domingo, 30 de septiembre de 2012

Taras de municipios: faltan incentivos para poder cambiar



El experto del CIDE, Enrique Cabrero, advierte que sólo gestiones de Administración a largo plazo resuelven los grandes problemas de las ciudades

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El municipio en México y en Jalisco significa gobiernos locales de corto plazo y cuyas miras se detienen en sus linderos con otros municipios; con escasa planeación y transparencia; con nóminas obesas y endeudados; sin ingresos propios de consideración y sin la sanción ciudadana que significaría la reelección, admite Enrique Cabrero Mendoza, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y experto en el tema.

El problema es la falta de incentivos para que los partidos políticos cambien este panorama de ineficiencia y minoría de edad que se padece en ese nivel de gobierno.

“Creo que está claro a estas alturas el balance de la gente que nos dedicamos al estudio de las administraciones municipales; el asunto de los periodos sin reelección inmediata, que cada vez es más preocupante en el país, y todo porque hablamos de ciudades, de espacios locales, que requieren planes de mediano y corto plazo, y con estos cambios tan rápidos de tres o en algunos estados cuatro años, no alcanzan a consolidarse; en otros países, los gobiernos locales son donde los gobernantes duran más tiempo, se permite la reelección en varios periodos, y algunos tienes alcaldes que llevan 15 años, que han logrado consolidar totalmente el proyecto de ciudad que tenían, cosa que en México desafortunadamente no se puede”, señaló en entrevista telefónica con MILENIO JALISCO.

Si a esto se añade “cabildos que en realidad no funcionan, que no tienen las herramientas para tomar las decisiones, los bajos recursos fiscales y la baja profesionalización de funcionarios locales, todo eso te hace un coctel en el que es muy difícil que encontremos administraciones municipales que realmente logren sus objetivos en tres años”.

—Esto parece ser aún más crítico con los municipios enclavados en áreas metropolitanas, como es el caso de Guadalajara…

—Creo que es un caso que nos ha llamado favorablemente la atención, dado que ha habido iniciativas, como lo es el Instituto Metropolitano de Planeación, y también un consejo; no se ha consolidado todavía, no es una realidad, pero ya hay un conjunto de actores preocupados; nosotros hemos insistido en todas las zonas metropolitanas que se requieren estos institutos para así garantizar la coordinación de los servicios, y eso es lo que pasa en todas las ciudades del mundo […] creo que ahí el Congreso local de Jalisco, tienen posibilidades de avanzar bastante en la normatividad, y aceptar la existencia de un instituto, promover la profesionalización de los servidores municipales, y ojalá que Jalisco se ponga a la vanguardia en estos temas.

—¿Qué es lo que impide que estos cambios se lleven a cabo, cuando se tienen años discutiendo su conveniencia?

—Tenemos un grave problema ahí: no hay incentivos en los actores políticos para generar acuerdos de largo plazo, obviamente porque sus periodos son cortos, pero también el problema es que al interior de los partidos […] ellos saben que sólo van a estar tres años, y ya están ocupados por dar el siguiente paso, que es moverse a una candidatura, una diputación, al gobierno del estado; cuando uno platica con los partidos políticos, la conclusión ya en corto de los partidos es la misma, nosotros necesitamos la movilidad de nuestros militantes, el hecho de que las administraciones y gobiernos municipales sean cada tres años, y que cambien los alcaldes y cambien los regidores, nos da a nosotros como partidos políticos la oportunidad de mantener a nuestra militancia con expectativas de que van a tener oportunidades de tener campaña y de gobernar, es decir, hay una visión de los partidos totalmente centrada en los beneficios de ellos mismos, y no pensada en los beneficios para los ciudadanos; y mientras no hagan un compromiso más fuerte con la sociedad y eviten esta rotación, pues entonces vamos a seguir en una situación muy grave.

Según el investigador del CIDE, “cada año, en este país se cambian entre 60 mil y 70 mil funcionarios municipales”.

Esto es fruto, admite, de “una visión muy corta, inmediatista, miope, porque en el fondo lo que puede ayudar a los partidos políticos a consolidarse son las buenas gestiones y el referendo del electorado para que sigan al frente de estas gestiones”.

Otro problema es la deuda y la falta de recursos. “Se quejan mucho en las administraciones municipales de la falta de recursos, y creo que tienen la razón, también es cierto que con el impuesto predial, que es una de las fuentes más importantes de ingreso del nivel municipal en todo el mundo, México es uno de los países que peor recauda y administra, lo cual hace que las administraciones municipales tengan pocos recursos, pero también hacen pocos esfuerzos por una recaudación más ordenada en esa materia”.

