El gobierno de Jalisco suele ser tibio en garantizar el respeto a minorías religiosas en la región wixárika, según ha documentado el ombudsman nacional.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La novedad es que no hay novedad: los fenómenos de expulsión de pobladores que cambian de la religión tradicional en las tierras de los wixaritaris no son nuevos, tienen al menos tres decenios; la tibia actuación de las administraciones estatales de Jalisco en el tema, tampoco. Sean gobiernos panistas o priistas, lo cierto es que expulsar disidentes religiosos bajo el argumento de violación a los usos y costumbres se ha “normalizado” por el bajo costo político que acarrea a los pueblos que toman las decisiones.
No se trata de una opinión arbitraria, sino de conclusiones que ha plasmado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cristalizadas en dos recomendaciones emitidas al gobernador de Jalisco en turno (2004 y 2008) y a la Secretaría de Gobernación, además de los alcaldes que administran los territorios donde se ubicaban las minorías.
En la recomendación 07/2008, el ombudsman expresaba que “por ningún motivo se puede permitir que, en aras de la protección de los usos y costumbres de un pueblo, se cometan delitos en contra de quienes no los practican, como tampoco expresar ‘invitaciones’ que encubren amenazas e intimidación basadas en la violencia para hacer que las personas asuman una determinada religión […] la conducta omisa para solucionar el conflicto y evitar la expulsión de los indígenas que cambiaron de religión por parte de las autoridades del estado de Jalisco, así como en la salvaguarda del derecho humano a la libertad de ejercer y practicar la religión o culto de su preferencia, contribuyó a que se violaran los derechos humanos de los indígenas huicholes que tuvieron que abandonar sus comunidades al verse amenazados por sus coterráneos y las autoridades comunales y tradicionales huicholas”.
Ese documento habla de acciones u omisiones ocurridas sobre todo durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña (2001-2007), pero la falta de acción de su sucesor, Emilio González Márquez, ha generado condiciones que la propia CNDH temía que se legitimaran.
“El Estatuto Huichol constituye la base para la organización económica, política, cultural y social de la comunidad wixarika y su cumplimiento es obligatorio para todos los comuneros. En él expresamente disponen, como límites del mismo, el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la observación de los derechos humanos y las disposiciones contenidas en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En tal virtud, no es legítimo argumentar que el desplazamiento de los indígenas huicholes evangélicos tuvo su fundamento en el ejercicio de ‘usos y costumbres’ establecidos en las disposiciones y normas que comprenden el propio Estatuto, ya que las mismas evidencian un límite a los derechos humanos establecidos en el artículo 2, apartado A, fracción II, de la Constitución Política. Este precepto reconoce y consagra a favor de las comunidades indígenas su autonomía para aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos, aunque también determina expresamente la limitante de su aplicación, la cual se basa precisamente en el respeto de los derechos humanos, enfatizando de manera relevante el respeto a la libertad de creencia y culto”, añade.
De este modo, “se debe tener presente que la impunidad genera reiteración de conductas delictivas, por lo que no se debe ignorar la amenaza que hizo el presidente de Bienes Comunales de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, Jalisco, quien refirió que harían lo mismo con los indígenas huicholes que son miembros de las Iglesias referidas de la comunidad de San Miguel Huastita, entre otras”.
En cuanto a la tibieza del estado, esa recomendación citó el caso del procurador para Asuntos Indígenas de Jalisco, quien “afirmó que, en su carácter de funcionario público y como integrante de la cultura huichola, respetaba la decisión que fuera a tomar la Asamblea General de la comunidad; que por supuesto exigía que retornaran a su religión si querían permanecer en su comunidad y mantener sus tierras, y que además, debían de cumplir con el Estatuto Comunal Huichol, adoptando sus usos y costumbres”.
Pero incluso si el gobierno del estado de Jalisco aceptó las medidas cautelares “que esta Comisión Nacional le dirigió, dio seguimiento al asunto, manifestó su voluntad por encontrar soluciones, participó en reuniones para tal efecto y ordenó vigilancia en la zona de conflicto, su actuación no solucionó el asunto, ni impidió, en su momento, el desplazamiento de dichas personas a otra entidad. Tampoco fue suficiente su actuar para erradicar el clima de inseguridad que prevalecía, ya que algunos desplazados manifestaron que sólo en pocas ocasiones vieron a personal de seguridad en la región”.
El entonces secretario general de Gobierno, Héctor Pérez Plazola, “puso de manifiesto el desinterés por atender la problemática del grupo indígena que por intolerancia religiosa y discriminación tuvo que abandonar sus viviendas y propiedades”.
El incumplimiento de la recomendación 07/2008 es evidente a nueve años: ha habido al menos cuatro procesos de expulsión más, con el del lunes pasado. El gobierno de Jalisco no se ha manifestado públicamente, a tres días, acerca del conflicto.
SRN
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