martes, 29 de septiembre de 2009

Anuncian acciones legales contra El Zapotillo


Alcaldes electos de la zona prometieron a los colonos que no autorizarán la obra; grupo empresarial ganador de la licitación recibirá carta de los vecinos.

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición de 16 de septiembre de 2009

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La lucha contra la presa El Zapotillo no está perdida, advierte Marco von Borstel, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), uno de los principales socios de la asociación civil Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, los poblados que serían anegados por el embalse artificial.

Tras el fallo de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para la construcción de la presa, advierte que se preparan acciones jurídicas tanto en México como en el extranjero —ante instancias como la ONU— y que se cuenta con la promesa de los alcaldes electos de Cañadas de Obregón y Mexticacán de no otorgar los permisos para la obra. El senador Ramiro Hernández García ya ha solicitado en la Cámara Alta la comparecencia del titular de la CNA, José Luis Luege Tamargo, desde el pasado 3 de septiembre, para que dé cuenta de las obras ante las quejas de los moradores afectados.

Por otro lado, pidieron a la lideresa nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, que instruya a su grupo parlamentario para abrir debate en el Congreso sobre el tema, sobre todo enfocado al daño a las comunidades y las violaciones de la legalidad que habrían cometido los gobiernos federal y de Jalisco.

“Hay a la vista una serie de acciones, como amparos y juicios por diversas omisiones que se han seguido cometiendo en contra de los derechos de la comunidad; también tenemos la intención de buscar a los constructores para pedirles que no participen de esta seria anomalía”, dice el vocero del Imdec.

Respecto al fallo de la CNA, “se da, habiendo pasado por alto las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en enero del presente, en el sentido de que cesen el hostigamiento a los pobladores y que se detenga cualquier avance en el proyecto hasta que se realice la consulta a las comunidades afectadas, comprometida por el Ejecutivo del estado de Jalisco, Emilio González Márquez, el 23 de mayo de 2008. A su vez, esta designación se da sin tener la autorización del manifiesto de impacto ambiental por parte de la Semarnat y el cambio de uso de suelo por parte de los municipios afectados, ambos para la cortina a 105 metros; tampoco se tienen los permisos correspondientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia y, como hemos reiterado en múltiples ocasiones, sin la aprobación de las comunidades para ser reubicadas ante este proyecto”.

Los quejosos, añade Von Borstel, ya han elaborado un formato de carta a entregar al grupo ganador de la licitación, formado por las empresas La Peninsular Compañía Constructora, SA de CV; FCC Construcción y Grupo Hermes, “para informales sobre las irregularidades que hemos denunciado desde el inicio de este proyecto y la grave violación de derechos humanos de la cual sería cómplice de llevarse a cabo la obra. También se llevarán a cabo diversas acciones jurídicas ante este acto de las autoridades, como amparos directos, juicios administrativos y denuncia popular ambiental ante la Semarnat, por no contar con la manifestación de impacto ambiental”, según dijeron los ambientalistas en un comunicado de prensa, ayer por la tarde.

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