía al director general del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), Salvador Uribe Avín, amenazaron el pasado 14 de agosto a Juan Guillermo Sahagún Sánchez, según relató este empresario, quien es uno de los múltiples denunciantes de las anomalías que se dan en ese organismo estatal desde hace más de dos años. Por ello, el amedrentado presentó denuncia formal el pasado viernes 17 de agosto ante la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), pues teme por su integridad personal y la de su familia.

Sahagún Sánchez, junto con nueve empresarios más, denunció ante la Contraloría del Estado, el 6 de agosto de 2010, “presuntos actos de negligencia, corrupción y abuso de autoridad” de los responsables del CAPECE, denuncia que fue ampliada el 2 de septiembre de 2011, cuando se contó con el respaldo de siete empresas más (MILENIO JALISCO, 25 de junio de 2011).

Así las cosas, y tras algunas llamadas telefónicas de contacto previo, el martes 14 de agosto de 2012, poco después de mediodía, un grupo de empresarios, encabezados por Martín Isidro Salcedo Amezcua, irrumpieron en las oficinas del quejoso “de forma violenta y con empujones, en flagrante allanamiento e invasión de mi oficina y mi privacidad”, y penetró a la sala de juntas del despacho, relató Juan Guillermo Sahagún Sánchez: “El motivo de su intempestiva, imprevista y atropellada visita fue precisamente en relación a las denuncias de corrupción que se presentaron en CAPECE y que se denunciaron y continúan denunciándose ante diferentes instancias”.

El ofendido identifica entre los allanadores a Alejandro Vaidovits Schurer, José Rodolfo León Flores, Carlos Dávalos Sánchez, José Flores Castellanos, Álvaro Ortega García, Héctor Ruiz Fernández, Daniel Orozco Rivas y Gustavo Neri Mares.

El reclamo fue la aparición del nombre de las empresas en las publicaciones de MILENIO JALISCO. Lo cierto es que los nombres de las razones sociales que encabezan los empresarios molestos salen de un ejercicio estadístico realizado por este diario con base en datos oficiales del propio CAPECE, que les ha otorgado más obras y montos a ejercer que a la mayoría de las empresas del padrón de proveedores.

“El hostigamiento comenzó y terminó con el planteamiento a mi persona en el sentido de que pidiera una disculpa pública [sic] por medio del periódico hacia las empresas mencionadas [...] amenazándome varias veces con causarme daños físicos a mi persona o a mi familia, otorgándome un plazo de tres días para la publicación de la disculpa pública, y si no, que me atuviera a las consecuencias, y abundaron en las mismas al referir en tono amenazante: ‘Si no lo haces en tres días, atente a las consecuencias, ya sabes de lo que somos capaces y el interés que tiene el señor Salvador Uribe’...”.

Desde entonces, en el empresario amenazado se han desatado cuadros de nervios que no lo dejan dormir, por lo cual, pide el apoyo de las autoridades para salvaguardar su integridad y la de los suyos.

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Busca solventar cargos

El director del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), Salvador Uribe Avín, acudió ayer al Congreso del Estado para pedir que le sean aceptados nuevos documentos para solventar las irregularidades que se encontraron en la cuenta pública de 2007, por un monto de 276 mil 208 pesos.

Según el funcionario, se trata en su mayoría de pagos que pueden acreditarse sin problemas, porque ya tiene los respaldos.

La Auditoría Superior del Estado remitió la cuenta del CAPECE con observaciones por 6.7 millones de pesos al Congreso de Jalisco. Los diputados le fueron acreditando documentación, hasta que se quedó en la cantidad en la que se le fincaron cargos.

Cuando se discutió esta cuenta, la diputada priista Ana Bertha Guzmán cuestionó que después de más de 500 días en la Comisión de Vigilancia, se hayan eliminado 6.5 millones de pesos de cargos.

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Los detalles

► La Contraloría del Estado de Jalisco, desde agosto de 2010, conoce de las denuncias por presuntos malos manejos en el CAPECE.

