Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR
El conflicto por tierras del Centro Logístico o puerto seco de Sayula, 60 kilómetros al sur de Guadalajara sobre la ruta a Manzanillo y ubicado en Acatlán de Juárez, ha llegado ya a instancias internacionales: los presuntos afectados con el despojo de tierras ejidales del ejido El Plan, adquiridas a la asamblea general de ejidatarios desde 2005, y arrebatadas cuatro años después pese a tratarse de un “hecho consumado”, han solicitado la apertura de expediente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que las autoridades mexicanas han violado sus derechos.
Los quejosos destacan en particular el agravio que considera les infligió el Cuatro Tribunal Colegiado de Distrito al no reconocer sentencias previas de tribunales agrarios que reconocían su mejor derecho. La CIDH deberá resolver sobre el tema, pero ya recibió en diciembre la totalidad de los expedientes y la argumentación jurídica que busca demostrar que ha cumplido los requisitos para que el asunto sea abordado por el tribunal internacional, del que México es miembro y a cuyo arbitraje debe someterse.
La historia. Según el acta del ejido El Plan del 17 de noviembre de 2005, un grupo de particulares encabezado por Francisco Javier Gómez, el ofendido, compró mediante los procedimientos vigentes de la asamblea ejidal, diversos predios que suman unas 269 hectáreas. Pero el 8 de noviembre de 2009, el mismo ejido le vende esos predios a los dueños de la empresa Logistik, promotores del Centro Logístico, un ambicioso proyecto industrial y comercial apoyado desde la administración de Emilio González Márquez.
La primera compra fue desconocida por el Registro Agrario Nacional (RAN) arguyendo que la asamblea no cubrió el requisito de quórum; en tres ocasiones se negó a registrarla: 22 de febrero y 10 de agosto de 2006, y 31 de enero de 2007. Al comienzo de la controversia, los apoderados de Logistik buscaron un acuerdo con Francisco Gómez y sus socios -según la versión del ofendido-, pero estos consideraron que no les pagaban el valor comercial de sus tierras y se negaron a venderles. Por ello, los empresarios convencieron al ejido que se las vendiera de nuevo a cambio de volver a llenar sus arcas, según el acta de asamblea del 8 de noviembre de 2009, que registró el RAN de forma expedita.
No obstante, el RAN es una entidad que “no crea derechos”, por lo cual, su negativa a publicar el acta de 2005, o su aceptación a publicar las de 2009, no es determinante para establecer la legalidad de ambos actos.
En junio de 2014, el Tribunal Superior Agrario (TSA) ratificó la “nulidad de actos y documentos” sentenciada en 2013 por el Tribunal Unitario Agrario número 15, de Guadalajara, para la asamblea de 2009, lo que daba plena validez al acta de 2005. El ejido se amparó y en la instancia del colegiado lo revocó. Fueron los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito quienes volvieron a dejar sin derechos legales de propiedad a Gómez Morales y socios, quienes denunciaron la actuación del colegiado, el cual, sin esperar el plazo constitucional que se otorga para que los afectados puedan interponer recursos para impugnar (juicio de amparo 351/2013, revisión 308/2013-15), ordenó ejecutar al Tribunal Superior Agrario y al Tribunal Unitario Agrario 15, no obstante que el plazo y la posterior impugnación vía recurso de revisión obligaba a dejar “subjudice” (en suspenso) la sentencia.
La superficie en disputa abarca casi un tercio de los terrenos sobre los que se ha edificado el proyecto, que incluye instalaciones industriales, bodegas diversas oficinas corporativas para empresas de la región que deben mover sus recursos entre Guadalajara y Manzanillo.
Hace unas semanas
A fin de que el caso sea abordado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió en diciembre de 2018 los expedientes del caso
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