CNDH pide a autoridades vigilar la restitución respetuosa de tierras wixárikas

Señalan que es de gran importancia salvaguardar los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) convocó a las autoridades estatales y municipales de Jalisco y Nayarit, así como a los tribunales agrarios e instituciones competentes, a vigilar que la restitución de tierras pertenecientes a la comunidad indígena wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán (Waut+a) y Tuxpan Kuruxi Manuwe, que se lleva a cabo en la localidad de Huajimic, en el municipio de La Yesca, Nayarit, se realice con base en el Estado de derecho y respeto pleno a los derechos fundamentales.
Señalan que es de gran importancia salvaguardar los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, así como otros que pudieran verse obstaculizados con motivo de la ejecución de la sentencia emitida.

Para llevar a cabo este procedimiento, la CNDH invita a la realización de mesas de diálogo entre la comunidad indígena wixárika, los grupos de personas que actualmente ocupan las tierras, las autoridades gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de Nayarit y de Jalisco, para abrir un canal de negociación y acuerdos entre las partes involucradas.

Mediante sendos oficios dirigidos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y a las Secretarías de Gobierno de los estados de Jalisco y Nayarit, la CNDH les solicitó privilegiar el respeto y protección de los derechos humanos de la comunidad wixárika, para garantizar su derecho a la restitución de sus tierras.

También dirigió un oficio al Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario, en el cual le solicita que, con el apoyo de las autoridades federales, estatales y/o municipales competentes, se busque el cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, Jalisco.

Esta Comisión Nacional destaca la relevancia de la labor judicial para el reconocimiento del derecho de propiedad y de posesión de las tierras en favor de los pueblos originarios y comunidades indígenas, en atención a las obligaciones del Estado mexicano derivadas del Convenio 169 de la OIT, en específico del artículo 14 de dicho instrumento.

Conjuntamente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), la CNDH da seguimiento a la ejecución de dicha sentencia en diversos juicios, radicados en el Tribunal Unitario Agrario número 16 en favor de la comunidad wixárika.

MC

Sierra de Manantlán, pobreza que no se va

Si bien, las cifras de la exclusión se han reducido sustancialmente, la pobreza, el caos de la organización social y el crimen expulsan a cientos y someten a más.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

En Julio de 2002, hace poco más de quince años, el clamor por el desarrollo era muy similar al de ahora. Jesús Barreto Anguiano, presidente del ejido El Rodeo, de Tolimán, dijo, tras el informe público de los primeros tres lustros de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, en Autlán: "queremos que en los ejidos se mantenga una buena educación, que los niños tengan primaria y secundaria, que estudien para no ser personas inalfabetas (sic) [...] que haya buen servicio en caminos, que haya comunicación, que se logre más de lo mucho que ya logramos con esta reserva, para salir todos adelante [...]".

Rogelia Justo Elías, una de las líderes indígenas del proceso de constitución de la reserva, tras la lucha contra los madereros, desde finales de los años sesenta, le hacía eco: "Hay muchos cambios; tenemos electrificación, hay mejores caminos que antes, hay muchas escuelas, y en salud, cuando menos tenemos los centros de salud muy bien hechos aunque no hay medicinas; el agua potable ya está entubada en muchas comunidades [...] esto lo vemos también como consecuencia de nuestra mejor organización para exigir derechos".

La evolución de las estadísticas sociales refleja esa percepción. En el conteo de población de 1995, cuando la reserva apenas cumplía ocho años de su decreto, se señalaba un analfabetismo general de 18.4 por ciento, pero ya a nivel micro, los porcentajes se iban a 41 por ciento en Ayotitlán, 46 por ciento en El Rodeo, 31 por ciento en Zenzontla y 29 por ciento en El Parotal. En 2010, por citar el caso de la mayor comunidad indígena, Ayotitlán, el analfabetismo desciende a 13.5 por ciento.



A nivel municipal, el municipio con mayor rezago histórico, Cuautitlán de García Barragán, ocupaba el lugar 547 del país y segundo en Jalisco como más marginado en el año 2000: 22.49 por ciento de analfabetismo; 54.24 por ciento de sus viviendas sin drenaje, 59.37 por ciento con piso de tierra y una pobreza de ingreso que se reflejaba en que 71.27 por ciento de sus pobladores ganaban cuando mucho, dos salarios mínimos.

En 2010, mejoró sensiblemente: 628 del país en marginación, 17.09 por ciento de analfabetas, 24.83 viviendas sin drenaje y solo 17.25 por ciento con piso de tierra. El techo de dos salarios era "solo" para 56.18 por ciento de sus moradores. No obstante, el incremento de la población, la inseguridad y la economía deprimida en la región y todo el país, demuestran que esas cifras mejores no representan sino victorias parciales, y en el mejor de los casos, una evolución positiva pero más modesta que las grandes cifras nacionales.

¿Es un fracaso para la reserva de la biosfera? En la publicación El capital natural de México, capítulo 9, se habla del tema del desarrollo social: "Las prácticas para lograr la conservación efectiva de la excepcional biodiversidad presente en los territorios terrestre y marino del país, se deben plantear mediante un modelo basado en la necesidad de proveer bienes y servicios a su creciente población. En este sentido, aquellas estrategias de conservación de la biodiversidad mexicana que no contemplen un uso sustentable de los recursos naturales por las poblaciones humanas que han habitado su territorio por décadas, siglos o milenios serán, salvo contadas excepciones, estrategias condenadas al fracaso".



Ese desafío está claramente establecido desde la formación de Manantlán, en 1987. "En el asunto del desarrollo de las comunidades hay dos situaciones a considerar: uno, es que el que tiene que ver con el contexto a nivel nacional en el campo; una reserva no funciona como una isla y ahí la dinámica social tiene que ver con lo que pasa en el país; lo otro tiene que ver con las políticas y acciones que se siguen en el área protegida; en la reserva la situación es similar a otras áreas montañosas del país, es la misma historia: un estancamiento de las actividades productivas, ni en la parte forestal ni en la agrícola hay una dinámica de crecimiento, porque la mayor parte de los apoyos de gobierno son destinados a las áreas con mayor potencial; entonces tenemos que mucha gente complementa su economía migrando a Estados Unidos u otras áreas del país, haciendo trabajo temporal, en la agricultura o en la construcción, una parte del año", advierte el investigador del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (Imecbio-UdeG), Enrique Jardel Peláez.

Es decir, la economía neoliberal imperante respalda a la agricultura comercial y deja a las áreas forestales en la marginación. Esto también detona un viejo problema: el auge de actividades ilegales "alternativas", que van desde la extracción ilegal de plantas y animales hasta la siembra y trasiego de estupefacientes. Y en el caso de Manantlán, con importantes recursos minerales y madereros, eso eleva el poder de los mineros tradicionales, sobre todo la gran empresa extractora de hierro de Peña Colorada, además de otras empresas menores, cuyos recursos económicos de "compensación" a las comunidades indígenas generan fuertes divisiones internas y hacen perder de vista el largo plazo.

"Esto contribuye también a la descomposición de la organización social, y a la incapacidad para desarrollar proyectos comunitarios; con un contexto así de desfavorable uno se pregunta cuál es la política que se sigue en las áreas protegidas, en particular las reservas de la biosfera; yo esperaría que en lo que ha sido el enfoque conceptual de la reservas se buscaran modelos alternativos de desarrollo, soportados con una serie de políticas, acciones, de parte del gobierno, promover el desarrollo de iniciativas locales, para el buen uso de los recursos naturales, pero esto ha sido presupuestalmente marginal, los proyectos que se han trabajado y han tenido logros son proyectos pequeños; hablamos de cooperativas de mujeres que hacen artesanías, del manejo de cafetales y miel, y en cuanto a empujar proyectos de aprovechamiento forestal, basados en la comunidad, el único que está operando es el del ejido Ahuacapán; el ejido El Terrero nunca despejó el proceso", añade el investigador.



Y si los recursos que aporta la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas son cada vez más raquíticos, los que ofrecen otras instancias de gobiernos, en especial la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Sagarpa) son contradictorios con los fines de un proyecto de conservación.

"Apoyan proyectos de ganandería, de floricultura, pero que entran en conflicto con la conservación [...] creo que la Conanp ha ido abandonado paulatinamente la idea de que el éxito de las reservas depende de que en sus zonas de amortiguamiento se desarrollen actividades productivas, sustentables no sólo en términos ecológicos sino económicos y sociales, y ha pensado más en pequeños proyectos para paliar la situación de algunos grupos y comunidades, pero la mayor parte de la atención está concentrada en el enfoque convencional de protección de espacios silvestres, entonces, el tema de desarrollo social no ha tenido el peso que debiera, y en ese contexto las condiciones nacionales no se ven muy favorables, no podemos decir que la gente esté peor que antes, pero tampoco está mejor. Sí ha habido recursos que han entrado para temas importantes como el pago por servicios ambientales, pero no se han logrado consolidar proyectos productivos, que se puedan sostener por sí mismos...".

Rogelia Justo Elías sostenía cosas similares quince años atrás, en entrevista con MILENIO JALISCO: "Para muchos de nosotros fue un éxito ver una reserva decretada por el gobierno federal, porque a partir de eso toda la explotación maderera se acabó, y bueno, ya se habían formado cacicazgos fuertes; muchos tenían más dinero porque les daban los madereros, y otros no les dieron nada. Esto ocasionó muchos años división y aceleró la pobreza [...] hoy hace falta más decisión de los propios pobladores en el sentido que no esperemos que nos den, sino que nos pongamos a crear juntos fuentes de trabajo, porque hasta ahora son pocas [...] la gente que sale al campo vive algo muy difícil porque no les pagan lo que les deben pagar y es difícil que con eso puedan sustentar su familia.

