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Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 10 de septiembre de 2011
El martes 13 de septiembre, el Congreso del Estado pretende elegir al nuevo procurador de Desarrollo Urbano; el Parlamento de Colonias, organismo que agrupa a asociaciones de representación vecinal, especialistas, académicos y líderes de opinión, “pide que se dignifique la figura y así, se desagravie a la ciudadanía [sic] que no se ha visto representada por la Prodeur, y en consecuencia ha perdido calidad de vida y bienestar por el crecimiento desordenado de las ciudades”.
Por ello, enarbola la propuesta a candidato al cargo de Carlos Aldana Ortiz, “por reunir las características profesionales, experiencia de la justicia aplicada al desarrollo urbano como su convicción de convertir al derecho en una herramienta de justicia en beneficio del interés colectivo y su gran capacidad de diálogo entre ciudadanos y autoridades”, dijo el presidente del organismo, Alejandro Cárdenas Ochoa.
La misión de la Prodeur, “es representar jurídicamente a los ciudadanos en temas del desarrollo urbano”, por lo cual “se requiere un cambio de actitud” ante el triste papel pasado del organismo, favorable a los grandes intereses políticos y económicos de la especulación inmobiliaria.
Así, responder a los grandes desafíos como el cambio climático, los impactos ambientales y a la salud por excesiva concentración de gases tóxicos de componentes químicos bio acumulables y carcinógenos en la atmósfera, cuencas hidrológicas, humedales y acuíferos.
También, “neurosis y violencia social por hacinamiento habitacional; estrés y fatiga por la carencia de movilidad urbana sustentable; marginación social y segregación urbana; carencia de espacios para el esparcimiento y actividades al aire libre; indignación y violación a los derechos humanos de habitantes asentados en suelos de alta vulnerabilidad; invasión de cauces y cuerpos de agua; cambios de uso del suelo forestal y agrícola por desarrollos habitacionales construidos en la nada; baja calidad de la vivienda y carencia de servicios básicos; incumplimiento de las disposiciones contenidas en las leyes de la materia y reglamentos de zonificación, y la violación sistemática de los planes y programas urbanísticos y de ordenamientos ecológicos territoriales, entre otros”.
De este modo, el organismo “considera y propone que quien represente a los ciudadanos como ombudsman en beneficio del interés público, debe demostrar con su trayectoria y reputación tener oficio, compromiso social e interés por dignificar la figura del Procurador Urbano y rescatar el Estado de derecho, ante la creciente impunidad que ha provocado falta de credibilidad y carencia de gobernanza”.
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