domingo, 25 de septiembre de 2016

Jalisco desestima su conflicto con Nayarit



2,700 km2 en manos nayaritas, según la carta geográfica de Jalisco; esto no afecta los derechos agrarios, pero propicia inseguridad y violencia.

Agustín del Castillo  Huajimic, Sierra Madre Occidental. MILENIO JALISCO.

Del “es un asunto del estado de Nayarit” del secretario de Gobierno, Roberto López Lara, al grito de los rancheros de Huajimic de “esto es una invasión del estado de Jalisco”, pasa una historia de conflictividad local en los linderos de ambos estados que han preferido ignorar, no obstante sus consecuencias sociales, políticas y económicas, los gobernadores en funciones, Roberto Sandoval y Aristóteles Sandoval.

Hace casi 20 años, una investigación de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco arrojaba una superficie de 2,700 kilómetros cuadrados que estarían invadidas en el norte del estado por la entidad vecina. Desde entonces, ninguno de los mandatarios se atrevió a afrontar el problema, lo que por otro lado, no significa un cambio en el caso de los gobernadores anteriores. Ya relataba Fernando Benítez en Los indios de México (1989), los avatares de su primer viaje a la región huichola durante los años del gobierno de Agustín Yáñez, que este estado había abandonado a sus indios, y ese era un poderoso motor de indiferencia que provocó los despojos y la fragmentación del territorio huichol original hacia tres entidades vecinas: Durango, Zacatecas, y el propio Nayarit.

La carta oficial del estado de Jalisco establece un corredor de 46 kilómetros de largo por 25 kilómetros de ancho, aproximadamente, que une la región Valles de Jalisco, esto es, el municipio de Tequila, con la región Norte, el municipio de San Martín de Bolaños. Sin embargo, en el terreno, el estado de Nayarit administra gobierno en más 2,700 kilómetros cuadrados de la zona, lo que lo hace colindar de facto con Zacatecas.

El caso de Huajimic es parte de ese proceso. Los linderos de la comunidad de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) llegan hasta los linderos del poblado. Los conquistadores de la sierra a comienzos del siglo XX encontraron grandes extensiones ociosas y las reclamaron como terrenos nacionales, para lo cual, encontraron eco en la administración del territorio de federal de Tepic, elevado a estado apenas en 1917. De ahí datan los procesos de escrituración que fueron validados por notarios de la capital de la naciente entidad. En el caso de que los comuneros protestaran, se llegó a convenios de arrendamiento para el uso de potreros (esto fue más común en Puente de Camotlán que en el propio Huajimic). El problema de este juego de legalización de las ocupaciones de facto, es que los naturales de la sierra poseían títulos emitidos por el rey Felipe V en 1718, y con la nueva constitución de 1917 decidieron hacerlos valer.

Así, mientras los gobiernos de Jalisco se retiraban del cuidado de sus fronteras, los indígenas comenzaban sus reclamaciones, que culminaron con el decreto presidencial de Adolfo Ruiz Cortines (1953), que les reconocía y titulaba más de 240 mil hectáreas, 10 mil de ellas en las colindancias de Huajimic.

Los ganaderos de esa localidad tenían su historial de conflictos también con otra comunidad wixárika de Jalisco, San Andrés Cohamiata. El historiador Víctor Manuel Téllez Lozano ha documentado cómo Guadalupe Ocotán (Xatsitsarie), antiguo anexo de la comunidad de Tateikie (San Andrés Cohamiata), fue constituido en 1961 como comunidad indígena independiente bajo el control de los ganaderos de Huajimic; pero retomada por los wixaritari locales en 1985, estos negocian su reasunción política a cambio de aceptar su pertenencia al estado de Nayarit.

De este modo, originalmente son tres grandes comunidades wixaritari: San Andrés Cohamiata (Tateikie), Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie) y San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a). San Andrés tenía un “anexo” en Xatsitsaire (hoy Guadalupe Ocotán) y San Sebastián lo mantiene aún en Tutsipa (Tuxpan de Bolaños). La indiferencia del gobierno de Jalisco no les quita sus derechos agrarios, que no tienen que ver con los mapas de fronteras políticas (numerosas comunidades indígenas tienen territorios en dos o más estados), pero si ello se suma a la parcialidad evidente del gobierno nayarita, hace difíciles los procesos, y propicia arbitrariedades y violencia. Como ahora, con el proceso de restitución de 47 predios a Waut+a: los ganaderos amotinados la tarde del 22 de septiembre le advirtieron al abogado de la comunidad, Rubén Ávila Tena, que si regresaba a una nueva ejecución agraria a la zona, era posible que ya no saliera.

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