- ¿Pero los bosques tendrán que aprovecharse algún día?
- Algún día sí, pero ya que esté la gente organizada y decida: sí queremos aprovechar nuestros bosques pero nosotros, no alguien que venga de fuera ni una empresa; si llegamos a las condiciones de unidad en el sentido de que todos queramos hacer una cosa sin que haya pleitos internos, que eso en vez de acomodar, descontrola la gente y se radicaliza cualquier asunto. Creo que todavía no son las condiciones.

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Claves

Pobreza, organización y participación social

Creada en 1987, la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán es desde su origen parte del programa El hombre y la biosfera de la Unesco. La pretensión de este proyecto mundial es generar modelos de desarrollo sostenible, es decir, que las comunidades humanas se integren de forma armoniosa con los ecosistemas de manera que se construya una economía con base de justicia que no altere las bases naturales

El experimento social comenzó desde antes de la creación de la dirección de la reserva. La UdeG sostuvo buena parte del esfuerzo inicial, posteriormente, en 1993 se creó la dirección, una de cuyas directrices fue ampliar la participación social. Los consejos asesores de Jalisco y Colima eran a finales de los años 90, los más amplios en todo el país

La Conanp entró como actor a partir del año 2000, ha tenido fuertes tensiones con la UdeG por el manejo del área, y su gestión de 17 años ha reducido la participación social y ha tendido a despreocuparse de lo que ocurre al otro lado del polígono protegido. De forma paralela, las comunidades se han sumergido en procesos de deterioro que obedecen factores como la creciente criminalidad y la baja viabilidad de los negocios agrícolas, ganaderos y forestales

A partir de 2007, el tema de la ingobernabilidad por el fortalecimiento de los grupos criminales colapsó muchos procesos: la minería se dividió entre la legal, pero impuesta sobre territorio indígena y una justicia agraria lenta y deficiente, y la ilegalidad: decenas de minas de corto plazo, sobre todo de hierro, afloraron y generaron más fragmentación interna en las comunidades, además de crímenes no aclarados a la fecha

Otros recursos naturales valiosos, como las maderas semipreciosas de las selvas subperenifolias, fueron saqueados por las bandas criminales y entregados para su embarque ilegal en Manzanillo, un proceso que se ha vivido en toda la costa de Jalisco y buena parte del subtrópico mexicano.

SRN

Cierran escuelas básicas en Tuapurie, en protesta contra gobierno de Jalisco

La comunidad se cansó de esperar en tres fechas a secretarios del gobierno, y ayer, al propio gobernador Sandoval Díaz

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los comuneros de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán) determinaron el cierre de todas las escuelas de nivel básico que existen en su territorio, enclavado en la Sierra Huichola, al norte de Jalisco, para protestar por la omisión de las diversas convocatorias a diferentes secretarios del ejecutivo estatal, y el día de ayer, del propio gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz.

El acuerdo se alcanzó a las tres de la tarde del pasado 28 de septiembre, luego de esperar desde la mañana temprano al mandatario, al que habían convocado tras dos citas unilateralmente omitidas por diversos secretarios del estado en agosto y septiembre. De acuerdo a fuentes del gobierno, un grupo de secretarios tenía la orden de acudir a la sierra esa mañana, pero extraoficialmente, informaron que el mal tiempo impidió el despegue de aeronaves del aeropuerto de Guadalajara, por lo que sólo se habría presentado el director de la Comisión de Asuntos Indígenas de Jalisco, Óscar Hernández Hernández.

“Siendo a las 3:00 pm del día 28 de septiembre de 2017, estando reunidos las autoridades agrarias y tradicionales así como comuneros de la jurisdicción de Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, Estado de Jalisco, mediante acuerdo común determina cerrar todas las escuelas de nivel básico que se encuentran dentro de la comunidad por tiempo indefinido en protesta a la omisión de la convocatoria girada al gobernador del estado de Jalisco con fecha 22 de septiembre del presente año y recibido el 25 de septiembre de 2017, para responder a las demandas del pliego petitorio que se hizo llegar a las diferentes secretarías, fechado el 9 de agosto de 2017 y en el que se exige a las secretarías a comparecer ante la asamblea de comuneros reunidos en la localidad de Nueva Colonia para el día 22 de septiembre, acto al que no se presentaron”.

A esta convocatoria [la de ayer] “tampoco el titular del Poder Ejecutivo hizo presencia; estas acciones indignan profundamente a todos los Comuneros y no tuvo otra alternativa más que proceder a una protesta indefinida hasta que se dé respuesta a las demandas planteadas”.

Los comuneros advierten: “no estamos solos, nos respaldan las leyes Nacionales e Internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes emitida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otras. Solicitamos a todas las personas de buena fe y voluntad a que se solidaricen con el pueblo wixárika y hagan extensiva a esta invitación por la defensa de los derechos más elementales”.

MC

Profepa clausuró 130 ha de agave ilegal en Atotonilco

Multa sería por equivalente de 10 a 20 mil veces la unidad de medida.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió ya los resultados del operativo contra cambio de uso de suelo para agave de tequila y mezcal, en el municipio de Atotonilco el Alto, enclavado administrativamente en la región Ciénega de Chapala, hace dos semanas.

Informó de la clausura de manera total temporal más de 130 hectáreas de plantaciones de agave azul (Agave azul tequilana weber) y limón sin semilla (Citrus latifolia), "por no contar con las autorizaciones correspondientes que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales".

Esto fue derivado de una denuncia ciudadana, y en coordinación con la gendarmería ambiental del Estado de Jalisco, "en el operativo especial en el que se inspeccionaron cinco predios, cuantificando una superficie afectada de 130.18 hectáreas principalmente de vegetación de selva baja caducifolia con presencia de escurrimientos naturales, detectando además la apertura de caminos sin autorización". Los predios inspeccionados: Milpillas, con una afectación de 3.88 hectáreas, Cucarachas 1 y 2, con 80 y 17 hectáreas afectadas respectivamente, Atotonilco con 11.3 hectáreas con daño por el cambio de uso de suelo ilegal, y un predio sin nombre con 18 hectáreas de afectación.

Durante la acción, los inspectores solicitaron a los propietarios de los predios "las autorizaciones para realizar el cambio de uso de suelo y establecer las plantaciones de agave y limón, mismas que no fueron presentadas ante esta autoridad federal, por lo cual se ordenó como medida de seguridad la clausura total temporal de los predios, pues de acuerdo a lo establecido en el artículo 165, fracción II, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el cambio de la utilización de los terrenos forestales sin contar con la autorización correspondiente, es una infracción que puede ser sancionada con una multa equivalente de 100 a 20 mil veces la unidad de medida y actualización vigente".

Por otro lado, el artículo 418, fracción III, del Código Penal Federal, señala: "se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalencia de cien a tres mil días de multa, al que ilícitamente cambie el uso del suelo forestal".

Este operativo es apenas un tímido asomo a una problemática que tiene al menos un cuarto de siglo, y que ha llevado a extender la frontera del agave a más de 110 mil hectáreas en Jalisco, es decir, unos cuatro tantos la frontera aguacatera que actualmente se expande por la demarcación sur y sureste de la entidad.

Los científicos involucrados en la investigación del agave, destacan que al ser un monocultivo, es agresivo ambientalmente: implica la extracción total de cualquier otra materia vegetal presente en el predio y un mantenimiento intensivo contra diversas plagas y enfermedades del cultivo, lo cual obliga al uso de agroquímicos y lleva al ulterior empobrecimiento del suelo, en un proceso de erosión fuerte, debido a las pendientes a las que se cultiva el agave. Esto acarrea no solamente la pérdida de ecosistemas forestales o de vocación forestal, sino de suelo fértil que termina en el fondo de las barrancas y los ríos, y después se va al mar (MILENIO JALISCO, 14 de septiembre de 2017).

SRN

Jalisco tiene el primer capítulo estatal del CCA

El organismo destaca la importancia de hacer escuchar su voz en las discusiones del tema en Jalisco.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

El Consejo Consultivo del Agua, una organización social con fuerte componente empresarial, ha abierto esta semana su frente en Jalisco, primer estado del país que cuenta con un capítulo de la organización, motivado, de forma explícita, por su papel relevante en los debates nacionales sobre el derecho humano, al agua, la contaminación y el uso del recurso para el desarrollo, en particular, por el controvertido caso de la presa El Zapotillo, en Los Altos de Jalisco.
on una importante carrera en la política local y nacional: Francisco Mayorga Castañeda, secretario de Agricultura en las dos administraciones panistas en la presidencia de la república, ex presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco y ex secretario de Desarrollo Rural en la administración estatal de Alberto Cárdenas Jiménez.

El discurso de Jesús Reyes Heroles, presidente de la organización nacional, fue cuidadoso al abrir la primer asamblea ordinaria de la agrupación, pero admitió la importancia de participar en los debates que actualmente se dan en el estado, donde un amplio frente opositor, integrado por liderazgos de Los Altos de Jalisco, el grupo político de la Universidad de Guadalajara, el Partido Movimiento Ciudadano –que es mayoría en el Congreso local- y la bancada reducida del Partido Acción Nacional (PAN), han decidido echar abajo la inundación de tres pueblos de la cañada del río Verde para evitar que la cortina del embalse artificial El Zapotillo canalice aguas de la cuenca hacia la ciudad de León, Guanajuato. Ese proyecto es empujado desde hace dos meses por el gobierno estatal de Aristóteles Sandoval Díaz.

