La alta deforestación, fruto del abandono gubernamental y social. Lamentan la escasa inversión en el sector y señalan prácticas deshonestas.
Guadalajara.Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 10 de julio de 2011
La Federación Estatal de Propietarios Rurales espera que el gobierno del estado se preocupe en establecer una política forestal abierta, amplia y de largo plazo que dé certidumbres a los dueños de los bosques sobre el imperativo de su conservación, dijo el presidente del organismo, Julián Orozco González, quien fue diputado local por el PRI.
“Jalisco parece que no tiene rumbo en las políticas forestales vinculantes a la mitigación del cambio climático, cuyos drásticos efectos sólo pueden compensarse y redimirse mediante políticas públicas. El cambio climático es más que un asunto de eficiencia energética o emisiones industriales de carbono; el sector involucrado en las políticas macroeconómicas, debe apoyar al sector forestal con disposiciones fiscales, incentivos y mayor presupuesto, para poder tener mejores posibilidades de proteger y desarrollar los recursos forestales”, apuntó el ex diputado priista.
A su juicio, eso incluye trabajar con todo el sector agropecuario “con el cual se requiere coordinar políticas públicas orientadas a promover prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles y evitar cambios de uso de los bosques. También es importante que los incentivos agropecuarios no promuevan la desforestación o la degradación forestal”, situaciones en las que Jalisco padece severos problemas (Milenio Jalisco, 6 de junio de 2011).
“Los sectores relacionados con la protección forestal como son la Semarnat, la Profepa, la Secretaría de la Defensa Nacional, Gobernación y los gobiernos de los estados, deben trabajar en coordinación en acciones de protección contra incendios y tala ilegal y la presencia del crimen organizado en las montañas de Jalisco”, subrayó.
El ex legislador advirtió: “es necesario se revise y se realicen cambios de fondo en la delegación Profepa Jalisco, que es un centro de corrupción, ineficiencia y legalización de los daños ambientales”.
En cuanto a la tenencia de la tierra, “es necesario revisar el tipo y tamaño de la propiedad forestal, sobre todo en comunidades indígenas y ejidos para que la población esté más involucrada en la conservación y uso sostenible de sus bosques y recursos como la vida silvestre, y en su caso dirigir esas comunidades y ejidos a resultados en cuanto a servicios ambientales eficientes; una vez que se definan claramente las políticas públicas y el pago de los servicios ambientales sea eficiente, medible y real en términos del mercado internacional”.
En conclusión, añade, “la protección del recurso forestal y de vida silvestre debe ser una de las principales políticas en el estado de Jalisco. Hoy día maneja 59 brigadas para combate de incendios con una inversión de trece millones de pesos, lo cuál resulta insuficiente y riesgoso para proteger ocho millones de hectáreas que componen los ecosistemas de Jalisco, bosques y vida silvestre”.
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