Se trata de empresarios que han recibido grueso del recurso de obras del organismo y que reclaman daños a su imagen como proveedores
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
Un grupo de constructores que reconocieron su cercanía al director general del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), Salvador Uribe Avín, amenazaron el pasado 14 de agosto a Juan Guillermo Sahagún Sánchez, según relató este empresario, quien es uno de los múltiples denunciantes de las anomalías que se dan en ese organismo estatal desde hace más de dos años. Por ello, el amedrentado presentó denuncia formal el pasado viernes 17 de agosto ante la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), pues teme por su integridad personal y la de su familia.
Sahagún Sánchez, junto con nueve empresarios más, denunció ante la Contraloría del Estado, el 6 de agosto de 2010, “presuntos actos de negligencia, corrupción y abuso de autoridad” de los responsables del CAPECE, denuncia que fue ampliada el 2 de septiembre de 2011, cuando se contó con el respaldo de siete empresas más (MILENIO JALISCO, 25 de junio de 2011).
Así las cosas, y tras algunas llamadas telefónicas de contacto previo, el martes 14 de agosto de 2012, poco después de mediodía, un grupo de empresarios, encabezados por Martín Isidro Salcedo Amezcua, irrumpieron en las oficinas del quejoso “de forma violenta y con empujones, en flagrante allanamiento e invasión de mi oficina y mi privacidad”, y penetró a la sala de juntas del despacho, relató Juan Guillermo Sahagún Sánchez: “El motivo de su intempestiva, imprevista y atropellada visita fue precisamente en relación a las denuncias de corrupción que se presentaron en CAPECE y que se denunciaron y continúan denunciándose ante diferentes instancias”.
El ofendido identifica entre los allanadores a Alejandro Vaidovits Schurer, José Rodolfo León Flores, Carlos Dávalos Sánchez, José Flores Castellanos, Álvaro Ortega García, Héctor Ruiz Fernández, Daniel Orozco Rivas y Gustavo Neri Mares.
El reclamo fue la aparición del nombre de las empresas en las publicaciones de MILENIO JALISCO. Lo cierto es que los nombres de las razones sociales que encabezan los empresarios molestos salen de un ejercicio estadístico realizado por este diario con base en datos oficiales del propio CAPECE, que les ha otorgado más obras y montos a ejercer que a la mayoría de las empresas del padrón de proveedores.
“El hostigamiento comenzó y terminó con el planteamiento a mi persona en el sentido de que pidiera una disculpa pública [sic] por medio del periódico hacia las empresas mencionadas [...] amenazándome varias veces con causarme daños físicos a mi persona o a mi familia, otorgándome un plazo de tres días para la publicación de la disculpa pública, y si no, que me atuviera a las consecuencias, y abundaron en las mismas al referir en tono amenazante: ‘Si no lo haces en tres días, atente a las consecuencias, ya sabes de lo que somos capaces y el interés que tiene el señor Salvador Uribe’...”.
Desde entonces, en el empresario amenazado se han desatado cuadros de nervios que no lo dejan dormir, por lo cual, pide el apoyo de las autoridades para salvaguardar su integridad y la de los suyos.
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Busca solventar cargos
El director del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), Salvador Uribe Avín, acudió ayer al Congreso del Estado para pedir que le sean aceptados nuevos documentos para solventar las irregularidades que se encontraron en la cuenta pública de 2007, por un monto de 276 mil 208 pesos.
Según el funcionario, se trata en su mayoría de pagos que pueden acreditarse sin problemas, porque ya tiene los respaldos.
La Auditoría Superior del Estado remitió la cuenta del CAPECE con observaciones por 6.7 millones de pesos al Congreso de Jalisco. Los diputados le fueron acreditando documentación, hasta que se quedó en la cantidad en la que se le fincaron cargos.
Cuando se discutió esta cuenta, la diputada priista Ana Bertha Guzmán cuestionó que después de más de 500 días en la Comisión de Vigilancia, se hayan eliminado 6.5 millones de pesos de cargos.
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Los detalles
► La Contraloría del Estado de Jalisco, desde agosto de 2010, conoce de las denuncias por presuntos malos manejos en el CAPECE.
► “No es válido utilizar las lagunas legales de la ley para favorecer a un reducido grupo de empresas del amplio padrón vigente, que participan constantemente en las licitaciones públicas estatales y federales, lo cual se puede documentar, históricamente, que esas empresas nunca habían tenido una participación tan activa en el CAPECE y actualmente [están] con gran cantidad de contratos y montos estratosféricos”, señala el documento.
► La denuncia está vigente dentro del expediente 450-DGJ/Q/2009-B, del que promete un resultado la Contraloría a finales de este mes de agosto.
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