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Guadalajara. Agustín del Castillo. Edición del 7 de septiembre de 2011
Ayer fue detenida por dos policías investigadores del estado de Jalisco, la integrante de la comunidad indígena coca de Mezcala, Rocío Moreno, la cual se presentó afuera de las instalaciones de este diario, pues había recibido una llamada telefónica en que supuestamente se le citaba para una entrevista.
La comunera y activista iba en compañía de familiares, y se mostró sorprendida porque le tendieron una trampa, pues recibió una llamada de un celular privado, del cual también se avisó a los judiciales que podían pasar a detenerla, pues el juez de Ocotlán ya había liberado la orden de aprehensión, aparentemente, por el delito de “daños en las cosas”, que alcanza fianza.
Cuando se le preguntó a los agentes de la policía investigadora por qué habían utilizado el nombre del periódico para lograr una orden de aprehensión, estos se limitaron a señalar que no podían revelar cuáles son sus métodos de investigación. No obstante, trascendió de la propia procuraduría que fue “la contraparte” la que llamó para lograr la detención.
El papel de la aprehensión, una copia fotostática con membrete de la Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco, señala que lo emitió el juez del fuero común de Ocotlán, y enlista a más de una docena de comuneros como sujetos de aprehensión en una causa penal que se lleva en el juzgado de esa ciudad de la ribera norte del lago de Chapala.
Rocío Moreno, sorprendida, preguntó en varias ocasiones si de verdad se le pretendía aprehender. Los agentes le señalaron, de forma comedida, que tenían que llevarla detenida a las oficinas de la PGJE en la zona Industrial, de donde en unas horas más sería remitida al juzgado de Ocotlán.
No se aclaró el motivo de la detención, pero la comunera señaló que pudiera derivar del litigio que sostienen contra un empresario, Guillermo Moreno Ibarra, pues lo acusan de invadir el cerro de El Pandillo. Las querellas contra el presunto invasor son por agresiones y amenazas con armas de fuego contra la comunidad, así como por la tala de árboles en territorio comunal, la construcción de una represa y el desvió del agua de los arroyos que utilizan para sus actividades agrícolas y ganaderas.
Los derechos agrarios de las comunidades indígenas son imprescriptibles. Esto significa que sus tierras sólo pueden ser enajenadas tras un proceso de certificación (que no se ha dado en Mezcala) y con la autorización de la asamblea comunal. Es por eso que los comuneros piensan que el empresario logró esa orden de aprehensión para intimidarlos, pues judicialmente no tiene mejor derecho que los indígenas.
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