Nuevas tarifas buscan no subsidiar a ricos ni a altos consumidores. Sin reforma integral, el sistema podría colapsar, advierte el director
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 18 de agosto de 2010
El esquema de cobro de tarifas autorizado para el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), vigente en la zona metropolitana de Guadalajara, beneficia de forma acusada a los ricos y a los altos consumidores domésticos, y no permite al organismo alcanzar la sostenibilidad financiera, pues 75 por ciento de las cuentas pagan por abajo del precio real.
De este modo, el servicio no cumple de forma clara su misión social, ni tampoco es óptimo en términos ecológicos, pues no castiga el gasto excesivo, y por si fuera poco, no permite enfrentar las inversiones necesarias en obras y mantenimiento, argumentó ayer el director del organismo operador, José Luis Hernández Amaya.
Puso dos ejemplos reales. Una casa típica del fraccionamiento Puerta de Hierro, con un consumo mensual de 30 mil litros y cuyo valor patrimonial es de 6.4 millones de pesos, en este momento paga apenas 161.75 pesos mensuales por el agua (hay 5,335 viviendas de la ciudad en una situación de consumo similar). En contraste, una vivienda popular en Lomas de Oblatos, con consumo mensual de doce litros y un valor de 600 mil pesos paga 59.53 pesos al mes (hay 26,665 fincas de la ciudad en el mismo caso).
La desproporción es evidente. Cada mil litros le salen al habitante de la colonia popular en casi cinco pesos; al de la colonia pudiente, con casi el triple de consumo, apenas en 30 centavos más. El costo real de cada mil litros, considerando todos los componentes… es de 12.74 pesos.
Por ello, el organismo plantea un cambio de esquema de cobro que está negociando con los diferentes sectores políticos y sociales de la ciudad.
“Los precios actuales generan solamente posibilidad para atender los gastos de operación, administración y ligeramente los de consolidación, pero resultan insuficientes para cubrir las necesidades reales de desarrollo que requiere el SIAPA y esta situación es la que ha generado que la infraestructura siga deteriorándose y que se tengan efectos de disminución paulatina en la capacidad de suministro”, advirtió el funcionario, de visita en las instalaciones de Público.
La gradual transformación en las tarifas prevé para el año 2011 un “aumento ponderado” de 14 por ciento. En los casos de mayor consumo, hay incremento hasta de 55 por ciento; pero en el grupo de menos gasto de agua, de cero a nueve mil litros mensuales, que incluye más de 260 mil viviendas (39 por ciento del total), habría una reducción real del costo a pagar, es decir, un estímulo al bajo consumo.
“La propuesta es lograr una paulatina estabilidad en su recaudación para evitar el riesgo, hoy latente, de que el sistema se colapse poniendo en peligro la posibilidad de atender con suficiencia la dotación de agua potable a la población”, subrayó.
En la actualidad, el uso habitacional arroja un déficit anual cercano a 522.5 millones de pesos, el cual en parte es amortiguado con 251.8 millones de pesos que pagan en exceso las cuentas de otros usos.
De hecho, solamente quienes consumen entre cero y dos m3 mensuales pagan agua más cara de su costo. Los consumos a partir de tres m3 y hasta 70, arrojan subsidios que alcanzan su culminación entre quienes gastan entre trece y 16 mil litros mensuales, pues ese grupo de consumidores deja de pagar 111 millones 743,295 pesos, casi la quinta parte del déficit anual. Además, los subsidios que se entregan en “zonas de pobreza” y a población de la tercera edad o discapacitados, merman otros 116.5 millones de pesos.
Entre ingresos y egresos, el déficit operacional esperado para este año es de 180 millones de pesos, hueco que, de no aprobarse el incremento tarifario solicitado, aumentará en cien millones más para 2011, cuando se tenga que empezar a amortizar el capital de la deuda por 2,200 millones de pesos que tiene el organismo operador, indicó su director.
