Piden a Salud mejorar la atención en el norte de Jalisco

Tras negligencias en Bolaños, que acarrea daños y muertes entre los indígenas y mestizos. En la foto, un indígena que murió en su casa, pero aseguran, no se le diagnosticaron sus males de forma correcta

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Ayer fue entregada en la sede de la Secretaría de Salud de Jalisco una carta dirigida al titular de la dependencia, Alfonso Petersen Farah, urgiéndolo a tomar decisiones que deriven en la mejora de la calidad de la salud de los moradores de Bolaños, y en general, las montañas marginadas del norte de Jalisco.

A raíz de las recientes denuncias sobre negligencia médica en la zona, documentadas con casos de muerte o de pérdida de capacidades físicas de ciudadanos del pueblo huichol, la asociación civil Hukutatipa levantó la voz reclamando una mejor estrategia para garantizar ese aspecto de la calidad de vida a sus vecinos (Público, 27 de mayo de 2010).

La misiva la firma Andrea Orozco Guzmán, presidenta de la asociación civil Hukutapipa, organización no gubernamental que trabaja con habitantes de la sierra. "La clínica de salud de Bolaños atiende pacientes en un horario de oficina gubernamental y carece de lo indispensable. Está a cargo de la doctora María de Lourdes Solís, que vive en Villa Guerrero y se desplaza diariamente a Bolaños. Tiene un pasante que afectado de alcoholismo, está ausente de la clínica la mayor parte del tiempo. Parece que la semana pasada fue concentrado a Guadalajara y la Clínica de Salud del Municipio fue cerrada por unos días, como podrá verse en la foto [anexa a la carta], se anuncia que no habrá médico pasante...".

Añade: "Las comunidades que concentran población como Tuxpan de Bolaños y Mesa del Tirador no tienen clínica de salud funcionando, cuando hay casos graves y enfermos se les dice que esperen a que pase la caravana de salud para ser atendidos [...] la asociación civil que represento, está altamente preocupada porque el sistema de salud de la zona norte de Jalisco y concretamente en la zona Huichola, es inoperante, ineficiente y no cubre las mínimas necesidades que requiere la población. Cómo es posible doctor Petersen que un centro regional no tenga médicos. Cómo es posible que una clínica de salud cierre tres días y trabaje con un pasante alcohólico y carezca de lo mínimo del cuadro básico".

A su juicio, el interés por los indígenas huicholes está solamente en el discurso. "La operación de su sistema de Salud no refleja el mismo interés, debido a la forma en que el Gobierno de Jalisco define sus prioridades, su modelo de atención, doctor Petersen, no se ajusta al modelo de salud y alimentación que pretendemos como mínimo para nuestros hermanos Huicholes. A la Región Norte se le asignan los escasos recursos disponibles después de atender otras prioridades de Zona metropolitana en Guadalajara y regiones que ustedes han ponderado, dejando poca disponibilidad de recursos...".

Así, "le solicito señor secretario un claro seguimiento y evaluación de todos y cada uno de los programas que atienden a la población de la zona Norte y muy concretamente a los indígenas huicholes. Creo por los resultados negativos que vemos de las clínicas de Salud Jalisco, que la evaluación debe encargarla a algún organismo externo para que sea objetiva y confiable. Es muy importante que considere que sus programas y su capacidad no están respondiendo a las demandas de la población [...] y como consecuencia de lo anterior se construya la logística en el territorio huichol que el resultado de la evaluación arroje...".

Son altos los costos "que se erogan por los indígenas en su peregrinaje por la salud, dinero que no tienen. Es común verlos pedir dinero para transportarse a un Centro de Salud en Jalisco. Entre su caravana de Salud y el peregrinaje huichol, se trastoca la salud y la vida. La salud como elemento básico de todo ser humano y un derecho Constitucional".

La presidenta de Hukutapipa lamenta que haya recursos para donativos de proyectos privados y no se financie un sistema de salud eficiente y digno.

Denuncian negligencia en servicios de la SSJ en Bolaños

Un niño huichol con una gripa con tos fue mal diagnosticado y sufrió amputación de pierna; hay casos documentados de muertes. El servicio del centro de salud es intermitente y no hay medicinas, dice ONG.

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Una madre huichola acusó penalmente de negligencia al pasante responsable del Centro de Salud de Bolaños, en la zona Norte del estado, pues asegura que diagnosticó erróneamente a su hijo y propició que perdiera la pierna, en hechos ocurridos la semana pasada.

Pero no se trata de un caso aislado: el estado general de los servicios de salud deja mucho que desear, advirtió Andrea Orozco Guzmán, presidenta de Hukutapipa, AC.

“El niño, el 12 de mayo, se sintió mal, por lo cual lo llevaron al centro de salud; era una gripa con tos. Lo atendió un pasante de medicina y, sin que la mamá terminara de explicarle lo que tenía y sin hacerle ninguna revisión, dijo que sabía lo que tenía y le mandó inyectar bencetazil de 1,200 unidades", refirió.

“El niño, al llegar a su casa, cae desmayado, y al ver que pasaban las horas y seguía peor, recurrieron nuevamente al centro, donde lo atendió el mismo pasante, diciéndole a la madre que pronto se le pasaría; y al ver que el niño se le empezó a amoratar su piernita, y su estómago comenzó a inflamarse y a enrojecerse, decidieron enviarlo en la ambulancia al Hospital Regional de Colotlán sin siquiera canalizarlo y lo enviaron solo, sin ningún médico que los acompañara”, narró Orozco Guzmán.

En Colotlán “no pudieron hacer nada, por lo cual decidieron enviarlo a Guadalupe, Zacatecas, donde intentaron salvarle su piernita, pero ya era demasiado tarde y tuvieron que amputarle la pierna al niño Silvestre. El niño aún está en suma gravedad y no se sabe si logrará sobrevivir”.

En el caso, ya se presentó la denuncia ante el Ministerio Público de San Martín de Bolaños (averiguación previa 152/2010). “Por lo consiguiente, pedimos la intervención de las autoridades y que se apoye a esta familia que vive en absoluta pobreza, porque el niño Silvestre, si logra salvar su vida, necesitará silla de ruedas, prótesis y otros implementos caros”.

La Secretaría de Salud ya está enterada. La semana pasada fue enviada una “caravana de salud” a cargo del director de Hospitales Comunitarios y la jefa de enfermeras del estado. Se les informó del pésimo servicio que se tiene en Bolaños y en la sierra indígena es peor; cuando va un indígena de alguna ranchería al Centro de Salud de Tuxpan de Bolaños, les dicen que ahí no los pueden atender y que tienen que esperar cada mes a que vayan las caravanas de la Secretaría de Salud”.

En Bolaños, siempre que hay casos graves “se les pide apoyo a hospitales de Zacatecas, ya que ni en el Hospital Regional de Colotlán, Jalisco, cuentan con personal ni los medios para estos problemas”.

Junta del río Ayuquila, ganadores del Premio al Mérito Ecológico 2010

Reconocen al exitoso esquema de gestión ambiental intermunicipal en Jalisco; la cuenca gestionada abarca diez municipios y tiene como uno de sus parteaguas a los volcanes, zona en que colinda con la cuenca del Coahuayana

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció el otorgamiento a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila de Jalisco (JIRA), del Premio al Mérito Ecológico 2010 en la categoría Social, “por su labor de articulación social y fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental”.

La JIRA es un organismo público descentralizado integrado por los ayuntamientos de Autlán de Navarro, Ejutla, El Grullo, El Limón, San Gabriel, Tolimán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula y Zapotitlán de Vadillo. En su consejo de administración participan también la Seder, Semades, la delegación Semarnat, el Departamento de Ecología y Recursos Naturales del CUCSur de la UdeG y la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente, AC.

En su consejo de administración participan también las secretarías de Desarrollo Rural y de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable de Jalisco, la delegación Semarnat, el Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara y la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente AC.

Esta asociación intermunicipal es el resultado de un proceso de gestión que tuvo su inicio en el año 1995 con la demanda hecha por habitantes de comunidades rurales marginadas, situadas en la ribera del río Ayuquila en Tuxcacuesco, para detener la contaminación del río entonces generada en mayor proporción por la industria azucarera instalada en la región.

“La Junta fue creada por acuerdo unánime de los cabildos como organismo público descentralizado, convirtiéndose en el primer ejemplo a nivel nacional de una agencia intermunicipal de medio ambiente. El modelo es resultado de varios años de gestión llevada a cabo por Sergio Graf Montero, primero desde la Dirección de la Reserva de la biosfera Sierra de Manantlán (RBSM) y posteriormente como director de Mabio AC, en estrecha colaboración con Eduardo Santana Castellón, Salvador García Ruvalcaba, Luis M. Martínez Rivera y Gabriela Pérez Carrillo del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (IMECBIO) del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, así como con Tania Román Guzmán (actualmente gerente de la cuenca del río Ayuquila-Armería), Juan José Llamas Llamas (actualmente director del Área de Protección de Recursos Naturales de la Cuenca del Río Ameca) y Alonso Zamora Villaseñor (actualmente Coordinador de Planeación de la Dirección de la JIRA)”, informó el director de la junta, Arturo Pizano Portillo.

La Presidencia del Consejo de Administración de la Junta es rotativa entre los diez presidentes municipales de los ayuntamientos que la conforman. Actualmente el Presidente en turno es Fernando Morán Guzmán, presidente municipal de Autlán de Navarro, que comparte la coordinación con los presidentes municipales de Ejutla -Andrea Michel Santana-, El Grullo -Gabriel Gómez Michel-, El Limón -José Guadalupe Corona Chávez-, San Gabriel -José I. Ramos Beatriz-, Tolimán -Rodolfo Rodríguez Madrueño-, Tonaya -Roberto García Santana-, Tuxcacuesco -Sergio René Araiza Gutiérrez-, Unión de Tula -Jaime I. Díaz Brambila- y Zapotitlán de Vadillo -Mario Gálvez Barreto.

