La ejidataria Blanca Ortiz que ha sido persistente denunciadora de las cribadoras de Vallarta, está en riesgo de muerte, advierte el Idea
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La señora Blanca Ortiz, ejidataria de Ixtapa, tiene catorce años en lucha contra el poder de las empresas cribadoras que explotan sin control el material geológico de los ríos Ameca y Mascota, y que alimentan a la enorme industria de la construcción del corredor turístico Puerto Vallarta-Bahía de Banderas. Su lucha ha pisado callos, y le ha ocasionado reiteradas amenazas. El último episodio comenzó el 22 de mayo pasado. Un empresario afectado habría contratado a un secuestrador para que la "levante" y la quite de en medio, denuncia el asesor de la campesina, miembro del Instituto de Derecho Ambiental, Pedro León Corrales.
"Estamos muy preocupados porque la señora Ortiz ha sido el eje de la resistencia contra la explotación irregular de los ríos, que ocasionan alteraciones en las corrientes y ya han dañado al menos 150 hectáreas de parcelas de las comunidades agrarias ubicadas en las orillas; y aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no había querido reconocer el daño, el amparo 1342/2010, radicado ante el Juzgado Primero de Distrito de Guadalajara, ordenó la suspensión de todos los permisos de aprovechamiento, situación que sólo se cumplió en parte y que ahora se disfraza por medio de supuestas acciones de desazolve ordenadas, en exceso de sus atribuciones, por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta", explicó el activista a MILENIO JALISCO.
La ejidataria, que no ha dejado de poner el dedo en el renglón de los daños ambientales y económicos que ocasiona el mal manejo de sus ríos, se mantiene en la zona como "piedra en el zapato" para que el negocio de los materiales tenga libre flujo. El juicio de garantías señalado paralizó las concesiones, lo que obligó a que las extracciones sólo se pudieran "legalizar" con proyectos de desazolve a pretexto de la prevención de las inundaciones por los ríos fuertemente alterados.
"Por eso vamos a pedir su incorporación al programa de protección de activistas y periodistas de la Secretaría de Gobernación, para lo cual debemos visibilizarla y hacer que las autoridades asuman la responsabilidad por su integridad", destacó León Corrales.
El amparo, cuyo cumplimiento defectuoso se reclama, señala: "...Se decreta de plano la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que no sea privado al ejido quejoso [sic], de manera definida la propiedad, posesión y disfrute de sus bienes agrarios [...] de igual manera, para que no se realice la sustracción del régimen jurídico ejidal que tienen, así como para que no se realice ningún movimiento registral derivado de estos terrenos y de las aguas que en él se embalsan, tanto en el Registro de Derechos de Agua como en el Registro Público de la Propiedad federal; asimismo, para que no se otorguen autorizaciones o permisos por parte de las autoridades responsables para la extracción de material pétreo y se suspendan y cesen los efectos y consecuencias de las concesiones otorgadas [...]".
Las autoridades demandadas son la Comisión Nacional del Agua, que otorgó las concesiones; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que dictaminó favorablemente las manifestaciones de impacto ambiental, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que debía sancionar a las empresas por los excesos cometidos.
MEMLL
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