17 horas de una audiencia judicial que enfrentó al mundo indio de la Sierra Madre Occidental con los colonos mestizos que pretenden legitimar sus posesiones con la cultura del trabajo. Fotografías, cortesía de Abraham Pérez/ Mexfoto
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
“No intervendremos con Cosomer [Conflictos Sociales en Medio Rural] a menos que haya sangre o violencia”. La declaración del subsecretario de Desarrollo Agrario de la Sedatu, Gustavo Cárdenas Monroy, resonaba entre los mezquites, zapotes y tepehuajes que coronan la finca de aguas de los predios Bola Negra y Piedra Bola, en la cercanía de Huajimic, que este jueves fueron reintegrados al patrimonio de la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a) como resultado del juicio agrario 769/2012 sentenciado por el Tribunal Unitario Agrario 56, de Tepic.
Los ganaderos afectados, que temen un efecto domino en la emisión de sentencias favorables a sus vecinos, escuchaban con creciente impaciencia. Quien daba el testimonio era el abogado de los comuneros, Rubén Ávila Tena, ante unos 500 wixaritari (huicholes), y hacía alusión a las entrevistas sostenidas en los últimos meses con ese funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), reacio a reconocer la responsabilidad histórica del gobierno federal en este, uno de los conflictos por la tierra más viejos y riesgosos de la geografía nacional.
Ávila Tena dio fe de la buena intención del comisariado de bienes comunales de Wuaut+a, que en diversas audiencias ha insistido en la necesidad de indemnizar a sus adversarios en los juicios, quienes tienen de tres a cinco generaciones habitando este valle intermontano donde han hecho prosperar la ganadería, con siete mil cabezas anuales a la venta. Entre la burocracia de Sedatu y el desinterés de los afectados, motivado por la postura del gobierno de Nayarit de “no permitir” los “despojos”, han pasado cuatro años. El título “madre” de los parvifundistas data de 1906, cuando estaban vigentes las Leyes de Reformas y las tierras “ociosas” eran “denunciadas” en un proceso legal que permitió cercenar “bienes de manos muertas” (es decir comunales y eclesiásticos); pero esta formalidad fue ilegalizada por el artículo 27 de la Constitución emanada de la revolución Mexicana, en 1917.
La constitución vigente desde hace 99 años ha permitido reconformar el patrimonio de cientos de comunidades en el país, pero la burocracia, el abandono y la lejanía demoraron 36 años en derivar en un decreto presidencial para Wuaut+a. Y al día de hoy, unas 16 mil hectáreas siguen sin serles restituidas, dijo el presidente del comisariado, Miguel Vázquez Torres. Lo cierto que la justicia tardía llega al gran predio de Huajimic, una centenaria localidad conformada por ganaderos mestizos, que arguyen el derecho que les da una posesión de décadas, la existencia de escrituras y de decretos de ejidos emitidas por los gobiernos locales y el federal, y su capacidad de trabajo.
“Son una plaga”, dijo agresivamente, acerca de los aborígenes, Alejandro Quintanilla Barajas, uno de los grandes propietarios que podrían ser perjudicados; “no somos posesionarios sino pequeños propietarios, con una posesión de más de un siglo, y para que les dieran escrituras a nuestros antepasados es porque justificaron que tenían por lo menos 50 años de posesión […] cómo es posible que porque los wixarika están pobres creen que dándoles más tierra lo van a resolver; les pueden dar todo el planeta y ellos estarán en la misma circunstancia, con hambre, porque el trabajo es el que hace producir, y no estar echado en una hamaca descansando”, dijo. Otras posturas eran más moderadas, y muchas se decantaron por cambiar la dimensión del conflicto hacia la esfera política: “Esto es una invasión muy fuerte del estado de Jalisco, acabarán esta zona ganadera; es importante que el gobierno federal tome cartas en el asunto, es urgente, estamos en una situación peligrosa, ahorita viene del gobierno de Nayarit y del ejército a apoyarnos”, comentaba al comienzo del acto judicial el ganadero Gabriel Muñoz de la Peña.
La audiencia se realizó en términos generales en paz, aunque el grupo de propietarios quiso “reventarla” con la acusación de que unas horas antes del acto, habrían pasado individuos con vestimenta militar y armas de uso exclusivo del ejército (AK-47 y R-15). Dijeron tener pruebas, pero a los medios sólo le exhibieron la foto de un individuo no identificado que tenía una escopeta. También se habría amenazado a un par de ganaderos. El delegado municipal de Huajimic, Manuel González Rodríguez, encaró a las autoridades comunales pero Miguel Vázquez, reprimiendo su molestia, lo negó. La actuaria a cargo, Nereida Ceja, exigió orden y le pidió al funcionario municipal que procediera en su esfera, bajo la advertencia de no permitir que nadie exhibiera algún arma durante el proceso.
