En esta ciudad, las organizaciones aliadas de coras y mestizos destacan el enorme impacto ambiental de un proyecto hidroeléctrico de dudosa rentabilidad económica y social.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El proyecto hidroeléctrico de Las Cruces, una enorme represa que si se construye por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bloqueará el río San Pedro y cortará los flujos de agua y limos esenciales para el equilibrio hidrológico de las Marismas Nacionales de Nayarit, fue denunciado como un ejemplo del abuso de un modelo empresarial insustentable, ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, que estuvo de visita en esta ciudad el pasado fin de semana.
“Apresará al río San Pedro Mezquital, el único que aún fluye libre en la Sierra Madre Occidental mexicana. El embalse inundará al poblado de San Blasito y afectará unos catorce sitios sagrados y un centro ceremonial, fuentes de cultura y vida espiritual de los pueblos indígenas de la zona [coras o nayeris]. El gobierno federal mexicano federal otorgó los permisos ambiental y de uso de agua para la operación y construcción de la hidroeléctrica, pese a que la entidad estatal a cargo del proyecto no consultó ni obtuvo el consentimiento de las comunidades indígenas y ribereñas afectadas y al impacto que el proyecto tendrá en el humedal de importancia prioritaria internacional Marismas Nacionales […] estas autoridades también ignoraron las opiniones técnicas de autoridades nacionales y las recomendaciones de organismos internacionales sobre las amenazas que el proyecto representa para el ambiente y los derechos humanos”, señalaron los quejosos, abanderados por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
“El caso de Las Cruces no es aislado y evidencia la violación sistemática de los derechos humanos tanto de las empresas como del gobierno mexicano, para favorecer la inversión y desarrollo de proyectos, a pesar de los costos sociales y ambientales que estos representan. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat] aprueba los proyectos condicionando el permiso a que la empresa realice la consulta previa. Esta autoridad desconoce que la consulta debe hacerse desde el momento en que se está ideando el proyecto. El favorecimiento de las tradiciones y cultura de los indígenas no sucede cuando se trata de proyectos extractivos”, añade la nota presentada a los comisionados de ONU.
“El fortalecimiento de los derechos humanos es un tema transversal, de tal forma que sitransversal. Si se consigue que las empresas implementen los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos establecidos por Naciones Unidas en 2011, estaremos ante una sociedad justa y sostenible”, añaden.
Las expectativas de esta denuncia: “el Grupo de Trabajo elaborará un documento de recomendaciones al Estado mexicano. Se espera, además, que el Grupo tenga incidencia en el proceso de implementación de los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos en México; proceso que ya se está avanzando con los trabajos relacionados con la elaboración de un Programa Nacional en la materia”.
Esta visita “dará a su vez visibilidad a las violaciones de derechos humanos que están sucediendo en el marco de proyectos empresariales y de inversión público-privada”.
Los quejosos reconocen que “el Grupo de Trabajo no hará recomendaciones específicas para el caso de Las Cruces; sin embargo, sí puede reconocer y documentar que existe una violación sistemática de los derechos humanos por parte de las empresas y del gobierno mexicano al favorecer la inversión sobre el impacto social y ambiental. El gobierno mexicano debe incluir el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas, como uno de los principios/ejes rectores de su planeación sexenal y programas sectoriales”, puntualizan.
SRN
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