En cuanto a la deuda, es sano y normal tenerla si se usa de forma adecuada; “en México estamos en el peor de los mundos porque son municipios con pocos ingresos propios, que dependen mucho del nivel federal, y que además tienen el incentivo de endeudarse porque al final lo que ha pasado siempre es que el gobierno federal acaba salvando a los municipios con mayor nivel de endeudamiento”.

Así, Cabrero Mendoza espera que el nuevo gobierno y la legislatura que acaba de comenzar actividades a nivel federal, asuman una responsabilidad para mejorar el marco de la gestión local y contribuir a gobiernos de largo plazos, sanos y maduros en la óptica del servicio público.

sábado, 29 de septiembre de 2012

Semarnat avaló daños a las dunas en El Tule, en la bahía de Navidad



Emitió exención de impacto ambiental a desarrolladores. La playa de esta laguna, junto al poblado Villa Obregón, es ahora modificada contra lo que establece el ordenamiento ecológico local

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

De su puño y letra, el delegado en Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), Luis Gerardo González Blanquet, firmó el pasado mes de abril una “exención de manifestación de impacto ambiental” a favor de los ciudadanos Fidel Díaz Alcantar y Blanca Estela Valdez, para que pudieran alterar las dunas contiguas a la laguna de El Tule, en la bahía de Navidad, a un costado del poblado de Villa Obregón.

Y lo han hecho, al sembrar pastos sobre la duna y establecer con claridad que como beneficiarios de la concesión de la playa, la dedicarán a la recreación, por encima de la conservación y sin considerar los riesgos de ese punto inestable de la bahía.
El hecho es una clara violación del Ordenamiento Ecológico Local de Cihuatlán, denunció ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el director del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, Francisco de Asís Silva Bátiz.

“Para emitir dicha exención, fechada el día 1 de abril del año 2011, la delegación federal de la Semarnat no observó lo establecido en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Cihuatlán, el cual fue aprobado por el pleno del H. Ayuntamiento el día 22 de diciembre de 2010 y publicado en la Gaceta Municipal en el mes de marzo del año 2011”, explica.

“En dicho instrumento, la zona de la obra y/o actividad está ubicada dentro de la UGA [Unidad de Gestión Ambiental] Ff221 denominada Laguna del Tule, la cual tiene un uso Predominante de flora y fauna [conservación]; uso compatible: pesca; uso condicionado: turismo; uso incompatible: agrícola, pecuario.

En la ficha técnica de la UGA 221, se establece que la vegetación de dunas costeras es un recurso vulnerable a la actividad humana, y se establece que el lineamiento para esta UGA es mantener la integralidad funcional de los humedales costeros a través del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”, agrega el texto enviado al delegado de la Profepa, José Manuel Galindo Jaramillo.

De este modo, “por sí mismo, el hecho de que la delegación de la Semarnat en Jalisco haya omitido considerar el POEL del Municipio de Cihuatlán para la aprobación de la autorización de la exención multicitada, constituye un incumplimiento de la aplicación de la normatividad vigente por parte de esa Secretaria, lo cual dejaría sin efecto dicha exención”.

En cuanto a las irregularidades de carácter técnico que presenta la excención, “llama la atención que se mencione que el cultivo de pasto en la zona de dunas de arena brindará una mayor seguridad a las actividades recreativas que se realizan en la zona, toda vez que se trata de una zona de alto riesgo al tratarse de una barra de arena de aproximadamente 70 metros de ancho que separa el mar de la laguna del Tule”, añade el director del departamento.

En agosto pasado, la Profepa inspeccionó la zona y determinó que todo estaba regular, pues le presentaron la citada exención de la MIA.

MILENIO JALISCO buscó la versión del delegado de la Semarnat, pero éste le pidió a su vocero, Alfredo Romo, informar que “no se había emitido” en esas oficinas de la Semarnat, aunque el documento SGPARN.014.02.01.01759/11 está a la vista de la Profepa y de los denunciantes.

