Observatorio pide investigar al Ejecutivo

El organismo ciudadano, en el contexto de la entrega del informe de la UNOPS, reitera su denuncia contra esa contratación y contra los manejos opacos de fondos del Ipejal

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco se determinó a ser, hasta el final del proceso, un enconado y estentóreo opositor a la contratación estrella del gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz para resolver sus dudas sobre la pertinencia del trasvase del río Verde: la asesoría de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), cuyo informe técnico hoy se presenta con más de dos meses de retraso, a un costo de 4.65 millones de dólares.

Y no sólo renuevan su denuncia sobre esa contratación, sino que plantean la necesidad de investigar al mandatario sobre sus acciones y omisiones “en contra de los intereses de Jalisco”, al ceder servidumbre de carreteras estatales para la construcción del acueducto, y al permitir que el dinero de los trabajadores en el fondo del Instituto de Pensiones (Ipejal) financiara a una empresa que se lleva un recurso natural esencial para la economía y la sociedad de Los Altos de Jalisco.

“En sesión del pleno del Observatorio se acordó respaldar el dictamen jurídico sobre la contratación de la Unops, y por ende apoyamos la denuncia de hechos y el amparo presentados por diversos integrantes del Observatorio, al advertir la posible ilegalidad en la contratación del citado organismo internacional, amparo que se desahoga dentro del expediente 1908/2016 radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco”, señala el organismo constitucional, que fue creado en 2014 por decreto del propio gobernador, y cuyas resoluciones, pese a ser vinculatorias, no han sido cumplidas.

Advierte: “los trabajos derivados del convenio entre el estado de Jalisco y la Unops no aportarán datos significativos, o nuevos, más allá del aforo del río verde de tan solo un temporal, ya que su estudio depende y deberá incluir los datos oficiales de la Conagua [Comisión Nacional del Agua] y también del INEGI. Esto fue advertido oportunamente al gobierno del estado por el Observatorio”, señalan.

El trabajo, denominado Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde, “no será concluyente ni tampoco vinculante”; su costo es “excesivo” y ha sido poco transparente “no ha existido al reservar la información”.

Por ello, solicitan a la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de la Unops, Grete Faremo, “iniciar una investigación correspondiente a la contratación por parte del gobierno de Jalisco”, y “determine si en el cumplimiento de dicha contratación se apegó a la normatividad de contrataciones”, y “de proceder, se deslinden las responsabilidades correspondientes a los ejecutivos de la Unops que instrumentaron y realizaron en el estado de Jalisco dicha contratación”.

Al gobernador le exigen “se comprometa en defensa de los intereses de los jaliscienses, incluidas la soberanía hídrica y territorial, y específicamente sobre el ‘no al trasvase del agua” de la cuenca del río Verde a la cuenca del río Lerma”.

Y paralelamente, le solicitan al Senado de la República “que inicie una investigación sobre las acciones u omisiones del gobernador de Jalisco, en relación con la defensa del territorio jalisciense al advertirse de la posible ilegalidad que ha realizado [con] la Conagua en favor de la empresa Abengoa […] mediante la cesión de caminos vecinales, cruces y territorio ubicado en Los Altos de Jalisco, relacionados con la pretendida construcción del Acueducto El Zapotillo-León”.

Al congreso local le exigen pronunciarse sobre las recomendaciones del Observatorio, en especial la V, que pide cancelar el trasvase; “que ordene auditorías a fin de conocer y en consecuencia determinar responsabilidades, al Ipejal, en la compra de certificados bursátiles a Abengoa México, y otra a la contratación que hizo el gobierno de Jalisco a la Unops…”.

Además, “que se interponga una controversia constitucional en relación con la no validez del denominado Acuerdo de Coordinación” celebrado por la Conagua, Guanajuato y Jalisco, suscrito el 1 de Septiembre de 2015, y “en relación con el permiso otorgado a la Conagua, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (Oficio DCR/DV-013/06-16, de 01-06-2016), para ejecutar trabajos de construcción”.

Hoy se entrega el Informe de Unops. Los miembros del observatorio quieren borrar los triunfalismos de la jornada.

Claves

Colectivos por Temaca


El movimiento social de apoyo a la conservación de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, exigieron ayer cuatro cosas del informe de la Unops que hoy se entrega:

1 “Publiquen de inmediato el estudio completo con todos sus anexos. No queremos conocer un resumen ejecutivo o solo la sección de recomendaciones. O iniciar otro largo procesos de petición por transparencia para poder obtenerlo como ha sido la historia de este estudio y la relación con las instancias del manejo del tema del agua, tanto con el gobierno federal como estatal”

2 “Informen la ruta de seguimiento de los resultados del estudio. ¿Cómo se usará, para qué y quiénes?”

3 “Se inicie un proceso ciudadano de revisión de los resultados del estudio, con la participación de las comunidades afectadas, organizaciones, especialistas y el Observatorio Ciudadano del Agua”

4 “Se detenga cualquier decisión derivada de las recomendaciones del estudio, hasta no ser aprobada por las comunidades afectadas”.

SRN