“El Consejo Consultivo del Agua es un organismo de carácter nacional, apartidista, integrado por la sociedad civil, emanado de la Ley de Aguas Nacionales, como el único organismo de consulta para la Conagua (Comisión Nacional del Agua); entonces la fortaleza de que el organismo consultivo del agua haya cambiado sus estatutos para permitir la incorporación de estos capítulos en los estados, va a permitir que los acuerdos, proyectos y estudios que se realicen en Jalisco y otra entidades de la república en un futuro, tengan realmente la relevancia y la fortaleza para incidir en las políticas públicas en el tema del agua; una de las encomiendas principales es la probable modificación de las leyes de aguas nacionales, que es un tema que a todos nos debe de competir e interesar”, refirió Reyes Heroles a los medios de comunicación.

Y aunque el afán fue demostrar la imparcialidad, presentes en la investidura del CCA Jalisco, en el Club de Industriales, el lunes 25 de septiembre, estuvieron algunos de los principales promotores de El Zapotillo, insertos en el gobierno del estado: el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Felipe Tito Lugo; el director del SIAPA, Aristeo Mejía Durán; el consejero del gobernador, Enrique Dau Flores, y los empresarios Jacobo Cabrera Palos, presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco; César de Anda, ex presidente de la Unión Nacional de Avicultores y Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Jalisco.

Mayorga Castañeda agregó: “Hay temas que ya tienen muchos años en la sociedad tapatía, en los medios de comunicación, en la academia; el agua en Chapala, todo lo relacionado con la calidad del agua, la problemática del río Santiago, el abasto de agua a Guadalajara como un tema añejo y controvertido; la parte agropecuaria, siendo Jalisco el principal proveedor de alimentos a nivel nacional […] creemos que Jalisco puede hacer una contribución importante en el tema hidroagrícola, el riego y un uso adecuado el agua; está la parte de sanidad […] lo que podamos lograr aquí en la materia con un mejor uso del agua, que tenga aplicación en otras partes del país”, destacó.

Respecto al río Verde, no abandonó el tono de moderación: “no es nuestro papel convertirnos en jueces o en últimas instancias, participaremos en las discusiones basadas en ciencia sobre todo, pero también podemos construir con las experiencias de otros estados”. Hay una experiencia de acompañamiento con otros proyectos polémicos como el acueducto del Pánuco a Monterrey o el Independencia en Sonora. Hay la idea de que el empresariado puede participar ante la “falta de recursos públicos” en asociaciones público-privadas (app). También hay otros planteamientos que Mayorga Castañeda, en su experiencia pública y privada, ha sostenido desde el pasado: el país carece de una política pública en materia de agua, y tampoco ha tocado ese tema esencial en el marco del Tratado de Libre Comercio. “Participaremos con propuestas en todo eso”, remarcó Reyes Heroles.

SRN

Delitos contra estudiantes, o ver "el tamaño de cuernos y la cola"

46 mil estudiantes han recibido capacitación en el tema en el curso del año; el problema de inseguridad en las calles es serio, apunta coordinador.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Preparar estudiantes para afrontar la violencia es el reto que ha asumido la Coordinación de Seguridad de la Universidad de Guadalajara, ante el creciente problema de asaltos y acoso sexual que en algunos casos extremos ha derivado en asesinato de alumnos. Por ello, se han multiplicado talleres como el que ayer se dio en la Escuela Vocacional, una preparatoria que apenas el pasado 30 de agosto vivió en sus afueras el homicidio, por robo de celular, del joven Francisco Álvarez Quesada, de apenas 17 años.

Es un caso que rebasa lo anecdótico: los asuntos de violencia documentados hasta hace diez días, eran 356 tan solo durante 2017. Predominan los asaltos, y en segundo lugar, acosos sexuales. Y como lo general es que esos delitos se cometan fuera de los campus, en los trayectos de los alumnos desde sus casas o hacia ellas, la importancia de asumir actitudes preventivas es en esencia lo que se les transmite en el taller, dijo Montalberti Serrano Cervantes, coordinador de Seguridad Universitaria.

“Son una serie de talleres que damos desde el 2010, cursos de hora y media a dos horas, con 18 temas distintos, donde destacan cultura de la denuncia, seguridad urbana […] la denuncia es el primer paso para obtener datos ciertos de la incidencia que han visto ustedes, con mapas georrefenciados de la problemática en torno a los planteles; la prevención urbana es enseñarles a caminar en la calle, de manera medianamente segura, cómo viajar en camión, cómo llegar a casa, cómo caminar si ven a un sospechoso, y cómo comportarse”, explicó en entrevista con MILENIO JALISCO.

El funcionario informa que en lo que va de 2017, 46 mil miembros de la comunidad universitaria han tomado los talleres. En 2016 se completaron 73 mil educandos. Piensa que con el tiempo que resta y la intensidad de trabajo que se han marcado, la cifra anual superará la precedente.

- ¿Cómo evaluar la utilidad del taller y cómo incide en mejorar la actitud de los estudiantes?
- Pues los jóvenes aprenden a cuidarse mejor, pero se puede medir el tema en la cultura de la denuncia; tener confianza de acercarse a denunciar, saben que si son víctimas de un delito, hay que darlo a conocer; pero además, nos reportan cosas como lámparas en mal estado, árboles frondosos, autos abandonados, o algo que les parece sospechoso cuando caminan por la calle, o reportan vehículos donde van acosadores y todo ese tipo de cosas. Son cifras y estadísticas que presenta la FEU, nosotros se lo entregamos.

- ¿Estas denuncias ya están llegando a la fiscalía, a las policías?
- Lo estamos fortaleciendo para que acudan a la fiscalía o a la policía, le den parte al Ministerio Público, y se abra la carpeta de investigación; ese es el protocolo que seguimos, pero acordamos ya con la fiscalía elaborar un formato, que es el que nosotros manejamos en la universidad, para que ya no tengan que ir los jóvenes de forma directa y se pueda presentar como una denuncia; se trata de acompañar de un formato ante los representantes legales de la universidad, es lo que estamos afinando en estos días para presentarlo.

La coordinación “se dedica a hacer estrategias de medición para mostrar la problemática y desmenuzarla, porque para hacer el reporte y la estadística hay que saber cómo asaltan, las características de los sujetos, la violencia que ejercen para asaltar, el grado de peligrosidad, el modus operandi del que agrede, en pocas palabras, el tamaño de los cuernos y la cola”.

La escuela vocacional tiene 80 videocámaras en sus instalaciones y un sistema de ingreso al que se accede con huella dactilar. Pero afuera, la delincuencia tiene su oportunidad.

SRN/GPE

Tuapurie, despreciado por gobierno de Jalisco

Los comuneros wixaritari citan al gobernador del estado el próximo 28 de septiembre, para denunciarle la omisión de sus secretarios.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), denunció ayer el “incumplimiento de sus deberes” por parte de diversas secretarías del gobierno de Jalisco con las que estaba trabajando una agenda de pendientes en temas de salud y desarrollo social, al ausentarse sin previo aviso de una reunión que estaba pactada en la sierra el pasado 22 de septiembre.

En un comunicado firmado por el comisariado de bienes comunales y el consejo de vigilancia del núcleo agrario wixárika enclavado en el municipio de Mezquitic, mencionaron como entidades omisas a la Dirección General de Asuntos Agrarios, a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas delegación Jalisco-Colima, a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), a la Secretaría de Eduación Jalisco (SEJ), al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a la federal Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Ayuntamiento de Mezquitic. “…reiteradamente han sido convocadas mediante oficio, para dar respuesta a las demandas planteadas desde el mes de septiembre de 2015 y retomadas por la actual administración mediante pliego petitorio a partir del mes de julio del presente año”, señalan

En ese periodo, “se han girado oficios a las dependencias en más de dos ocasiones. El primer oficio fechado el día 2 de julio del presente año, citándolos para el día 9 de agosto en la localidad de Pueblo Nuevo, en la que hicieron caso omiso. En vista de que las dependencias citadas no se presentaron en la fecha y el lugar señalados, la asamblea extraordinaria determinó girar un segundo oficio dirigido al secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, a que convocara nuevamente a las dependencias involucradas para el día 22 de septiembre de este año en la localidad de Nueva Colonia. A esa petición tampoco se le dio la atención correspondiente por parte del gobierno del estado, ya que no se presentó ninguna de las secretarías en mención”.

Con base en esas omisiones, afirman, “se determina por parte de la comunidad a que comparezca personalmente y de manera puntual el titular del poder Ejecutivo estatal para el día 28 de septiembre del presente año, en la cabecera comunal de Santa Catarina Cuexcomatitlán a las 9:00 am”.

Ante lo que consideran una actitud omisa, “la comunidad externa su inconformidad, porque es evidente que las instancias referidas están haciendo caso omiso a las peticiones, cuando la comunidad de Santa Catarina está haciendo uso legal de sus derechos, y en contraparte, se viola el artículo 8 constitucional, que textualmente dice los funcionarios y empleados públicos respetarán el derecho de petición, siempre que este se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa…”.

Los comuneros señalan que si sigue la actitud omisa, procederán a detallar en denuncia pública las condiciones de abandono en que se encuentra sumida la demarcación, cuyos derechos básicos son vulnerados.

SRN

Tribunal requiere a Jalisco para ejecutar sentencia

El magistrado de Tepic ha fijado el 20 de octubre la fecha de ejecución, pero requiere a autoridades para recibir seguridad y garantizar el acto.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Tribunal Unitario Agrario número 56, de Tepic, determinó ayer requerir a autoridades de los tres niveles de gobierno, incluido el gobierno de Jalisco, para que "proporcionen elementos de seguridad pública que garanticen la integridad física" del segundo intento de ejecutar el predio La Piedra Bola, posesionado por Herlinda Montoya Ultreras, el cual se realizará el próximo 20 de octubre, en el cañón de Huajimic, Nayarit.

