El gobierno del estado de Nayarit anunció la licitación para la construcción de la presa hidroeléctrica más polémica del occidente mexicano, pese a advertencias de daños.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Ambientalistas nayaritas y de la cuenca del Mar de Cortés lamentan que el gobierno nayarita, pese a todas las evidencias científicas presentadas, ha insistido en echar adelante el proceso de construcción de la hidroeléctrica de Las Cruces, que alterará el río San Pedro, principal tributario de las Marismas Nacionales, el mayor humedal tropical del Pacífico americano.
"A pesar de un proceso plagado de mentiras, con falsificación de información, manipulación de asambleas, criminalización de las protestas, violación de las leyes, amenazas de muerte y resurrección de muertos para aprobar el proyecto, y sin ni una palabra sobre los daños ecológicos irreparables", se ha anunciado la apertura de obras, señalaron en un comunicado entregado a MILENIO JALISCO.
"Hace dos días, el gobernador Roberto Sandoval Castañeda confirmó que las obras de la Presa Las Cruces, sobre el Río San Pedro, serán una feliz realidad 'en beneficio del desarrollo de Nayarit y como una importante fuente de empleo para miles de nayaritas'. Igual que los anuncios sobre los supuestos empleos generados por la inversión para la construcción del Canal Centenario, nadie sabe cómo se calculan. Según Sandoval, 'los trabajos correspondientes no afectarán de ninguna manera la ecología de la zona donde serán realizados, ni tampoco habrán de causar problemas a la población indígena de ese rumbo".
Sin embargo, "la presa de Las Cruces y sus probables implicaciones, percibimos como la pugna de dos visiones sobre cómo concebir el mejoramiento de la calidad de vida. La primera: na moderna, racionalista, basada en la idea de progreso, que parte de una disposición tecno-burocrático, que se fundamenta en criterios económicos de rentabilidad (muchas veces calculados a conveniencia), que busca dirimir el conflicto con base en argumentos científico-académicos, excluyentes de lo sociocultural y que interpretan los daños ambientales a partir de una lógica de costo-beneficio y siguen —de manera viciada— procedimientos legales ya instituidos".
La segunda, "anterior y exterior al proyecto de la modernidad y sumamente crítico del mismo, que reivindica la felicidad colectiva e individual y la búsqueda —siempre precaria y plenamente imposible— de un equilibrio eco-sistémico. Esta visión parte de un dispositivo de diálogo de saberes académicos, sociales y culturales, basado en el reconocimiento de la centralidad de los criterios ambientales y socioculturales, y que exige que se atienda y se extienda el marco legal vigente —en reconocimiento de las necesidades ambientales y políticas que lo imponen— para regular el proceso de forma que se garantice una dinámica abierta, informada, participativa, deliberativa; es decir democrática, y científica y filosóficamente sustentada".
Para los activistas resulta obvio "cuál de estas visiones sigue el actual gobierno de Nayarit". Destacan la gravedad de la destrucción del último abastecedor de agua y limos a las Marismas Nacionales, un gigantesco humedal de más de 200 mil hectáreas que ofrece servicios de alta calidad para pescadores y agricultores, reproduce fauna silvestre diversa y sirve de amortiguador de huracanes y cambio climático. "Ni una alusión al enorme costo que eso traerá", subrayaron.
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