Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 12 de agosto de 2010
El Ayuntamiento de La Huerta está convencido de que la razón está del lado de la mayoría de los afectados por el desalojo violento de la playa de Tenacatita; por eso, el alcalde, Carlos Román Ramírez Núñez, anunció que se establecerá un despacho especial a cargo del municipio para apoyar el levantamiento de denuncias para lograr la restitución de los derechos, a su juicio, violados.
Además, el municipio insistirá en el revocamiento de la concesión de la zona federal que tiene la inmobiliaria Rodenas, la cual ha dejado de pagar ese derecho por muchos años sin que suceda nada. El presidente municipal, entrevistado por vía telefónica, se dijo preocupado no sólo por la pérdida de un centro productivo que daba sustento a 200 familias, unas 700 personas en total, sino también por la pérdida de una de las playas de uso público más importantes de la costa jalisciense.
“Entre lo que vamos a hacer es tratar de revocarle la concesión a Rodenas y vamos a meter una demanda por la obstrucción de la carretera, pues es fecha que no la liberan y están violando un derecho básico, el de libre tránsito”.
“Necesitamos un poquito de tiempo para armar la defensa […] ahorita andamos declarando una especie de zona de desastre porque la gente vive de las ramadas, del negocio, pero se quedó sin nada, a ver si les conseguimos despensas para que vayan pasándola”.
Aclaró que el despacho jurídico no será especialmente costoso porque será integrado por abogados del municipio. También aseguró que el gobierno del estado ha sido receptivo a sus quejas, si bien la policía estatal propició la violencia el pasado 5 de agosto, y el propio secretario General de Gobierno no está “bien informado” del asunto.
“El gobierno del estado nos han apoyado: la gente que estuvo detenida, nos apoyaron para sacarlos de la cárcel, realmente nos iban a cobrar fianzas de 20 mil pesos y lo bajaron a 1,500 pesos por persona; fueron catorce detenidos y varios menores de edad”, defendió al Ejecutivo.
Respecto al papel de los estatales, por un lado, ponderó: “el desalojo se hizo porque el gobierno cumple orden de juez, realmente no podemos echarle la culpa”, sin embargo, tanto los hechos violentos como la ocupación de los predios y el bloqueo de la carretera son excesivos. “Yo siento que es un exceso, pienso que el gobierno no está enterado realmente; hoy [miércoles] mandaron gente y se estuvo viendo, creo que ya podrán ver realmente lo que está pasando y corregirlo […] esto no está normalizado, se sigue obstruyendo el paso, la policía todavía está y pedimos al secretario general [Fernando Guzmán] que nos retire a la policía; la verdad es que quien inició la violencia fue la gente de seguridad pública, yo creo que el secretario desconoce la situación, pero sus allegados se están informando de primera mano y le podrán informar”.
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