El acuerdo se emitió por la tarde, tras la demanda de la defensa de la comunidad indígena wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a) de que se garantice la posibilidad de materializar la sentencia del expediente 1472/2012, cuya ejecución del pasado 22 de septiembre fue obstruida por un bloque de caminos de los ganaderos de Huajimic, ante la molestia de los comuneros, mil de los cuales bajaron esa misma mañana, tras cuatro horas a pie, al predio de 63.7 hectáreas, y se declararon en "asamblea permanente" mientras se alcanza la ejecución de la que es apenas la segunda de más de 40 sentencias que se han emitido, o están en vías de emitirse, en el marco del gran juicio de restitución de esa propiedad de casi 10,500 hectáreas que forma parte del patrimonio histórico de los indígenas, según sus títulos virreinales que datan de 1718.

Entre las autoridades requeridas están la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –responsable de la operación del programa Conflictos Sociales en Medio Rural, que se ha negado a aplicar en el conflicto entre los wixaritari y los ganaderos-, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión de Dialogo de los Pueblos Indígenas.

En cuanto a Nayarit, son llamados el gobernador de esa entidad, Antonio Echavarría García, su secretario general de Gobierno, su fiscal general, el presidente municipal de La Yesca, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las delegaciones de la Procuraduría Agraria y de la CDI.

Pero si bien, se trata del ámbito territorial de Nayarit, se interpela al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, así como a su secretario de Gobierno y su fiscal, a la CEDHJ y las respectivas delegaciones de la PA y de la CDI, lo que implica el reconocimiento de un conflicto histórico nunca resuelto: los límites de las restituciones indígenas del antiguo cantón de Colotlán, ocupados por ganaderos mestizos que "empujaron" la frontera nayarita a partir de la revolución mexicana, con esporádicas reacciones de Jalisco y un desmembramiento de las estructuras comunales que se refleja de forma más patente en la historia de Guadalupe Ocotán, cercenada a la comunidad de Tateikie (San Andrés Cohamiata) con el patrocino político de Nayarit y para el beneficio inicial de esos mismos  ganaderos, que tras la conquista del Nayar en 1720, encabezaron una verdadera segunda conquista de la sierra (ver MILENIO JALISCO, 9 de julio de 2013).

"Se ha decidido lo anterior, tomando en cuenta que en términos de los artículos 106, 107 y 164 de la Ley Agraria, las tierras que corresponden a los pueblos originarios deberán ser protegidas por las autoridades", dado que se aplican de forma contundente los preceptos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre poblaciones indígenas y tribales, y la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Y si bien, el magistrado Aldo Saúl Muñoz López, reconoció el pasado viernes 22 de septiembre la dificultad que entraña la "violencia legal" de las fuerzas de seguridad para romper un bloqueo, se buscarían formas que minimicen el riesgo y permitan el acceso al predio, pues se trata de una sentencia firme que ya no puede ser combatida. La superficie debe ser reintegrada en su total al patrimonio de Wuaut+a.

SRN

Ganaderos de Huajimic no ceden: gobierno debe entrar

Uno de los principales posesionarios de los predios de Wuaut+a reclama indiferencia federal para indemnizar sus posesiones casi centenarias.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los ganaderos de Huajimic están resueltos a lo que sea para impedir que se haga cualquier ejecución de sentencia desfavorable a las posesiones que ostentan miembros de su comunidad, mientras permanezca la indiferencia del gobierno federal y la apatía del gobierno nayarita en la defensa de sus derechos, advierte Álvaro Quintanilla Montoya, uno de los líderes del bloqueo del camino que impidió el paso al magistrado del Tribunal Unitario Agrario 56, de Tepic, Aldo Saúl Muñoz López, el pasado viernes 22 de septiembre.

"Esto se ha generado porque sinceramente nunca se ha llegado a un acuerdo favorable a una parte o a otra; entonces mientras no haya un acuerdo pos nunca vamos a llegar a nada, y nosotros no vamos a aceptar ya que vayan y ejecuten [la sentencia] a otra persona, van de uno por uno y al rato qué vamos a hacer, nos van a dejar sin tierras", dijo el parvifundista.

Entrevistado en Ayotita, un caserío enclavado en medio del camino a la Sierra de Álica, en las inmediaciones de la presa El Cajón, donde se apostaron desde el 21 de septiembre para impedir el acceso de funcionarios judiciales, Quintanilla Montoya reconoce que su familia, en conjunto, es poseedora de una mayoría de predios afectados: de 10,500 hectáreas aproximadas que reclama la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a), la parentela de los Quintanilla tiene cerca de 4 mil ha en posesión, la más antigua posesión data de su abuelo, Eulogio Quintanilla, fechada en el año 1906.

Insiste que no se niegan a negociar, pero el gobierno de la república, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), responsable de Cosomer (Conflictos Sociales en Medio Rural), "sólo da largas; hemos querido platicar también con el secretario de Gobernación, con la secretaria de la Sedatu, y nunca nos han dado una audiencia, a las dos partes. Tampoco se niegan, pero nos dan largas, y qué viene sucediendo, que vienen las ejecuciones, y que no se puede; es triste que a uno no le hagan caso, este es un problema grave, están pisoteando nuestros derechos de a tiro, ¿y de dónde venimos?, no somos extranjeros, ahí nacimos, ahí tiramos el ombligo, allí están enterrados nuestros muertos; queremos que se llegue a un acuerdo con el gobierno, que se paren todas las ejecuciones, hasta no llegar a un acuerdo, y seguir dialogando", afirma.

Niega que haya roces resientes con los comuneros indígenas, aunque estos reportaron que se dañó hace menos de una semana el inmueble que habían construido en la zona que recuperaron apenas en septiembre de 2016. "No, nada, nunca, nunca, nunca; nunca hemos llegado a las armas [...] sinceramente, ha habido un respeto y queremos que siga siendo así, no llegar a un extremo, porque tú no te vas a salir de tu casa, aunque te digan que te salieras...".
- En octubre se acordarán más ejecuciones, es decir, esto tiende a complicarse.
- Así es, y no lo vamos a aceptar, no lo vamos a dejar.

- ¿Cuál es la postura que ha tomado con ustedes el nuevo gobierno de Nayarit?
- Ahorita no hemos sabido nada del nuevo gobierno; ellos ya conocen este problema, lo hemos platicado muchas veces [...] del gobierno anterior largas y largas, en vez de ayudarnos. Yo digo que tanto el gobierno de Nayarit como el de Jalisco deben llegar a un acuerdo, y que se baje recurso tanto de un estado como de otro, y del gobierno federal; las cosas se avanzarían en algo.

- ¿No se supone que tienen un acuerdo con la comunidad de San Sebastián, que han dialogado?
- El acuerdo era que se pararan todas las ejecuciones, hasta que se bajaran recursos [...] no pasó nada, no hubo apoyo y se rompió el diálogo con ellos, por lo mismo de nada más largas y largas.

- Llegaron más de mil comuneros a Huajimic, ¿no teme que haya violencia?
- No va a pasar nada, nomas pedirles por la vía pacífica que se salgan de donde no les pertenece [...] ha faltado autoridad, haga de cuenta que platicamos con ellos y no llegamos a nada, o sea que sinceramente jugamos sin árbitro. Pero yo pienso que no pasa nada; nos tienen que respetar, y también ser respetuoso de ellos, nosotros. Sinceramente junto con ellos es como se puede hacer algo, avanzar en algo, y si no es junto con ellos no se va a poder.

SRN

Temaca ratifica "abusos" de la CEA

Piden que se reconsidere medidas cautelares por parte de la CEDHJ

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), por un lado ha rechazado las medidas cautelares que estableció la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en el caso de la queja de los habitantes de Temacapulín, pero el rechazo es una actitud "dolosa y falsa", dado que quienes se oponen al proyecto de la presa El Zapotillo padecen hostigamiento y amenazas, advierte el abogado de los quejosos, Guadalupe Espinoza Sauceda.

"Es evidente el hostigamiento, la presión y el chantaje que están sufriendo hoy en día los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, por lo que pido se realice una inspección ocular en las comunidades mencionadas y se recaben testimonios y se dé fe pública de lo que la CEA ha hecho o la organización México Sustentable, que le hace el trabajo sucio al gobierno federal [en este caso, al organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico, dependiente de la Comisión Nacional del Agua] como al gobierno de Jalisco, siendo una de las personas afectadas en Temacapulín, el señor Braulio Torres Gómez, a quien la CEA obligó a tumbar su casa en el mes de mayo pasado, si es que quería irse a vivir a Talicoyunque", señala en un escrito entregado al tercer visitador de la CEDHJ, Aldo Iván Reinoso Cervantes.

El ciudadano se regresó del terreno del Nuevo Temaca, pero no tiene casa dónde habitar. Asegura el defensor de los quejosos que ese tipo de negociaciones, en lo individual, están dejando en la indefensión a los moradores del poblado, en busque de mermar al movimiento organizado contra la megaobra.

"La gente de Temacapulín no quiere que se derribe ni una casa más, que no hostiguen y no molesten, y que el comando especial que encabezará el secretario Miguel Castro Reinoso no se instrumente".

Esto lleva a pedir que se reconsidere emitir medidas cautelares ante la presunta omisión de las autoridades y la simulación en el respeto a los derechos humanos. El escrito se entregó ayer, a cinco días de la cita que tuvo el ombudsman estatal con los defensores de los poblados amenazados con la inundación por la presa.