La implementación de los acuerdos establecidos en el Convenio de creación de la JIRA (Periódico Oficial El Estado de Jalisco, 27 de octubre de año 2008, Tomo CCCLVIII Núm.33 Sección II), está a cargo del equipo de profesionistas que integran la Dirección de la JIRA, liderada por su director, Arturo Pizano Portillo con el apoyo de Mayra A. Colmenares Zepeda y David S. Escandón Sandoval.

Los recursos que anualmente integran el presupuesto de la JIRA, provienen de aportaciones realizadas por los propios ayuntamientos y de la Seder, que son negociados año con año con el Congreso de Jalisco, quien ha apoyado decididamente la iniciativa durante los últimos cuatro años.

La problemática que se observa en el ámbito territorial de la JIRA ha sido analizada y priorizada por representantes de los ayuntamientos en tres procesos de planificación estratégica participativa, abundó el director. Para enfrentar los problemas se promueve la procuración y gestión de recursos financieros, la operación de una oficina técnica y la educación para la sustentabilidad como ejes transversales de seis grandes líneas estratégicas: Fortalecimiento de capacidades institucionales, participación social e institucional, planeación para el manejo del territorio, conservación y manejo sustentable del territorio y de sus recursos naturales, manejo integral del agua, manejo integral de residuos sólidos.

“Los aportes generados por la experiencia de gestión de la JIRA son entre otros, el ejercicio del modelo de gobernanza e intermunicipalidad para la gestión territorial con visión de cuenca, la trascendencia trienal de los procesos establecidos, la creación de una agencia operativa para el servicio de los Ayuntamientos, el cambio de actitud entre la población que habita en los municipios de la JIRA en materia de salud pública y su relación con el ambiente, así como la generación de políticas para la separación y reducción de los residuos sólidos urbanos con la participación ciudadana informada”, añadió Pizano Portillo.

Las acciones que se implementan son el desarrollo de un Programa Intermunicipal de Educación la Sustentabilidad, diez Programas Municipales de Separación de Residuos Sólidos, el Monitoreo de la Calidad del Agua y una agenda de gestión para el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, la gestión integral de residuos sólidos municipales y el desarrollo del portafolio forestal con visión de gestión territorial en microcuencas prioritarias. Este último incluye a su vez acciones de participación social y planificación en microcuencas, abastecimiento de agua purificada a poblaciones marginadas, así como el desarrollo de una estrategia de manejo del fuego y de un mecanismo para establecer una política de compensación por servicios ambientales hidrológicos.

La JIRA también desarrolla acciones de capacitación e intercambio de experiencias para funcionarios municipales, así como de gestión interinstitucional e intersectorial para solventar conflictos de interés, generar sinergias para la sustentabilidad mediante convenios de colaboración y financiamiento de investigación científica y tecnológica, y la procuración de fondos adicionales para el financiamiento de acciones que los recursos actuales no alcanzan a cubrir.

Tribunales confirmaron proceso irregular de compras en El Plan

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Tres recursos contestados en forma negativa por el Registro Agrario Nacional (RAN) y un amparo sobreseído y confirmado por un colegiado forman el historial de la compra que hizo Francisco Gómez de 274 hectáreas del ejido El Plan en 2005, datos que llevaron a concluir a la empresa Logistik que podía comprar directamente esas tierras de uso común para integrarlas al Centro Logístico Jalisco, operación que cerró en 2009.

El RAN se negó a inscribir en sus archivos el acuerdo de asamblea de adopción de dominio pleno del 17 de noviembre de 2005, pues “revisada la documentación del expediente […] se desprende que esta no cumple con las formalidades establecidas en el artículo 47 fracción IV del Reglamento Interior” del RAN.

Las causas: no estaba en orden el padrón de ejidatarios, incluso había nueve fallecidos, y era necesario tenerlo regularizado porque se trataba de asumir el dominio pleno, o la conversión a propiedad privada.

“En el escrito mediante el cual el comisariado ejidal trata de subsanar las inconsistencias remitidas a la delegación estatal, manifiestan que los nueve fallecidos en lo que a su derecho agrario corresponde quedaron intactos, toda vez que sus sucesores fueron reconocidos, en el punto siete del orden del día […] sin anexar los folios de inscripción de las sucesiones”, dice el resolutivo del RAN del 23 de agosto de 2006.

Ante un recurso de revisión, el 31 de enero de 2007 se confirmó la negativa, y el 22 de febrero siguiente el “registrador integral”, María de Lourdes Romo Muñoz, volvió a confirmar que no se podía inscribir el acta, pues no se repararon las insuficiencias detectadas desde el análisis calificado de 2006.

Ante esta imposibilidad, el afectado acudió a un amparo indirecto (1222/2008) que fue sobreseído (es decir, no había materia); interpuso recurso de revisión (75/2009) pero recibió la misma respuesta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el 12 de junio de 2009. Ahora, la esperanza de Gómez es que el Tribunal Unitario Agrario 16 le dé la razón en el juicio 659/16/09, que mantiene suspendido cualquier registro de estos terrenos.

Están casi listos los planes de manejo para 7 sitios Ramsar

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Está a punto de concluir el trabajo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para los programas de conservación y manejo de siete sitios Ramsar enclavados en la costa de Jalisco, encargados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), de la secretaría federal del Medio Ambiente (Semarnat), y por la estatal Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), y que deberán regir la restauración y conservación de esas zonas frágiles, que han sido altamente impactadas durante los últimos 50 años.

El jefe del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur), Francisco de Asís Silva Bátiz, coordinador de esos esfuerzos, dijo que la institución a su cargo ha trabajado en los últimos años de forma sostenida para lograr una protección efectiva de esos ecosistemas, escasos en Jalisco, pues apenas significan 1 por ciento de la extensión de humedales costeros del país.

Este departamento de la UdeG fue promotor inicial de la protección, al elaborar las fichas técnicas que permitieron su designación como sitios Ramsar, humedales prioritarios internacionales, puso en relieve Silva Bátiz.

Los análisis de cambios de uso del suelo de cada humedal revelan que en estas zonas “la vegetación que ha sido más impactada es la selva baja caducifolia, seguida de la selva mediana subcaducifolia, la vegetación halófila y el matorral xerófilo; esta disminución fue a favor de la agricultura, los pastizales y los asentamientos humanos”.

Además, “destaca el hecho de que los incrementos en la agricultura y pastizales —y a su vez la disminución de las selvas baja y mediana— se presentan en los humedales cuyos terrenos colindantes son ejidos o bien sus posesionarios son ejidatarios —como La Manzanilla, Chalacatepec, Xola-Paramán, Majahuas, El Chorro y Agua Dulce-El Ermitaño—. Los incrementos en asentamientos humanos se presentan en Barra de Navidad y La Manzanilla principalmente”, explicó como adelanto de este tema.

Francisco de Asís Silva también se congratuló porque ha sido reiniciado el trabajo del ordenamiento ecológico local del municipio de La Huerta, pues el ayuntamiento en funciones acaba de pedir que recomiencen los trabajos, que habían sido frenados por la anterior administración municipal, de mayoría del Partido Verde Ecologista de México.

Un vía crucis a El Plan

Acatlán de Juárez. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Primera estación. En la comunidad de El Plan, todos saben del tema pero no desean hablar ante una grabadora. “El señor Francisco Gómez se equivocó, adquirió promesas de venta pero nunca hizo los trámites que se debían hacer, y la materia agraria es distinta a lo que rige en las pequeñas propiedades, por eso no valen sus compras de 2005”, señala un ejidatario, que pide no ser identificado porque el tema sólo lo aborda, oficialmente, el presidente del comisariado ejidal, Baudelio Lizaola Díaz, a quien esta mañana no se encuentra por ningún rincón de Acatlán.

El Plan es casi un anexo de la cabecera municipal, y los lugareños le llaman El Cerrito. Es un poblado solitario con una plaza en medio, el típico templo católico enfrente, grandes árboles y un kiosko que quiso ser rimbombante, aunque ahora se ve avejentado con sus tejas rojas. La casa ejidal está cerrada, y don Baudelio podría estar en su negocio de lavacoches, ubicado por la carretera a Villa Corona.

Segunda estación. En el negocio, un hombre que desperdicia agua a raudales para lavar con una manguera un camión de carga, no sólo no sabe dónde anda el comisariado, sino que dice no estar enterado de nada del Centro Logístico. Pero manda a los solicitantes unos 300 metros adelante, a un restaurante que es propiedad de otro ejidatario, Felipe López.

Tercera estación. López no está, pero conviene buscar a Pedro López Ramírez, el secretario del ejido, quien tiene su ferretería al lado de la presidencia municipal de Acatlán.

Cuarta estación. Finalmente, el secretario despacha en su negocio, pero dice no poder declarar nada. “Necesitamos que estén todos los del comisariado, es un asunto que no puedo tratar yo solo”, señala drástico, pero amable. “Llámeme mañana como a las ocho, y espero ya haber visto a Baudelio y que podamos hablar del asunto con ustedes”.

Quinta estación. Presidencia municipal de Acatlán. El alcalde Santiago Aviña salió a Guadalajara y el síndico, Fernando Ruiz Serrano, ataja amablemente el tema, pues “no estaba enterado”.

Lo que se dice off the record: Francisco Gómez no compró ante asamblea, pagó poco por las tierras de uso común, está peleado con Felipe López y tuvo que ver con la detención de Baudelio por la policía judicial, debido presuntamente a que traía un auto chueco. Así, cómo quería que le respetaran el acuerdo, leonino, con que se quedó con 274 hectáreas del uso común. Los de Logistik, en 2009, las volvieron a comprar, pero “a un precio decente…”.

