El ingreso del recurso agua al mercado, más allá de su justificación económica, está generando una fuerte desigualdad en el acceso al servicio, en perjuicio de millones de mexicanos en estado de pobreza, advirtió ayer, en una ponencia, el diputado perredista Raúl Vargas López.
“Independientemente de que se crea o no en los posibles beneficios que la apertura de los mercados del agua pueda traer a la población, en un país como México, las políticas de libre mercado en el marco de la globalización neoliberal han aumentado […] la cantidad de personas que no tienen acceso a la cobertura de sus necesidades básicas de salud, educación, vivienda y agua”. Como prueba, citó al relator especial de Naciones Unidas sobre Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, quien señaló que “la globalización de las corporaciones y su clara expresión de la privatización de los servicios, es una de las mayores amenazas para el acceso universal al agua potable”.
La ponencia se presentó en el marco del III Encuentro Modelo Agua Jalisco, en un hotel de esta ciudad, patrocinado por la Comisión Estatal del Agua (CEA), en busca de generar un nuevo esquema que garantice el cumplimiento efectivo de las metas de dotación de agua y saneamiento para los jaliscienses.
En países como México, añadió el ponente, “la privatización del agua se ha ido convirtiendo a su vez en un grave problema, al otorgar el manejo de los recursos a empresas privadas, quienes se conducen bajo la lógica y los criterios de los negocios, lo que provoca que aumente la presión sobre las fuentes de agua al intentar extraer la mayor rentabilidad del recurso en el menor tiempo posible. Los criterios de cuidado y sustentabilidad de los recursos suelen ser vencidos por los mal entendidos y peor aplicados criterios de rentabilidad y ganancia”.
Frente a esta problemática, “amplios sectores poblacionales han insistido en la necesidad de que el agua sea considerada por los sistemas jurídicos como un derecho fundamental […] el derecho al agua guarda una relación de interdependencia con otros derechos reconocidos en la Constitución mexicana, como pueden ser la salud, la vivienda y el medio ambiente, que son de imposible ejercicio si no se cuenta con una cantidad suficiente de agua disponible”.
Esta relación sí ha prosperado en el derecho internacional, con la reciente declaración de la asamblea general de la ONU del derecho humano al agua potable.
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