Con ese pretexto ya no nos dan trabajo, señalan. Abusaron de la buena fe de las empresas para colocar aseguramientos apócrifos, señalan empresarios afectados
Agustín del Castillo/Guadalajara. MILENIO JALISCO
Proveedores del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), presentaron una nueva denuncia penal por las anomalías en el organismo estatal.
En esta ocasión, el señalado es Roberto Granada Ontiveros, quien les vendió fianzas que resultaron apócrifas y con base en lo cual, se les ha pretendido cerrar las puertas para trabajar en el CAPECE.
Los denunciantes son José Gómez Martínez, María Dolores Quezada Saldaña, Juan Ignacio Estrada Torres, Emmanuel Vergara Peña, Ramón Ismael Coronado López, Víctor Tomás López Ortega, Armando Macías Araujo y Liliana Patricia Cruz Manjarrez Ceseña.
“Con la actividad económica de proveedores de bienes y servicios del gobierno del estado, en la cual nos desempeñamos, es recurrente la necesidad de garantizar el cumplimiento de los contratos con las distintas dependencias, así que para garantizar dicho cumplimiento es necesario otorgar 10 por ciento ya sea de depósito en efectivo, cheque certificado o fianza que avale compañía afianzadora”.
Fue en ese contexto que se les acercó Granada Ontiveros, quien “dijo ser agente de fianzas, además de ser pariente del director del CAPECE, Salvador Uribe Avín”. Fue como se dio la relación con esas empresas, que no tenía visos de alguna ilegalidad, pues “nos solicitó estados de cuenta bancarios, financieros, con sus respectivos analíticos, escrituras de bienes inmuebles con los cuales se puede garantizar de parte de los suscritos a la afianzadora el cumplimiento de los contratos”, y de ese modo comenzó la relación.
“Durante el tiempo que trabajamos nunca tuvimos problemas, siempre fueron aceptadas por el CAPECE”; no obstante, “el agente de fianzas, con el pretexto de que no le habían llegado las facturas nunca nos expidió factura alguna; cabe señalar que nos pareció un poco extraño el que no nos expidiera y nos dirigimos con el agente de fianzas y lo citamos en nuestras respectivas oficinas para que nos diera razón de qué lo mo-tiva a no dar comprobaciones fiscales, a lo que argumentó que estaba en proceso de darse de alta en las afianzadoras como agente y estaba ocupando el número de afianzador de un amigo y se le hacía muy pesado cargarle la mano a su cuate, a lo que nosotros accedimos [sic] a darle un plazo más...”.
En lo que va de 2012, ninguno de los quejosos ha recibido contratos del CAPECE, sin que se les formalice una razón, aseguran, y fue hasta que apareció en MILENIO JALISCO la declaración del director del organismo sobre las fianzas apócrifas y el veto a las empresas.
“En la semana del 13 al 17 de agosto de 2012 se nos ha notificado a cada uno de nosotros la imposibilidad de participar en licitación alguna”, porque presuntamente incurrieron en hechos ilícitos; además, el CAPECE se niega a liquidar cuentas que tiene pendientes con algunos de ellos.
Es por ello que se presentó la denuncia: para deslindarse de un negocio ilícito del que más bien se asumen como víctimas, y exigir el respeto de sus derechos como proveedores.
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