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claves

Los ordenamientos

La exención de la manifestación de impacto ambiental, que emitió la delegación Semarnat, se basa en los lineamientos del Programa de Ordenamiento
Ecológico Territorial de la costa de Jalisco

Sin embargo, el ordenamiento local es más específico y debe ser considerado como rector del uso de suelo, situación que omitió la secretaría pese a haber financiado ese documento a nivel municipal

martes, 25 de septiembre de 2012

Un mundo hambriento, “la oportunidad del campo”



Entrevista: Francisco Javier Mayorga Castañeda. Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

La escasez ha aumentado los precios agrícolas y ganaderos, una crisis que demanda aumentar la productividad, al tiempo que es la oportunidad de rescatar socialmente al agro del país, sostiene el jalisciense.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

La pesadilla maltusiana amenaza con cumplirse por primera vez en la historia. Los alimentos aumentan de precio en la medida en que el cambio climático provoca desastres naturales o epidemias y se pierden zonas productivas, lo que ocasiona escasez y riesgos de desabasto para amplias capas de la población humana.

El hambre creciente representa una paradójica oportunidad, sostiene el secretario de la Sagarpa, Francisco Mayorga Castañeda: a partir de 2007 ocurrió un cambio drástico como no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial, y los productos del campo dejaron de ser deficitarios. Ese año, la tonelada del maíz de Sinaloa rondaba 1,400 pesos y el gobierno debía aportar 400 pesos para que los maiceros no perdieran. Hoy ronda 4,200 pesos y tiene amplios márgenes de utilidad.

“Los inventarios de los principales productos agrícolas a nivel mundial están muy bajos, entonces, cualquier fenómeno que altere la oferta es ampliamente reflejado en los mercados, a través de los precios, y eso le pega al consumidor más pobre”, señala en entrevista para MILENIO JALISCO.

¿Qué debe hacer el campo mexicano? Capitalizarse, recibir inversiones en bienes públicos, manejar el riesgo, incrementar su producción y su calidad, fortalecer sus cadenas productivas, “se ha dicho que el cooperativismo alimenta a la humanidad”, dice en busca de disipar los fantasmas de que este cambio termine a favor de las grandes corporaciones.

- Aumentar la producción en el campo mexicano es muy complejo.

- Es muy complejo porque hay una serie de restricciones estructurales: el sistema de tenencia de la tierra en México ya no da, ya no permite la inversión necesaria para aumentar la productividad, porque la productividad implica inversión, capacitación, asistencia técnica, cambio de insumos […] también tenemos otras restricciones jurídicas, la ley del agua, toda la parte forestal que también tienen muy poco margen de maniobra porque están demasiado regulados; cuando hay sobrerregulación lo que se propicia es, o un mercado negro, o la inhibición de las inversiones […].

- ¿Entonces hablaría de una tercera generación de reformas en el campo tras la agraria de los 30, y la de Salinas de 1992?

- Sí, definitivamente; estamos ante una nueva realidad mundial, y si repasamos la historia, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2007, la oferta de alimentos creció más rápido que la demanda, y los precios reales de los alimentos se fueron a la baja […] a partir de 2007, 2008, con la primera crisis, y luego con lo del cambio climático, la demanda está aumentando más rápido que la oferta, y eso hace que la agricultura y la ganadería se vuelvan más rentables, pero a la vez más riesgosas; entonces tiene que haber una serie de instrumentos diferentes a los que hubo, herramientas enfocadas a bienes públicos, a manejo de riesgos, más que a transferencias directas; los cambios son para que podamos realmente avanzar a la velocidad que necesitamos aquí, no se pueden dejar las cosas para mañana o pasado mañana.

- ¿Evidentemente el ejido y la comunidad indígena no pueden ser objeto de inversión o de préstamos de la banca en las condiciones en que están ahorita?

- Es correcto, creo que en el tema de la comunidad indígena tenemos que ser cuidadosos, cuando hay una comunidad indígena con su propia cultura, yo ahí no propongo que se hagan cambios, definitivamente eso se tiene que dar en los sistemas ejidales, o en las comunidades que son de papel pero que ya están inscritas totalmente en una economía de mercado.

- ¿Convertir finalmente la tierra en parte del mercado?

- Sí, porque ya existe ese mercado de tierra, lo que pasa es que es un mercado negro o hasta cierto punto gris, porque en la práctica se vende, se renta, se compra, se hereda el ejido, pero siempre de una forma fuera de la ley; y también pasa algo parecido con la propiedad privada, está sobrerregulada, porque los impuestos, los cambios patrimoniales, las inscripciones ante el Registro Público son costosísimas, y también ahí hay mucha simulación […] todo eso traba el financiamiento, traba los apoyos, porque a la hora de cotejar documentos se dan las inconsistencias, y entonces se traban las inversiones, el crédito, se traba el mercado, y eso nos tiene en un nivel de estancamiento o de no desplegar todo el potencial que el país podría desplegar.