La reunión del 20 de septiembre fue entre el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo y sus socios y defensores, con el presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón. El vocero del comité, Gabriel Espinoza Íñiguez, pidió: "queremos que se cumplan las recomendaciones y no solo sean simbólicas", a lo que el ombudsman aseguró que refrenda su compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos y que en el caso de Temacapulín "se ha dado cuenta del amor que le tienen a la tierra y de ahí su visita después de que lo nombraran titular de esa dependencia". Que no le gustan las estridencias y que le gusta hacer más el trabajo en forma, considerándose un defensor de los derechos humanos y que van hacer mucho mejor el trabajo que el que venían haciendo y que se inicia una nueva época en la CEDHJ", según el testimonio de Espinoza Sauceda.

SRN

Huicholes piden sancionar al gobernador de Nayarit

Agustín del Castilla / Sierra de Álica, Nayarit. MILENIO JALISCO.

La comunidad indígena de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), solicitó al magistrado Aldo Saúl Muñoz López, del Tribunal Unitario Agrario número 56, de Tepic, abrir procedimiento por responsabilidad administrativa y penal contra el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García; el secretario general de gobierno, Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, y la Fiscalía General (cuya designación de titular está pendiente), por omisiones en otorgar seguridad al personal del propio tribunal, lo que impidió que este llevara a efecto la ejecución de la sentencia del juicio 1472/2012 a favor de la comunidad wixárika con cabecera en Jalisco.

En voz de su abogado defensor, Carlos González, señalaron además a esos funcionarios como responsables de los eventuales brotes de violencia que se susciten en la sierra, dado que al no arribar el magistrado a cumplir la sentencia, se quedaron esperando en el sitio de la ejecución judicial, alrededor de 1,200 comuneros que bajaron desde temprano, el viernes 22 de septiembre, a pie, de la comunidad de Ocota de la Sierra, quienes se declararon en “asamblea permanente”, decididos a no dejar la zona mientras no se cumpla con la entrega formal del terreno de 63.7 hectáreas.

El problema es que los ganaderos, principales afectados por las restituciones - ya que son los posesionarios de las más de 10 mil ha que ha reclamado la comunidad huichola con base en sus títulos virreinales de 1718-, también se han movilizado, y desde la tarde previa ya habían establecido bloqueos de caminos para impedir que se pudiera dar el cumplimiento de la sentencia.

Al asesor de Wuaut+a le parece que el bloqueo del camino hacia Huajimic, fue algo posiblemente pactado entre los pequeños propietarios y las autoridades de ese estado.

San Sebastián está haciendo el ejercicio de sus derechos, está actuando dentro de la vía legal, está acudiendo a los tribunales competentes que son los tribunales agrarios para que les reconozcan sus derechos y les restituyan las tierras que les fueron en su momento invadidas; nosotros vamos a seguir en esa vía, quienes están actuando al margen del derecho son los ganaderos de Huajimic, hoy obstruyeron una vía para evitar que el tribunal agrario cumpliera con su función; y desgraciadamente, hay que decirlo, también son las autoridades de gobierno, principalmente las de Nayarit, que no están acatando las órdenes que el tribunal agrario les está dando para acordar seguridad en la ejecución de estas sentencias”, señaló Carlos González.

“Esta es una decisión de no aplicar el derecho en detrimento de una comunidad indígena […] da tristeza lo que pasa en este país, las comunidades indígenas están siendo despojadas y violentadas de manera legal e ilegal, el Estado de derecho no funciona, no existe, y hay una grave vulneración de garantías constitucionales y de derechos colectivos […] por eso, manifesté en nombre de San Sebastián, que solicitamos se finquen responsabilidades administrativas y penales contra el gobernador, el secretario, el fiscal y el director de seguridad pública del ayuntamiento de La Yesca”, añadió.

Exhibió copias de los oficios que emitió el magistrado con la orden de brindar seguridad a la misión en la sierra. “En la audiencia del 24 agosto, el magistrado ordenó mediante oficio se requirieran a esas autoridades para ejecutar la sentencia del juicio 1472/2012, obran los oficios en el expediente […] incluso ayer, en una reunión en oficinas del TUA 56, el secretario de Gobierno, y funcionarios de La Yesca, garantizaron la seguridad pública municipal y estatal. Sin embargo, hacemos patente la ausencia absoluta de seguridad pública en desacato de la orden judicial por esas autoridades. Esto, en términos de leyes locales y federal implica faltas administrativas y penales sancionables con cárcel, y por eso solicitamos al magistrado que les finque responsabilidades”, insistió.

Consideró que la presencia de indígenas es normal porque buscan respaldar a su comisariado de bienes comunales. “Ellos bajaron para auxiliar al comisariado en la entrega de las tierras; empezaron a caminar desde el 21 de septiembre en la mañana, supimos que había bloqueos hasta en la tarde porque al comisariado de bienes comunales ya no se le permitió pasar por Huajimic, y tuvo que dar toda la vuelta hasta Guadalajara”. Al ser una comunidad propietaria de 240 mil hectáreas, es “un territorio vastísimo y es complicado establecer la comunicación”, pues se trata además de una serranía con deficiente infraestructura, lo que explica su relativo aislamiento.

No obstante, el abogado también ve una clara responsabilidad del gobierno federal en la creciente tensión en la zona. “Ha sido omiso en atender la resolución de este conflicto de manera conciliada; se les ha solicitado una y 100 veces. El pasado 12 de julio, dos camiones con comuneros fueron a la Ciudad de México, junto con sus autoridades agrarias y tradicionales; visitaron el Senado de la república, la Sedatu [Secretaría de Desarrollo Agrario], que es responsable del programa de conciliación [Cosomer, Conflictos Sociales en Medio Rural]; quedó agendada una reunión en agosto que nos cancelaron por Sedatu un día antes, informaron que no tenían integrado un solo expediente”.

Los legisladores “nos dijeron que iban a estudiar el caso. Hay n punto de acuerdo aprobado en febrero de este año, una propuesta de diputados de Jalisco para aprobar partida presupuestal, pero de ahí a una determinación para aprobar o etiquetar recursos fiscales, nada. Es claro que el gobierno federal tiene directa responsabilidad si llega a darse alguna situación de violencia”.

Hoy por la mañana, los abogados de Wuaut+a esperan fijar con el magistrado nueva fecha y hora para la ejecución de la sentencia, “estoy solicitando la intervención de seguridad pública del estado y la federal, y que se les aperciba que si no hacen caso, se les impongan sanciones administrativas y penales; también pedimos apercibir a los ciudadanos de Huajimic para que no obstruyan la impartición de justicia, porque ustedes han visto, bloquearon una vía pública con la intención clara de impedir la ejecución de una sentencia, lo que entraña una violación del orden constitucional y en el caso de las comunidades indígenas, de convenios y tratados internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que entre sus artículos 13 a 17 garantiza el acceso a la tierra de los pueblos originarios”, puntualizó.

EL EXHORTO INCUMPLIDO


El expediente del juicio de restitución de la propiedad de 63.7 hectáreas en posesión de Herlinda Montoya Utrera, contiene el exhorto 22/16 emitido por el titular del TUA 56, Aldo Saúl Muñoz López, bajo los números de oficio 1547 (gobernador del estado), 1548 (director de Seguridad Pública de La Yesca) 1550 (Fiscalía General de Justicia de Nayarit) y 1551 (Secretaría General de Gobierno), para garantizar que se realizara la diligencia de ejecución de la sentencia respectiva. Durante la jornada de los hechos, el pasado viernes 22 de septiembre, no hubo una sola unidad o elemento policiaco que acompañara al magistrado, cuya misión fue abortada por “imposibilidad material” de llevarla a cabo.

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CLAVES

EL CONVENIO 169 DE OIT EN MATERIA DE TIERRAS

México es firmante y ha reconocido a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos e indígenas, además de ambientales. Es el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo “sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, firmado por el país desde 1989. En relación a las tierras, esto establece:

Artículo 13. “1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.

Artículo 14. “1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Artículo 15. “1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos…”

Artículo 16. “1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan…”.

Artículo 17. 1. “Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. 2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad. 3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”.

FUENTE: CONVENIO 169 DE OIT

MC

La justicia falló; bloqueo de ganaderos paraliza sentencia

Funcionarios del TUA 56 aludieron imposibilidad para hacer cumplir la sentencia que otorgaba un segundo predio del cañón de Huajimic a comuneros de Wuaut+a, y dejaron esperando a 1,200 indígenas

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ayotita, un caserío ubicado a unos kilómetros de la cortina de la presa El Cajón, en el ascenso desde los valles de Tepic hacia la Sierra de Álica, fue la aduana infranqueable para el personal del Tribunal Unitario Agrario 56, que tenía la misión de ejecutar la segunda sentencia favorable para la comunidad indígena wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a), para reintegrar superficie comunal en poder de ganaderos de Huajimic. Apenas 63.7 hectáreas de poco más de diez mil en disputa.

Pero allí no se detiene la historia de la mañana de ayer. Mientras el magistrado Aldo Saúl Muñoz López hacía una exhortación caballerosa –a los representantes jurídicos de los huicholes les parece que el adjetivo calificativo idóneo de esa alocución es “tibia” -, hacia los manifestantes del poblado mestizo, de mover sus camionetas para dejar franco el paso de automotores – muchos vecinos de la sierra fueron “víctimas colaterales” de la protesta -, 1,200 comuneros descendían desde el poblado de Ocota de la Sierra, en esos linderos porosos entre Jalisco y Nayarit, para bajar al cañón de Huajimic, donde tomarían posesión del predio que se les ha reconocido con base en sus títulos virreinales, como detentadores del mejor derecho sobre esas tierras.