► “No es válido utilizar las lagunas legales de la ley para favorecer a un reducido grupo de empresas del amplio padrón vigente, que participan constantemente en las licitaciones públicas estatales y federales, lo cual se puede documentar, históricamente, que esas empresas nunca habían tenido una participación tan activa en el CAPECE y actualmente [están] con gran cantidad de contratos y montos estratosféricos”, señala el documento.

► La denuncia está vigente dentro del expediente 450-DGJ/Q/2009-B, del que promete un resultado la Contraloría a finales de este mes de agosto.

Salvador Uribe Avín, un patrimonio opaco

El director del CAPECE declinó entregar su declaración patrimonial de 2007 para aclarar el origen de sus bienes; algunos pertenecen a empresas creadas después de asumir el cargo. En la foto, el video de su viaje a Las Vegas, presuntamente a cuenta de contratistas

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Salvador Uribe Avín, director del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), tiene un importante patrimonio personal ligado a las empresas Promotora Dubai, SA de CV, JAS + MFF Internacional, SA de CV y Lanzacreto de México, SA de CV, así como familiares directos ligados a cinco empresas más.

El funcionario ha señalado repetidas veces que comenzó a construir su patrimonio hace más de cuatro décadas, arrancando con la venta de materiales para construcción en Puerto Vallarta y que sus bienes no tienen ninguna relación con sus cargos públicos: ostentó, de forma breve, la contraloría municipal de Guadalajara, durante la gestión de Emilio González y luego, a partir de 2007, la titularidad del CAPECE.

Un ex regidor de Guadalajara recuerda bien su paso accidentado en ese puesto: “Se asocia con empresas con prestanombres y subcontrata obras para beneficiarse él y su familia; en el Ayuntamiento de Guadalajara, siendo contralor municipal, le descubrimos un subcontrato de obra a nombre de una empresa de Salvador Uribe y para simular, él renunció a su empresa y su hijo quedó como titular, o sea, lo mismo […] Salvador Uribe tenía que supervisar la obra pública que en familia se construía y siempre autorizó pagos anticipados de más. Emilio González lo protegió porque fue su maestro en la facultad de contaduría de la UdeG [Universidad de Guadalajara]; lo logramos quitar de contralor municipal y Emilio lo premió haciéndolo coordinador de asesores del Ayuntamiento de Guadalajara”.

Fue en 2007, arranque de la Administración estatal de Emilio González, cuando el ingeniero y contador regresó al servicio público, bajo el cargo de director del CAPECE. Las denuncias contra la operación de esa entidad son fuertes, sobre todo a partir de 2010, año en que constructores denunciaron favoritismos, violación a la Ley de Obra Pública y cobro de comisiones o “diezmos” por recibir proyectos.

Las razones sociales con las que ostenta intereses Uribe Avín no han recibido obra pública del CAPECE, hasta donde alcanzan las evidencias. No obstante, tanto la promotora Dubai como Lanzacreto de México tienen entre sus fines “el diseño, asesoría y ejecución de proyectos de ingeniería, urbanización, construcción y comercialización en todas sus modalidades y clasificaciones”, según la información disponible en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad.

En Promotora Dubai, SA de CV, la primera inscripción pública data del 21 de julio de 2009, poco más de dos años después de que Uribe Avín asumiera la dirección del CAPECE. Manuel Uribe Aldana, hijo del funcionario, ostenta la mayoría de las acciones, pero según la primera inscripción de un acto notariado bajo la fe de Eduardo de Alba Góngora, el propio Salvador Uribe Avín asumió funciones de gerente general.

Dubai ampara 115 bienes inmuebles, aunque cabe aclarar que se hacen registros de cada cajón de estacionamiento o local comercial, además de lotes, para quedar como sigue: 27 locales comerciales de Plaza Conchitas, en la colonia Lomas de la Victoria, de Tlaquepaque; 62 cajones de estacionamiento de la misma plaza; todas las áreas comunes de la citada plaza.

También, dos fracciones del predio del antiguo rancho San José del Bajío, en Tlaquepaque; un lote en el condominio Bosque Real, en Tlajomulco de Zúñiga; departamento en la torre cuatro del edificio Alemania del Condominio Internacional, en Vallarta San Jorge, municipio de Guadalajara.

