Exigen a gobierno acatar recomendación de ONU

Río Santiago, uno de los expedientes más visibles en la observación de Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y Derechos Humanos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La coalición de organizaciones y movimientos sociales de México que se pronunció la pasada semana con más de 80 denuncias en todo el territorio nacional, exige que “el Estado mexicano debe cumplir las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos”, entregadas al Ejecutivo el 7 de septiembre.

“El Grupo de Trabajo hace un llamado al gobierno mexicano a avanzar en la transparencia, la consulta previa, la debida diligencia y el respeto a las personas y el medio ambiente. La sociedad civil exhorta a las empresas a cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH. Durante la visita, el Grupo de Trabajo escuchó el testimonio sobre 81 casos de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales: Ciudad de México (19), Oaxaca (17), Guadalajara (11), Hermosillo (6) y Xochicuautla (28)”, señala el comunicado de las organizaciones.

“Dichas reuniones permitieron al Grupo de Trabajo conocer el incumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos humanos y de las empresas de respetarlos, así como de proveer un adecuado acceso a la justicia en caso de afectaciones a estos derechos”.

Para el caso del occidente, “los expertos visitaron el río Santiago, donde les sorprendió el nivel de contaminación y los daños a la salud del corredor industrial en el que se vierten desechos de diferentes actividades empresariales, algunas de grandes empresas transnacionales. Los expertos determinaron que había una catástrofe ecológica. Posteriormente, el Grupo escuchó los testimonios de casos relacionados con las presas de El Zapotillo y Las Cruces, proyectos turísticos, proyectos mineros en Wirikuta y Zacualpan y con las maquilas de la industria electrónica; haciendo de su conocimiento casos de criminalización y amenazas a defensores de derechos humanos”.

Desde sociedad civil “exhortamos al Estado a informar sobre cómo implementar las salvaguardas para prevenir impactos sociales y ambientales negativos vinculados a las reformas, a actividades extractivas; así como a las demás violaciones a derechos humanos producidas por las empresas y a lo largo de su cadena de valor”, así como “informar sobre cómo se garantizará la participación de sociedad civil, personas afectadas por la actividad empresarial, pueblos indígenas y sindicatos independientes en el monitoreo del cumplimiento de dichas recomendaciones”.

A las empresas se les pide “comunicar cómo cumplirán los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y cómo implementarán la debida diligencia a lo largo de du cadena de valor para cumplir con los cambios sugeridos”.

En los 68 casos documentados “se muestra que los derechos vulnerados con más frecuencia son: a la tierra y el territorio (32 casos), al acceso a la información (28 casos) y al medio ambiente sano (22 casos)”.

Algunos firmantes:

Alianza de la Costa Verde

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Bios Iguana

Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL)

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)

Greenpeace México

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder)

Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos