Lo acusan de cometer "irregularidades graves" para favorecer obras del SIAPA cuando estaba aún en proceso la fianza para la suspensión.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Los vecinos opositores al proyecto de obras en el parque San Rafael, y sus asesores, del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), exigirán se aplique "toda la fuerza de la ley" al juez segundo de distrito en materia administrativa, pues consideran que cometió graves violaciones a sus derechos en el marco del juicio de amparo 613/2017, al permitir el regreso de la maquinaria del SIAPA bajo el argumento de que no estaba vigente la suspensión definitiva concedida, al no depositarse el millón de pesos de fianza exigida.
Es decir, el administrador de justicia adelantó tiempos en el presunto afán de favorecer los intereses del organismo operador y del Ayuntamiento de Guadalajara.
Por un lado, se presentó ayer un escrito al juzgado, "con carácter de urgente, porque el juez debe acordar la regularización del procedimiento", es decir, reconocer que los tiempos para la fianza no se han cumplido por diversas anomalías en el proceso de notificación, lo cual debe derivar en el sostenimiento de la suspensión que estaba vigente.
"Independientemente de lo anterior, por separado se hará llegar la información al Consejo de la Judicatura Federal donde obra una queja administrativa en trámite; por lo grave del asunto y lo evidente del acto irregular se exige la destitución del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, ya que como consecuencia de actos irregulares realizados por el propio Juez se violenta el orden público y se causan daños ambientales irreparables o de difícil reparación en agravio de los quejosos, los vecinos y la sociedad", añade el Idea en un comunicado enviado a MILENIO JALISCO.
Además, "existe mala fe y responsabilidad por parte del SIAPA y el Ayuntamiento de Guadalajara, encabezado por Enrique Alfaro; la responsabilidad se deriva de la violación del amparo penal, 700/2017, tramitado en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, y por la violación de la suspensión provisional o definitiva del citado amparo 613/2017, ya que en realidad la suspensión no ha dejado de tener efectos legales y la desobediencia, constituye un delito federal tipificado en la Ley de Amparo".
Este caso, "además de presentarse en la judicatura federal, se hará llegar a las oficinas del Relator de la ONU en materia de acceso impartición de justicia imparcial por parte de jueces y magistrados, y en las oficinas del alto comisionado de la ONU en materia de protección a defensores de derechos humanos, por las detenciones ilegales del viernes 23 de junio", precisa.
El escrito al juez segundo, destaca: "solicito formalmente que regularice el procedimiento relativo al incidente de suspensión en virtud de que al emitir el juzgador el auto de fecha 20 de junio de 2017, relativo a los efectos de la suspensión definitiva concedida a los quejosos, derivado del cumplimiento de la garantía impuesta por el juzgador para que surta efectos la medida suspensional, el juzgador omitió considerar el hecho de que la resolución de fecha 5 de junio de 2017 a que se refiere en el auto de fecha 20 de Junio de 2017, fue motivo de una aclaración y que esa resolución se aclaró en auto de fecha 15 de Junio de 2017, el cual fue notificado personalmente a los quejosos el 21 de Junio de 2017".
De tal manera "que el juzgador incurre en actuaciones irregulares, ya que es inexacto que los quejosos hayan incumplido con el plazo fijado para cubrir la garantía, ya que el 20 de Junio de 2017 en el que se emite el acuerdo del juzgador, el plazo para cumplir con la garantía ni siquiera había empezado a correr como consecuencia de la aclaración de la resolución interlocutoria de fecha 5 de Junio de 2017. Para el cumplimiento de la garantía se recorre el plazo inicial y el nuevo plazo empezará a correr a partir de la legal notificación de la resolución interlocutoria y su aclaración".
SRN
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