- ¿Nuestros mitos nacionalistas o comunitarios, son un escollo?

- Claro que hay toda una carga histórica, ideológica, política, pero yo creo que no podemos plantearnos las cosas como disyuntivas, porque está muy claro y la FAO va a organizar un encuentro con el Día Mundial de la Alimentación, que se llama Las Cooperativas Alimentan al Mundo; o sea, cuando se propone a veces este paso a la propiedad plena se piensa que el pequeño campesino va a quedar ahí a merced de los grandes capitales, de los tiburones, y no es así necesariamente, se pueden formar verdaderas cooperativas para que se logre la sinergia de las economías en escala, el financiamiento, el crédito, la promoción del productor, y esa formula ha estado vigente en todo el mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Argentina, Brasil, India, y es la manera de compensar el poder de las grandes trasnacionales […].

A partir de 2008, “todo mundo se puso a trabajar, y de ahí salió la meta que de aquí a 2050 se tiene que incrementar en 70 por ciento la producción de alimentos en el mundo, y hasta el 100 por ciento en algunos países en desarrollo, y tiene que darse con menos tierra disponible, con menos agua disponible, y con el cambio climático encima […] entonces, la tijera es muy poderosa”.

Es más o menos el mundo del profeta Robert Malthus: el hambre, desafío de todos, pero oportunidad para algunos que hace mucho fueron olvidados.

sábado, 22 de septiembre de 2012

El automóvil, monstruo que contamina


No creo que haya algún invento que produzca mayor huella ecológica, señala la responsable del programa de Verificación Vehicular de Semades.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

En la zona conurbada de Guadalajara, 1.7 millones de automotores particulares generan 87.8 por ciento de la contaminación atmosférica que se registra en la red de monitoreo atmosférico de la ciudad, mientras que las empresas aportan el 3.3 por ciento y el resto diversas fuentes, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades).

Por esta razón, y que en todo Jalisco la cifra de vehículos registrados suman 2.7 millones es que la dependencia centra parte de su atención en los autos particulares.

“Al auto se le considera de las máquinas más ineficientes que se han inventado; le metes un litro de gasolina y las estimaciones más favorables indican que 30 por ciento de ese litro es el que se aplica en el movimiento del vehículo, lo demás se transforma y se vuelve contaminante”, argumenta Dulce María García Bogarín, responsable del programa de Verificación Vehicular de Semades.

Añade que del 100 por ciento del padrón vehicular, menos del 2 por ciento son unidades del transporte público y en cifras redondas el 98 por ciento son vehículos particulares.

“…es decir, son los que principalmente generan la problemática ambiental…, recordemos que 83 por ciento de nuestro parque vehicular tiene más de 15 años, y evidentemente se tiene que estar al pendiente de si tiene su convertidor catalítico, si hay escurrimientos del motor, si hay mantenimiento preventivo, que es el que nos va garantizar una mejor calidad del aire”.

El hecho de que se maneje un auto “del año”, no implica estar fuera de culpa en lo que se refiere a emisiones contaminantes.

“En promedio, los vehículos 2012 y 2011 arrojan, según una estimación de parte de la secretaría, cerca de 56 kilos por año de contaminantes. Los vehículos modelo 2010 a 1994, que tienen convertidor catalítico, promedian 260 kilos, y los de 1993 para atrás, que no tienen el convertidor, andan en 800 kilogramos al año”., argumenta García Bogarín.

Los datos aplican siempre y cuando se trate de vehículos debidamente afinados. Si carecen de éste servicio, las emisiones pueden multiplicarse hasta por tres.

El 4 por ciento de los vehículos que circulan en Jalisco son modelo 2011 y 2012, y les corresponde un holograma de verificación vehicular de color verde. Este grupo tiene un promedio de cumplimiento de verificación que ronda arriba del 70 por ciento.

A los vehículos modelo 1994 a 2010 les corresponde un holograma de color amarillo. Son el 42 por ciento del padrón vehicular y cumplen en alrededor del 52 por ciento.

