Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR
Uno de los aspectos más reveladores del abandono de los bosques de Jalisco es el enorme volumen de madera que se extrae de forma ilegal, con métodos propios del crimen organizado que domina amplios territorios del sur, el occidente y el norte del estado. Fuentes oficiales y empresarios consultados consideran que la sangría ilegal podría alcanzar hasta 70 por ciento del volumen total que se trabaja en los aserraderos.
“Lastimosamente no me parece exagerado; es un asunto de la delincuencia organizada donde obligan a ejidos a desmontar y a recibir una miseria por ello, y luego nadie vio y nadie sabe, y ya hasta que se desmontó todo dan aviso para no caer ellos en ‘delito’; seguramente no son todos, pero es muy recurrente el caso. La ley obliga a la autoridad a tener la certeza del sujeto activo del acto delictivo y pues jamás lo saben ni la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) ni el agente del Ministerio Público. Incluso en los incendios todas las denuncias no han llevado a nadie a prisión”, admite un funcionario del organismo federal a condición de no ser identificado.
Un caso reciente trascendió en la región Sur, cuando un grupo de ediles de Municipios de la zona de El llano en llamas demandaron la intervención de la autoridad federal ante la persistente presencia de camiones cargados de madera en sus carreteras locales. Se acordó establecer bases para investigar el tamaño del robo, pero un regidor confesó a NTR que no sería extraño que por cada 3 metros cúbicos (m³) de madera de pino con todos los requisitos de legalidad, se aporten hasta 7 m³ de madera clandestina.
“Muchos aserraderos se prestan a este trato, es algo parecido al huachicol, y que tiene mucho tiempo, pero con la fuerza que han tomado los maleantes, yo creo que se disparó aún más”, confió el edil.
La herramienta para identificar el problema se limita a las escasas denuncias recibidas y atendidas y de los operativos realizados por programa en el caso de la Profepa; la Comisión Nacional Forestal (Conafor) maneja un censo de la superficie que está sujeta a aprovechamiento y la que está en conservación, y la Secretaría de Medio Ambiente federal entrega los permisos. El dato esencial sería poder comparar la madera autorizada en los programas de manejo, la que se mueve con guías y la que recibe la industria transformadora.
DIAGNÓSTICO
El Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020, patrocinado por la agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), emitió el Informe Nacional México elaborado por Juan Manuel Torres Rojo, quien ostentó la dirección de la Conafor.
“La tala no autorizada o tala clandestina está fuertemente ligada a la pobreza y al esquema de tenencia de tierra de los terrenos forestales. En muchas regiones el inventario forestal de los ejidos o comunidades, a pesar de estar legalmente definido como propiedad común está dividido de acuerdo al valor del vuelo forestal (productos maderables) y los ‘usufructuarios’ aprovechan el recurso en función de sus necesidades inmediatas obviando en la mayoría de los casos la normatividad o incluso el programa de manejo existente. En otros casos, motivados por las mismas necesidades inmediatas, los ejidatarios o comuneros promueven la extracción ilegal a cambio de recompensas monetarias, ya sea por miembros de las mismas comunidades o por grupos o individuos externos a ellas”.
Agrega: “La actividad de extracción ilegal realizada por agentes externos a las comunidades se realiza por la falta de recursos destinados a la vigilancia de extensas áreas y la ausencia de mecanismos de coerción o credibilidad, así como el bajo costo de las sanciones relacionadas con este tipo de delitos”.
El silvicultor Javier Magaña Cárdenas señala que es tiempo de afrontar decididamente el problema: “Creo que el gobierno actual tiene la oportunidad de oro para reactivar el sector forestal; primero cerrar los aprovechamientos clandestinos, que están a la orden del día, tiene la fuerza fiscal para hacerlo; la otra es enfocar las baterías fuertemente en el fomento, y volvemos a lo mismo, la conservación productiva, propiciando que el bosque produzca madera, entendiendo que la madera podríamos manejarla casi como un producto secundario, en relación a los otros bienes que tenemos que conservar del bosque, y creo que el estado tiene a las personas adecuadas en estos momentos para hacerlo, porque no son improvisados”.
Darle valor al bosque, para que los propietarios se involucren de nuevo y lo protejan es la única certeza para hacer frente a quienes sangran, fusil en mano, sus recursos más valiosos, advierte.
Antecedentes
En 1998 se midió el impacto del clandestinaje en México: de 7 millones de metros cúbicos (m³) autorizados como extracción, otros 13 millones de m³ se movían ilegalmente
En el caso de Jalisco, pasó de una producción legal de 1 millón de m³ a menos de 400 mil m³ en la actualidad
La madera ilegal de Jalisco podría rondar 800 mil a 1 millón de m³ anuales
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