La sexta estación es el ferrocarril que pasa por los llanos de Acatlán. La séptima, la calurosa Guadalajara de las 15:00 horas, paralizada por el juego en Wembley, de los héroes que venden cara la derrota.

En el limbo, mitad de las tierras del Centro Logístico

Las compras al ejido El Plan no pueden ser registradas ante el RAN. También hay dos procesos abiertos en el ejido Andrés Figueroa contra Logistik, empresa que arrancó el proyecto hace una semana.

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Alrededor de 600 hectáreas de la propiedad ejidal que fue adquirida para el Centro Logístico de Jalisco están en el limbo jurídico, abiertos tres juicios en contra de las adquisiciones hechas por Desarrollo Logistik, empresa regiomontana que ha echado a andar el proyecto hace una semana.

Ejidatarios y compradores anteriores han interpuesto acciones legales para impedir los registros de compras a favor del Centro Logístico por 274 hectáreas de El Plan, municipio de Acatlán de Juárez, y 325 ha de Andrés Figueroa, en Zacoalco de Torres, lo que mantiene abiertos tres expedientes (659/16/09, 182/16/09 y 193/16/09) que por ahora evitan la plena propiedad de los compradores.

En el caso de El Plan, por órdenes del Tribunal Unitario Agrario número 16 (TUA16), de esta ciudad, está suspendido el registro legal de la compra de tierras comunes y el cambio de régimen a propiedad privada.

Es decir, no se trata aún de una propiedad consolidada, pues la ley señala indispensable el registro de los actos de los ejidos ante el Registro Agrario Nacional; lograrlo dependerá de que el expediente 659/16/09, interpuesto por un comprador anterior de las mismas tierras, se resuelva y le dé la razón a los segundos compradores, y de acuerdo a la experiencia, eso demorará de dos a tres años.

Según datos del expediente, a que tuvo acceso Público, el ejido El Plan ha vendido en dos ocasiones sus tierras de uso común: la primera, a Francisco Gómez y asociados, en el año 2005; la segunda, a Héctor Moreno Arriaga y socios, de Logistik, durante 2009. La primera compra, validada con el acta de asamblea del 17 de noviembre de 2005, no fue consolidada, porque la asamblea no cubrió el requisito de quórum, por lo que el RAN le negó registro al acto en tres tentativas: 22 de febrero y 10 de agosto de 2006, y 31 de enero de 2007.

Los primeros compradores son quienes han publicado desplegados en diarios locales, señalando que la segunda compra es fraudulenta porque es sobre el mismo predio que ellos adquirieron, sin reconocer los vicios de su propia acción: además de no cubrir requisitos de asamblea, los derechos fueron adquiridos a precios mínimos. Según versiones provenientes del ejido, habrían pagado alrededor de dos millones de pesos por 274 ha, esto es, poco más de siete mil pesos por ha.

Inicialmente, los apoderados de Logistik buscaron un acuerdo con Francisco Gómez y sus socios, pero estos consideraron que no les pagaban el valor comercial de sus tierras y se negaron a venderles. Los abogados de Logistik investigaron la situación y llegaron a la conclusión que se trataba de una venta que no cubría los requisitos de ley, por lo que ofrecieron un mejor pago a la asamblea de El Plan, que optó por vender de nuevo las tierras de uso común, según acta de asamblea del 8 de noviembre de 2009.

Francisco Gómez respondió con una demanda de nulidad que si bien no le ha dado la razón, motivó una suspensión del registro de esta compra ante el RAN. De este modo, hay 274 ha que no han salido plenamente del régimen ejidal.

El caso del ejido Andrés Figueroa, la compra de tierras comunes por Desarrollo Logistik de 324 hectáreas ha sido impugnada por un grupo de ejidatarios, pues se violó la Ley Agraria al entregarse a personas “no avecindadas”; los títulos fueron traspasados a miembros de la familia Villarreal Ballesteros, originaria de Monterrey y accionistas principales de Logistik.

Según información que el abogado Rubén Ávila Marín proporcionó a la revista Proceso, hay dos juicios agrarios en este sentido: 193/2009, promovido por Pedro Cortés Sención y Francisco Torres Ávila, y 182/2009, por Urbano Gómez Ortiz y otros trece ejidatarios. Lo que piden: la nulidad de dos actas de la asamblea realizada el 17 de enero de 2009. Las dos querellas se encuentran radicadas en el TUA16 en abril de 2009.

Ávila Marín dice que “los derechos parcelarios de esas tierras fueron otorgados a tres personas que no tenían ni un año de residir en el ejido, lo que viola el artículo 13 de la Ley Agraria […] ellos mismos aceptaron en la prueba confesional que su domicilio es en Nuevo León y no en el ejido; además, se les parceló y se les dio el dominio pleno el mismo día [17 de enero de 2009]. Las asambleas realizadas en esa ocasión se anunciaron sólo con dos horas de anticipación, cuando la convocatoria debe lanzarse con 30 días de antelación, como lo marca el artículo 25 de esa norma”. El pago por hectárea fue cercano a 70 mil pesos.

Estas tierras en conflicto son la sede del Centro Logístico Jalisco, corredor industrial y punto de distribución de la mercancía que se moviliza entre Manzanillo a diversos estados del occidente del país, con una inversión inicial de 112 millones de dólares para un área industrial, aduana y una zona habitacional de 20 mil viviendas, con parques, plazas, escuelas y hospitales.

Gran incendio afecta al Nevado; lo provoca aguacatero

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Un incendio sobre más de mil hectáreas, sofocado apenas este fin de semana, es el saldo del fuego intencional comenzado por un aguacatero de la zona de El Fresnito, municipio de Zapotlán el Grande, en busca de ampliar la frontera de su plantación a costa del bosque natural del Nevado de Colima, según información de la dirección del parque nacional.

El incendio fue de tal magnitud, que incluso el humo color ocre impedía ver desde Zapotlán la montaña de 4,340 metros de altura.

Según información entregada a este diario por la dirección del parque nacional, el responsable desdeñó los reclamos de sus vecinos respecto al problema que traería incendiar bosque para cambiar el uso de suelo. “Con la quema del bosque por este motivo, el jueves 20 de mayo y hasta el día de hoy [ayer] se logró sofocar con la intervención de diez brigadas de combatientes el mayor desatre por esta causa en más de mil hectáreas de bosque del ejido Huescalapa [...] frustración, enojo, desesperación mayor al encontrarnos totalmente solos para detener la magnitud del ecocidio sin absolutamente la participación de ejidatarios ni del Fresnito, ni Huescalapa, como sabemos dueños y supuestos responsables del cuidado de sus bosques”, dijo a Público el titular de la dirección del Nevado José Villa Castillo.

Al director le preocupa que los aguacates sean lo que le den la puntilla a los bosques del Nevado, muy dañados por cinco décadas de extracción forestal excesiva. “Es motivo para pensar lo que será el fin de los bosques del Nevado por la conducta antropológica de la “tragedia de los comunes”; el fracaso de la propiedad ejidal en México, la propiedad comunal del bosque no es de nadie, todos la explotan pero nadie la cuida hasta su agotamiento total, lo que buscan es extirpar el bosque para poder aparcelar las tierras, hacerlas individuales y productivas con el cultivo del aguacate”, señaló.

Ganaderos, jaguares y apoyos que no llegan

En la Costa Norte de Jalisco, felinos muertos por atacar ganado: en la época de secas, es común la muerte de becerros atribuida al “tigre” y el consecuente “control de daños” a cargo de cazadores clandestinos. Ismael García, en la foto, trata de frenar la cacería ilegal

El Refugio de Suchitlán, Cabo Corrientes. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Todos lo llaman Nacho, pero no dan más señas de dónde ni con quién buscarlo; trabajó de peón con el famoso cazador de jaguares y señor de la costa de Jalisco en los años setenta y ochenta del siglo XX, Álvaro Zuno Arce, en la comunidad indígena de Chacala, y no había manera de perder: guías nativos, perros, vehículos 4x4 y rifles de alto poder, además de adrenalina e impunidad, en persecución del legendario tecuani.

Desde entonces, no se ven muchos “tigres” por allá, pero, si un ganadero de la comunidad vecina, El Refugio de Suchitlán, tiene problemas con una pantera que ande matando sus vacas… hay que llamar a Nacho.

Los tiempos han cambiado. La Panthera onca está hoy oficialmente “en peligro de extinción” y es un delito perseguirla. En las más de 22 mil hectáreas de El Refugio, el tecuani (“fiera” en náhuatl) cobra de forma periódica la vida de becerros en los amplios potreros, que en realidad forman parte de una selva subcaducifolia que ha sobrevivido a muchos decenios de colonización intensiva.

Algunos dicen que ese comportamiento se debe a la fuerte presión que ejerce el hombre sobre los animales silvestres, entre ellos el venado cola blanca y el pecarí, presas favoritas del mayor felino americano, lo que lo obliga a depredar ganado. Otros aseguran que se acostumbra a presas fáciles, no adaptadas a la competencia despiadada de la jungla, sobre todo cuando el cazador es un macho viejo o una hembra recién parida y débil.

Lo cierto es que, en estos pueblos de origen nahua, los meses secos suelen llenarse de anécdotas de ganaderos infortunados o molestos de tener que subsidiar con su patrimonio la alimentación del gran felino.

Hace menos de un mes, le pasó a un comunero en la zona de El Aguacate. Rescató a su becerro, pero murió después por las heridas. Al menos otras tres piezas de la misma área han sido ultimadas esta temporada por jaguares. “Necesitan documentar bien los casos, porque se pide comprobación para que el gobierno esté dispuesto a pagar los becerros”, señala don Refugio Hernández.

Amanece en la cabecera de Suchitlán. Ismael García Joya, vigilante comunitario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), reconoce que el trabajo se le multiplica: debe disuadir a los ganaderos de matar “tigres” y debe enfrentar otros dolores de cabeza de la comunidad: la tala ilegal de maderas preciosas y la extracción de aves de sus diversas zonas de crianza, también prohibida por la ley.

