Se teme que este proyecto de infraestructura hidráulica llegue a costar 50 mil millones de pesos al erario, antes de entrar en operaciones.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El entreveramiento de intereses de privatización con el uso de recursos públicos en el tema agua lleva a aberraciones, considera la activista María González Valencia: la integrante del Instituto Mexicano para el desarrollo Comunitario (Imdec), asegura que el proyecto El Zapotillo, por ejemplo, cuesta 19 millones de pesos al mes, aún sin terminarse y mucho menos operar.
La ex directora de ese organismo ha presidido el Foro Agua, privatización y corrupción, en el Museo de la Ciudad. Ha contado con Félix Hernández Gamundí, especialista en agua, medio ambiente y energía; con Miguel Ángel Montoya, asesor parlamentario, y una ponencia de la propia González Valencia, donde da a conocer sus hallazgos sobre el proyecto de infraestructura hidráulica más importante del occidente de México, el cual, teme llegue a costar 50 mil millones de pesos al erario, antes de entrar en operaciones.
Puso en relieve que los consejos consultivos de agua son organismos que representan los intereses de la gran empresa, y por ende, están lejos de ser sociales. En el caso específico del CCA, cuyo capítulo Jalisco es presidido por el empresario y ex secretario de agricultura, Francisco Mayorga Castañeda, un repaso de su nómina demuestra el peso de esos intereses.
Pero además, incorpora a un ejecutivo de la transnacional Nestlé, Marcelo Mechior; de la cervecera Femsa, el ex gobernador zacatecano por el PRI, Genaro Borrego Estrada; de Grupo Carso, el hombre más rico de Latinoamérica, Carlos Slim Helú, y de grupo cementero Cemex, Juan Pablo García. Se trata de claros intereses empresariales por el agua.
Un ejemplo que demuestra cómo operan esos intereses es la presa El Zapotillo, que se construye en las cañadas del río Verde y amenaza con inundar los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Sus cifras indican que el embalse artificial ha pasado de 10 mil millones de pesos a 27 mil millones, pues la paralización de los trabajos no ha impedido que las constructoras FCC, La Peninsular, Hermés y Abengoa, concesionarias de la obra de cabecera y del acueducto a León, a pesar de que desde hace cuatro años que está parada la obra, les significa 19 millones de pesos mensuales.
Por adjudicaciones e indemnizaciones “Abengoa recibió 1,600 millones de pesos, y a La Peninsular y a Hermes les dieron 1,436 millones de pesos”. Abengoa recibió fondos de las pensiones de los trabajadores de Jalisco, que suman 604 millones de pesos, mientras que el gobierno federal pagaba 200 millones de pesos, y el de Guanajuato, 100 millones de pesos más.
SRN
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