La empresa Rodenas cumplió su amenaza contra los ejidatarios. Diputado federal denuncia abusos y violencia de parte de los gendarmes
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 5 de agosto de 2010
Un amplio operativo policial despertó ayer, antes de que saliera el sol, a los vecinos de Tenacatita, con una orden contundente: debían dejar sus casas y sus comercios enclavados frente al mar desde 1960, por orden del juez segundo de distrito de Autlán, a favor de quien ha sido su enemigo por al menos dos décadas: inmobiliaria Rodenas, propiedad del empresario tapatío José María Andrés Villalobos.
El intimidante desalojo se completó en pocas horas, pero el resto del día, hasta el cierre de esta edición, casi 150 policías debieron contener a cientos de vecinos afectados con la orden, quienes se reunieron en la carretera de acceso al poblado, para impedir el paso a la maquinaria destinada a destruir sus fincas.
“Estamos simplemente cumpliendo la orden del juez”, se justificó el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, ante el diputado federal Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo. El legislador fue enterado de la acción policial y pidió la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), pues el visitador que acudió fue despojado hasta de su celular, lo mismo que el secretario del Ayuntamiento de La Huerta, Javier Arias Nava, quien dijo vía telefónica a este diario que se buscaba evitar violencia contra los moradores afectados.
Entre los vecinos circuló que la orden judicial proviene desde la Suprema Corte de Justicia, como resolución de un antiguo juicio bajo el expediente 1569/72, que exhortó al juez de distrito a ordenar la ejecutoria del desalojo. Lo extraño es que no se trata de una presunta invasión de propiedad, pues el asentamiento se ubica en la zona federal marítimo-terrestre, sino de una concesión que ya no estaría vigente por parte del dueño de Rodenas.
Por la tarde de ayer, policías estatales derribaron algunas palapas en la zona turística de la playa, mientras los vecinos permanecían a 1.5 kilómetros, sobre la carretera de acceso, molestos por la destrucción de sus propiedades. Unos pocos intentaron penetrar hacia sus viejas posesiones y fueron golpeados por gendarmes, aseguró el ex regidor Salvador Magaña. “Creemos que es un madruguete judicial pero carece de sustento legal, parece tráfico de influencias de esa persona”, señaló el perredista.
Rodenas tiene así su tercera tentativa de desalojar el predio: las anteriores fueron en 1993 y 1998, más el arresto de diversos pescadores en 2006. Los ejidatarios reclaman no haber sido notificados y esperan que un amparo los saque del apuro. La tensión continúa.
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