Los autos que deben portar un holograma color rojo son los modelo 1993 para atrás, que con el 52 por ciento del padrón vehicular, grupo del que sólo el 17 por ciento cumple con el programa de verificación.

viernes, 21 de septiembre de 2012

Nuevas tarifas de uso medido reducen subsidio


Los tapatíos que consuman menos de 21 mil litros al mes pagarán de cero a 67 por ciento de aumento por agua, alcantarillado y saneamiento. 83% de la cartera doméstica mantiene parcialmente el beneficio otorgado

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El nuevo esquema tarifario del agua que regirá durante 2013 en la zona metropolitana de Guadalajara, en cuanto al servicio medido a nivel doméstico, le da un fuerte golpe a los subsidios, sin eliminarlos completamente.

Así, el precio real se aplicará a partir de 22 metros cúbicos mensuales (un m3 equivale a mil litros), mientras que por debajo de ese consumo, sólo lo reduce en 25 por ciento, en tanto que no se cobrará en un consumo entre cero y 6 m3, aunque en todas las cuentas hay un pago fijo de 35 pesos por concepto de administración.

De este modo, 83 por ciento de la cartera doméstica del SIAPA mantiene parcialmente el beneficio del subsidio.

Aparte, se debe agregar el concepto de saneamiento, por lo cual, se pagará extra un peso con 50 centavos por cada metro cúbico consumido después de los 6 m3.

Esto significa que si usted paga por 10 m3, en este momento, 52 pesos con 36 centavos mensuales, en 2013 pagará 64 pesos con 22 centavos por agua y alcantarillado, más seis pesos por saneamiento. En un consumo de 15 m3 pasará de 74 pesos con 41 centavos a cien pesos con 75 centavos de agua, a lo que se suman 13.50 pesos por saneamiento. Y si fueran 20 m3 al mes, el pago actual es de 99 pesos con 22 centavos contra 137 pesos 27 centavos en 2013, más 21 pesos de saneamiento, por citar tres casos distintos.

Así, los aumentos para el usuario van, de forma progresiva, de 15 a 67 por ciento en el rango de 7 a 21 m3.

Integrantes del Consejo Tarifario del SIAPA señalaron enfáticamente que se trata de reducir de forma progresiva los subsidios ciegos que han hecho del agua un servicio barato que ha puesto en predicamento su sostenibilidad económica y ambiental. La idea es lograr en cuatro años la eliminación total de los subsidios, sin dejar de apoyar a las zonas de pobreza así como a la población en situación de fragilidad por edad o discapacidad, dijo el titular del SIAPA, José Luis Hernández Amaya.

Este desmonte del subsidio traería 240 millones de pesos extra a las exhaustas finanzas del organismo operador. Se trata de un recurso que será etiquetado para atender las necesidades de agua y alcantarillado de 60 asentamientos humanos metropolitanos. Hay también la conformación de una bolsa de 125 millones de pesos para el pago por el saneamiento de las plantas de El Ahogado y Aguaprieta. Esta segunda se espera sea puesta en operación en agosto de 2013, añadió el funcionario.

Esto es, en resumen, el primer acuerdo alcanzado al seno del cuerpo colegiado que se creó en agosto pasado, como resultado de las reformas a la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda pendiente definir el caso de otros usos, como el comercial, el industrial y el de edificios públicos. Se da por un hecho que se mantendrán los apoyos a personas de la tercera edad, discapacitadas y pensionadas.

“Debe darse una comunicación muy clara de los cambios, porque en todos los casos, si bien se trata simplemente de un retiro de subsidios, va a llevar a pagar más por él, tal vez promedie 50 por ciento por arriba de lo que pagaron este año”, dijo al respecto el consejero ciudadano Rodrigo Flores Elizondo, investigador del ITESO.

“Lo que quisimos primero fue que los rangos fueran claros, ahorita ya hay rangos y hay progresividad, y mientras más consumes, más pagas [...] pero se trata de realmente estimular que se sancione el alto consumo, esto no es un negocio, es un servicio público”, puso en relieve.

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De rangos y costos

► 83% de los usuarios domésticos del agua potable consumen entre cero y 21 mil litros mensuales; ese segmento de 660 mil cuentas activas en el SIAPA será el único que conservará subsidios, aunque con una reducción general de 25%, en la tarifa que entra en vigor para 2013.