La medición del predio demoró algunas horas; también se hizo un recuento del ganado presente, que sumó alrededor de 80 reses. Tras casi seis horas, la funcionaria judicial entregó formalmente la posesión. Los wixaritari se quedaron a la custodia. Avisaron que durante los siguientes meses, la totalidad de los 3,600 miembros de la comunidad cumplirán responsabilidad de vigilancia para evitar se perturbe la posesión. Los ganaderos comenzaron a retirarse, y tras ellos, los funcionarios del tribunal, los reporteros y los defensores de los huicholes.
La sorpresa los esperaba unos cuatro kilómetros abajo, rumbo al poblado. En un cruce de caminos, ya había camionetas apostadas para impedir el paso. El vehículo con los funcionarios fue detenido y se quiso bajar a sus ocupantes; luego llegó el primer grupo de periodistas y reinó la confusión. Familias completas de Huajimic estaban presentes. Querían mostrar su irritación por la ejecución de la sentencia, que a su juicio, significa una injusticia histórica. Hubo enfrentamientos verbales con los periodistas, se bajó el aire de las llantas del auto oficial, y los más extremistas gritaron imprecaciones contra los naturales de la sierra. Pero la prudencia prevaleció: “no golpeen, ni siquiera los toquen, eso también es agresión”, decía imperativo un moreno manifestante, que sólo pedía firmeza en el sostenimiento del retén.
Allí se quedarían todos atorados, entre las 4:45 y las 9:50 PM. Patrullas estatales y de La Yesca estaban unos metros atrás, pero los gendarmes sólo miraban. A ratos se activaban las discusiones; se recriminaba a los periodistas “apoyar a los huicholes”; se exigía que presentaran al magistrado del tribunal, a la gente del gobierno estatal o federal, o que se desalojara el predio recién entregado, como condiciones para mover las “trocas”. Otros momentos se podía incluso confraternizar; venían las confesiones, las revelaciones, la invitación a una coca cola o a una cerveza, el relato de aventuras juveniles o de cómo los padres y los abuelos formaron con sudor el patrimonio.
El grupo de quejosos no tenía preocupaciones uniformes; algunos de los mayores mostraron prudencia e incluso respeto por los moradores de las montañas. “Mi padre les daba trabajo y siempre trabajó muy bien con ellos […] ellos son muy organizados y respetuosos de sus instituciones, en una ocasión a mi padre se le adeudaba un dinero, y como se nos escondía el huicholito, fuimos al gobernador tradicional, y lo mandó arrestar aunque se trataba de un soldado que incluso iba armado… el señor nos pagó”, contó don Buenaventura Montoya, quien está radicado en California desde 1979, pero llegó en la semana porque estaba interesado en ver el desarrollo de los acontecimientos que afectarán en algún momento a sus hermanos y sobrinos.
Otros, jóvenes y belicosos, posiblemente muy expresivos porque la cerveza tiene fama aflojar la lengua, lanzaban amenazas sombrías o fabricaban conspiraciones para expulsar “a esos indios” de sus tierras.
Hubo varios momentos de negociación. El abogado Rubén Ávila Tena ofreció establecer mesas de diálogo para que juntos, ganaderos y wixaritaris presionen al gobierno federal para que no se deba dar la condición del funcionario de Sedatu de que corra la sangre, e intervengan, como hace más de una década sucedió con los predios de Puente de Camotlán. Dos veces se frustró el levantamiento del bloqueo porque los más beligerantes exigían que la posesión del rancho de Doña Enriqueta Montoya –ausente en toda la jornada, por enfermedad- se revirtiera. Estaba oscurecido cuando arribó un alto funcionario de la fiscalía de Nayarit –los medios de Tepic lo identificaron al día siguiente como el fiscal general, Édgar Veytia-, y como por arte de magia se venció la última resistencia. El funcionario sólo se disculpó con los actuarios, y ordenó mover las camionetas.
Eran las diez de la noche y los vehículos cuyo tránsito había sido interrumpido por la tarde, remontaban la brecha que sube hacia la sierra desde el feraz valle, objeto de disputas prolongadas y teatro de emociones primarias, básicas. Humano, demasiado humano.
La ruta de los empleados del tribunal, los reporteros y los abogados había comenzado 17 horas antes en los llanos de Tepic cuando la luna todavía dominaba entre nubes y el sol apenas asomaba desde el océano; había alcanzado su culminación cinco horas después, casi a las diez de la mañana, hora del Pacífico, en una vereda polvosa y frente a un lienzo de alambre de púas: en ese momento, desde los parteaguas de la Sierra de los Pajaritos se precipitó un alud humano: aborígenes que bajaban como una lenta marea para sumergirse en el valle que sus ancestros ya cultivaban desde antes de la conquista.
Cerca de la medianoche, se asomaba el enorme vaso de la presa el Cajón, frontera entre la sociedad rural aferrada a los valores agrarios, y el México urbanizado y supercomunicado por autopistas. La noche no era en absoluto sombría, y la lluvia se precipitó como música pacificadora de pasiones, entre grandes caravanas de transporte en las rutas internacionales de un México próspero que ha olvidado a los hijos de la tierra.
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