El magistrado nunca llegó a su destino. La causa fundamental fue la omisión de los tres niveles de gobierno en Nayarit y en la federación de proveer apoyo de fuerza pública. El funcionario judicial advirtió a la prensa que había lanzado las notificaciones correspondientes al Ayuntamiento de La Yesca, al gobierno del estado de Nayarit (ambos con pocos días de haber asumido las nuevas autoridades), y a diversas instancias del gobierno federal, como la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La respuesta fue que cumplirían con sus obligaciones de garantizar la aplicación de la ley. Pero no hubo un solo policía en todo el trayecto, y Muñoz López arguyó imposibilidades materiales de ejecutar, ante el bloqueo firme de los rancheros que da eco al “conflicto social” que no ha sido resuelto, entre otras causas, porque la Sedatu no reconoce en el ya largo enfrentamiento entre indígenas y mestizos un expediente “rojo” que amerite la entrada de gestiones y dinero del Cosomer (Conflictos Sociales en Medio Rural).

“No es un problema con la comunidad, ellos tienen también la razón, pero el gobierno nos quiere dejar abandonados y no reconocer nuestros derechos, y eso es despojo”, señaló firme Francisco Quintanilla, miembro de la familia que posee más predios de la zona en conflicto.

El magistrado pidió, como para que no se pusiera en duda su misión, que se dejara ejecutar una sentencia que legalmente ya es firme, es decir, inatacable, pero inmediatamente cedió a las palabras firmes de los ganaderos. El asesor legal de los indígenas, Carlos González, quien de por sí desde antes del amanecer, al notar la ausencia de fuerzas del orden, ya tenía fundadas dudas de que se pudiera llevar a cabo la administración de justicia, dejó constancia de su inconformidad, tanto en el acta que se levantó en el sitio del bloqueo, como ante los periodistas.

“Responsabilizamos al gobernador de Nayarit, Antonio Echavarría, a su secretario general de gobierno y a su fiscal general, de la violencia que se pueda suscitar por esta situación, pues 1,200 comuneros han bajado al predio y toman posesión del mismo, y ante las manifestaciones de los ganaderos con bloqueos de tránsito y de alimentos, la situación puede volverse insostenible”, subrayó con evidente molestia.

Los wixaritari bajaron al valle sin saber que la ejecución no se consumaría. Las autoridades comunales manifestaron su enojo por lo que llamaron la violación del estado de derecho y se declararon en asamblea permanente. “No se moverán del sitio hasta que el magistrado acuda a ejecutar”, comunicó Cristian Chávez, del grupo asesor.

La zona inaccesible por tierra tiene ahora todos los elementos de un posible estallido: rancheros irritados por lo que consideran despojo de los inmuebles de sus familias, e indígenas defensores de un derecho más antiguo que cualquiera de esas posesiones. Los bloqueos permanecían en las inmediaciones de Huajimic, y en particular, preocupa que se vuelva a querer estrangular a los aborígenes al cortarles suministros de alimentos.

Según el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, la Policía Federal patrulló por aire la zona ante la preocupación por la suerte de los indígenas expresada por el gobierno de este estado. Hay una petición del magistrado del TUA 56 porque haya una intervención efectiva de la Sedatu que calme los ánimos, y recuerda que el 10 de octubre acordará nuevas ejecuciones de sentencias, mientras la fallida de ayer, 1472/2012, podría ser reprogramada para la semana entrante. “Entendemos el problema de las autoridades locales, pero los indígenas requieren justicia en los hechos, no sólo en el papel”, había explicado al momento de comenzar la frustrada visita a la sierra. Pero luego diría frente a los parvifundistas que no aplicaría la ley con uso del monopolio de violencia que le da el Estado mexicano.

Así fluye la confusión de intereses y de visiones sobre cómo destrabar el expediente Huajimic, las montañas olvidadas entre la justicia constitucional fallida, y los pregoneros de la justicia a mano propia, que parecen cada vez más decididos.

MC

595 autos se suman al padrón cada día

La mala movilidad y la baja calidad de las gasolinas va mantener al auto como causa principal de contaminación muchos años más

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Cada día, se incorporan al registro de automóviles de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Jalisco, 595 automotores, para totalizar más de 200 mil por año, según la estadística dada a conocer por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en 2016.

Esto ha llevado “el índice de motorización” a 2.2 habitantes por auto, una de las relaciones más estrechas en América Latina, lo que revela que las grandes inversiones en transporte masivo, no sólo deben continuar con nuevas obras además de la línea 3 del tren ligero, sino que pese a eso, demorarán en dar resultados positivos en el tema de la movilidad para la ciudad.

Por otro lado, la elevada cantidad de autos (aproximadamente 2.1 millones circulan en la metrópolis) plantea otros retos más inmediatos, en el tema de la contaminación ambiental. Con la “liberación” del mercado de las gasolinas, un grupo de actores políticos y empresariales, bajo la iniciativa de la diputada local del PRD, Mónica Almeida, planteó la necesidad de ofrecer alternativas al alto precio de los combustibles que ofrece Pemex, todavía monopólicamente, en la ciudad.

Eso derivó en la propuesta de que se incrementara la oferta de combustibles de origen orgánico, o etanol, para mezcla con la gasolina tradicional, y un eventual crecimiento de su participación, pero ocasionó un debate sobre la pertinencia de la mezcla; la Semadet ha señalado la necesidad de profundizar los estudios antes de dar ese paso, pues hay evidencia de que podría ocasionarse mayores emisiones de precursores del ozono (O3), el mayor contaminante en las ciudades modernas, que deriva de una reacción química entre esas sustancias arrojadas por los autos y la luz solar.

La legisladora ha respondido que el problema de emisiones deriva de la mala calidad de los combustibles que vende Pemex en la zona, y no es problema del etanol.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) publicó una nota sobre los datos aportados en el taller Regulación en combustibles. Mejores prácticas internacionales y regulación en México, en el que participaron Pemex y el Consejo Internacional de Transporte Limpio, en agosto de 2015. Allí se dijo:

“Estados Unidos ha transitado hacia gasolina y Diésel UBA desde hace 10 años reduciendo hasta en 90 por ciento la contaminación y sigue con la tendencia, de reducción de hasta cero en niveles de azufre, por lo que Pemex desde 2005, dio inicio a la producción nacional e importación de gasolina Premium de Ultra Bajo Azufre para todo el país y a partir de 2009 para las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, así como la frontera norte, asumiendo el compromiso tecnológico de ajustar y modernizar su planta productora para abastecer paulatinamente de combustibles de ultra bajo azufre al territorio nacional”.

Sin embargo, “se habló de la importancia de que México actualice la norma que exigirá a Pemex y a los nuevos competidores en el mercado abierto la distribución y venta de combustibles más limpios en todo el territorio nacional, a fin de que pueda hacer frente a las nuevas condiciones que se generaron a partir de la reforma energética”. Así, “para México es indispensable contar con mejores combustibles para poder reducir la contaminación atmosférica, acceder a mejores tecnologías vehiculares y reducir el impacto en salud pública”.

Se suponía que la emisión de la norma emergente de la Comisión Reguladora de Energía EM-005-CRE-2015 y la norma definitiva 016-CRE-2016 iban a hacer cumplir esa necesidad de mejores gasolinas, sobre todo en el caso de la “ultra baja de azufre”, pero la realidad es que no existen evidencias de que hayan mejorado. Lo prueba el último decreto de la CRE, del 23 de mayo de 2017, en el Diario Oficial de la Federación: “se exime a los permisionarios de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos de la obligación de presentar a la Comisión Reguladora de Energía el resultado de los dictámenes que comprueben el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los petrolíferos de conformidad con la NOM-EM-005-CRE-2015”.

Esto acreditaría que no hay suficiente gasolina de calidad en el área metropolitana, aunque el compromiso de Pemex era ponerla en el mercado a partir de 2009.

Según el reporte de calidad del aire más reciente que publicó la Semadet, cada año se consumen en la ciudad 3.4 millones de metros cúbicos (3,400 millones de litros) de combustibles de origen fósil. Más de dos millones son gasolina magna, un millón es combustible diésel y alrededor de 400 mil m3 son gasolina Premium, la de mayor calidad.

Pero en ningún caso es gasolina de la calidad que se consume en Los Ángeles, California, una de las ciudades pioneras a nivel mundial en el tema del control de la contaminación. Así, con 595 autos que se suman al parque vehicular por día (238 con más de diez años, y tecnología de combustión obsoleta), combustibles de baja calidad y condiciones complejas de movilidad, los autos permanecerán por mucho tiempo como principal fuente de contaminantes del AMG, principal insignia de una ciudad que no se supo modernizar.

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CLAVES

Dos datos

*Los vehículos con diez años o más de antigüedad que circulan en el AMG son más contaminantes que los de modelos más recientes

*En promedio, los vehículos con menos de diez años de antigüedad emiten la cuarta parte de monóxido de carbono (CO), 22% menos hidrocarburos (HC) y 36% menos óxido nítrico (NO), con respecto a los vehículos de más de 10 años de antigüedad

Fuente: INECC

MC

Amenaza de violencia en la sierra de Huajimic

Gobierno nayarita busca convencer a huicholes y magistrados sobre la no pertinencia de ejecutar el segundo predio en poder de ganaderos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Mientras sube la tensión en la Sierra Madre Occidental, en los territorios inmemoriales del pueblo huichol, actualmente en posesión de ganaderos de Huajimic, el nuevo gobierno nayarita busca con premura la cancelación de una ejecución de sentencia programada para este viernes 22 de septiembre por el Tribunal Unitario Agrario número 22, la cual implica entregar un predio de poco más de 66 hectáreas, apenas una fracción de las 10 mil ha en disputa.