Además, a nombre de Manuel Uribe Aldana, lote ubicado en bosques de Santa Anita, condominio Teka; de Juan Pablo, de los mismos apellidos: tres lotes en el mismo condominio, y un lote más en un fraccionamiento de San Juan Cosalá, en la ribera de Chapala.

El propio Salvador Uribe Avín tiene a su nombre las siguientes propiedades: dos fracciones del rancho San José del Bajío; locales comerciales 2, 4, 7, 9 y 27 de Plaza Conchitas.

Lanzacreto de México, fue constituida el 18 de diciembre de 2007 ante el notario Guillermo González Granada; el funcionario posee la mitad de las acciones (escritura 6,305 del 30 de julio de 2010). JAS + MFF Internacional data de noviembre de 2002, constituida bajo la fe del notario Rodolfo Eduardo Ramos Ruiz; el director del CAPECE posee una sexta parte de las acciones.

Las empresas de sus familiares son: Estrategias y Soluciones Electrónicas, SA de CV; Digital México, SA de CV y Restaurant La Crema, SA de CV. Las tres de su hijo Manuel Uribe Aldana y otros socios. Hábitat de Calidad, SA de CV y Casa y Armonía, SA de CV, son de su hermano, Arturo Uribe Avín.

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“Es una agresión”, se defiende director

"Es una agresión a mi persona”, protestó al otro lado del auricular el director del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), Salvador Uribe Avín, cuando este diario le pidió que respondiera preguntas en torno a la conformación de su patrimonio y el de su familia cercana.

El funcionario declinó proporcionar una copia de su declaración patrimonial de 2007, año en que fue nombrado como director del CAPECE, lo que permitiría saber si el grueso de sus bienes ya los tenía antes de entrar al organismo, el cual es hoy ampliamente cuestionado por empresarios y miembros de la sociedad civil, debido a pruebas reiteradas del uso discrecional de los recursos, de violaciones a las leyes en materia de asignación de obras y adquisiciones, así como presuntas extorsiones, amenazas y corrupción, según lo ha documentado ampliamente este diario desde el 25 de junio de 2012.

“Es muy riesgoso, tengo familia y los secuestros están al por mayor”, se defendió de la solicitud. Y tras señalar que se reserva por ahora su derecho de réplica, acusó a quienes los han denunciado —empresarios en distintos ramos que solían ser proveedores y constructores en el CAPECE— de actitudes “delictivas” —como de participar de las fianzas fantasma que denunció a MILENIO JALISCO, edición del 16 de julio de 2012—, por lo cual, a su juicio, no deberían tener credibilidad ante este diario.

Este es el cuestionario que se envió vía correo electrónico a Salvador Uribe Avín y que se negó a responder:

1. Platíquenos sobre su trayectoria en el sector privado y cómo ha formado su patrimonio.

2. Explíquenos su relación con las siguientes firmas: Casa y Armonía, SA de CV; JAS + MFF Internacional, SA de CV; Restaurant La Crema, SA de CV; Digital México, SA de CV; Estrategias y Soluciones Electrónicas, SA de CV; CN y Asociados, SA de CV; Hábitat de Calidad, SA de CV; Promotora Dubai, SA de CV; y Lanzacreto de México, SA de CV.

3. ¿Usted ya había formado el grueso de su patrimonio cuando llegó al CAPECE?

4. ¿Qué bienes inmuebles posee?

5. ¿Tiene beneficios de sociedades en las cuáles no esté formalmente representado (vía prestanombres o parientes)?

6. ¿Cuáles han sido sus ingresos y ganancias por ser director del CAPECE (salario, comisiones, bonos, prestaciones)? ¿A cuánto ascienden sus ingresos anuales?

7. ¿Tiene algún otro tipo de ingreso distinto al de su trabajo en el CAPECE?

8. ¿Ha tenido alguna relación cercana con algunos proveedores (circula un video de un viaje a Las Vegas acompañado de proveedores, http://www.youtube.com/watch?v=5ZiQGNwQzu4)?

9. Cualquier comentario que desee agregar.

Loncheras de la SEJ, a la venta en tianguis

Reconoce la SEJ que no se ha terminado de entregar el pedido de estos artículos ni de las campanas en el marco de los Panamericanos

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El pasado domingo 12 de agosto, una buena cantidad de loncheras con la leyenda de la Secretaría de Educación Jalisco estuvieron a la venta en un puesto del tianguis de la colonia Constitución, en Zapopan.