El nuevo esquema tarifario pretende recuperar 373 millones de pesos para 2011, los cuales serán etiquetados para inversión y no se canalizarán en gasto corriente, añadió Hernández Amaya. Para el segundo año, la recuperación alcanzaría 522 millones de pesos.
De este modo, el uso doméstico pagaría agua a costos reales y el sistema tendrá posibilidad de atender sus rezagos —se tienen pendientes inversiones por 6,800 millones de pesos para sustituir redes de agua y drenaje, y otro tanto para obras que prevengan inundaciones— de forma gradual pero sostenida, apunto el director del SIAPA.
—¿Hay un plan B si los diputados no acceden a aprobar las nuevas tarifas?
—El plan B es no hacer obra, ni reposiciones, ni amortización de deuda—, contestó el funcionario. Siempre bajo la amenaza de que una crisis extraordinaria lleve al temido colapso del sistema.
--------------------------------
Que el Congreso ya no decida
La posibilidad de alcanzar la sostenibilidad financiera y la calidad en el servicio de agua pasa por evitar que el tema siga siendo carne de cañón de las disputas políticas. Por eso, el SIAPA espera que el Congreso del Estado ceda su facultad de decir la última palabra en el tema de tarifas a un consejo consultivo ciudadano, a integrar por políticos, administradores y representantes de la sociedad, como ya sucede en más de 20 estados del país.
Hay en la actualidad un millón 17,476 cuentas en el SIAPA. Menos de cien mil son los usos no domésticos y casi 70 mil lo forman lotes baldíos. La política social explícita la reciben casi 120 mil cuentas de pensionados, personas de la tercera edad y habitantes de zonas de pobreza. Lo demás recibe un amplio subsidio no justificado, apuntó el director del organismo. Un análisis técnico sin contaminaciones políticas permitirá un esquema de cobros racional que le dé viabilidad, y eso se logrará cuando toda la sociedad, y no sólo los políticos, participen en el debate de los precios, sostuvo.
La posibilidad de alcanzar la sostenibilidad financiera y la calidad en el servicio de agua pasa por evitar que el tema siga siendo carne de cañón de las disputas políticas. Por eso, el SIAPA espera que el Congreso del Estado ceda su facultad de decir la última palabra en el tema de tarifas a un consejo consultivo ciudadano, a integrar por políticos, administradores y representantes de la sociedad, como ya sucede en más de 20 estados del país.
Hay en la actualidad un millón 17,476 cuentas en el SIAPA. Menos de cien mil son los usos no domésticos y casi 70 mil lo forman lotes baldíos. La política social explícita la reciben casi 120 mil cuentas de pensionados, personas de la tercera edad y habitantes de zonas de pobreza. Lo demás recibe un amplio subsidio no justificado, apuntó el director del organismo. Un análisis técnico sin contaminaciones políticas permitirá un esquema de cobros racional que le dé viabilidad, y eso se logrará cuando toda la sociedad, y no sólo los políticos, participen en el debate de los precios, sostuvo.
Se han gastado ya 24.5 mdp en indemnizaciones
El SIAPA ha debido canalizar más de 24.5 millones de pesos de su presupuesto a pagar las indemnizaciones de los altos funcionarios cuyos servicios ya no fueron requeridos por el actual consejo de administración, reveló ayer el director del organismo, José Luis Hernández Amaya.
El problema es que la partida inicial para ese concepto era de tan sólo cuatro millones de pesos, lo que obligó a destinar recursos extra para negociar y evitar pleitos en los cuales probablemente la justicia laboral le daría la razón a los funcionarios despedidos.
Según la información oficial de la empresa paraestatal, las liquidaciones de los principales gerentes que estuvieron los tres años de la gestión que encabezó Rodolfo Ocampo Velázquez, quedaron como sigue:
El ex gerente administrativo Octavio Esqueda Ávalos recibió 495,650 pesos; el ex gerente técnico, José Manuel de la Cerda González fue liquidado con 553,437 pesos; el ex gerente comercial, José Abraham Cisneros Gómez, cobró 570,795 pesos, y el ex gerente de Desarrollo Organizacional Ramón Alejandro Reyes Gómez fue liquidado con una cantidad igual.
