Hacen trampa para obtener el cambio de uso de suelo

Sedeur tramitó permiso en vía Bolaños-Huejuquilla sin anuencia de paso del dueño de bosque; buscan contrarreloj convencer a propietario; éste interpuso recurso legal

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, Edición de 2009-08-31

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Por diversas irregularidades, las obras en la carretera Bolaños-Huejuquilla han sido clausuradas varias veces. Foto: Iván García La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha otorgado de forma irregular al gobierno de Jalisco, la autorización para el cambio de uso de suelo entre los kilómetros 28 y 61 de la carretera Bolaños-Huejuquilla, pues en buena parte del tramo no existe la anuencia de paso que deben otorgar los dueños de los predios, además de que el procedimiento no fue sometido a la consideración del Consejo Estatal Forestal y de Suelos (Coefys).

Es decir, la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), responsable estatal de ejecutar el proyecto, no notificó a la Semarnat que los dueños de los predios Azucenas y El Astillero, por donde atraviesa el trazo carretero, habían cancelado la anuencia que se otorgó originalmente, con fecha 20 de junio de 2008, condicionada a estudios y trabajos de mitigación de impactos ambientales que jamás se llevaron a cabo.

Por ello, Marco Aurelio Montaño Ayala, representante de CPC Constructores, sociedad anónima, propietaria de ambos terrenos, canceló la anuencia por escrito formal del pasado 19 de noviembre de 2008, según los sellos de recibido en la Sedeur que ostenta el documento original, con copia en poder de Público.

Ello no fue impedimento para que, ya en 2009, la Sedeur integrara el expediente de cambio de uso de suelo ante la Dirección General Forestal y de Suelos de la Semarnat, en la ciudad de México. Sin detectar alguna anomalía procesal, el responsable de esa área, Francisco García García, firmó la autorización el pasado 6 de agosto de 2009, la cual está enlistada en el folio 1945/09, que comprende del kilómetro 28 al 61 de la ruta en mención, y atraviesa las propiedades citadas, además de predios de la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán y del ejido Los Amoles.

Según versiones de asesores de la comunidad indígena de Santa Catarina (Tuapurie), enclavada más al norte, y principal opositora al proyecto carretero, la Sedeur habría convencido a comuneros de San Sebastián de permitir la carretera comprándoles servidumbre de paso.

En el caso de Azucenas y El Astillero, el compromiso firmado en junio de 2008 obliga a la Sedeur a entregar al propietario una evaluación minuciosa de impacto ambiental y un plan de compensación de daños que debían ser aprobados por los asesores ambientales de CPC Constructores. Dicho plan incluye realizar reforestaciones con planta de la zona, empedrar accesos a la carretera, colocar puertas metálicas para caminos interiores del bosque, construir pasos de fauna en la zona que atraviese la carretera, colocar letreros alusivos al cuidado del bosque y la fauna, poner los árboles derribados a disposición del dueño y limpiar el material combustible que quede.

“Una vez cumplidos los requisitos de evaluación del impacto ambiental y la presentación al propietario del plan de compensación ambiental por cambio de uso de suelo y satisfechos, a juicio del propietario, todos los aspectos ambientales requeridos, se concretará la adquisición por parte de la Secretaría [Sedeur] de las 40.03 hectáreas requeridas para la construcción de la carretera”, añade el convenio (oficio DCR/190/08).

Los términos temporales son claros en el documento: dos meses para los estudios y las evaluaciones y uno más para presentarlas a la Semarnat. Nada de eso sucedió.

Esto llevo a que el 19 de noviembre siguiente, Montaño Ayala entregara en la oficialía de partes de la Sedeur un escrito dirigido al secretario, Sergio Carmona Ruvalcaba: “Han pasado cinco meses de que firmamos el convenio […] sin que hasta entonces, la secretaría a su digno cargo haya cumplido lo establecido […] es evidente que no existe de su parte el interés de dar cumplimiento a lo pactado”, de manera que “he concluido rescindir el convenio de referencia”, y en consecuencia, “no otorgamos anuencia de propietario para el cambio de uso de suelo en los predios forestales de nuestra propiedad”.

No hubo reacción oficial a la rescisión, lo que llevó a pensar a Montaño Ayala que las cosas ya habían quedado claras y concluidas. La sorpresa fue mese después, en agosto, cuando se enteró, primero a nivel de rumor, luego por parte de la propia la Sedeur, de que se había otorgado el cambio de uso de suelo contra su voluntad. Más le sorprendió que el Coefys no hubiera sido consultado como lo obliga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su artículo 117, o peor aún, que no le hubieran notificado.

Esto ha llevado a CPC Constructores a interponer un recurso legal en contra de la obra, lo que Montaño Ayala hizo del conocimiento de la propia dependencia, que a toro pasado, ha regresado a las pláticas para tratar de obtener la anuencia y evitar que el procedimiento irregular le derive en una nueva clausura del proyecto.

Demanda por $63 millones

Desde junio pasado, la comunidad indígena de Santa Catarina (Tuapurie) ha interpuesto un juicio civil en contra del gobierno de Jalisco, reclamando 63 millones de pesos por daños y perjuicios ocasionados con la apertura de la carretera Bolaños-Hujuquilla, que devastó bosques de la comunidad.

Los wixárikas reclaman derribo de arbolado, devastación de pasos de fauna, daños a sitios sagrados y a la infraestructura general de la comunidad, además de la ilegalidad ambiental de la obra, que construyen el gobierno estatal y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) desde el año de 2006.