La postura de la comunidad indígena de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) es que no se debe cancelar la ejecución, dado que han debido esperar un año a raíz del polvo que levantó el primer proceso, justamente el 22 de septiembre de 2016, cuando tras una accidentada acción judicial, los ganaderos agraviados bloquearon la salida del personal del Tribunal Unitario Agrario 56, en un bloqueo de caminos que se prolongó más de cinco horas, y que también retuvo a un grupo de periodistas, hasta el arribo del entonces fiscal nayarita Édgar Veytia (hoy encarcelado en Estados Unidos por delitos contra la salud), ya entrada la noche de esa jornada.

Fuentes de la comunidad indígena señalaron a MILENIO JALISCO que esta mañana, a las 10:00 am, se reunirán en la sede del TUA 56, en la ciudad de Tepic, el magistrado Aldo Saúl Muñoz López, personal de la Secretaría General de Gobierno de la administración entrante de Nayarit, cuyo titular es Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, y los integrantes del comisariado de bienes comunales de Wuaut+a, encabezados por Santos Hernández Bautista.

"Quieren presionar a que se posponga la ejecución de la sentencia, porque el secretario de gobierno alega que apenas tienen unos días en el cargo, y esto es un conflicto muy serio", reveló el abogado de los comuneros, Carlos González.

La preocupación no es menor: las señales de que tanto ganaderos como aborígenes se preparan para posibles incidentes son claras desde la sierra. Pero mientras la comunidad asegura que los 1.050 indígenas que acudirán al potrero de 63-72-75 hectáreas que se encuentra en posesión de Erlinda Montoya Ultreras (sentencia dictada dentro del expediente 1472/2012) no llevarán armas, señalan a su contraparte de que les "ha mandado mensajes" de que tienen armas disponibles para recibirlos.

Los ganaderos ya mandaron su mensaje a las autoridades y la sociedad. "Como se recordará este es un conflicto agrario que data de varios años, los indígenas de Jalisco intentan desesperadamente quitar a los comuneros de Huajimic alrededor de 10 mil hectáreas. Ellos argumentan tener un título virreinal de 1718 pero nadie lo ha visto, nadie lo conoce y pese a ello, los han favorecido", señaló el periódico Realidades de Tepic, en una noticia fechada el pasado 15 de septiembre (http://realidadesperiodico.com/featured/alerta-de-violencia-en-la-sierra/).

"Quienes sí han presentado documentos son los nayaritas, donde consta que las tierras fueron adquiridas por los comuneros en los 1890, 1892, 1896 1900 y 1906. El tiempo trascurre y las autoridades locales, les jugaron el dedo en la boca ya que les prometieron apoyo y nunca cumplieron [...] de tal suerte que hace un año, con algunas acciones legaloides, se dictó la orden de ejecución a favor de los indígenas para 'recuperar' 184 hectáreas [...] pese a que muchos de los 800 indígenas iban armados al momento de despojarlos de su patrimonio aquel 22 de septiembre de 2016, el pueblo de la Yesca, guardó la compostura, no cayeron en provocaciones ni sacaron sus pistolas, ya que la Actuaria prometió suspender la ejecución en caso de que alguna de las partes estuvieran armados, pero les mintió", añade el redactor.

Y viene la advertencia: "Pero ya no van a permitir que les vean la cara, pelearán tope donde tope. El pasado domingo, los 56 propietarios de las hectáreas que pelean los jaliscienses, acordaron defender con 'todo' a la propietaria Herlinda Montoya quien este 22 de septiembre, también será despojada de su patrimonio".

El derecho agrario que invocan los huicholes es materia federal, y no afecta las fronteras entre estados. El título virreinal existe, y ha sido la base de restituciones para Wuaut+a en otras zonas, por más de 20 mil ha, en los últimos 20 años. "Nosotros iremos a tomar posesión aunque no vengan los del tribunal, no estamos jugando", advirtió en respuesta un líder wixárika, ayer. La sierra durmió inquieta esta noche.

SRN

Huicholes movilizarán a un millar en la sierra

La autoridad comunal advierte que los ganaderos se están armando, por lo que esperan presencia policíaca para la ejecución judicial.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La comunidad wixárika de Wuaut+a-Kuruxi Manuwe (San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños) espera que los gobiernos federal y de los estados de Nayarit y Jalisco, garanticen la paz en la ejecución de la nueva sentencia de los tribunales agrarios para la restitución de predios que les fueron titulados desde la época colonial, y a últimas décadas, están en posesión de ganaderos de Huajimic.

Pero ante la duda, con la mala experiencia de hace un año y la violencia más reciente contra algunos líderes locales, asesinados en mayo pasado, han decidido protegerse: mil comuneros asistirán al acto judicial en tierras hostiles, este viernes, 22 de septiembre, tras una caminata de siete kilómetros, aunque el presidente comunal, Santos Hernández Bautista, previene que no irán armados.

Los integrantes del comisariado visitaron ayer Guadalajara para correr todas las notificaciones que hagan falta. “Irán comuneros de 35 localidades que tiene San Sebastián, se van a mover 1,050 comuneros […] fuimos con el fiscal, ya sabe el Tribunal Unitario Agrario [TUA], ya sabe la Secretaría Agraria [sic], desde el 30 de agosto, Asuntos Agrarios; ya está todo en orden con el gobierno federal, para que haya guardia, para que haya vigilancia…”.

- ¿Se hizo también esa notificación con el gobierno nayarita?
- Bueno, el gobierno del estado de Jalisco le comenta todo a Nayarit, al tribunal agrario, que tiene que informarle a su propio gobierno, para que puedan venir; nosotros el 21 vamos a estar en el tribunal 56, en Nayarit, y el 22 ya arrancamos a la sierra, la hora ya está, es nomas que nos digan cómo nos van a proteger, para no tener problemas.

- ¿Hay algún diálogo y acuerdos con los ganaderos de Huajimic?

- El diálogo lo tuvimos 17 de julio, y pues estaban de acuerdo - no sé porque ahí hay un escrito que dice que van a deshacer la ejecución-, por eso no vamos a detenernos; la comunidad tiene ganas, y va a actuar de acuerdo a lo que dijo la asamblea y el tribunal agrario; ellos se comprometieron, la comisión de propietarios de Huajimic, dijeron que iban a tener una reunión con su gente; eran cinco comisionados: Nacho Gamboa, Édgar Ramírez, Otoniel Sandoval, Enedina Villagrana y Lucio Gamboa; se hizo una reunión con ellos en Mesa del Tirador, a las 10 de la mañana de ese día, e hicimos un diálogo y una minuta de trabajo; pero parece que ellos no cumplieron, pero ya están notificados que sí se va a realizar la ejecución el 22 de septiembre.

- ¿Podrían suscitarse molestias como hace un año?
Sí, yo pienso que sí se van a molestar, ahorita ellos se quieren armar, ya en el rancho les están llegando armados; nos quieren asustar, por eso tenemos que hablar al gobierno para que nos proteja en la ejecución; si nos dejan así pienso que la misma comunidad va a tener su propia guardia […] no llevamos armas, pero la comunidad tiene su propia guardia.

El dirigente destaca que es obligación de las autoridades garantizar la seguridad en una ejecución judicial, pero en septiembre de 2016, no hubo fuerzas estatales ni federales en el potrero restituido, y solo policías municipales de La Yesca, Nayarit, como espectadores de la furia contenida de decenas de ganaderos que impidieron, por más de cinco horas, la salida del personal judicial, y un grupo de periodistas a los que no se impidió moverse… pero a pie. Fue justamente el fiscal nayarita, hoy encarcelado y bajo juicio por delitos contra la salud y crimen organizado en una corte de Estados Unidos, Édgar Veytia, quien debió apersonarse en la sierra para ordenar que el bloqueo fuera levantado, la noche del 22 de septiembre de 2016. La siguiente semana fue de acoso a los huicholes que estaban en campamento, y posteriormente, un diálogo que no dio frutos, pues la Secretaría de Desarrollo Agrario (Sedatu) se ha negado a intervenir para conciliar el conflicto bajo el argumento de que no tiene recursos para indemnizar a los posesionarios.

SRN

Leyes forestal y de biodiversidad, arrastran “graves” defectos

Piden al Senado que se postergue la aprobación, pues incluso versiones "mejoradas" tienen graves defectos

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los textos que pretenden sacar adelante los senadores, tanto en relación a la nueva Ley General de Biodiversidad como de la Ley Forestal, presentan serios defectos que deben ser corregidos, sostiene el investigador de la Universidad de Chapingo, Gonzalo Chapela y Mendoza.

En un artículo publicado en el portal de Ceiba.org.mx (Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente), el científico, que ha sido crítico del proceso que encabeza la senadora del Partido Verde, Ninfa Salinas, escribe a nombre de los colectivos ciudadanos y científicos que lo cuestionan: "nuestra apreciación del proceso está en tres puntos: a) hay un defecto en el proceso por falta de una consulta pública, que deja un margen de debilidad al proyecto; b) hay avances muy sustanciales en el dictamen, en relación con la iniciativa y con la minuta enviada por la Cámara de Diputados y c) hay propuestas importantes en las que se debe insistir".

Así, "se pone a la consideración de los legisladores en tarea de discusión del proyecto de dictamen un conjunto de aspectos, en pro de obtener el mejor producto legislativo que sea posible. A continuación se agrupan temas y consideraciones sobre la redacción del articulado, tomando como referencia el proyecto de dictamen elaborado [...]".

