Los huicholes conversos señalan que los agentes del MP en Colotlán, Villa Guerrero y San Martín de Bolaños, los rechazaron
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Los wixaritaris de confesión bautista y la Fiscalía General del estado probaron ayer, en la aspereza de una sierra cada vez más fría ante la inminente entrada de la estación invernal, el lado oscuro del juego del gato y el ratón; es decir, cuando el gato no come, pero tampoco muestra interés en la suerte de los tímidos y vapuleados roedores.
Y más allá de la fábula, están los hechos: los aborígenes expulsados por “no respetar la costumbre” en Tuxpan de Bolaños, decidieron tomar la carretera de Puente de Camotlán –donde se han asentado en espera de algo que indique justicia terrenal- hacia Bolaños, pasar de nuevo por el poblado en el que vivían, y bajar a Bolaños, y luego volver a subir, hacia Colotlán.
“Fuimos con un grupo de señoras a presentar la denuncia de hechos, pero nadie en la fiscalía nos quiso tomar siquiera una declaración”, explica el dirigente religioso de la comunidad, Martín Vázquez Mendoza. De hecho, primero fue mandarlos de Colotlán a San Martín de Bolaños, porque se suponía era la adscripción correspondiente. Luego, de San Martín los mandaron a Villa Guerrero, y de ahí, nuevamente a Colotlán.
La negativa fue completa, pese a que las agencias del Ministerio Público están obligadas a tomar cualquier denuncia de un ciudadano, ante la presunción de que este haya padecido algún delito.
Así lo establece el Código de Procedimientos Penales del estado. El artículo 88. “Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito está obligada a denunciarlo al Ministerio Público y, en caso de urgencia, ante cualquier funcionario o agente de policía, los que darán cuenta inmediata al Ministerio Público. Todo funcionario o empleado público, que en el ejercicio de sus funciones tenga noticias de la existencia de un delito, está obligado a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, transmitiéndole todos los comprobantes o datos que tuviese, para que proceda conforme a sus atribuciones. Se tendrá por incoada la denuncia, y acreditada la persecución, desde el momento mismo en que la víctima, el ofendido o los testigos, hagan este hecho del conocimiento de cualquier autoridad”.
Y el artículo 92 añade: “El funcionario del Ministerio Público o de la Policía Investigadora que reciba una denuncia está obligado a proceder a la investigación del o de los delitos que la motiven”.
La acción en contra de los aborígenes, por orden de su asamblea comunal, entraña diversos actos que el agente del MP debe determinar, tras recibir denuncia e investigar, si constituyen materia de delito: se les obligó a salir de sus casas por no aceptar “la costumbre”, aunque los bautistas señalan que ello se debe a que la fe que profesan es incompatible con ciertas prácticas tradicionales, por lo que lo ven como una imposición a sus convicciones. Lo cierto es que más allá de la interpretación, el hecho es que la asamblea comunal determinó expulsar a los disidentes, lo que implica quitarles sus derechos como comuneros, destacadamente, el de vivir en el territorio comunal. Las casas en las que vivían fueron derribadas, según el vocero de la minoría.
El artículo 202 bis del Código Penal de Jalisco señala: “se impondrán de cincuenta a cien días de multa o de treinta a cien jornadas de trabajo a favor de la comunidad, a quien al que por razones de origen étnico, edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, nacionalidad, idioma, religión, ideología, preferencia sexual, condición social o económica, trabajo o profesión,discapacidad, características físicas, estado de salud o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana, limite, anule o genere un menoscabo a los derechos, libertades y seguridad de la persona…”.
El dirigente bautista dijo que un abogado enviado por la propia iglesia, acudió ayer a Puente de Camotlán a entrevistar a los afectados, con el objeto de elaborar un escrito y presentarlo en la capitaldel estado, ante los obstáculos que la fiscalía les puso para hacerlo en la región. También señaló que a su paso por Villa Guerrero, encontraron personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes les avisaron que si viven en el lado nayarita, será difícil que se les pueda atender por el ombudsman de Jalisco… aunque los hechos hayan sucedido en este estado.
Así transcurre la vida de los desplazados de la sierra, minoritarios y con derechos conculcados por su propio grupo social, de historia marginada y bajo una discriminación centenaria.
MC
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