Jalisco retrocede en indicadores de justicia

Hoy se presenta informe de México Evalúa sobre siete indicadores de justicia penal; Jalisco retrocede al promedio nacional

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Jalisco, Estado de México y Distrito Federal, tres de las cuatro economías más importantes por su aportación al producto interno bruto nacional y tres de los cuatro estados más poblados del país, tienen un desempeño mediocre y a la baja en el área de justicia en los últimos cinco años, en contraste con el estado de Nuevo León, integrante del mismo grupo económico, o de estados que tenían las tasas de violencia más elevadas, como Chihuahua.

Esto es parte del análisis de siete indicadores que revisa el informe Justicia a la medida, del centro de análisis de políticas públicas México Evalúa, emitido apenas en junio pasado (informe completo en http://mexicoevalua.org/2016/06/21/justicia-a-la-medida/).

Los datos de Jalisco son especialmente preocupantes en aspectos como homicidios, índice de confianza, denuncia, trato satisfactorio a víctimas de delitos o cárcel digna y segura, donde en general, empeoró sus cifras entre 2013 y 2015, para ubicarse en el promedio nacional, cuando apenas un quinquenio antes eran ostensiblemente superiores al promedio.

Los registros históricos permiten ver, por ejemplo, que en asesinatos por cada 100 mil habitantes, la tasa más baja fue en 2006, con apenas seis casos; que alrededor de 2010 se regresó a la tasa que se registraba en 1990 (14 casos), que el pico máximo se alcanzó en 2012 (20.4 casos) y que desde entonces, hay un relativo descenso muy cerca de las tasas nacionales promedio, con 15.5 casos en 2015.

El índice de confianza tuvo su mejor momento en 2014, con 4.9 puntos positivos en una escala de 12 (más/ menos), pero se desplomó a -2.9, muy cerca del nivel de descrédito promedio, que alcanzó ese año -3.2 (ver gráfica anexa). Este dato es revelador porque el promedio nacional siempre ha sido negativo (viene de un -11.7 en 2011) y Jalisco tuvo dos años positivos, 2013 y 2014. No es tan extraño entonces que se denuncien menos delitos: los jaliscienses confían menos en sus autoridades, y si denunciaban 26 de cada 100 infracciones a la ley en 2011, ahora sólo lo hacen con 17.6 por ciento, medio punto por arriba del promedio del país.

Layda Negrete, coordinadora del programa de calidad de justicia de México Evalúa, y Leslie Solís, investigadora, coautoras del informe en mención, destacaron que en Jalisco "las procuradurías no se han reformado a la velocidad que se debe; las víctimas siguen relativamente insatisfechas, y la denuncia en si misma va a la baja, esto no es muy diferente de lo que sucede a nivel nacional, pero Jalisco nos preocupa porque tiene los recursos presupuestales e institucionales para estar a la cabeza en las transformaciones del sistema de justicia penal. Estados como Chihuahua y Nuevo León, que tienen clima de violencia más agudo, puntean a los primeros lugares, mientras que Jalisco está realmente en el promedio", señalaron

El ejemplo del gigante del Norte es alentador, añadió Layda Negrete: "Ellos empezaron a reformar sus procuradurías en un clima de homicidios que era a niveles casi de guerra, no se esperaron; ahora es el lugar del país donde las víctimas salen más satisfechas de ser atendidas, y también donde más se denuncia, lo que revela confianza en las instituciones [...] debemos apuntar que no es un bloque el país, hay grandes diferencias; Yucatán tiene bajos índices delictivos, pero ha aprovechado ese clima para reformar sus instituciones; el Estado de México y la capital del país se ubican en los últimos lugares que evaluamos sistemáticamente del tema de justicia penal, es decir, las soluciones no están llegando del centro".

Medios críticos, fundamental

Son las respuestas locales las que están resolviendo los desafíos, pero ¿qué precondiciones se dan en esos estados exitosos?

- Lo que hemos encontrado es que los estados que más avanzan son los que tienen medios de comunicación más críticos e independientes, y donde la sociedad civil está más movilizada –apunta Layda Negrete-; es decir, el marco legal ya cambió para todo el país, pero está concentrado en un Código de Procedimientos Penales que es cómo se procesa a nivel de los juzgados; lo que no está dado y depende de los estados es cómo vamos a cambiar y que papel vamos a dar al Ministerio Público, a las fiscalías, cómo haremos que existan detectives y se dediquen a investigar delitos complejos y violentos, y lo que es el delito sencillo se maneje de otro modo, sencilla , rápida y digna; esa transformación a nivel de MP y de policías es la que está pendiente a la mayoría de los estados, pero algunos nos han dado la sorpresa.