“Protegemos toda la vida silvestre: ya no pueden cazar ni siquiera guacamayas ni pericos. Antes venían y ponían redes y se llevaban pericos y lo que querían, y la gente de aquí no les decía nada, pero esto se puso más estricto, más penado, como de seis años para acá, y se nota que ha servido: ya ve uno volando parvadas de guacamayas […] Todavía tratan de entrar los pajareros por Aquiles Serdán, pero se les detiene al entrar a la comunidad. El año pasado me quisieron convencer, que traían permisos y todo eso, pero les dije que no y se dieron la vuelta”, subraya el campesino, que ostenta además el cargo de regidor.

También ha atrapado cargamentos de madera, pero, por complicidades internas, un talador clandestino fue liberado casi en sus narices, lo que decepcionó a sus compañeros del cuerpo de vigilantes comunitarios. Cuando comenzó Ismael, eran seis integrantes. Pero ahora lo han dejado solo, y no se amilana: se toma muy en serio su trabajo y ha logrado infundir respeto en sus vecinos.

De cazadores de “tigre” no se sabe mucho. Si algún dueño contrata a Nacho o a otro especialista para “controlar” su problema ganadero, todo se da con sigilo y nadie presume la piel moteada, como en el pasado. Hay también problemas con pumas y coyotes, pero no tienen el valor de trofeo de un jaguar, aunque pueden ser muy “dañeros”, según don Refugio.

De la cabecera comunal, un pintoresco poblado de palmeras, empedrados bien hechos y casas de adobe, se sigue al poniente hacia La Sauceda, y luego se desciende por una buena terracería entre la jungla, y se llega al mar, a Punta Corrales, la “esquina” que Jalisco hace entre la bahía de Banderas y el océano Pacífico.

Allí, tierra adentro, hay casos recientes de ataques de jaguar. Don Mariano Joya León, su hijo Laureano y su vecino Miguel Hernández ya perdieron cinco animales en lo que va del año. Una hembra de 22 días de nacida y unos 40 kilogramos fue devorada hace pocas semanas en un paraje de selva cercano a un estero que da a la playa de Chimo.

Don Mariano sube todos los días desde Corrales por una empinada montaña y luego vuelve a bajar hacia sus potreros, pegados a un arroyo. Son corredor biológico de la pantera, lo sabe no de oídas; tiene 40 años habitando aquí.

“Pos no hay un año en que no nos maten algún becerro; nunca ha habido escasez de tigre, siempre hay tigre, y creo que león también que ataca al ganado […] por allá arriba hay unas cuevas muy feas y dicen que allí viven […] antes no estaba prohibido cazarlos, pero andaba uno con miedo porque son animales fuertes; sacaba uno la piel de aquí, los mataba, y ahora ya la gente se cuida, pero hay algunos que todavía matan: hace como tres meses mataron una hembra aquí cerca…”.

—¿El gobierno no ha hecho nada para resolverles el problema? Prometieron una especie de seguro para pagarles los becerros atacados.

—Pos sí, pero nomás dicen […] Yo, como en quince días voy a tener otro par de becerros, pero ya me los voy a llevar lejos de aquí, porque me los mata […] dicen que anda una tigra recién parida, que anda con un tigrito y necesita carne para alimentar a su cría.

Así, hay para los ganaderos de El Refugio de Suchitlán angustia por doble vía: la merma del patrimonio familiar ante un jaguar “empicado” con ganado, y la posibilidad de perderlo todo si fueran enjuiciados por matarlo. El monto máximo de sanción económica que establece por ello el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre es de 50 mil salarios mínimos (57.46 pesos en la zona A, en 2010); esto es, dos millones 873 mil pesos. Un becerro de 200 a 300 kilogramos, con un valor comercial de 17 a 19 pesos por kilogramo, alcanza hasta 5,700 pesos. Así, un “tigre” vale lo que 504 becerros de 300 kilogramos. Ni todos los que existen en la comunidad. En caso de reincidencia, el monto puede ser del doble.

En la elaboración de los censos de jaguar que actualmente se levantan en la región Costa Norte de Jalisco, la buena noticia es que hay lugares como El Refugio de Suchitlán, donde la especie aún abunda, y que el jaguar ha resultado admirable en su adaptación a la fuerte presencia humana. La mala es que la promesa del gobierno federal (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), de reparación del daño a los ganaderos que pierden reses en las garras del depredador, no ha aterrizado. Y no falta quien prefiera “cortar por lo sano”… y buscar al famoso y eficiente Nacho.

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En Tomatlán, más quejas

La molestia ganadera por la persistencia de jaguares en la costa no se limita a Cabo Corrientes. Esta misma semana, hubo una reunión en la presidencia municipal de Tomatlán para abordar quejas en el mismo sentido. La zona más afectada es la parte alta de la presa Cajón de Peña (La Quebrada, Rosa Morada) y la cuenca media del río San Nicolás: entre Llano Grande y La Cuesta, de Talpa de Allende.

Los campesinos reclaman lo mismo que sus vecinos de Cabo Corrientes: que se haga efectivo un seguro ganadero, si la idea es que la especie se debe conservar. Para muchos ganaderos, un becerro o dos que le maten los “tigres” significan toda la utilidad del año, pues se trata de una ganadería extensiva, de bajo costo y pocos animales por unidad productiva.

El paraíso de la Pecas y Heracles

Avanza el proyecto de conservación en Bioto. Los dos gatos recuperados en la Costa se adueñan de su hábitat artificial. Mejora la construcción y habilitación del espacio para educación ambiental y ecoturismo. En las fotos aparece Heracles, la Pecas no se deja ver

Bioto, comunidad de Santa Cruz del Tuito, Cabo Corrientes. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

En primavera, la selva canta al atardecer: la lujuriante hojarasca de tescalamas, habillos, zalates, rosamoradas y caobillas vibra entre la sorprendente paleta de colores de guacamayas, loros, pericos, chachalacas, pavos silvestres; el jilguero lanza un grave canto de tuba; el carpintero golpea cortezas y canturrea agudo, llamando a su pareja; las lagartijas y las serpientes susurran entre el ocochal. Entonces, el sigiloso depredador de piel moteada se acerca a los viajeros, silencioso.

Este magnífico jaguar es famoso y se comporta más como los perros domésticos, francamente amistoso con el Homo sapiens. Es Heracles, el macho nayarita que desposó a la Pecas o Pecosa, nativa de estas florestas de Bioto, una tarde de diciembre de 2007. No han tenido suerte al formar familia: dos camadas que no se lograron. Comparte con la Pecas haber sido criados en cautiverio, víctimas de cazadores ilegales de jaguares, que mataron a sus padres hace nueve y siete años, respectivamente. Vive al interior de un ecosistema confinado en medio del monte, y sólo están privados de la total libertad de movimiento.

Pero la felina se ha logrado integrar mejor al entorno de la jungla. No se deja ver y siente temor por el humano, como cualquier ejemplar silvestre. Los bigotes le crecieron, pues son órganos táctiles y eso revelaría su adaptación al entorno. Heracles, en cambio, mantiene su confiada actitud y su total sumisión y dependencia. Y tiene la gran ventaja de una mayor talla y fortaleza física que la hembra, pues ésta se ha convertido poco a poco en una genuina fiera, y a veces reta su dominio.

“La pecosa se ha hecho más desconfiada; la vemos menos, pero hemos seguido trabajando, mejorando el albergue, haciendo obras para que no vaya a hacer zanjas la lluvia”, explica don Gil, el campesino que rescató a la Pecas en 2003 en una cueva, ya huérfana.

“No deja de haber tigre en el monte; anda uno grande por aquellos cerros, y hay otro enfrente de Los Cimientos. […] Uri, mi sobrino, y otro, vieron por ahí a uno grandón, pasó rápido, a pleno mediodía, hace apenas quince días”.

Dice que, en los últimos años, los jaguares no han matado vacas en esta zona de la comunidad de Santa Cruz del Tuito. “Los que andan por ahí libres, sí; hay mucho tejón, hay armadillo, hay jabalí, y pos venados hay muchos; entonces, no tienen necesidad”.

La comunidad de Santa Cruz tiene en pie un comité para la preservación del jaguar. En torno al cautiverio de la Pecas y Heracles se ha ido edificando un centro recreativo de educación ambiental. Se ha comenzado a reproducir el pecarí (jabalí americano) y está por echarse adelante la crianza de venado. Pero la base es la reproducción de los “tigres”, una meta que sigue pendiente de cumplirse.

Habrá acción legal contra Semades por estadio de atletismo

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 22 de mayo de 2010

El Instituto de Derecho Ambiental (Idea) agotará las instancias administrativas y judiciales para combatir la pretensión de la Secretaría de Medio Ambiente (Semades) de “reservar” el expediente de impacto ambiental del estadio panamericano de atletismo que se edificará a las puertas de La Primavera, indicó la presidenta de Idea, Raquel Gutiérrez Nájera.

“Tenemos mucha preocupación porque acabamos de pasar el foro de biodiversidad de Jalisco que lideró la Semades, y obviamente, por un lado, hace esto tan importante con investigadores de primer nivel, algo fundamental para el estado y, por otro lado, hay como otro mensaje cuando autoriza todo lo que es la Villa Panamericana en El Bajío, y ahora, todavía más fast track la parte del estadio, pegado al área protegida, que es una de las zonas más vulnerables del estado y de la zona metropolitana; nos preocupa ese doble discurso”, dijo la también consejera titular del Consejo Consultivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Jalisco.

Esta “doble señal no ayuda a construir una cultura de medio ambiente, y es peor porque estamos en un en año que el gobierno federal pide abonar contra el cambio climático; pero en Jalisco parece que estamos contribuyendo a los daños, eliminando bosques que son partes principales de captura de carbono”, añadió.