Diversos argumentos. En cuanto a la Ley Forestal, el Consejo Nacional Forestal ha sido minimizado y degradado en atribuciones aunque representa a la sociedad. "Consideramos que eso significa un retroceso muy sustancial en el margen de participación ciudadana, transparencia, contrapeso y ejercicio del derecho a la participación plena y efectiva".

En cuanto al Comité mixto del Fondo Forestal Mexicano, también se le reduce a "una función de consulta y asesoría". Respecto al manejo forestal comunitario, "un concepto emergente mundialmente, que ha alcanzado reconocimiento y donde México ha forjado un prestigio internacional. Dicho concepto conlleva definiciones de política que reconoce la importancia del fomento del protagonismo de las comunidades como resguardo del capital natural y, por otro lado, el desarrollo productivo como motor económico en los territorios forestales, para quienes detentan las tierras forestales como para quienes no tienen acceso a la tierra pero ya son población mayoritaria".

El proyecto de dictamen "recoge varias definiciones, criterios y objetivos que forman un sistema de disposiciones orientadas a dar prioridad al MFC", pero se le ha debilitado en cuanto a su permanencia dentro de los programas prioritarios y esto podría abrir la posibilidad que presupuestalmente no fuera considerado. También hay riesgos en el tema de la descentralización, un esquema "basado en unidades regionales donde se establezcan mecanismos de concurrencia intersectorial, se haga un ordenamiento concertado con todos los actores de los territorios forestales, se fomente la organización, de fortalezcan las capacidades institucionales mediante esquemas de coadyuvancia y se invierta, con ahorros, en bienes públicos de infraestructura, conocimiento y capacidades que reduzcan la carga regulatoria, proporcionen economías de escala y varios beneficios más".

En el dictamen "fueros suprimidos todas estas definiciones y disposiciones, lo que sería una lamentable pérdida de oportunidad para un cambio realmente significativo y favorable para la actividad, los territorios forestales y la población que depende de los bosques".

También se omitió consolidar el régimen de aprovechamiento de reforestación en terrenos agropecuarios, que debería estar sujeto al derecho del productor a decidir si lo mantiene forestal o lo regresa a la agricultura; y debe estar en un régimen parecido el caso de los acahuales ("terreno forestal con vegetación que surge en tierras parcialmente desmontadas que alternan períodos de uso agrícola y de regeneración").

También se debe fortalecer los servicios forestales con acreditación, capacitación y reconocimiento de los técnicos; consolidar el sistema de información y gestión por separado; señalar explícitamente la vulnerabilidad como característica de los terrenos preferentemente forestales para obligar a su manejo sostenible.

Y no menos importante: que la manifestación de impacto ambiental (MIA) no sea exigida para programas de manejo, sino un informe preventivo de impacto ambiental para desburocratizar los trámites; y en cambio de uso de suelo forestal, "se propone, aunque tal propuesta no alcanzó acuerdo en el proceso de concertación, una rigurosidad mayor que proteja el capital forestal nacional de mejor manera, suprimiendo el mandato 'autorizará' y restringiendo la condición de excepcionalidad a la utilidad pública", añade el experto. Así, la redacción del artículo 86 sería: "La Secretaría autorizará podrá autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales excepcionalmente por motivos de utilidad pública".

SRN

San Sebastián anuncia nuevas restituciones

Un año después de los incidentes en Huajimic, se realizará una ejecución judicial pese a que la Sedatu se ha negado a intervenir en el conflicto agrario

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Un año después, la comunidad indígena wixárica de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), ha anunciado que se retomarán las ejecuciones judiciales para la recuperación del territorio inmemorial, no obstante que hasta ahora, el Estado mexicano no ha mandado señales claras de que se encargará de intervenir para minimizar el conflicto que ya suscitó bloqueos y conatos de violencia en el pasado inmediato.

"Posterior a diez años de litigio se realizará la segunda sentencia de restitución de tierras a favor de la comunidad wixárika de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán Wautua y Tuxpan Kuruxi Manuwe de los municipios de Mezquitic y Bolaños. Por lo que se exige el estricto cumplimiento del estado de derecho, así mismo, se garantice la paz y el orden público, antes, durante y después de la restitución", señalaron ayer los comuneros en un comunicado de prensa.

A petición de la comunidad, "el Tribunal Unitario Agrario [TUA] del distrito 56 ha girado ordenes a la Secretaría de Gobernación, a los gobiernos de Jalisco y Nayarit, a la Fiscalía General del Estado de Jalisco y de Nayarit, a los ayuntamientos de Bolaños y La Yesca, así como a sus policías municipales, a la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Jalisco, a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) y demás instituciones competentes para que garanticen el correcto cumplimiento del estado de derecho", añaden.

Dicha restitución "se realizará el próximo 22 de septiembre de 2017 a las 12:00 p.m. en el predio Piedra Bola que se encuentra dentro del poblado de Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit. La superficie en mención tiene una extensión de 63-72-75 hectáreas y se encuentra en posesión irregular a nombre de la C. Erlinda Montoya Ultreras. Es la segunda ejecución forzosa, sentencia dictada dentro del expediente 1472/2012 que se tramitó ante el TUA del Distrito XVI, con sede en la ciudad de Guadalajara".

Corresponde su ejecución al TUA 56 de Tepic, por tener jurisdicción sobre el municipio en el cual tendrá verificativo. "En razón de ello, exigimos al Estado mexicano representado por el presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, cumplan el compromiso que adquirido ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de garantizar estrictamente los derechos de los pueblos originarios que conforman este país".

También se exige a los gobernadores de Jalisco y Nayarit "otorguen las medidas necesarias para garantizar la correcta ejecución en campo, la preservación de la paz y el orden público antes, durante y después de este acontecimiento, conforme a la palabra de sus entonces secretarios de Gobierno Roberto López Lara y Jorge Armando Gómez Arias, en el palacio de gobierno [de Jalisco] el día 21 de agosto de 2014, garantizando a nuestra comunidad el pleno acceso y resguardo de la superficie que le será devuelta en el cumplimiento de la sentencia dictada por las autoridades agrarias".

Los comuneros demandan que las fiscalías de ambos estados resguarden la seguridad, ante los incidentes de septiembre de 2016, cuando el personal del TUA fue retenido por ganaderos furiosos con un retén en que quedaron atrapados junto a periodistas por más de cinco horas (MILENIO JALISCO, 23 y 24 de septiembre de 2016). Los días posteriores hubo bloqueos de caminos para impedir el abastecimiento del campamento huichol instalado en el primer predio restituido. Posteriormente, un diálogo infructuoso ante la indiferencia de la Sedatu a intervenir. Un año después, y tras asesinatos no aclarados de dirigentes de los wixáritaris en el mayo previo, los vientos no son de nuevo favorables a la paz social de la sierra.

SRN

Senadores insisten en no proteger ANP de minería

En el Senado se disputa una ley de alta importancia para la vida silvestre y las áreas protegidas, sostienen ONG y activistas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República se ha empeñado en no incluir en la iniciativa de nueva Ley General de Biodiversidad la prohibición expresa de permitir actividades de extracción minera en el interior de las áreas naturales protegidas, amenazadas en la actualidad por la existencia de concesiones federales que podrían intentar materializar en el corto plazo, los concesionarios nacionales y extranjeros, destacan en una misiva a cinco grupos parlamentarios, dos asociaciones civiles y diez de los más notables científicos y activistas mexicanos en el tema.

"Consideramos que hay varias omisiones que en su momento se han señalado [...] no se establece la prohibición para la realización de de actividades mineras en las áreas naturales protegidas [ANP], ni siquiera en las zonas núcleo. Lo anterior resulta incomprensible y regresivo si se considera que en la legislación en materia energética se ha establecido expresamente la prohibición de desarrollar actividades para la exploración de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas", señalan en una carta de cinco páginas el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, asociación civil; Natura y Ecosistemas Mexicanos, AC, así como los científicos, ex funcionarios y activistas Antonio Azuela de la Cueva, Julia Carabias Lillo, Miguel Ángel Cancino, Gonzalo Chapela, Roberto de la Maza Hernández, Luis Fueyo Mac Donald, Germán González Dávila, Alejandra Rabasa Salinas, Anaid Velasco y Norma Sandoval Gómez.

Advierten la necesidad de reconocer la importancia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), "que se ha insistido debería ser creada por mandato de ley [...] frente a la evidencia de las amenazas que enfrentan las ANP y el grave déficit presupuestario y de recursos humanos con el cual opera desde su creación; existen razones de fondo para que los legisladores comprometidos tuvieran interés en fortalecer esta institución clave para la biodiversidad", caso similar a la creación del consejo consultivos de ANP.

Otro aspecto esencial que la iniciativa ha omitido es el establecimiento del principio precautorio o in dubio pro natura, pese a que el derecho ambiental internacional lo utiliza ampliamente y es "no solamente necesario para lograr la protección del medio ambiente y la biodiversidad, sino una obligación de derecho internacional para los estados que deben garantizar, para sus ciudadanos, el ejercicio del derecho humano a un medio ambiente sano y los derechos humanos dependientes del mismo, como son el derecho a la salud, al agua y a una calidad de vida digna".

Al igual que en el caso de la Ley Forestal, las iniciativas de la comisión senatorial que preside Ninfa Salinas Sada han generado controversia entre las organizaciones sociales y de productores, que ven amenazados otros aspectos como la producción forestal comunitaria. Los firmantes de la carta destacan también errores de forma y descuidos elementales de las iniciativa que se supone habían sido reformadas en marzo de 2017 como fruto de una primera andanada de consultas, tras pretenderse imponer la nueva ley sin discusiones.

SRN