Solicitarán juicio político por desacato de resoluciones de la SCJN. Nombramientos de magistrados “violan las leyes que ellos aprobaron”, arguyen
Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO JALISCO, edición del 9 de septiembre de 2011
La mayoría de las cámaras empresariales de Jalisco solicitará al Congreso de la Unión la instauración de un expediente de juicio político en contra de los diputados de la LIX Legislatura de Jalisco, por el nombramiento ilegal de magistrados y consejeros del Poder Judicial y violar resoluciones de la corte.
Esto fue anunciado ayer, en una conferencia de prensa que encabezó el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Óscar Benavides Reyes, acompañado por dirigentes del Consejo de Cámaras de Industriales de Jalisco (CCIJ), el Congreso Agropecuario de Jalisco y el Consejo Mexicano de Comercio Exterior.
También solicitarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se pronuncie de forma expedita sobre las controversias 90/2011, 92/2011 y 3/2010, las cuales fueron interpuestas por los poderes Judicial y Ejecutivo, así como en el caso del juicio 1978/2011 interpuesto por un ciudadano en el juzgado quinto de distrito en materia administrativa de esta ciudad.
En opinión de los hombres de empresa, los juicios señalados demuestran la ilegal actuación de los diputados, quienes violando la ley orgánica del Poder Judicial y la Constitución Política del Estado pretenden imponer magistrados y consejeros sin carrera judicial y que no cubren los requisitos mínimos.
Para el efecto, presentaron como ejemplo el nombramiento como magistrado de Jorge Mario Rojas Guardado, asesor del diputado Verde Enrique Aubry, quien no cumple el supuesto de la ley de tener al menos diez años de haber obtenido su título profesional. Curiosamente, en un dictamen eso lo descalifica para ser uno de los cuatro nuevos magistrados, pero en otro se le señala entre los tres que asumirán el cargo de igual número de magistrados que serían jubilados. “Violan las leyes que ellos mismos han creado al hacer estos nombramientos”, subrayó el abogado Jaime Moreno.
En particular, los magistrados de mayor edad “son inamovibles” desde 1991 y no se les puede aplicar de forma retroactiva una ley de 2008, por lo cual, tampoco puede proceder su sustitución, añadió el litigante de la Coparmex.
A la tarea judicial anunciada se sumarán colegios de abogados en alianza con los empresarios; prometen no detenerse hasta que sancionen a los representantes populares con la destitución y el juicio penal, en caso de que así lo señale el Congreso de la Unión.
“Jalisco tiene un vergonzoso lugar 29 en el ámbito nacional en imparcialidad de sus jueces, lugar 31 en administración de la justicia y no se puede tolerar porque las inversiones están huyendo por la falta de respeto al estado de derecho”, advirtió Salvador Cuevas, del Consejo Mexicano de Comercio Exterior.
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La Corte no ha decidido, responde Congreso
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado responde a los señalamientos que le hacen diversos actores públicos y privados de Jalisco, relativos al tema de la designación de magistrados y miembros del Consejo de la Judicatura, mediante una comunicación formal que distribuyó ayer entre los medios de comunicación. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] admitió el recurso de reclamación que promoviera el Poder Judicial del Estado en las controversias promovidas tanto por el Ejecutivo como el propio Poder Judicial, por la supuesta ilegalidad en las designaciones de diversos magistrados por parte del Congreso del Estado [...] es necesario precisar que el hecho de que se haya admitido el recurso de reclamación, es con la finalidad de que tanto el Poder Ejecutivo y el Judicial respectivamente, aporten las pruebas que consideren pertinentes a efecto de demostrar si el Poder Legislativo incurrió en desacato de la orden de suspensión a los nombramientos de Magistrados que emitiera la SCJN”, señala el texto.
A su vez, “el Congreso del Estado está en la obligación de demostrar que efectivamente no incurrió en dicho desacato”.
Así, añade, “es importante hacerle saber a la ciudadanía, que con la admisión de este recurso, la Suprema Corte no ha resuelto en definitiva la legalidad o no de la elección de magistrados realizada por el Congreso y que es fundamental esperar a la resolución final”.
En ese sentido, el diputado Raúl Vargas López, coordinador de la fracción del PRD y parte de los señalados por los empresarios, desestimó ayer las acusaciones y señaló que los empresarios “juegan” con el gobernador del estado.
“Estamos en una sociedad donde cada quien puede pedir prácticamente lo que le dé la gana, y los empresarios no son la excepción, pero en el caso de un juicio político, me parece que es una buena ocurrencia, lo que sigue es que presenten argumentos de peso, para que estos sean valorados por quien le corresponde valorar la procedencia”, refirió.
Añadió que “bien les vendría leer con cuidado lo que esta soberanía ha hecho en uso de sus facultades, porque aquellos que hemos tenido la oportunidad de reflexionar y tratar este tema, de discutirlo, de debatirlo públicamente con ellos, alcanzamos a advertir que no se les da la solidez de sus argumentos, ni la forma como estos los ponderan alrededor de estos temas”, y descartó cualquier sorpresa para los legisladores. “En cualquier situación no pasaría nada porque no tienen la razón”.
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