Poseedora de 30% de las reservas probadas de hierro del país, la región y sus pueblos indios viven bajo la presión de empresas transnacionales, organizaciones criminales y los gobiernos de Jalisco y Colima
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La disputa por el hierro ha marcado profundamente la historia de la Sierra de Manantlán desde hace al menos medio siglo, pero en los últimos diez años, en que se ha globalizado la industria extractiva y los mercados emergentes demandan millones de toneladas para su crecimiento, la presión aumentó: hoy se ha dado una fuerte judicialización en la disputa por los recursos, una creciente violencia tanto ilegal como “institucional”, y la división interna de las comunidades. La ganancia suele ser de los pescadores.
En todo este problema, geográficamente enclavado más allá de los linderos de la reserva de la biosfera, que en marzo pasado cumplió 30 años de creada por un decreto del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, la postura de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha sido de no involucrarse en el conflicto, en contraste con el papel activo en la zona de influencia que ostentó la administración de la reserva en las dos décadas previas.
Es una actitud que el investigador de la UdeG, Enrique Jardel Peláez, calificaba el pasado mes de mayo, una vez más, como “mentalidad de plaza sitiada” del sector oficial de áreas naturales protegidas, prevaleciente desde la administración de Vicente Fox Quesada; es decir, negarse a intervenir en conflictos afuera de los polígonos como si estos no terminaran alterando los propios procesos de conservación de las demarcaciones protegidas. Esa idea, que juzga estrecha, ha tenido un impacto acusadamente negativo tanto en la conservación de la naturaleza como en el desarrollo de los pueblos indios, cuyas luchas contra los madereros sustentaron el decreto en los años 70 y 80 del siglo XX.
La suspensión fue emitida “contra los efectos y consecuencias” de actos de la Secretaría de Economía, división de minas y de concesiones; de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de los gobiernos municipales de Minatitlán, Colima, y Cuautitlán, Jalisco, y en consecuencia, se suspendían efectos de las concesiones mineras, su inscripción, la emisión de permisos ambientales (indispensables para los aprovechamientos) tanto en el tema de la extracción mineral y del uso del agua, y los permisos de construcción y de operación de instalaciones mineras en una superficie de 1,200 hectáreas que forman parte del plano definitivo del ejido Ayotitlán.
La premisa jurídica es que el yacimiento ferroso que explota Peña Colorada, que tiene escrituras otorgadas por el gobierno de Colima en años recientes, se sobrepone a la superficie de dotación del ejido, que tanto por ser primero en tiempo, como por la imprescriptibilidad de los derechos agrarios que rige en México, tendría mejor derecho. Esto envalentonó a los indígenas y obligó a la transnacional minera, subsidiaria de los gigantes Mittal Steel e Hylsa Ternium, a sentarse a negociar en Guadalajara con las autoridades ejidales presididas por Ernestino Ciprian, y el núcleo de asesores que encabeza el Instituto de Derecho Ambiental (Idea).
Se exigió al consorcio que un acuerdo justo, e incluso, la demanda llegó a poner cifras: 20 por ciento del valor del mineral extraído. Los asistentes de Peña Colorada escucharon pero no respondieron. La impaciencia ganó. Los críticos del grupo que promueve el amparo, encabezados por Gaudencio Mancilla, del consejo de ancianos, y sus asesores de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la UdeG, han descalificado al despacho Idea por haber permitido que el asunto se desbordara. Lo cierto es que los ejidatarios decidieron ejecutar por su cuenta la suspensión que caminaba con exasperante lentitud en el quieto mar de la burocracia.
El 22 de julio de 2015, un grupo de campesinos acudieron a las puertas de la mina a exigir el cumplimiento de la suspensión. Todo terminó en un zafarrancho, al intervenir violentamente la policía de Colima luego de un supuesto acuerdo de la empresa con la representación ejidal. Al anochecer, ingresaron al penal de la capital colimense, con golpes y heridas de diversa severidad, 33 campesinos y uno de sus representantes legales, el litigante Eduardo Mosqueda Sánchez. La procuraduría colimense fabricó delitos como secuestro y extorsión que los tribunales federales le echarían abajo, e incluso a Mosqueda, a quien se le presionó sin éxito para que acusara al Idea, se le debió dejar en libertad sin ningún delito casi un año después.
En los días siguientes al encontronazo, los gobiernos estatales de Colima y Jalisco se coordinaron para tratar de liberar a los detenidos, a cambio de un “perdón” que implicaba reconocer culpas, e imputar al despacho de asesores que preside la doctora en derecho Raquel Gutiérrez Nájera. A la larga, la intención era que el juicio que pone en vilo toda la inversión de Peña Colorada fuera echado abajo.
