Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO
Como sucede desde hace 20 años, la controversia acompaña a los aprovechamientos de madera del ejido El Jazmín, en San Gabriel. Un grupo de ejidatarios disidentes, encabezados por Salvador Gómez Rivera, denuncian malos manejos, corrupción y destrucción del bosque en los procesos de aprovechamiento que encabeza actualmente el presidente del comisariado ejidal, Blas Zamora Ramírez, y menciona en particular al prestador de servicios técnicos del ejido, Aldo Rivera Ramos, de Ciudad Guzmán, como principal beneficiario de los mismos.
Rivera Ramos le contesta: “los señalamientos hacia mi persona son lo último que se le ocurrió [a Gómez Rivera] para tratar de detener el aprovechamiento, pues todas sus otras estrategias no le han resultado, y ha sido así porque no tiene la razón”.
Gómez Rivera muestra sus argumentos: el dictamen técnico que les hizo el ingeniero Rafael Mederos Díaz, el cual arrojo los siguientes datos al analizar el caso de un rodal, el número 468, en el ejercicio del aprovechamiento SGPARN.014.02.02.01.007/10, que es por un volumen total de 29,384 metros cúbicos (m3).
“El volumen residual calculado en pino es mayor [que] en el estudio, 1,116 m3 contra 770 m3; en 69 por ciento el monte se observa todavía con existencia”; de igual manera, da malos datos sobre la existencia de encino, pues “es notorio que se trata de un rodal casi exclusivo de pino”. Esto demuestra que el trabajo de campo es deficiente, refiere.
Denuncian corrupción en los procesos de aprovechamiento del bosque.
Además, en cuanto a la marca del prestador de servicios que deben llevar los pinos y quercus aprovechables, “no tengo elementos para determinar con qué autorización se realizó, incluso es ilegible en 70 por ciento”, añade el dictamen.
“Si toda el área de corta mantiene el mismo patrón de tala, se puede concluir que se ha sacado el doble de lo que se ha autorizado, sin poder determinar en este caso si se trata de clandestinaje o aprovechamiento irregular disfrazado de legal”.
Ese dictamen ha sido entregado a las autoridades y derivó en una inspección el pasado mes de abril, y una que se pretende realizar en fecha próxima.
Aldo Rivera Ramos dice que son aseveraciones falsas. “Salvador Gómez Rivera efectivamente es ejidatario […] en el acta de asamblea celebrada el día 6 de febrero de 2011, en el quinto punto, de asuntos generales, se tomó el acuerdo de autorizar a la mesa directiva para que denuncie o interponga las demandas que correspondan en su contra, en virtud de que se ha dedicado a entorpecer las actividades que desarrolla el ejido”.
Explica que el asunto nació cuando el ejidatario se opuso al pago a un comprador de madera de tres millones de pesos que se le adeudaban de quince años atrás, para lo cual había obtenido una sentencia judicial favorable en 2009. Según su versión, el hoy quejoso habría tenido que ver en el cobro de esos dineros en los años 90 del siglo XX, pues al comprador “él lo trajo al ejido”.
Así, “comenzaron las intervenciones de Salvador alegando que el ejido no tenía porque pagar ese dinero. Ha buscado por todos los medios parar el aprovechamiento […] el ejido, obligado a pagar, tuvo que endeudarse con un tercero, el cual les prestó el dinero a cuenta de madera. Todo el proceso está debidamente respaldado en los acuerdos que se han tomado en las asambleas de ejidatarios”.
La madera de 2010 no fue suficiente para saldar la deuda, pero en 2011 se saldará, “siempre que él no se salga con la suya”. Rivera Ramos niega tajante cualquier falla técnica y saqueo ilegal del recurso.
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