En cuanto al encargado del departamento jurídico, José Elías García Parra, la liquidación alcanzó 363,706 pesos; el ex gerente de Finanzas, Mario Alberto Juárez Bravo, obtuvo 546,495 pesos; el ex gerente de Contraloría, Carlos Alberto Maldonado Rábago, cobró 570,795 pesos, y el ex gerente de Agua Potable y Alcantarillado, Jorge Monreal Rocha, fue liquidado con 685,561 pesos.
Hasta la fecha, agregó Hernández Amaya, se han logrado recortar 53 personas, pero la meta es de 139. El problema es el alto costo que se debe pagar por muchos de los despedidos, pero el funcionario considera que es muy alta la cantidad de personas que existen por cada mil tomas: 3.18. La meta es bajar el promedio a 2.95, con lo cual no se sacrifica calidad, pues es cuestión de mejorar los procesos de trabajo y el compromiso del trabajador.
El organismo tiene una plantilla laboral de 2,919 empleados, de los cuales, poco más de 2,200 están afiliados a un sindicato mayoritario, y alrededor de 80 empleados más integraron una representación alterna. La relación con la agrupación mayoritaria ha sido ríspida durante los meses de arranque de la actual administración, admitió Hernández Amaya.
El SIAPA ha debido canalizar más de 24.5 millones de pesos de su presupuesto a pagar las indemnizaciones de los altos funcionarios cuyos servicios ya no fueron requeridos por el actual consejo de administración, reveló ayer el director del organismo, José Luis Hernández Amaya.
El problema es que la partida inicial para ese concepto era de tan sólo cuatro millones de pesos, lo que obligó a destinar recursos extra para negociar y evitar pleitos en los cuales probablemente la justicia laboral le daría la razón a los funcionarios despedidos.
Según la información oficial de la empresa paraestatal, las liquidaciones de los principales gerentes que estuvieron los tres años de la gestión que encabezó Rodolfo Ocampo Velázquez, quedaron como sigue:
El ex gerente administrativo Octavio Esqueda Ávalos recibió 495,650 pesos; el ex gerente técnico, José Manuel de la Cerda González fue liquidado con 553,437 pesos; el ex gerente comercial, José Abraham Cisneros Gómez, cobró 570,795 pesos, y el ex gerente de Desarrollo Organizacional Ramón Alejandro Reyes Gómez fue liquidado con una cantidad igual.
En cuanto al encargado del departamento jurídico, José Elías García Parra, la liquidación alcanzó 363,706 pesos; el ex gerente de Finanzas, Mario Alberto Juárez Bravo, obtuvo 546,495 pesos; el ex gerente de Contraloría, Carlos Alberto Maldonado Rábago, cobró 570,795 pesos, y el ex gerente de Agua Potable y Alcantarillado, Jorge Monreal Rocha, fue liquidado con 685,561 pesos.
Hasta la fecha, agregó Hernández Amaya, se han logrado recortar 53 personas, pero la meta es de 139. El problema es el alto costo que se debe pagar por muchos de los despedidos, pero el funcionario considera que es muy alta la cantidad de personas que existen por cada mil tomas: 3.18. La meta es bajar el promedio a 2.95, con lo cual no se sacrifica calidad, pues es cuestión de mejorar los procesos de trabajo y el compromiso del trabajador.
El organismo tiene una plantilla laboral de 2,919 empleados, de los cuales, poco más de 2,200 están afiliados a un sindicato mayoritario, y alrededor de 80 empleados más integraron una representación alterna. La relación con la agrupación mayoritaria ha sido ríspida durante los meses de arranque de la actual administración, admitió Hernández Amaya.
No hay comentarios:
Publicar un comentario