Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR
Académicos especialistas con experiencia directa en la planeación y el desarrollo urbano de Jalisco, piden a los gobiernos federal, estatal y municipales, que se integre una agenda abierta de discusiones para poder llegar un gran acuerdo nacional para afrontar el problema de las viviendas abandonadas, el cual es multifactorial y no puede ser resuelto si se prescinde de la sociedad civil y sus organismos intermedios, dijo ayer el presidente de la Academia Mexicana de Desarrollo Urbano (Amdeur), Antonio Rocha Santos.
Hay entre 218 mil y 300 mil unidades casa-habitación solas en todo el estado (la cifra varía según la fuente; la primera se proporcionó el 12 de febrero en una mesa entre alcaldes metropolitanos y el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan); la segunda la aportó el presidente del Colegio de Arquitectos Urbanistas de Jalisco, Carlos Orozco Santillán, el 21 de enero); el abandono obedece a diversos factores como la insolvencia de los compradores, la falta de servicios básicos, la inseguridad, la lejanía de centros de trabajo y educativos, entre muchos más.
“Están en proceso de destrucción, lo cual significa una afectación al patrimonio de los organismos que financiaron su construcción”, alertó Rocha Santos, quien añadió que las viviendas son utilizadas como tierra de nadie para resguardo de bandas de delincuentes o inhumaciones clandestinas, además del saqueo a que están expuestas.
La propuesta de la Amdeur es que se ataquen los conflictos jurídicos (posesión, invasiones, titularidad del inmueble, juicios de recuperación de crédito por Infonavit, Fovissste, Pensiones o los bancos), que se analicen las posibles modalidades para afrontar el problema del impago de créditos, sea por altas tasas de interés o problemas de liquidez de los compradores; determinar el estatus del fraccionamiento ante el ayuntamiento; que la propiedad de las viviendas se formalice para que paguen impuesto predial; que se integren urbanísticamente las zonas para mejorar sus comunicaciones y sus servicios urbanos; que se atienda la calidad ambiental del entorno, y que se garantice vigilancia.
También deberán determinarse problemas técnicos como la ubicación de asentamientos en zonas de riesgo, sitios insalubres o inundables.
El grupo interdisciplinario propuesto incluye ingenieros, arquitectos, abogados, ecologistas, geólogos, trabajadores sociales y especialistas en finanzas, para que se elabore un diagnóstico integral y un plan de trabajo con objetivos precisos y medibles. “Estoy seguro que daríamos los primeros resultados en un escenario de seis meses”, aseguró Rocha Santos.
Al respecto, la maestra en urbanismo Silvia Ortiz Gómez, estimó: “Quizás no ha habido la determinación (visión) y deseo de atender esta problemática por parte de las autoridades”, pese a que el gobierno de Enrique Peña Nieto diagnosticó con precisión el problema en sus programas de desarrollo urbano y de vivienda.
El lobby de los grandes vivienderos que aumentan su utilidad con la expansión de la ciudad “también influye, pero cuando hay planes y programas de desarrollo urbano y vivienda que limitan esta dispersión, el problema no se replicaría. Por ello es importante participar en la actualización y en consulta pública de estos instrumentos de planeación y asegurar la evaluación y seguimiento de los proyectos, programas y acciones a través de un sistema de evaluación y seguimiento acorde con los objetivos del plan rector”, agregó.
En general, no se han dado seguimiento a los indicadores urbanos cuando se aprueban nuevos desarrollos; esa información debe estar debidamente georreferenciada para que lo aprobado corresponda a la planeación adecuada de los centros de población, puntualizó.
NÚMEROS
5 millones de viviendas abandonadas en México
218 mil a 300 mil viviendas abandonadas en Jalisco
69 mil viviendas abandonadas en Tlajomulco
45 mil viviendas abandonadas en Zapopan
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