El cruce, que aparece en las fotografías anexas, es calle Constituyentes y Pablo Quiroga. El costo de cada pieza, que venían en su empaque original, era de diez pesos. Se trata, sin duda alguna, de algunas de las loncheras que forman parte de la cuestionada licitación de estos artículos y campanas, proceso que fue declarado desierto y después fue revertido a adjudicación directa a favor de las empresas de Héctor Orozco Michel (ver MILENIO JALISCO, 9 de julio y 6 de agosto de 2012).

Las fotografías anexas ofrecen evidencia clara del tema. Tanto el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), como la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), habían sido evasivas en responder si se recibieron las 550 mil loncheras y siete mil campanas de bronce que se encargaron a las empresas de Orozco Michel. Pero tras mucha insistencia, el pasado 7 de agosto, la unidad de transparencia de la SEJ respondió Víctor Tomás López Ortega, anunciándole la entrega de copias simples que acreditarían el destino de estos productos.

En el documento de seis páginas se anexa un oficio (CDR 618/12) del coordinador de delegaciones regionales de la SEJ, Jorge Alan Rivera Durán, quien señala a la jefa de la Unidad de Transparencia de la SEJ, María de Lourdes Hernández Godínez, con fecha 20 de julio de 2012: “Dando respuesta a las solicitudes de información con expediente No. 352/2012 y 353/2012, respecto del resumen o extracto de los nombres de escuelas, claves de centros de trabajo de las mismas, nombre de la persona que recibió, domicilio del centro escolar, fecha de recibo, tanto de campanas y loncheras, me permito hacer entrega de un juego impreso de las relaciones que contienen los datos requeridos de dicho materiales, con la finalidad de que la Unidad de Transparencia a su digno cargo, le proporcione al interesado (previo pago), las copias simples de los documentos”. Asimismo, “me permito informar a usted que hasta este momento (20 de julio de 2012) se han distribuido la cantidad de 4,357 campanas y 300,677 loncheras, encontrándose el resto en el almacén”.

La adquisición de 550 mil loncheras y siete mil campanas de metal (partidas 102 y 85) para la SEJ fue asignada en agosto de 2011 por el CAPECE, por 23.6 millones de pesos, a favor de un solo proveedor, Héctor Orozco, con cuatro firmas, y tras dos accidentadas licitaciones declaradas “desiertas”. Una de esas cuatro empresas había sido previamente descalificada en las licitaciones por no cubrir los requisitos: Recubrimientos Electrostáticos de Occidente, SA de CV.

Según el informe que dio a la Contraloría del Estado el jefe de Adquisiciones del CAPECE, José Carranza Rosales (según el acuerdo del 7 de junio de 2012 de la propia Contraloría), dando cuenta del caso en el marco del expediente 456-DGJ/Q/2011-E, dicha firma fue “descalificada de la partida 085 porque no cumplió con algunas de las especificaciones solicitadas en la guía y junta aclaratoria, y de la partida 102 porque la muestra física que presentó difiere en las características y medidas solicitadas en la guía, por lo que la conclusión fue que se declararon desiertas las partidas […] de las bases de licitación ADQ INTEGRADO 003/2011…”.

Además, las campanas fabricadas no son de una aleación adecuada –se tomó como base en la guía del producto solicitado una campana artesanal hecha con chatarra–.

“Que se clarifique” asignación de obra a su esposo, pide Lorena Limón

La presidente de la CMIC destaca la urgencia de utilizar métodos matemáticos para transparentar propuestas en licitaciones

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Lorena Limón González, presidente en Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), no se siente condicionada por la licitación de obra escolar que recibió la empresa constructora de su marido, Andrés Juárez, Ingeniería y Sistema de Infraestructura, y pide que la demanda de transparencia que sostiene desde que se destapó el escándalo de los manejos en el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE) se aplique a ese contrato también.

