Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 4 de diciembre de 2010El pleno del Tribunal Administrativo del Estado “cedió ante tremendas presiones políticas” del gobierno de Jalisco, al pretender dejar “sin interés jurídico”, y por ende, sin juicio, a los moradores de Temacapulín que se oponen a la reubicación de su viejo asentamiento. No obstante, la suspensión que se les otorgó hace casi un año “sigue viva” y recurrirán a todos los medios legales para defenderla, advirtió ayer la comunidad por medio de un comunicado.
Así, las autoridades demandadas, Comisión Estatal del Agua (CEA), Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) y el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón “siguen cometiendo delito de abuso de autoridad y se mantienen en flagrante desacato a la resolución de la magistrada de la quinta sala del TAE”, añaden lo que fue documentado en el acta levantada por el juez municipal de Cañadas de Obregón, el 30 de noviembre 2010, respecto a la persistencia en la construcción del nuevo centro de población.
Los quejosos responsabilizan al director de Cuencas y Sustentabilidad de la CEA, Héctor Castañeda Náñez, porque a su juicio profiere amenazas y emite medias verdades para desprestigiar su movimiento. “La CEA continúa confundiendo a la opinión pública y a los medios de comunicación al asegurar que no viola ninguna resolución, pero al interponer recurso de reclamación —totalmente improcedente contra el término de cinco días que le dio la quinta sala del TAE— acepta que sí es uno de los principales impulsores de la reubicación […] y, por tanto, el acuerdo de suspensión del 15 de diciembre de 2009 sí le obligaba a parar cualquier acción, obra, trabajo en el predio Talicoyunque y no lo hizo”.
En contraste, Cañadas de Obregón, admiten, intentó acatar la resolución en mención.
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