Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR
“Si no vienen a decirnos que van a pagar por dejar nuestras tierras, no pierdan su tiempo”, exclamó Baltazar Herrera, uno de los pequeños propietarios afectados con las restituciones ordenadas por los tribunales agrarios a favor de la comunidad indígena de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), asunto que mantiene envenenadas las relaciones entre los moradores de los límites de Jalisco y Nayarit.
Quienes escuchaban eran las comitivas de dos gobiernos estatales y el federal, citados en la ciudad de Tepic, el 7 de febrero, y como gobiernos de reciente asunción (caso de Jalisco y el de la República), reprochaban que no se hubieran puesto de acuerdo las partes en tantos años. También había una delegación de los comuneros. “No hay un acuerdo más que el pago de las tierras, los wixaritaris no están dispuestos a entregar un solo metro de tierra, y nosotros no estamos dispuestos a dejarlas si no nos pagan”, siguió un parvifundista, frente a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Hoy, autoridades de Wuaut+a se reúnen nuevamente, en Guadalajara, con los responsables de Asuntos del Interior, que preside Manuel Romo Parra. Con la desazón de no ver que el cambio de gobierno haya sostenido el compromiso que se quedó firme en 2018 para que la Sedatu, a través del programa Conflictos Sociales en Medio Rural (Cosomer), pagara indemnizaciones para resolver el centenario enfrentamiento.
Los wixárikas lamentan el afán de cada gobierno de administrar el conflicto y no resolverlo. Tienen a la mano diversos juicios agrarios que ya han ganado, bajo el principio de que el primero en tiempo es primero en derecho, y sus reivindicaciones datan de títulos del siglo 18, antes de que se conformaran los estados de Jalisco (1824) y Nayarit (1917).
“Pensamos exigir a los funcionarios de Jalisco que no se laven las manos, porque nos queda claro que este conflicto tiene como uno de sus componentes la pasividad de los gobiernos de este estado”, indiferentes al progresivo empuje de la frontera nayarita, que ha desposeído a la soberanía estatal de casi 3 mil kilómetros cuadrados, una superficie muy cercana a la que tiene el estado de Tlaxcala, señaló a El Diario NTR Guadalajara un dirigente del poblado wixárika.
MODIFICAR LOS LÍMITES
En ese afán de mover la frontera, vienen mezclados los afanes de los ganaderos por quedarse con tierras de la etnia de la Sierra Madre Occidental. Hubo procesos de venta de tierras y de protocolización de escrituras privadas avalados por los gobiernos implicados. “Eso significa que tanto Jalisco como Nayarit no se pueden lavar las manos”, añadió.
En octubre de 2017 se realizó la última restitución pacífica de tierras. Pero de las 10 mil 400 hectáreas (ha) en disputa, permanecen en poder de los ganaderos alrededor de 10 mil ha.
El decreto presidencial de restitución a favor de Wuaut+a data de 1953 y es base de las reclamaciones de las tierras que en su momento les fueron arrebatadas entre el siglo 19 y el periodo previo a la Revolución de 1910, sobre todo, a propósito de las leyes de desamortización promovidas por el gobierno federal. Waut+a ha podido recuperar judicialmente más de 200 de 320 kilómetros cuadrados invadidos, pues los derechos agrarios no prescriben. Los derechos de los posesionarios datan aparentemente de una escritura de 1906.
En 2018, la Sedatu señaló que existía la posibilidad material de ejecutar catorce juicios agrarios para entregar 922 hectáreas. “Nos reunimos con las instituciones del gobierno federal, de Jalisco y de Nayarit, el 5 de julio en Tepic, y lo que nos plantearon fue que en dos meses tendrían integrados los expedientes, eso lo dijo el director de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Mario Rentería, quien nos informó que por disposición de la secretaria (Rosario Robles, titular de la Sedatu) iba a tender este asunto, a través del programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), y si van las fechas como ellos dicen, a principios de septiembre deben estar ya integrados los expedientes”, dijo en julio de ese año, el abogado de los comuneros, Carlos González García. Pero acabó el gobierno y no sucedió nada, pese a las protestas de los comuneros, que a partir del 30 de abril de 2018 cerraron el acceso a las 36 localidades de Wuaut+a, para impedir el proceso electoral; luego, en mayo, hubo cierre de escuelas y de centros de salud. En la jornada electoral dejaron de votar alrededor de 8 mil ciudadanos de la sierra.
Los casos inmediatos
Los 14 predios que se deben restituir de forma más próxima corresponden los posesionarios Baltazar Herrera López, con 53 ha; Ignacio Bugarín Arteaga, con 131 ha; Ignacio Quintanilla Montoya, con 14 ha; Ramón Montoya Utreras, con dos predios por 29.3 y 8.7 ha, y a Teodoro Montoya Utreras, con dos predios por 79.6 y 13 ha, respectivamente
También son ocupados por: José Quintanilla Medina, con 129.4 ha; Rafael Sandoval Muñoz, con 265.2 ha; Pascual Bugarín Carlos, con dos predios por 86 y 93 ha, respectivamente; Fortino Montoya Urtreras, con 0.06 ha; Francisco Bañuelos García, con 4.2 ha; Alejandro Hernández Márquez, con 3.5 ha, y Arnulfo Pacheco, con 12.2 ha.
El total de superficie a ejecutarse es 922.17 ha. Esto significa que a finales de 2018 y comienzos de 2019, apenas se llegaría a 10 por ciento de la superficie de Huajimic pendiente
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FRASE
“Pensamos exigir a los funcionarios de Jalisco que no se laven las manos, porque nos queda claro que este conflicto tiene como uno de sus componentes la pasividad de los gobiernos de este estado”
Dirigente wixárika que prefirió reservar su identidad
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