► De cero a 6 mil litros mensuales, el agua no se paga en correspondencia a la declaratoria de derecho humano básico que determinó la ONU en 2011. Sin embargo, el SIAPA considera esencial que las 218,591 cuentas bajo ese rango de consumo paguen la administración y el mantenimiento del servicio, es decir, $35 al mes.

► De 6,001 litros en delante comienza a cobrarse el agua, con una regla simple: $35 de administración más $7.31 por m3 consumido por arriba del mínimo, más $1.50 por m3 arriba de 6 m3, por concepto de saneamiento.

► Así, de las 447,183 cuentas en este rango, la que menos pague será la que registre 7 mil litros al mes: $42.31 por agua y alcantarillado, más $1.50 por saneamiento. En la parte más alta quedan los consumidores de un máximo de 21 m3: $144.58 por agua y alcantarillado, $22.50 por saneamiento.

► Después de 21 mil litros, las cuentas se disparan: cada m3 por arriba de ese límite se cobra a precio real, es decir, $12.72, mientras la variable de saneamiento permanece igual. La situación vuelve a cambiar a partir de 59 m3 mensuales, en que cada m3 extra se cobrará a $15.26.




jueves, 20 de septiembre de 2012

Mascota, las memorias de un largo cacicazgo


El cuñado del presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) afincó su poder en el municipio enclavado entre la costa Norte y la montaña del Oeste de Jalisco, donde ejercía control total hasta antes de su detención

Agustín del Castillo, Guadalajara. MILENIO JALISCO

Misteriosos los caminos del bien y el mal en el intrincado cacicazgo de Mascota, entre la montaña y el mar del norte de Jalisco. Rubén Zuno Arce ostentó este pequeño reino desde mediados de los años 70 —antes de que declinara la estrella de su cuñado, el “compañero” Echeverría, en la presidencia de la república— hasta su detención como presunto conspirador en la muerte de Enrique El Kike Camarena Salazar en 1985, cuando se presentó a declarar de forma voluntaria a una corte estadunidense para jamás recuperar su libertad.

“Es un riquillo de pueblo”, dijo entonces su hermano Álvaro —otro familiar envuelto en la polémica— al señalar sus escasas propiedades como prueba de su nula vinculación con los celebérrimos narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, autores intelectuales y materiales del secuestro y la tortura de El Kike, agente de la DEA, y del piloto Alfredo Zavala Avelar.

Pero en el poblado de montaña, aislado hasta comienzos de los años 90 del siglo XX, los testimonios de amigos y enemigos coinciden en que su palabra era la ley. Más de tres lustros de control territorial en que sus gendarmes no pudieron haber evitado a las milicias colonizadoras de Caro Quintero, quien es recordado en la costa no sólo por haber llevado la siembra de Cannabis indica, sino como mejorador de su calidad de vida (en La Alcíhuatl, de Villa Purificación, y Bramador, de la vecina Talpa, les llevó agua y empleos). “Todos los ranchos andaban en el cultivo de mariguana y amapola y nadie los molestaba, hasta que cayó el Ejército, en 1985, y quemó todo antes de que lo cosecharan”, recordaba en 2004 Manuel García Bravo, habitante de Bramador.

Tras el asesinato de Camarena, en 1985, decae la estrella de Rafael Caro, quien huye del país después de avergonzar a las elites de Guadalajara conquistadas, no por su glamour, pero sí por sus dólares. Rubén Zuno permanecerá en su feudo, que se lo respetan sucesivamente cuatro gobernadores de Jalisco: Alberto Orozco Romero, Flavio Romero de Velasco, Enrique Álvarez del Castillo y Guillermo Cosío Vidaurri, y ejerce un poder, a juicio de sus enemigos, de señor feudal.

Las historias más o menos comprobadas o legendarias se suceden: que tenía un laboratorio para drogas en la laguna de Juanacatlán, que arrojaba cadáveres de sus enemigos en esa represa famosa rodeada de pinos y Abies guatemalensis, abeto en peligro de extinción; que imponía los presidentes municipales, que encarcelaba a sus enemigos, que los despojaba de sus bienes.

Al menos de los últimos casos aún viven testigos: el primer presidente municipal panista de la demarcación, Humberto Rodríguez Rodríguez (1992-1995), a quien le sembraron drogas policías estatales; su caso fue llevado a la tribuna de San Lázaro por la diputación panista, y se logró su liberación.

La viticultora estadunidense Shirley Bocaccio, habitante de El Agostadero, a quien le quería quitar su finca, dejó su testimonio de las presiones y amenazas en una obra denominada Buying the ranch (Comprando un rancho).