Consideró esto una tendencia preocupante, que pondría a Jalisco a un lado de Michoacán en opacidad de la información ambiental: “En Michoacán, el gobernador sacó un decreto que reserva la información ambiental: gravísimo, aquí pareciera que caminamos a eso, y estamos todos de acuerdo con que un tema ambiental, por su propia naturaleza, no puede ser privado ni reservado, es un área de interés público y además, en el caso del estadio, se hace con recursos públicos”.

A su juicio, la Semades buscó un resquicio en la ley para evitar la difusión de un tema polémico. “Me parece que debemos solicitar que nos diga y fundamente sus razones y, en caso de que persista en su negativa, deberemos ir a los tribunales”. Eso es importante “porque, si permitimos esto, se va aplicar a todos los terrenos aledaños a La Primavera. Es importante entonces que, primero el Itei [Instituto de Transparencia a Información Pública] y luego los tribunales, fijen parámetros de interpretación de la ley. Por supuesto que siempre debe prevalecer el interés colectivo sobre el privado”, destacó.

La posibilidad es interponer juicio de amparo o acudir ante el Tribunal Administrativo del Estado.

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Exigirán abrir el expediente

El gobierno estatal actúa en forma “opaca” al reservar por dos años la manifestación de impacto ambiental del estadio de atletismo para los Juegos Panamericanos 2011, advirtió el diputado del PRI Marco Antonio Barba Mariscal, quien preside la comisión legislativa de Desarrollo Urbano.

Por ello, dijo que en la siguiente sesión de esta comisión, a realizarse en la primera semana de junio, se solicitará a la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) que abra la información y se entregue el expediente respectivo a los diputados.

“Como comisión legislativa, vamos a pedir la información, porque [la construcción] está muy pegada al bosque La Primavera; hay que revisar bien el caso porque ahí existen mantos acuíferos”, dijo.

—¿Confían que el gobierno estatal les va a dar la información si ya la reservó?

—Confiamos en el gobierno, queremos trabajar en conjunto con ellos para que se dé una mayor transparencia a las obras públicas. Confiamos en que sí se nos otorgue esa información.

Barba Mariscal señaló que ni siquiera puede opinar si está a favor o en contra de la ubicación del estadio, porque desconoce el proyecto.

El Code tiende velo opaco sobre el nuevo estadio

La Semades no puede entregar ni la fecha de la autorización del proyecto. Fue “reservado” por dos años el estudio de impacto ambiental del inmueble panamericano de atletismo, a petición de la dependencia y del propietario del predio donde se construirá

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Por solicitud del Consejo Estatal del Deporte (Code) y del particular Alejandro Gallo, dueño del autódromo Hermanos Gallo, el expediente de autorización de impacto ambiental del estadio panamericano de atletismo, que determinó favorable la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), ha sido “reservado” por dos años, el plazo de vigencia de la autorización.
Mónica Reyes Garrido, directora de Mejoramiento Ambiental de la Semades, reconoce que es una determinación “sin precedentes” que ha tomado la unidad interna de transparencia: “El hecho de que el expediente esté reservado no es exclusivamente porque el promotor lo pidió; la misma Ley de Transparencia prevé que es factible, en el articulo 23, fracción dos y tres, que es donde se habla de que cuando un procedimiento está abierto, se puede o se debe de reservar la información, o que se puede clasificar como reservada; pero fue una decisión que no tomamos nosotros”.

—Pero en este caso el expediente ya no está abierto, ustedes dieron la autorización…

—El expediente está abierto hasta que concluya la misma vigencia del dictamen de la autorización […] en este momento que estamos entrado en un proceso de mejora regulatoria, y la misma Unidad de Transparencia determina que hay que clasificar los procedimientos, tanto los de inspección y vigilancia como los de autorizaciones que llevamos nosotros.

—¿No cree que con esto se sienta precedentes para vulnerar derechos ciudadanos? Se trata de una obra pública y además, la temática ambiental no puede ser considerada asunto privado.

—Con nosotros en el estado no había una decisión así, es de los primeros [expedientes] que se están reservando.

—Algunos pensarán que ya abrieron el caminito: los que no quieran abrirse a debates frente a la sociedad, por ser asuntos problemáticos y polémicos, pues simplemente piden que se reserven…

—Bueno, sí consideramos aquí que hay aspectos en la misma legislación que estamos considerando mejorar para dar esa apertura en la sociedad, pues hace falta afinarlo; por ejemplo, el gobierno federal prevé la consulta pública, pero nosotros no tenemos esa obligación en la legislación estatal.

—¿Por qué para la Semades no es obligatorio?

—Aquí en la legislación estatal no se prevé que la secretaría pueda hacer una consulta pública o que la deba hacer; en su momento con el asunto de la Villa Panamericana lo hicimos y fue por toda la solicitud de información y participación de los ciudadanos, pero no porque fuera obligatorio; en este caso no la hubo como tal, y nos sometimos a la evaluación como hacemos con todos los demás proyectos.

—Bueno, en el caso del estadio de atletismo no lo hubo porque nadie sabía…

—Pero lo hicimos tal cual como todos los proyectos, se emite el dictamen y se reserva a solicitud y tras determinación de la unidad de transparencia; obviamente si un ciudadano quiere acudir al Itei [Instituto de Transparencia] a inconformarse, y nos ordenan otra cosa, nosotros no tenemos por qué negar la información.

Bajo impacto

De cualquier modo, indica Reyes Garrido, la Semades sí puede informar a la sociedad, motu proprio, las características del proyecto, por qué considera que es de bajo impacto, y las 57 “condicionantes” que tienen los promotores. Esto último se pondrá a disposición de los ciudadanos en la web de la dependencia (www.semades.jalisco.gob.mx).

“El Code nos presentó una manifestación de impacto ambiental en modalidad específica; el proyecto es en un área de catorce hectáreas y se encuentra ubicado en el predio conocido como Autódromo Hermanos Gallo […] se divide en nueve componentes, que son terracerías y muros de contención, dos edificios, graderías, pista de competencia, armaduras y cubierta, área de entrenamiento, plazoleta, estacionamiento; el proyecto es mucho menor que el que se tenía pensado originalmente en el predio El Disparate; aproximadamente nueve mil espectadores, y la infraestructura es mucho menor”.

La Semades verificó el uso de suelo municipal y el programa de ordenamiento ecológico. Se encuentra dentro de una UGA [Unidad de Gestión Ambiental] densidad H4, de asentamientos humanos, y limita al oriente con la UGA np4, que es el área natural protegida de La Primavera. En el ámbito de Zapopan, corresponde al subdistrito, 8/10, ZPN/10, y es de uso urbano.

“Nosotros hicimos visita de campo, vimos que ya era una área impactada, no hay vegetación que se tuviera que derribar; de hecho no hay ni una propuesta de derribo de arbolado para lo que es en este momento la construcción del proyecto, y el límite con el área natural protegida está a casi 500 metros; con base a todo ello nosotros estamos determinando 57 condicionantes, que serán publicadas en la página electrónica de la secretaría”.

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¿Se puede reservar?

Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco:

Artículo 23.- Es información reservada, para los efectos de esta ley […]:

II. La que establezca la obligación legal de mantenerla en reserva, por ser información que fue recibida por el sujeto obligado de que se trate en virtud de su custodia, y cuya revelación perjudique o lesione los intereses generales o particulares, por cuanto quien acceda a ella de manera previa, pudiera obtener un beneficio indebido e ilegítimo;

III. La generada por la realización de un trámite administrativo, que por el estado procedimental que guarda, se requiere mantener en reserva hasta la finalización del mismo […]

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente:

CAPÍTULO II

Derecho a la información ambiental

Artículo 109. El gobierno del estado en coordinación con los gobiernos municipales, desarrollará un sistema estatal de información ambiental y de recursos naturales […] en dicho sistema, el gobierno del estado deberá de integrar, entre otros aspectos, información relativa a los inventarios de recursos naturales existentes en el territorio estatal, a los mecanismos y resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo, al ordenamiento ecológico del territorio del estado, así como la información respectiva a la evaluación del impacto ambiental, las normas oficiales mexicanas, las áreas naturales protegidas […]

Artículo 113. Las autoridades […] sólo negarán la información en los supuestos previstos por la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.

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Principales “condicionantes” de Semades al proyecto del estadio de atletismo

Entre las 57 condicionantes que estableció la Secretaría del Medio Ambiente para aprobar el proyecto del estadio de atletismo, se encuentran:

Establecer una “residencia ambiental” para vigilar el cumplimiento de las 57 condiciones.

Que la infraestructura y letreros se mimeticen con el bosque contiguo.

Seguridad máxima de las estructuras.

Que Protección Civil autorice.

Convenio de coordinación técnica con el área protegida.

Sistema de monitoreo permanente de calidad del agua de los pozos de abastecimiento.

Que los arroyos no sean alterados en su capacidad de conducción de agua.

Gestionar de forma adecuada las aguas subterráneas.

Elaborar estudio de factibilidad del agua avalado por la CNA.

Intervenir cuencas contiguas para disminuir velocidad del agua, favorecer su filtración y reducir su poder erosivo.

Presentar plan de contingencias y medidas preventivas de desastres hidrológicos.

Dictamen de la CNA sobre eventual necesidad de obras para propiciar infiltración del agua.

Planta de tratamiento de aguas residuales.

Proteger los árboles.

Establecer al menos 2.2 ha de áreas verdes.

Franjas perimetrales de vegetación natural.

Medidas para rescatar fauna afectada.

Reglamento interno que obligue a proteger especies.

Sistema de drenaje de aguas negras independiente de aguas pluviales.

Instalaciones ecológicas, ahorradoras de agua y energía.

Plan de manejo de residuos; incluir un centro de acopio para manejar residuos especiales.