“Abogamos por la transparencia; hemos solicitado que la CMIC Jalisco tenga un lugar en los comités de adjudicación de obra pública para vigilarlo [...] obviamente, en esa licitación se ve beneficiada una empresa que está en décimo lugar y, bueno, pedimos sin excepciones que se transparente, la Cámara tiene que estar en su posición, muy definida, clara y contundente”, dijo en entrevista con MILENIO JALISCO.

—Entonces habría que pedir la explicación al CAPECE...

—Sí, porque ellos son los que tienen la palabra, la Cámara no tiene los elementos para decir por qué o cómo se tomó tal decisión, qué pasó con las primeras propuestas, es importante que se conozca [...] aquí no debe de haber favoritismos, uno de los temas que la Cámara ha planteado muchos años es que se utilice un método matemático para las evaluaciones de las propuestas, porque evitamos la discrecionalidad, que es lo que nos hace ruido, así que nos mantenemos firmes en la posición como Cámara.

—Y si se violó la ley en este asunto, que se eche para atrás, ¿no hay inconveniente de su parte?

—El proceso va caminando y ya la empresa deberá hacer su trabajo en el momento. Nosotros, como Cámara, pedimos transparencia en cualquier proceso [...] la ley establece claro cómo deben de notificar la situación a cada empresa, y cómo debe ir sustentada; deben de explicar a cada una de las empresas que participaron cuál fue el motivo de su descalificación, pero eso le compete a la institución o dependencia que efectuó la licitación, entonces este instrumento o dictamen previo es el soporte para que ellos ejerzan su derecho, porque puede tener una propuesta económica muy buena, pero que al revisar todo el expediente técnico puede haber una deficiencia o un incumplimiento, y eso es motivo de descalificación; pero eso compete a la dependencia establecerlo, por escrito, en su resolución, ratificarlo a las empresas participantes en su dictamen.

Respecto al método matemático, sirve para analizar si una propuesta es solvente: “Estamos tratando de proteger a las empresas para que tengan una utilidad, pero tampoco irnos a los extremos, que nos han pasado en algún tiempo, con empresas que se van a la baja por la necesidad de tener trabajo, y que redunda en el no cumplimiento o en poca calidad; entonces eso es lo que realiza un método matemático, evaluaciones numéricas, y desde esas evaluaciones se define específicamente cuál es una propuesta solvente y así dejamos la discrecionalidad a un lado”.

De este modo, cada aspecto de la propuesta recibe un valor específico que el concursante conoce previamente, lo que elimina la arbitrariedad en la calificación.

La lideresa de los constructores reiteró la necesidad de regresar a las licitaciones como esquema esencial de asignación de obra en el CAPECE, pues ahora predominan las asignaciones directas con montos muy superiores a lo que prevé el artículo 104 de la Ley de Obra Pública del Estado, donde están topadas en apenas 20 mil salarios mínimos.

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► Auditoría sí va

El titular de la Coparmex Jalisco, Óscar Benavides Reyes, recibió del secretario de Educación en el estado, Antonio Gloria Morales, la seguridad de que la auditoría externa al CAPECE se realizará, pese a la negativa del titular del organismo, Salvador Uribe Avín.

“Precisamente ahorita tenía en la línea al secretario de Educación, que me llamó, un poco sorprendido con el tema mencionado por el ingeniero Uribe Avín, y lo que menciona es que están en la mejor disposición”, puso en relieve en entrevista para MILENIO RADIO.

“Quedamos de reunirnos en breve con el secretario; [...] con el contralor del estado, con el mismo secretario de Gobierno probablemente, y el secretario de Educación, para analizar las bases del concurso que se podría llevar a cabo, para ver cuál es la profundidad, cuál es el alcance de esta auditoría que pedimos, de tal manera que se puedan desarrollar las bases, para licitar a la brevedad de esta terna que se promueva, que evidentemente tendría que ser de despachos contables de amplio prestigio, para que se dé tranquilidad a los ciudadanos de lo que ahí se resuelva, y de que si surgen anomalías, se corrijan, pero también con la consecuencias necesarias”, destacó.

