El caso del río Santiago es emblemático de la impunidad de la industria y la opacidad de la autoridad en aplicar una norma de por sí laxa, denuncian colectivos.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La contaminación del agua de la cuenca del río Santiago por las industrias del área metropolitana de Guadalajara y de los corredores industriales de Ocotlán-La Barca y el río Zula, es un ejemplo dramático del modo en que empresas transnacionales aprovechan en México, de forma desleal, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAAN), pues resulta evidente que se trata de casos de “dumping ambiental”, contra los intereses de empresas asentadas en Estados Unidos y Canadá, que sí invierten en prevenir y compensar la contaminación y lo internalizan en sus costos de producción.
Este es el sustento de la nueva campaña denominada El río suena, aguas de México sin tóxicos, lanzada en la Ciudad de México, ayer, por el Colectivo Ecologista Jalisco AC, el Instituto de Derecho Ambiental AC, y la coordinadora Agua para Tod@s, Aguas para la Vida. Se trata de una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), “por la degradación de los cuerpos de agua del país debido a la laxitud y falta de aplicación de la norma de descargas NOM-001-SEMARNAT-1996, normatividad que permite la contaminación impune de los cuerpos de agua de México”.
Esta denuncia “fundamenta la necesidad de modificar esta norma para dar cumplimiento a los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar, al desarrollo, al agua potable y al saneamiento. Esta norma, la NOM-001-SEMARNAT-1996, sólo regula 20 parámetros y deja sin regulación a una amplia gama de sustancias, en particular las de origen industrial”, advirtieron en un comunicado.
Como evidencia de ello, “la denuncia cita varios estudios realizados por investigadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Uno de esos estudios señala que la NOM-001-SEMARNAT-1996 no impide la descarga de sustancias tóxicas a los cuerpos de agua del país, al indicar que muchos efluentes industriales pueden cumplir con la norma, pero como no se toman en cuenta, los contaminantes específicos de cada giro, esto provoca que ‘la incorporación de sustancias tóxicas deteriore el ambiente acuático’. Así, la normatividad no logra controlar los tóxicos de fuentes industriales”.
En el mismo sentido, “la denuncia hace referencia a un reporte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en donde la secretaría asevera que esta norma tiene ‘un efecto o impacto nulo’, y que ‘no se cumple, lo que representa la libre descarga de contaminantes”.
La NOM-001-SEMARNAT-1996 ha sido incluida en el Programa Nacional de Normalización (PNN) para su modificación desde el año 2007, “pero aún no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación un anteproyecto de modificación de esta norma. El PNN 2017 (DOF, 03/02/2017) señala que es necesario revisar los parámetros y límites de esta norma, ‘en virtud de que han quedado rezagados frente a las necesidades de protección de los cuerpos de agua del país; respecto a normas internacionales; a las demandas señaladas en acuerdos internacionales y frente a otros ordenamientos nacionales como son la Ley Federal de Derechos y las Declaratorias de Clasificación de los Cuerpos de Agua”, explicó la investigadora del CEJ y doctora por el CIESAS (Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social), Cindy McCulligh.
“El sistema normativo para el control de las descargas al agua en México es muy deficiente. Se ha estado estudiando la modificación de la norma desde 2007 en Semarnat en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos (COMARNAT) pero parece que no hay voluntad política para emitir las regulaciones necesarias para proteger los ecosistemas acuáticos y a la salud humana”.
La coordinadora Agua para Tod@s, Aguas para la Vida, Elena Burns añadió: “La Coordinadora Nacional Agua para Tod@s ha documentado que la violación sistemática e impune de la NOM 001, así como la falta de voluntad política para lograr su actualización, a pesar de múltiples estudios en todo el país en cuanto a su insuficiencia, está asociada con prácticas tipificadas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas como faltas administrativas graves de corrupción. Para corregir este problema universidades y organizaciones en el país estamos construyendo una capacidad de Contraloría del Agua, como está previsto en la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas”.
La presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera, terció: “con la reforma del 2012 al artículo 4 constitucional, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento y la norma actual es violatoria por no garantizar la no descarga de contaminantes a los ríos y otros cuerpos de agua del país”.
El río suena, Aguas de México sin tóxicos, “busca denunciar pacíficamente la impunidad en la contaminación de los cuerpos de agua nacionales, facilitada por una normatividad laxa, niveles sumamente bajos de inspección y vigilancia, y la desatención de las descargas de sustancias químicas sintéticas de origen industrial a los cuerpos de agua nacionales”.
SRN
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