Evitar emisiones contaminantes a la atmósfera tanto durante la construcción como durante la operación del lugar.

Presentar un programa de movilidad no motorizada.
Fuente: Semades

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Crece oposición a la obra panamericana

La Federación de Ingenieros Agrónomos de Jalisco presentó ayer en el Ayuntamiento de Zapopan una petición de información con 18 puntos básicos, en busca de datos sobre los criterios que se usaron para autorizar el estadio panamericano de atletismo en el ingreso del bosque La Primavera.

Miguel Magaña Virgen, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y miembro de la agrupación, dijo que se harán las solicitudes también en el ámbito estatal, y consideró “totalmente falso” que la Secretaría de Medio Ambiente (Semades) pueda reservar un expediente una vez que ha sido dictaminado. Destacó que el tema ambiental es un aspecto de bien común en que todos tienen derecho a participar, y a su juicio, la dependencia actúa con ignorancia y totalmente al servicio de intereses ajenos a sus obligaciones.

“El comentario que hacen los responsables de la Secretaria del Medio Ambiente, al decir que el estadio está a medio kilómetro de la línea del bosque de La Primavera, y de que es de bajo impacto porque tendrá sólo nueve mil espectadores, no tiene ningún sustento; en qué se basa para decir esto la señora [Martha Ruth del Toro Gaytán, titular de la Semades], en materia ambiental no es una gente a la cual se le reconozca ni su capacidad, ni su conocimiento, que evidentemente tiende mucho al foro, pues eso ya lo sabemos, pero no podemos confiar en lo que está afirmando”, subrayó el académico.

Dijo que la gestión la respaldan los colegios de biólogos y de abogados ambientalistas; que no se oponen a la construcción de un estadio para los Juegos Panamericanos, pues es algo urgente; pero que no se haga pegado al bosque La Primavera, porque el impacto sobre todo en el aspecto hídrico puede ser desastroso para los asentamientos humanos ubicados aguas abajo, destacó.

Por su parte, el diputado local panista Héctor Álvarez dijo a una estación de radio que la oposición a las obras del gobierno del estado “es sistemática” y pareciera estar al servicio de los intereses del grupo que controla la UdeG.

Se debe sistematizar la protección de la naturaleza

México tiene que integrar a la población rural a la sustentabilidad porque el campo está muy poblado y la tierra repartida, dice Jardel. Ni ordenamientos ni áreas naturales protegidas garantizan protección. Mitigar o restaurar impactos ambientales es mucho más costoso

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

La conservación del patrimonio natural de Jalisco cuenta con instrumentos que aislados son débiles e insuficientes, como son el ordenamiento ecológico territorial y las áreas naturales protegidas.

Se debe caminar a la creación de un sistema que sea de aplicación efectiva: que a las determinaciones de los ordenamientos se les dé seguimiento para garantizar que se cumplan, y que las áreas naturales protegidas salgan de la mentalidad de “plaza sitiada”, incidan en sus regiones y abran puentes para corredores biológicos que le den sentido a la conservación.

Durante años, señaló en el Foro estatal de biodiversidad el investigador de la UdeG, Enrique Jardel Peláez, ha prevalecido un esquema desarrollista frecuentemente ilegal -caso de las carreteras de la costa que abrió el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, que tiene altos costos ambientales –pérdida de biodiversidad, entre ellos- y sociales, que después mitigar o restaurar es mucho más costoso que el supuesto beneficio logrado.

“El ordenamiento ecológico del territorio es un instrumento útil para la conservación y para la regulación de la distribución de las actividades productivas, los centros de población y la infraestructura en el espacio geográfico, pero está severamente limitado si no se establecen mecanismos institucionales para su puesta en práctica ya que no solo se requiere de planes y normas de uso del suelo, sino de seguimiento”, señaló durante su ponencia.

Añadió: “Sólo 11 por ciento de la superficie de las áreas naturales protegidas (ANP) de Jalisco corresponde a la categoría de manejo I de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza UICN –reservas estrictas; básicamente las zonas núcleo de las reservas de la biosfera de Sierra de Manantlán y Chamela-Cuixmala- mientras que 85 por ciento de la superficie corresponde a la categoría VI de la UICN -áreas de conservación con recursos manejados-. Esto obedece a condiciones como la estructura de la tenencia de la tierra y al hecho de que las ANP están pobladas y tienen usos agropecuarios, forestales, pesqueros”.

Implicaciones: “conservar la biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas de proveer servicios ambientales requiere no de esquemas rígidos de protección excluyente, sino de estrategias que integren la conservación de la naturaleza con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para el beneficio de la sociedad, poniendo en primer lugar a los dueños de las tierras [comunidades indígenas, ejidos, particulares] y a los pobladores de las áreas protegidas”.

Así, “las Areas Naturañes Protegidas tienen una superficie limitada; para ser unidades de conservación efectivas y para el mantenimiento de los procesos ecológicos, se requiere mantener conectividad entre estas áreas (corredores) y hacer un buen manejo de las áreas forestales y agropecuarias de la matriz circundante. Manejar las ANP como islas o ‘plazas sitiadas’ bajo el control de una dependencia gubernamental es un enfoque muy estrecho de la conservación.

Se requiere pensar en sistemas regionales de conservación que integren áreas protegidas de distintas categorías rodeadas de una matriz de espacios dedicados a las actividades productivas que estén manejados bajo criterios de sustentabilidad”, subrayó.

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La urgente participación democrática

La conservación de la diversidad biológica, que en el caso de Jalisco, es superior a la de naciones completas como Canadá, Francia o España, es una tarea no de académicos, científicos o iluminados, sino de la sociedad civil completa. Por eso es fundamental la participación crítica en informada de los ciudadanos para consolidar procesos de conservación y contener el deterioro, señaló en el foro el director de la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente (Mabio AC), Eduardo Santana Castellón.

“En este Año de la Biodiversidad, cuando ya la sociedad avanza y deja atrás los atavismos y supersticiones producto de la ignorancia; cuando ya conocemos y se ha demostrado la importancia de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas y el valor de la biodiversidad para lograr el bienestar y el desarrollo de la sociedades humanas; ahora que también comprendemos cómo ambos son producto de la evolución orgánica de la vida y de los procesos de selección natural […] que sabemos que la gestión del medioambiente no es una responsabilidad ni de los científicos universitarios, ni de los funcionarios públicos, sino un proceso socio-ecológico que requiere la participación real y democrática de los ciudadanos en la toma de decisiones; ahora que sabemos todo esto, tenemos la esperanza, y por qué no, tenemos la fe, de que esta nueva estrategia impulsada por el gobierno del estado de Jalisco y la federación rinda los frutos que necesita el estado para su conservación y desarrollo”.

Jalisco tiene 30.5% de la diversidad biológica del país

Afinan estrategia para proteger formas de vida; arrancó foro estatal; preocupa destrucción que causa modelo económico

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Jalisco está entre las seis entidades más ricas en formas de vida de México, cerca de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán. Con cerca de un tercio de los inventarios nacionales presentes en apenas 4 por ciento del territorio del país (80 mil kilómetros cuadrados), la entidad enfrenta el embate de un modelo de desarrollo urgido en la creación de infraestructura (carreteras y presas) y en desarrollar enclaves económicos (turismo, corredores industriales y plantaciones) a costa de la diversidad biológica.

Este tema ha sido uno de los fundamentales que se han discutido en la primera jornada del foro estatal sobre biodiversidad, que arrancó ayer en el auditorio de la rectoría de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con ponencias y discusiones de investigadores de esa casa de estudios, de la Universidad de Guadalajara, de la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente (Mabio), de la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), y de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable de Jalisco (Semades).

Además de conocerse los inventarios actualizado para la amplia variedad de formas de vida (ver recuadro anexo), la idea es discutir y madurar una estrategia estatal de biodiversidad, que deberá estar preparada para su publicación y entrada en vigor, a finales del año en curso.

En el foro, que sigue el día de hoy, se delinean las amenazas o presiones a las que están sometidos los recursos naturales, estrategias de conservación y manejo, la gestión de los recursos biológicos y el marco normativo que tutela y regula su uso.

“En estos momentos es muy oportuno compartir no sólo con la comunidad académica científica o gubernamental, sino con la sociedad, todos los hallazgos y estrategias que en materia de protección al medio ambiente, particularmente a los recursos naturales que hoy se presentarán”, dijo sobre el tema la titular de la Semades, Martha Ruth del Toro Gaytán.

Todo encaminado a enriquecer la propuesta de la Estrategia para la Conservación y Uso sustentable de la Biodiversidad en Jalisco.

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Estado megadiverso

Estos son los inventarios más actualizados de seres vivos que tiene el estado, sin contar insectos, y faltando amplias regiones geográficas de estudiarse a fondo. Es el trabajo de los investigadores que participan en el Foro que ayer comenzó en Guadalajara.

1,100 especies de hongos.

100 especies de líquenes.

112 especies de antocerotes, hepáticas y musgos.

256 especies de helechos y plantas afines.

36 especies de gimnospermas en Jalisco.

5,277 especies de plantas con flores (24% del total nacional).

127 especies de peces continentales (25% del total nacional).

89 especies de peces estuarino–lagunares.

557 especies de peces marinos.

49 especies de anfibios (14% del total nacional). 28 de estas especies son endémicas, es decir, exclusivas a nivel mundial.

151 especies de reptiles (19% del total nacional). 78 endémicas.

565 especies de aves (53% del total nacional) 56 endémicas.

192 especies de mamíferos (35% del total nacional). 49 endémicas.

Total: 8,561 especies, 30.5% del total nacional (en apenas 4% del territorio del país)

Estadio de atletismo ya fue autorizado por la Semades

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO


La Secretaría de Medio Ambiente (Semades) impuso más de medio centenar de condiciones y aprobó la manifestación de impacto ambiental que presentaron el particular Alejandro Gallo y el Consejo Estatal del Deporte (Code) para edificar el estadio de atletismo que se utilizará durante los Juegos Panamericanos 2011.

