Se borran una carretera y una playa públicas de la costa de Jalisco. Policías estatales siguen bloqueando una vía de comunicación pública
La Huerta. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 13 de agosto de 2010
"No pueden pasar, son órdenes superiores”, dice sin titubear un malencarado guardia estatal apostado en medio de la carretera pavimentada, que permanece bloqueada desde hace una semana para impedir a los viejos posesionarios de Tenacatita el acceso a los predios que detentaron por más de medio siglo.
Quién lo diría: una vía de comunicación pública, construida hace más de quince años con presupuesto público, privatizada de un plumazo a instancias del mismo gobierno, a pretexto de que penetra terrenos privados… así, los turistas no pueden ingresar más a una playa que, constitucionalmente, es pública. “Háganlo por mar”, los retan los gendarmes, burlones.
Los vecinos se preguntan para quién se gobierna en Jalisco. Los policías estatales les dicen molestos que sólo cumplen órdenes. La carretera tiene una malla ciclónica con cadenas y pasador; ese lindero penetra profundamente en el mangle, lo que afecta su crecimiento y ha motivado una denuncia ambiental del presidente municipal de La Huerta, Carlos Román Ramírez Núñez, la que será atendida en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero “deberá esperar algunas semanas”, le dijeron en la oficina de Guadalajara.
En el poblado de El Rebalsito hay hartazgo por lo que consideran complicidad del gobierno del estado a favor de la inmobiliaria Rodenas SA, del empresario José María Andrés Villalobos, ex dirigente de la Cámara de Comercio de Guadalajara y quien hace su lobby en otros niveles, no en estas calles polvorientas llenas de personas irritadas por lo que consideran un vil despojo de sus bienes y sus formas de vida.
“Nosotros no conocimos a nadie que quisiera estas tierras cuando llegamos y las hicimos crecer; después salieron esos intereses, en 1993, la primera vez que nos quisieron sacar, quemando nuestras palapas”, señala Uriel Íñiguez, dueño del restaurante El Delfín, uno de los desalojados.
Pero formalmente, una orden del juzgado de Cihuatlán por un largo litigio es la justificación de la autoridad para mantener policías vigilando un predio privado donde además, desde el mar se evidencia cómo también se demuelen poco a poco, con traxcavos, fincas levantadas tras décadas de esfuerzos de al menos 200 familias. Pero esta es la nueva justicia vigente en Tenacatita, donde económica y socialmente, parece asomar un desastre.
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