El ex diputado panista Abel Santana, quien durante su campaña política en 1988 acudió a la cárcel municipal a liberar a una dirigente del Partido Socialista Unificado de México, que había sido encarcelada “sin méritos”.

Estos y más testimonios fueron ofrecidos al reportero en el año 1992, y publicados en el diario Siglo 21. Pero también fue defendido por el ex alcalde Hugo Montes, quien aseguró que “este pueblo no tenía nada hasta que llegó Rubén; él trajo la luz, las escuelas, los caminos...”.

Hoy, el viejo cacique ya no regresará. Manuel Bartlett Díaz, senador poblano, quien también fue señalado en el escándalo Camarena, dictaba ayer una especie de epitafio: “fue una víctima [de Estados Unidos], sin duda, por ser cuñado del presidente Echeverría...”.

lunes, 17 de septiembre de 2012

Restaurar el bosque huichol costará 60 mdp


Peritos de la Sedeur niegan daños por carretera Bolaños-Huejuquilla en comunidad de Tuapurie, pero análisis del juzgado habla de grandes alteraciones sobre 30 hectáreas

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El daño ecológico ocasionado a los bosques de la comunidad indígena de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán) está tasado en 60 millones de pesos, si se exige a la Secretaría de Desarrollo Urbano que haga una restauración correcta, concluye el peritaje del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (Imecbio-UdeG), realizado por petición del juez federal que lleva el juicio de amparo 596/2008.

En relación con la fallida construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, que se hizo sobre poco más de 19 kilómetros de la comunidad huichola, sin contar con la anuencia de ésta ni con los permisos ambientales requeridos, por constructoras contratadas por el gobierno del estado, la autoridad judicial pidió dictámenes periciales a instituciones con solvencia técnica, en tres aspectos: ambiental, geológico y antropológico.

La otra condición fue que no cobraran ante la imposibilidad de los indígenas en soportar ese gasto. Aceptaron las condiciones el Imecbio de la UdeG, el Iteso y el CIESAS Occidente (Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social).

Eduardo Santana Castellón, del Imecbio, detalló algunos aspectos del peritaje ambiental:

“Las autoridades siguen representando a los principales violadores de las leyes ambientales, y violando los derechos humanos y la reglamentación ambiental como cuando el ex gobernador Ramírez Acuña abrió la carretera de San Sebastián a Vallarta, ilegalidad por la que nadie fue a la cárcel; ahora fue el gobierno de Emilio González el que falsificó las firmas de asamblea y quiso imponerle al pueblo huichol un camino por dentro de su territorio”.

No obstante, fueron más violaciones que en el caso de la carretera de la costa, “porque violaron la ley de muchas formas, un camino sin evaluación de impacto ambiental y todo el contubernio para falsificar las firmas de asamblea, y además trataron de amedrentar y amenazar a los huicholes”.

Los huicholes ganaron el juicio de amparo y ahora los funcionarios y el gobierno del estado y municipal deben responder penal y civilmente, y resarcir el daño. “Para evaluar el daño tuvieron que establecerse tres peritajes independientes: uno por la comunidad wixarika (los quejosos), otro por la Sedeur del gobierno del estado, y otro por el juzgado. Éste escogió a tres instituciones públicas que lo hicieron sin cobrar.

“El peritaje de la Sedeur “dijo que no hubo ninguna afectación, ya que el arbolado derribado fue por clandestinaje, y no se afectó geológicamente el camino porque se hicieron las modificaciones sobre el camino anterior, y tampoco se afectaron los cursos de arroyos ni hubo daño por erosión”.

No obstante, el análisis del Imecbio señala otra cosa: “Para lo ecológico se determinó que ocasionó cambio de uso del suelo, es decir, destrucción de vegetación, en poco más de 30 hectáreas donde se cambió la ruta del camino original o donde se abrieron caminos auxiliares secundarios; donde siguió la huella del camino anterior solo se removió la vegetación a los lados en los derechos de vía del camino”.

También hubo afectación a ocho arroyos (temporales), y un aumento en la erosión potencial por un factor de mil; todo esto implica que los culpables deben rehabilitar y restaurar las zonas que ellos afectaron”.

¿Qué significa restaurar estos daños? “Primero, rehabilitar el suelo orgánico que se deslavó, se compactó o se removió mecánicamente, trayendo suelo orgánico de otros lugares, ya que toma más de medio siglo el que se recupere in situ por procesos naturales”.

