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Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 12 de agosto de 2011
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) exigió al gobernador del estado, Emilio González Márquez, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez González; al procurador estatal, Tomás Coronado Olmos, y a la delegada de la Procuraduría General de la República (PGR), Victoria Pacheco Jiménez, entre otras autoridades, cesar “el enjuiciamiento y persecución a integrantes de la comunidad indígena de Mezcala, y la restitución de sus territorios comunales”.
El Cepad “ha recibido por parte de habitantes y autoridades de la comunidad indígena, información y documentación sobre una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas por distintas autoridades en contra de la mujer indígena Rocío Moreno y los integrantes de la comunidad, quienes han defendido su territorio invadido desde el año de 1999 por el empresario Guillermo Moreno Ibarra y su prestanombres Crescenciano Santana Sánchez [quien es miembro de la comunidad] con la complacencia de autoridades municipales, estatales y federales”, señala un comunicado emitido este domingo.
El Cepad también ha documentado que “las agresiones de Guillermo Moreno contra habitantes y líderes de la comunidad son frecuentes […] las autoridades de Bienes Comunales acatando un acuerdo de Asamblea del 22 de marzo del año en curso, decidieron desmontar un panel solar que se estaba construyendo en territorio comunal”.
Esto derivó en una averiguación penal impulsada por el empresario y la detención de la comunera “con una averiguación previa plagada de irregularidades consideradas violaciones a los derechos”.
El Cepad exige: “que los representantes de la Procuraduría de Jalisco, se desistan de la acción dentro del juicio penal número de expediente 318/2011-C, celebrado ante el licenciado Oscar Martín Morales Vázquez, esto debido a las irregularidades cometidas por la Ministerio Público, Lucero Moreno Murguía, dentro de la averiguación previa 1327/2011 de Ocotlán”.
Dos, “que el Juez Penal, licenciado Oscar Martín Morales Vázquez resuelva dejar en plena libertad a Rocío Moreno y al resto de los comuneros, así como dejar sin efectos las órdenes de aprehensión, debido a que no existen elementos constitutivos de delitos, y por ende, asentar las inconsistencias legales de hecho y de derecho, todas ellas violatorias de los derechos humanos de las personas de la comunidad”.
También exigen que se resuelva de una vez el juicio agrario interpuesto para la restitución de los bienes comunales, y que las autoridades ambientales sancionen los daños ocasionados en el predio. Firma César Octavio Pérez Verónica, responsable de Litigio Estratégico del Cepad.
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