La dependencia señaló ayer que se consideran bajos impactos, pues la infraestructura se construirá a medio kilómetro del límite con el área natural protegida La Primavera, en una zona de viejo impacto ambiental, pues es un valle que desde hace más de dos décadas se utiliza para correr autos de carreras.

La infraestructura nueva contará con capacidad para apenas ocho mil espectadores y se espera conservarla para futuros certámenes.

El inmueble se ubica en el extremo poniente de la avenida Mariano Otero y es uno de los accesos principales al área de protección de flora y fauna; no se toca la reserva y se deben minimizar daños derivados de la construcción del inmueble, como es contaminación del aire, del agua y ruido; presencia de decenas de trabajadores y maquinaria que pueden dañar la floresta contigua, además de ahuyentar o perseguir la fauna nativa.

En cuanto a los daños que podría propiciar el uso masivo del estadio, se deben minimizar problemas de contaminación del agua por aguas negras, el estacionamiento de cientos de automóviles, los actos vandálicos contra la cercana área protegida y la posibilidad de que esta construcción contribuya a detonar y consolidar ocupaciones de otras fincas en el entorno del bosque protegido.

La Semades no aporta el documento de la autorización, pues supuestamente, el promotor pidió reservarlo, pese a que la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente prevé en su capítulo II, título V, el “derecho a la información ambiental”.

Así, el artículo 109 de dicha ley advierte que “… el gobierno del estado deberá de integrar, entre otros aspectos, información relativa a los inventarios de recursos naturales existentes en el territorio estatal, a los mecanismos y resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo, al ordenamiento ecológico del territorio del estado, así como la información respectiva a la evaluación del impacto ambiental, las normas oficiales mexicanas, las áreas naturales protegidas, y en general, todo lo correspondiente a los registros, programas y acciones que se realicen para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente”.

Desmontan bosque cerca de manantiales en San Gabriel

Ayuntamiento teme que se seque o contamine agua para 20 mil habitantes

San Gabriel, Jalisco. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO


En muchos sitios del sur de Jalisco han derribado bosques de pino y encino para establecer huertos aguacateros, pero esta vez se está afectando una cabecera de cuenca desde la cual se fabrica agua para 20 mil habitantes, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR), la titular de la Sindicatura del Ayuntamiento de San Gabriel, Myriam Araceli Rodríguez Sánchez, en marzo pasado. Dos meses después, la zona ya está casi totalmente deforestada.

La funcionaria hacía en ese oficio, recibido en la fiscalía especial de Delitos Ambientales de la PGR, a cargo de Ricardo Valladolid Márquez, el 5 de abril, un recuento del problema.

“En el lugar denominado La Pitayita, donde se encuentra el nacimiento de agua que se utiliza en San Gabriel y en varios poblados […] se encontraron gran cantidad de árboles marcados para próximamente ser derribados o talados; dentro de las inmediaciones [sic] del nacimiento La Pitayita se encuentran otros tres nacimientos denominados El Colimote, Tabaquera y Carricitos, reportando que unas personas procedentes supuestamente del estado de Michoacán talarán esos árboles para utilizar el terreno para la siembra de aguacate; [el terreno] se encuentra aproximadamente a 50 metros de los nacimientos ya mencionados, lo cual implica un alto riesgo, ya que se verían afectadas [con el abasto de agua] las localidades de El Carpintero, Los Gallos, Los Jahuiques, El Tepamal, El Tepozal, El Jazmín, La Penal, Los Camichines, San Gabriel, La Guadalupe, Totolimixpa y La Croix”.

El director de Agua Potable de la misma demarcación, Abel Torres Aceves, abundaba en un oficio fechado el 23 de abril, los efectos negativos del cambio de uso de suelo: “Los árboles marcados están a cien metros de distancia de los nacimientos de agua, como consecuencia, podría: uno, reducirse o secarse totalmente el nacimiento de agua; dos, en caso de que no se seque, podría quedar contaminado por la alta cantidad de agroquímicos que se ponen en las plantas”.

Un mes atrás, la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) había realizado una inspección, en la cual se reportan árboles “espejeados” (una señal que se debe poner como indicativo de que serán derribados) pero sin la marca o “martillo” del técnico forestal, y ninguna tala.

Lo cierto es que el cambio de suelo continuó y está a punto de ser culminado sobre 175 hectáreas.

El responsable técnico de la huerta aguacatera, Aldo Rivera Ramos, asegura que todo se ha hecho dentro del marco legal.

“Dar una certeza sobre los efectos sobre el agua es muy complicado, ese tipo de estudios no se han hecho; pero hay una cosa clara, cuando la ley habla de cuerpos de agua, manantiales, señala una distancia, como por ejemplo no tocar a 50 metros manantiales o cuerpos de agua permanentes […] con nosotros, hay un reporte que hizo la Semarnat y la estimación de distancia es de 1,096 metros, entonces esto está considerablemente lejano y no hay problemas”, añade.

Por eso cuentan con permiso. Y establecerán el huerto.

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Impactos

Nunca será mejor en términos ambientales una plantación de aguacates que un bosque de coníferas; la cantidad de biomasa es inferior, pues el aguacatero es un árbol que cultivado no crece más de cinco metros de altura en regiones donde los pinos pueden elevarse a 20 o 25 metros; además, por ser una plantación monoespecífica, no tolera otros organismos vegetales y empobrece la biodiversidad.

El cultivo de las huertas demanda una gran cantidad de agroquímicos, porque de otro modo, “no tendríamos ese fruto de gran calidad que se demanda en el mercado”, advierte el mayor aguacatero del sur de Jalisco, don Elías González.

El aguacate puede ser compatible ambientalmente si ocupa espacios ya alterados o desmontados, dentro de la franja climática donde se favorecen sus rendimientos. Además, ocupar espacios agrícolas es una solución de negocios atractiva que ya se busca en la zona.

El boom aguacatero invadió a Jalisco

Bosques de la región sur, amenazados con cambios de uso de suelo. Fuertes disputas por el agua, deforestación y desplazamiento de propiedades, efectos de la penetración de los productores michoacanos

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

En el primer lustro del siglo, la región sur de Jalisco estuvo amenazada con la quiebra económica, al desplomarse el precio de la madera —previamente inflado por la intensa especulación que desató la industria del lavado de dinero del narco—. Pero llegó el boom de los invernaderos y sobre todo, de las huertas de aguacate, y surgió una nueva bonanza que hoy propicia un modesto crecimiento y empleos, mientras otras zonas del país colapsan socialmente.

Los cálculos sobre la expansión de la “frontera aguacatera” —promovida principalmente con capitales del vecino estado de Michoacán— son variables; fuentes conservadoras hablan de seis mil a siete mil hectáreas de huertas —en 2007, la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco reportó apenas 2,167 hectáreas—, pero don Elías González Flores, el principal productor jalisciense, señala que seguramente se rebasaron ya doce mil hectáreas, tal vez hasta quince mil. “Se ha duplicado año con año en los últimos cinco, aunque va a tender a estabilizarse ahora”, dice convencido.

El problema es que se trata de una dinámica desordenada. Datos oficiales revelan que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) solamente ha emitido diez permisos para cambiar el uso de suelo de bosques donde se establecen las plantaciones de esta laurácea domesticada hace cuatro mil años en Mesoamérica, una de las joyas de la exportación mexicana en la actualidad.

En el resto de los nuevos huertos, rigen patrones diversos: o son terrenos que ya habían sido alterados por la deforestación histórica, o sencillamente, se transforman de manera ilegal.

“La gente de aquí mismo ha estado también comprando predios para huerta, pero en menor escala; la mayor parte es gente de fuera, sobre todo de Michoacán, que tiene ya el camino andado y sabe cómo se debe gestionar”, señala el prestador de servicios técnicos Aldo Rivera Ramos. Otra opción socorrida son los arrendamientos a 20 años o más, situación que muchos propietarios facilitan, pues trabajar su bosque en pie, degradado, jamás les otorgaría una renta similar a la que reciben.

Cuenta mucho la capacidad económica. Según don Elías González, se necesitan aproximadamente 30 mil pesos por hectárea para lograr el cambio de uso de suelo —recurso que se aporta al Fondo Forestal Mexicano—. Independientemente, se deben invertir de 150 mil a 200 mil pesos por hectárea previo a consolidar la huerta y que empiece a producir y dar ganancias. Pero se puede aprovechar la madera extraída para comercializarla y amortiguar una parte de la inversión.

Un ejemplo: unos empresarios michoacanos se hicieron del predio El Meco y anexos, en San Gabriel. Compraron unas 300 hectáreas, y se les autorizó desmontar el bosque en 170 hectáreas, para lo cual pagaron alrededor de 5.5 millones de pesos al fondo. Pero sacarán hasta quince mil metros cúbicos de madera, con un valor comercial no menor a ocho millones de pesos, independientemente de que empezarán a cosechar en tres años. Así, se trata en realidad un negocio redondo.

“Es tan valioso lo que tenemos en el bosque, que el propio bosque está financiando su destrucción”, comenta irónico Javier Magaña, empresario forestal. “No estoy en contra de que se hagan huertas, sólo digo que se deben buscar los espacios ya abiertos, y esperar que el bosque permanezca; el manejo del bosque es el futuro para el que tenemos vocación en esta región”, añade.

Y es justamente una de las grandes dudas. En el caso de El Meco y anexas, se ha derribado un bosque de pino y encino situado a poco más de mil metros de manantiales que surten unos quince poblados de la zona —lo que hace que cubra un requisito de ley—; pero la interrogante que nadie responde es si esto afectará la dinámica del agua. Para los moradores de San Gabriel, la respuesta es sí, aunque no han logrado detener la transformación.

