Los vertidos tóxicos de más de 300 factorías del corredor El Salto-Ocotlán no son inspeccionados más que marginalmente por la Conagua ni regulados de manera estricta por las leyes.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La presencia de metales pesados en el río Santiago, que ha detonado un grave problema de salud al ser factor de alteraciones celulares y genéticas entre los pobladores del área, carece de regulación efectiva tanto en las leyes mexicanas como en las inspecciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS occidente), Cindy McCulligh, aborda el tema en dos artículos: “La no regulación ambiental: contaminación industrial del río Santiago en Jalisco”, y “Contaminar para competir. Contaminación industrial del río Santiago en Jalisco” (Carta Económica Regional 113, UdeG).
La experta destaca que no hay normas mexicanas para decenas de residuos industriales; y que la Conagua no realiza sino marginalmente inspecciones en el área, pese al enorme volumen de desechos y datos inciertos de tratamiento por parte de las empresas.
“La norma oficial mexicana 001–Semarnat–1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, regula los siguientes parámetros: pH, temperatura, grasas y aceite, materia flotante, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de oxígeno, nitrógeno total, fósforo total, arsénico, cadmio, cianuros, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, zinc, coliformes fecales y huevos de helminto”.
Pero la NOM “no sólo es deficiente en cuanto a los parámetros que contempla, sino que su aplicación es casi inexistente. En este sentido, una evaluación del desempeño ambiental de México publicado por la OCDE en 2013 resalta que, en general, la Conagua ‘tiene mucha dificultad para cumplir sus responsabilidades de hacer respetar las regulaciones del agua […] teniendo 150 inspectores para controlar a 475 mil usuarios registrados y muchos más actores ilegales”. Además de esta norma, “existe un esquema de cobros a partir de la Ley Federal de Derechos, que también deja mucho que desear, como señala una publicación del Banco Mundial [BM]”.
Apenas en 2012, sigue la experta, la Conagua reconocía que “sobre el río Santiago, a la altura de los municipios de El Salto y Juanacatlán, se ha presentado la mayor incidencia de contaminación por los efluentes de más de 250 industrias nacionales y transnacionales y de la misma ciudad de Guadalajara, mismas que arrojan aguas sin tratamiento, estudios han registrado la presencia de metales pesados como plomo, cromo, cobalto, mercurio y arsénico en sedimentos del Santiago”.
En realidad, “no existe un inventario fiable de todas las instalaciones industriales ubicadas en la zona. El más reciente, incluido en un estudio de la CEA realizado en 2006, presenta un inventario de 305 fuentes de contaminación a partir de datos exclusivamente de los ayuntamientos de El Salto, Juanacatlán, Tototlán y Poncitlán, Jalisco; de éstas 14 son fuentes pecuarias, 20 son municipales y 271 son fuentes de contaminación industrial […] sin embargo, es incompleto, ya que deja fuera datos de municipios como Ocotlán, Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Tlaquepaque”.
“Las descargas industriales resultaron más contaminantes que las descargas municipales, ya que de 87 a 94 por ciento de las industrias incumplen en al menos uno de los parámetros de la NOM–001 […]”, añade.
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Datos
La investigación “Evaluación del daño genotóxico y citotóxico en población de los márgenes del río Santiago con exposición crónica a metales pesados”, por expertos de la UdeG, evalúa de forma pionera el impacto de metales pesados en la salud de los habitantes del río Santiago (MILENIO JALISCO, 12 de septiembre de 2016)
El trabajo destaca alteraciones en células y ADN de pobladores expuestos al ambiente del río en cuatro sitios; lo más grave ocurre en la zona de El Salto de Juanacatlán y Paso de Guadalupe
No existe una política pública para enfrentar el problema, pues el discurso gubernamental niega que el río ocasione esos riesgos
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