La AIDA expuso ante grupo de ONU de empresas y medio ambiente la crisis de derechos sociales, económicos y humanos en el país.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) considera que en México, los intereses privados de tipo económico tienen “demasiado poder”, al grado que para las autoridades formales, pasa a segundo término el impacto ambiental, social e incluso el daño a las economías locales, ante la prioridad por megaproyectos ligados a esos intereses; esto es parte de una nota compartida con el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, que realiza un informe sobre los casos más emblemáticos del que desprenderá recomendaciones al gobierno federal.
La AIDA defiende a campesinos, pescadores y pueblos aborígenes de la gran cuenca del río San Pedro Mezquital, y las Marismas Nacionales de Nayarit, amenazadas por el proyecto hidroeléctrico de Las Cruces, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El caso fue referido durante una audiencia privada el pasado 2 de septiembre en esta ciudad. El grupo de ONU entregará sus conclusiones y recomendaciones mañana a la presidencia de la república.
“La visita de representantes de derechos humanos es un momento clave para que el gobierno reflexione sobre su rol en la protección de los derechos de la población. Dado el alcance de los abusos a los derechos humanos registrados en cada rincón del país, muchos de la mano de empresas y proyectos de desarrollo a gran escala, es claro que el gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones. México debe anteponer el cuidado de su gente, no el lucro. No se debe permitir que las actividades empresariales amenacen la salud y bienestar de las poblaciones más vulnerables de la nación”, destacaron.
A medida de que el Grupo de Trabajo de la ONU “ahonda en la relación entre las empresas y los derechos humanos, AIDA quisiera destacar que […] los intereses económicos tienen demasiado poder e influencia sobre las políticas públicas y la legislación. Los funcionarios públicos y los legisladores de México deben desarrollar una comprensión de la responsabilidad tanto del gobierno como de las empresas privadas en la protección de los derechos humanos. El gobierno, entonces, debe asumir la responsabilidad de las violaciones que ocurran bajo su vigilancia”. También, que “los grandes proyectos de desarrollo, a pesar de ser construidos en nombre del progreso, rutinariamente amenazan los derechos de las poblaciones más vulnerables. Las expectativas deben ser claras para que las empresas –ya sea que construyan caminos, represas o minas—actúen respetando los derechos de quienes vivan cerca de los proyectos. Las comunidades deben dar su consentimiento a cualquier proyecto que amenace con cambiar su forma de vida”.
La situación se agrava porque “las políticas públicas diseñadas para proteger el ambiente y a las personas que dependen de él son débiles o no se aplican adecuadamente. México debe asegurarse de hacer cumplir las regulaciones ambientales, particularmente las relacionadas con la minería, infraestructura y el desarrollo de proyectos. El gobierno debe asegurarse también de que las políticas y los recursos estén en orden para proteger a los activistas de las comunidades que lideran las luchas para proteger su ambiente”.
De forma concomitante, “la crisis de derechos humanos es grave. AIDA da la bienvenida a las recomendaciones que el Grupo de Trabajo de la ONU haga. Alentamos al gobierno de México a prestar atención y tener en cuenta las recomendaciones y tomar inmediatamente acciones hacia la construcción de una nación más segura y próspera para todos”.
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El informe de AIDA a ONU
La organización elaboró un mapa y diagnóstico de los problemas de empresa y derechos humanos en México, con el fin de que la misión de ONU tenga datos para su diagnóstico y recomendaciones. En el documento, que se puede consultar en http://www.aida-americas.org/sites/default/files/informe_mx_empresas_ddhh_68.pdf, hay documentados:
61 casos
"En donde se reportan abusos a derechos humanos relacionados con las actividades empresariales de diferentes sectores: minería y cementeras (11 casos); hidrocarburos (9 casos); producción de energía mediante hidroeléctricas y parques eólicos y abusos relacionados con los consumidores (8 casos); construcción de infraestructura (9 casos); agroindustria y forestal (6 casos); maquilas y corredores industriales (4 casos), y otros sectores (8 casos) incluyendo abusos de empresas de seguridad privada, la exportación ilegal de arma a zonas de conflicto, turismo, entre otros"
5 violaciones son las dominantes numéricamente (los casos incluyen muchas vilaciones, por eso no da total de 61):
Abusos al derecho a la tierra y el territorio (32 casos)
Falta de acceso a la información (28 casos)
Abusos al derecho al medio ambiente sano (22 casos)
Impactos negativos a la salud (17 casos)
Falta de cumplimiento de los derechos indígenas (17 casos)
Intimidación y amenazas
"Adicionalmente, es importante subrayar que en 32 casos se documentaron diferentes formas de intimidación y amenazas en contra de las y los opositores de un proyecto empresarial. Lo anterior, equivale al 52% de los casos. En varios casos, dichas amenazas estuvieron acompañadas de agresiones, incluyendo detenciones arbitrarias y asesinatos"
Visita al gobierno de la república
El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU se encuentra en México donde visita los estados de Jalisco, Oaxaca, Sonora, México, y el DF. El miércoles 7 de septiembre se rinde informe y recomendaciones al gobierno mexicano
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