A dos años, el asunto sigue vigente y las presiones son enormes. Los gobiernos de ambos estados "convencieron" al presidente ejidal de forma exitosa, y este ha tratado de deslindarse primero del juicio, luego de revocarlo. Pero algunos ejidatarios resisten y eso mantiene en pie el expediente. De los 33 afectados -algunos con secuelas de salud tras su detención, que apenas han sido atendidas pese al llamado de la comisión colimense de derechos humanos-, la mitad se negaron al “perdón”. Con posterioridad, un juicio de garantías del Idea los dejó también sin responsabilidad.
“La última acción de Ernestino Ciprian fue intentar desistirse con firmas de la lista de asistencia a la asamblea, pero está detenido por quejas que interpusimos, además que hemos impugnado su propia calidad de presidente del comisariado ante la autoridad agraria, pero las presiones son enormes”, revela el abogado Eduardo Mosqueda.
Otros expedientes más antiguos, con desaparición de personas presuntamente a manos del crimen organizado, son los de activistas locales. El caso más famoso es el de Celedonio Monroy Prudencio, a quien no se le ve desde el 23 de octubre de 2012, hace casi cinco años, y se distinguía por su trabajo a favor de los recursos del ejido y sus denuncias en contra de los mineros y taladores ilegales, que saqueaban tanto el hierro –en algunas zonas está casi “a flor del suelo”- como maderas semipreciosas como el barcino, el guayacán y el tampicirán, que se embarcaban de forma ilegal en el puerto de Manzanillo hacia el mercado del extremo oriente.
Pero está también un caso de éxito en la defensa legal, el que sostuvo la comunidad de Tequesquitlán, también en la zona de influencia, contra la minera Gan Bo, de capital chino. El juicio lo llevó el abogado Alejandro López Aguayo y miembros de la Red Jalisciense de Derechos Humanos AC.
Se trata del 1213/2012-3 del Juzgado 3 de Distrito en Materia Administrativa. Gan Bo, “en 2007-08 incursionó ilícitamente también en el predio agrícola del ejidatario nahua Lino Roblada de Ayotitlán, para apoderarse y explotar un yacimiento aurífero (oro). Decenas de comuneros y ejidatarios pararon la explotación ilícita y ganaron un amparo en contra de la empresa”. El amparo revocó la autorización de impacto ambiental. Como hubo recursos y quejas de la contraparte, y tibieza del juez responsable, los abogados de los campesinos promovieron los recursos 385/12 y 438/12.
El colegiado “concede la suspensión de plano y se otorga la medida cautelar para el efecto de que no se ocupen las propiedades del ejido quejoso, por un total de 180,276 metros cuadrados, sobre las que no se ha realizado la ocupación. Por ello, deberán cesar los siguientes actos: la remoción de vegetación, la instalación de tuberías y depósito de agua dentro de la superficie aludida; la construcción de edificios; la construcción de caminos y carreteras que invadan los límites de la superficie mencionados; la extracción de piedra o cualquier otro material; la reparación, construcción y operación de la planta minera de beneficio ni de la presa de jales, salvo los cuidados que requieran los depósitos ahí realizados, hasta en tanto se resuelva por sentencia ejecutoriada sobre la constitucionalidad de los actos reclamados o el sobreseimiento; o en su caso, por hecho superveniente que justifique revocarla o modificarla; con lo cual también se satisface la solicitud de que cesen los actos que pudieran poner en peligro la vida de los ejidatarios…”.
Ese juicio demostró que una defensa jurídica bien articulada puede ser fructífera pese a afrontar a enormes intereses. Pero la demanda del hierro de la zona, que alberga el mayor yacimiento documentado de todo el país (más de 30 por ciento de su producción anual), no se atisba que baje. Hasta hoy, la riqueza mineral de Manantlán es su maldición.
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CLAVES
12 mil ha del ejido Ayotitlán tienen concesiones mineras a favor de Peña Colorada
70% del territorio de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán tiene concesiones mineras no ejercidas, pero con la amenaza, dado que la Ley General de Áreas Naturales Protegidas no excluye tal actividad
1967 es el año de creación como paraestatal del consorcio Peña Colorada, privatizado en 1989. Se encuentra registrada en el municipio de Minatitlán, Colima, sin embargo, las casi cinco mil hectáreas del título de concesión 211011 renovado ante la Secretaría de Economía en 2000, con vigencia hasta el 14 de marzo de 2050, se ubica en tierras nahuas de Cuautitlán, Jalisco, destaca la activista Esperanza Salazar.
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