Salpica a la CMIC el caso del CAPECE

La empresa Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, del esposo de lideresa estatal de la Cámara de la Construcción, ganó licitación del organismo

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Una licitación del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), para construir la etapa III del edificio académico del Centro Universitario de Los Valles (CUValles), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en Ameca, favoreció el pasado mes de julio a la empresa Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, SA de CV, propiedad de Andrés Juárez, esposo de la presidente en Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Lorena Limón González, quien ha criticado los esquemas poco transparentes de asignación de obra por parte de ese organismo.

En un hecho juzgado como sorpresivo por integrantes de ese gremio, apenas 14 días después de que Limón González emitiera fuertes cuestionamientos al trabajo de Salvador Uribe Avín al frente del CAPECE (MILENIO JALISCO, 12 de julio de 2012), el organismo declaró al ganador de la licitación bajo el expediente Concurso- FAMUDG – LP-002/2012, al considerar que su propuesta de ocho millones 664,854 pesos como la más baja de las propuestas económicas que fueron calificadas de viables. Esto partió de la descalificación previa de ocho propuestas más baratas, pero que fueron consideradas como “inviables”, según lo señala el acta del fallo, cuya copia está en poder de este diario.

La empresa del esposo de Limón González se impuso, de este modo, a siete ofertas más que sí eran viables, pero más caras.

Las propuestas rechazadas por “inviables” son de las siguientes empresas: Desarrollos BCA, Esmers Ingeniería, Arquitecto Jorge Armando Torres Zermeño, Grupo Constructor Caame, Grupo V y CG, Protomaq, Clear Water Solutions y Karwo Constructora, en su mayoría, sociedades anónimas de capital variable.

Los argumentos para la descalificación: “Por presentar propuesta insolvente de acuerdo al capítulo IV, inciso 14 de las bases de este concurso, que a la letra dice: El CAPECE, con base en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, de su reglamento vigente y las bases de este concurso […] rechazará [la propuesta] por cualquiera de los motivos siguientes: 14.1. Si la empresa presenta propuesta insolvente, considerando como insolvente aquella que produzca pérdida al contratista con base en la comparativa entre el resultado de los volúmenes y costos de los insumos recibidos en la propuesta y los analizados por la dependencia…”.

Además, remite al artículo 160 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, que señala: “Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato respectivo debe adjudicarse al licitante cuya propuesta: I. Resulte solvente porque sea remunerativa en su conjunto; II, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el ente público, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la licitación; y III, garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas”.

El argumento se repite con todas las descalificadas, además de que un par de ellas omitió documentos fundamentales. El fallo lo firman, entre otros, el director del CAPECE, Salvador Uribe.

Lorena Limón no fue localizada ayer, por encontrarse fuera de la ciudad, según fuentes cercanas a ella, por lo que no se pudo recabar su versión de este hecho.

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► A unos adelanta, a otros castiga

Mientras el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE) es pródigo en pagar mercancía no recibida al proveedor Héctor Orozco Michel y sus familiares, mantiene castigados a otros empresarios que demuestran tener sus papeles en regla y haber entregado las mercancías conforme a los contratos de que fueron objeto, señalaron ayer a MILENIO JALISCO los afectados.

Al empresario José Gómez Martínez le adeudan 200 mil pesos y por ello ha interpuesto demanda ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado. La empresa Suma 7 tiene pendientes de cobrar 700 mil pesos por el mismo motivo. Ambos exhiben sus papeles en regla como proveedores, por lo que señalan su perplejidad ante las declaraciones de Salvador Uribe Avín, de la falta de los mismos.

“Una vez más el señor Uribe Avín miente en sus declaraciones, al aseverar que no contamos con la documentación completa, ¿o la Secretaría de Administración no es confiable? Porque esa dependencia es la que nos filtra y pide una serie de requisitos para poder otorgar dicha constancia. Por otro lado, Salvador Uribe paga a quien no entrega y a los que tenemos desde el año pasado de haber entregado no nos paga con una serie de artimañas, es el caso de los contratos 14-ADQ-0468/2011, 14ADQ-0469/2011, 14-ADQ-0470/2011”, dijo Gómez Martínez.

En situación similar, con sus papeles en regla, están Comercializadora Daferdi, Practimuebles RAM y Muebles Esco, quienes mandaron a este diario copia de su registro vigente, pese a lo cual, continúan bloqueados.