Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 28 de diciembre de 2010
Los diputados federales Salvador Caro y David Hernández, así como los legisladores locales Gabriel Ponce y Felipe Hernández, acudieron este lunes al llamado de vecinos de El Rebalsito, y los ayudaron a hacerse brevemente dueños de la playa de Tenacatita —cuya posesión perdieron desde agosto pasado— durante al menos tres horas, la tarde de ayer.
“Hubo banderas de México, hubo música, hubo fiesta; muchos de los vecinos entraron en lanchas y nosotros en vehículos, los cuales fueron rigurosamente revisados en ese retén soviético o israelí que se ha instalado en el punto donde tienen bloqueada la carretera, donde la entrada está restringida a un carril, hay cables de alta tensión y te revisan todo, y así fue con cada una de las 40 personas que por allí llegamos”, explicó el diputado Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De lo que se vio en este litoral del municipio de La Huerta, el legislador federal destacó como grave “que sólo se dé acceso a extranjeros”, pues a su juicio, se trata de evitar la presión de las comunidades extranjeras afectadas por este conflicto. “El acceso está cercado, está el enmallado con cables de alta tensión, llega ahí la gente obligadamente y ellos [los guardias] seleccionan a quiénes dejan ingresar, hay diez familias y lo que me estoy percatando es que buena parte de ellos son extranjeros”.
También consideró que el retén es violatorio de las garantías constitucionales, y demuestra que la Secretaría de Gobernación “no tiene palabra” y que el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, merece el juicio político que más de 100 diputados plantearon en octubre pasado en el Congreso de la Unión.
“Estamos recogiendo el material que recibimos, el punto de frontera que ellos fijaron, que no existe en ninguna otra zona del país, y aparte de eso vamos a llevar toda esa información a la Cámara de Diputados para poder informar a los integrantes de la Cámara y se acelere el proceso de juicio político en contra del Gobernador, quien es quien está sosteniendo esa ilegalidad y esa violación sistemática a los derechos humanos”.
El legislador federal recordó que se iba abrir el acceso antes de las vacaciones de Navidad, pues fue el acuerdo con el gobierno federal, pero la playa “sigue evidentemente secuestrada”.
La fiesta estuvo resguardada por 80 elementos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE), los cuales videograbaron a los asistentes, informaron éstos y los diputados.
Gabriel Ponce Miranda dijo que la comisión conformada en el Congreso del Estado “exige que se conforme una mesa de diálogo entre las partes involucradas, a fin a que se den a conocer los documentos que obran en cada parte”. El diputado del PRI indicó que “desgraciadamente, por razones que ignoran los pobladores desalojados, se dio una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que adolece y es defectuosa, porque nunca debió de haber autorizado que se golpeara y atropellara los derechos de las personas”.
Por su parte, el diputado Felipe de Jesús Hernández, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), añadió a las preocupaciones del tema social, el del impacto ambiental, pues “entre otros efectos se vería afectado el desove de la tortuga, manglares y arrecifes de coral” en la zona, los más importantes del Pacífico jalisciense.
En el Congreso de la Unión esperan firmar un convenio esta misma semana con la Secretaría de Gobernación; “de no ser así, para el 4 de enero se presentará un punto de acuerdo para citar a comparecer a la Cámara de Diputados al secretario Francisco Blake Mora, a fin que explique por qué no se ha firmado el convenio, el cual solicita entre otras cosas se derribe la reja electrificada, se deje libre acceso a la playa, se cambie de lugar la malla hacia el lado correspondiente para que solo proteja al predio de 42 hectáreas [que ganó la inmobiliaria Rodenas en juicio]”, refirió David Hernández (PRI).
También se espera un acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) “para permitir a los pobladores que vivían en esa zona, poder vender de manera ambulatoria; y dejar que las dos cooperativas existentes, la de pescadores y comerciantes, puedan seguir trabajando en ciertas áreas de la playa”.
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El conflicto
El conflicto jurídico por la propiedad del predio Destiladero de Tenacatita o Punta Hermanos, en las costas de La Huerta, parten de dos versiones.
La inmobiliaria Rodenas, SA de CV, reivindica su derecho con base en un juicio de amparo ganado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 1977 (toca de revisión 756/77), en que se ratificó la calidad de pequeña propiedad de esa superficie de 42 hectáreas, y que no formaba parte de la dotación del ejido El Rebalse de Apazulco.
Sin embargo, las autoridades agrarias certificaron y titularon esas tierras en 2006 al ejido El Rebalse de Apazulco, en el marco del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede).
Esto significa que la sentencia judicial aludida por Rodenas no fue notificada a las autoridades agrarias, porque al menos hasta ahora, no existe una copia de la misma en los archivos del RAN.
Como daño “colateral” de este conflicto, que derivó en el desalojo del predio el 4 de agosto de este año a favor de la empresa, está el cierre de la playa pública y que a una carretera pública se le haya dado el estatus de “privada”.
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