La diputada Mónica Almeida destaca el abandono al desarrollo regional en la administración estatal, desde 2014.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El presupuesto de egresos que presentó el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, incumple con el precepto del artículo 4 constitucional de “atender al principio del mínimo vital como el eje de planeación democrático por el cual el Estado deberá de crear las condiciones para que toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida”, denunció la diputada perredista Mónica Almeida López.
“Fue presentado un presupuesto que no cumple con este propósito y debemos replantear que estamos haciendo y dejando de hacer y si el modelo actual está funcionando, y en caso de no ser así tomar decisiones. En 2017 en el Presupuesto de Egresos había 60 programas con 16 por ciento del total de los recursos, que inciden de manera parcial en garantizar el derecho al mínimo vital en rubros relativos a alimentación, vivienda, energía, movilidad, agua, educación, salud y seguridad. Para 2018 se disminuye a solo el 11 por ciento del total”, advirtió, en conferencia de prensa.
Además, “la clasificación de prioridad no tiene metodología, por ejemplo, el Presupuesto destinado a Salud se redujo en 1 por ciento; el Presupuesto destinado a Movilidad se incrementó en 21 por ciento”. El sistema de evaluación actual “es caro y no cumple con su propósito al ser juez y parte en la evaluación”. El costo para 2017 fue de ocho millones 183,100 pesos. Con base en este, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas define las dependencias, los programas, el tipo de evaluación que se realiza; se contratan a los evaluadores, se coordinan las evaluaciones y la información que se otorga. “¿Este modelo realmente funciona al ser juez y parte de la evaluación?”, se preguntó la legisladora.
Como resultado, “casi la mitad del presupuesto no justifica los recursos asignados para solucionar problemáticas sociales críticas; se evaluó el presupuesto, de acuerdo a la misma metodología usada el año pasado para esto, la cual está basada en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores de Resultados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Manual y la Guía para el diseño y Construcción de indicadores del Consejo Nacional para Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”.
Así, “40 programas presupuestales que corresponde al 43 por ciento del total, un poco más de 46 mil millones, no tienen fundamentos sólidos en sus matrices de Indicadores para Resultados (MIR) con inconsistencias e incongruencias entre los propósitos, componentes e indicadores, lo que no garantiza resultados y por tanto se propone se reasigne su monto para generar acciones tendientes a garantizar el ‘Mínimo Vital’”, ponderó Almeida López.
Consideró oportuno incrementar a 480 millones de pesos el Fondo para el Desarrollo Regional (Fondereg) y de este modo, mejorar las condiciones de los municipios no metropolitanos. Porque su historia reciente demuestra una creciente desatención: para 2012 contaba con 480 millones de pesos, es decir 0.72 por ciento del gasto total. En 2013 se redujo a la mitad, 240 millones, a partir de lo cual no ha tenido incrementos, “representando para 2018 sólo 0.22 por ciento”. Ante esta evidencia, la legisladora recordó que el pasado 5 de diciembre, en sesión de pleno, fue aprobado el acuerdo legislativo que propuso para incrementar por lo menos a 480 millones de pesos, ese fondo.
También recordó que “la ONU a través de Cepal ya analiza al ´mínimo vital’ contemplado en la Constitución de Jalisco y sus implicaciones para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones presupuestales. Se ha estado trabajando desde el año pasado con académicos, con algunos organismos participativos y con asociaciones civiles, como el CESJAL. El 28 de noviembre, se firmó el convenio de colaboración interinstitucional entre CESJAL y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal-ONU) para que se realice un estudio completo sobre el principio del ‘mínimo vital’ establecido en la Constitución de Jalisco y sus implicaciones para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones presupuestales”.
SRN
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