Las altitudes ideales para las huertas van de 1,700 a 2,200 metros sobre el nivel del mar. Dos factores decisivos en su implantación son la calidad del suelo y el agua.

“Se necesita un suelo permeable, porque al aguacate no le gusta la saturación de agua, y si tiene un suelo arcilloso que se sature de humedad, a las raíces de los árboles se les mete un hongo y se empiezan a secar las ramas por un lado y otro, y va a llegar un momento en que ese árbol se va morir”, observa don Elías. La disponibilidad del agua es aún más crítica, porque las plantaciones demandan ingentes cantidades del recurso para sobrevivir.

Pero hay opiniones divergentes. “Lo que buscan es básicamente el clima; la tecnología ya les permite escarbar e introducir suelo de la calidad necesaria, y además, hay muchísimas obras en todas estas montañas para retener agua de lluvia. Claro, depende del dinero que traigas para resolver mejor esto, es lo que te puede detener”, señala escéptico un ecologista de la región.

Esta es la dinámica del boom aguacatero michoacano. En el estado vecino, productor de un cuarto del aguacate del mundo, las huertas se extienden sobre más de 86 mil hectáreas, según datos de 2008. En esa entidad, la amplia demanda del mercado internacional propició que las plantaciones rebasaran la franja más propicia —que garantiza altos rendimientos— y penetraran el bosque en zonas con condiciones ambientales desventajosas, lo que ha causado menores rendimientos y daños ecológicos de consideración (Público, 14 de diciembre de 2008). Por eso, los dueños del cluster miraron al sur de Jalisco, vecino cercano y con climas similares.

Si se reproduce el esquema, pronto toparán con la misma realidad: el acceso a terrenos cada vez menos productivos. No obstante, don Elías González, el pionero de la región, no es pesimista. Piensa por un lado que la expansión aguacatera se deberá estabilizar pronto, pues hay ya pocas áreas serranas propicias. Por el otro, ha acordado con sus socios abrir plantaciones en el valle de Zapotlán, de forma experimental, con miras a sumar a la producción, en un par de años, hasta mil hectáreas más de tierras que tenían uso agrícola.

“Lo que necesitamos aquí es orden y gobernanza; el gobierno debe darle más atención al tema y orientar a los productores, no ponerles trabas y hacerlos irse por su cuenta […] cuando un departamento gubernamental oriente y dé asistencia técnica, se dejarán de poner huertas donde no hay condiciones y se evitarán daños económicos a la gente y daños al bosque. Si no hay gobernanza no vamos a tener un negocio redituable…”, advierte.

El fantasma es una nueva depresión económica, como la que se abatió en la zona cuando el metro cúbico de madera bajó de 1,200 a 750 pesos, hace seis o siete años. Y el colapso ambiental de la principal región forestal de Jalisco.

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El “oro verde”

Con más de 1.1 millones de toneladas al año, México es el principal productor de aguacate del mundo.

A los aguacateros michoacanos les gusta llamar “oro verde” al preciado fruto que producen y exportan a un mercado internacional cada vez más demandante.

Las exportaciones del sector rebasan 400 millones de dólares y le ingresan por arriba de ocho mil millones de pesos anuales.

Los aguacateros de Jalisco ya exportan a Estados Unidos, Canadá, Francia y Japón.
27 estados de la república producen aguacate, aunque Michoacán tiene 84 por ciento de la superficie y 90 por ciento del valor de la producción.

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Un problema similar afectó al pico de Tacíntaro

En el Nevado, los aguacateros se llevan el agua

Por sus tipos de suelo y su escasa disponibilidad de agua, el Nevado de Colima no reúne condiciones para alojar grandes huertas de aguacate, pero en la actualidad hay una fuerte disputa por los manantiales derivada del uso que dan las plantaciones de ese fruto que se han ido enclavando en las faldas de la mayor montaña occidental del país.

El director del área protegida, José Villa Castillo, reconoce que el problema hasta ahora no es el cambio de uso de suelo forestal, pues la mayor parte de las plantaciones están en viejos bosques de durazno, de manzana o zarzamora que fueron establecidos hace dos o tres décadas en las zonas de El Fresnito, Los Mazos o El Alpizahue, en alturas que van de 1,500 a dos mil metros sobre el nivel del mar.

“El tema del agua es el más candente por ahora, porque ya está causando conflictos, sobre todo en el parque nacional que es un terreno federal, no hay ejidos, y tiene doce manantiales que son propiedad del parque pero son usados por aguacateros y ganaderos”, explica. Hoy “se observan muchas presas de captación de agua de lluvia; casi todas las huertas tienen ese tipo de componente, lo cual quiere decir que el agua que proporciona el Nevado no es suficiente, porque es agua que también surte a las comunidades rurales”.

El decreto del parque nacional es expropiatorio, es decir, “no hay ningún ejido adentro”; pero parte de los manantiales que allí nacen fueron concesionados. “Sí tienen concesión, no de todos los manantiales, pero usan toda el agua los manantiales”, subraya.

—¿Las huertas pone en riesgo los servicios ambientales del volcán?

—No sabría decirlo; no hay estudios o no los conozco, para ver si realmente las huertas de aguacate tienen un impacto en esto; los manantiales están entre los 3,000 y 3,500 metros sobre el nivel del mar, creo que la fábrica de agua está en la parte alta de la montaña, pero tendría que estudiarse más.

—¿No se puede hablar de una tendencia a subir las huertas a la parte alta de la montaña?

—Ese sería un problema de cambio de uso de suelo hormiga forzado, tal como sucede en el pico de Tacíntaro, donde presiones de las mismas comunidades, por la misma situación social, le quitó la declaratoria como parque nacional y lo dejó como área de protección de flora y fauna, para que estuviera acorde a las actividades, y esa montaña está invadida de huertas de aguacate […] no creo que esto pase en el Nevado, pero la tendencia en la demanda del producto y la consecuente expansión de la frontera de los huertos sí son una amenaza.

Habló también del caso de los cuatro polígonos de bosque mesófilo de montaña o de niebla que constituyen un área protegida estatal, de la que también es responsable como director: “Creo que en los mesófilos hay condiciones favorables para establecer huertas de aguacate, por la altitud, el suelo, el clima y el agua; son las zonas más productivas de agua y las más fértiles; aunque estos bosques podrían tener imposibilidad física porque están en barrancas, pero no lo podemos descartar; vuelvo al ejemplo del Tancítaro: los mesófilos del fueron los primeros en desaparecer, por estas características bióticas del sitio”.

Tribunal visita tierras huicholas en disputa

San Andrés y Santa Catarina, enfrentados por 764 hectáreas. Hay preocupación por los problemas sociales que podrían generarse

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Funcionarios del Tribunal Unitario Agrario del distrito 13, en el marco del expediente 115/2005, realizarán esta mañana una visita de inspección a la zona de límites entre las comunidades indígenas de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie) y San Andrés Cohamiata (Tateikie), pues ambas se disputan una franja de terreno de 764 hectáreas.

Hay tensiones que se han acrecentado entre las partes desde abril pasado, en que Tateikie exhortó a su vecino a detener obras de ocupación del territorio disputado, en una localidad denominada La Laguna. Hasta ahora, las conciliaciones han fracasado, y el expediente se encuentra a punto de la sentencia.

En el juicio, la parte actora es Tuapurie, que reclama la nulidad de los trabajos de certificación de Tateikie en la zona donde se enclavan La Laguna y Las Pitahayas.

Según el citado expediente, Tuapurie reclamó al tribunal “la nulidad absoluta de actos, documentos y resoluciones dictadas por las autoridades […], la nulidad absoluta de los trabajos elaborados con motivo del programa de certificación y titulación de derechos comunales, y la cancelación de los certificados de derechos correspondientes que pudieran resultar de los trabajos elaborados de fecha 28 y 29 de diciembre de 2004, ya que se pretende incluir dentro de la mismas tierras que no corresponden a la comunidad de San Andrés Cohamiata”.

La audiencia jurisdiccional fue el 1 de noviembre de 2005, pero no hubo éxito en la conciliación, lo que derivó en el periodo de ratificación de demanda, contestación, ofrecimiento y admisión de pruebas.

Destaca entre las pruebas la presentación de tres periciales topográficas. Los resultados: el peritaje de San Andrés Cohamiata dice que no existe sobreposición. El de Santa Catarina señala una sobreposición de 3,709 hectáreas. El tercero en discordia no resolvió la duda, ante “la falta de datos para la georreferenciación y de un sistema de coordenadas que no sean arbitrarias; al no contar con cuadro de construcción o carteras de campo que lo sustenten”. Lo cual impide la localización técnica e identificación gráfica del plano definitivo de la comunidad de Santa Catarina.

El enfrentamiento entre las comunidades sube de tono. San Andrés, durante la asamblea comunal celebrada los días 17 y 18 de abril de 2010, acordó enviar un oficio a sus vecinos para requerirles que detuvieran los trabajos y obras que se realizan en La Laguna, dentro de la superficie en conflicto. El plazo se cumplió el 4 de mayo de 2010, sin que los trabajos fueran detenidos, lo que motivó un plantón de la comunidad de San Andrés en el área, con 350 comuneros. En la zona están asentados 85 indígenas de Tuapurie, por lo que se temen enfrentamientos, y eso motivó la reciente visita de una comisión intergubernamental, que tuvo problemas para dialogar con los comuneros y debió retirarse.

Las autoridades de Tateikie reclaman que su vecino viola una resolución judicial que impedía acciones de dominio en la zona mientras se resolvía la controversia limítrofe. El Tribunal ha pedido a Tuapurie acatar la medida precautoria, pero ordena —para ejecutar durante la mañana de hoy— una nueva inspección judicial para verificar las construcciones que se han levantado en La Laguna. La tensión sigue creciendo y la resolución judicial se espera en pocos días.