Segundo, “reforestar con especies nativas para reponer la vegetación afectada y recuperar también el hábitat de fauna que se perdió: suelo, hojarasca y ramas del suelo”.

También se debe recuperar el valor comercial de la madera que se perdió.

Así, “esta rehabilitación y restauración ecológica se estima que si se hace bien, cuesta unos 60 millones de pesos”, añade Santana Castellón.

Otros costos se llevarán la restauración geológica de cárcavas, montañas de material y zanjas, lo que se determinará en el estudio del Iteso; el peritaje del CIESAS analiza otro proceso: la restauración del daño del sitio sagrado denominado La piedra del Oso.

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Claves

Los antecedentes

► El 2 de julio de 2007, el pequeño propietario Marco Montaño Ayala, vecino de los huicholes, presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable de Jalisco, denuncia en contra de la Sedeur por hacer tala inmoderada de arbolado durante el reinicio de construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, en el caso de los predios Las Azucenas y Aguamilpa

► El 31 de Octubre de 2007, Montaño Ayala entrega a la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) una solicitud urgente de “medidas de seguridad” ante la violación recurrente de la clausura y el desacato a la misma, por parte de la Sedeur y las empresas contratistas, que reinician una vez más la construcción de la carretera

► El 10 de noviembre de 2007, la asamblea de la Comunidad Indígena Huichol de Santa Catarina Cuexcomatitlán o Tuapurie, cuestiona el proyecto carretero que atravesaría su propiedad comunal, localizada en Mezquitic, toda vez que las obras de construcción daban inicio en las inmediaciones y dentro de su propiedad; los comuneros señalan que no se les ha consultado debidamente por las autoridades responsables, incluyendo a la Sedeur y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), como propietarios del territorio comunal; que no se les ha presentado los estudios de impacto ambiental; advierten de los daños ambientales, sociales y culturales que implicaría el proyecto carretero y las violaciones a acuerdos internacionales, entre los que destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes

► El 8 de febrero del 2008 se abre la primera asamblea ordinaria del año que celebra la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, que analiza de nuevo el proyecto carretero, cuyas obras de construcción ya se realizan en distintos tramos, incluyendo el que se ubica dentro del territorio de Tuapurie. Se hace notar que las empresas contratistas de la Sedeur han invadido ilegalmente el predio de la comunidad ya que no cuentan con ninguna autorización de la misma comunidad, ni ha existido ningún decreto expropiatorio, ni mucho menos indemnización alguna, así como tampoco existe autorización de cambio de uso de suelo o de aprovechamiento forestal por parte de la Semarnat (federal)

► 12 de febrero de 2008. Comienza el plantón de comuneros, que detienen la maquinaria e impiden las obras, y rompen relaciones con el gobierno estatal, con los municipios del área y con la CDI, interponen denuncia popular, amparo y denuncias penales

Fuente: archivo de MILENIO

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El efecto del amparo

Ley de Amparo, artículo 80.

“La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija”.

sábado, 15 de septiembre de 2012

La Sedeur, condenada a reparar bosque que destruyó en la sierra Huichola



Huicholes de Santa Catarina ganaron juicio de amparo. Actualmente se hacen peritajes para determinar los costos de restauración por los daños en la carretera Bolaños-Huejuquilla y los modos de realizarla

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

La Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) de Jalisco ha sido condenada por la justicia federal, por entrar y causar destrucciones de consideración sobre poco más de 19 kilómetros, para la construcción de un tramo de la carretera Bolaños-Huejuquilla. Como consecuencia, la dependencia está obligada a repararlos completamente.

De este modo, está en vías de desenlace el asunto que enfrentó a las autoridades estatales y municipales con los comuneros wixaritari desde los primeros días de 2008, cuando los indígenas hicieron plantón en la zona en construcción y obligaron a detener las máquinas de las constructoras contratadas por la Sedeur, situación que se agravó al descubrirse la falsificación de actas de asamblea con la presunta anuencia del proyecto (Público-MILENIO; 12, 16 y 20 de febrero de 2008).

El juicio de amparo 596/2008, fue interpuesto ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, de Jalisco, y radicado posteriormente, para desahogar carga procesal, en el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el cual lo resolvió. Ahora es una sentencia “inapelable”, reconoce la propia Sedeur de Jalisco.

“Efectivamente, se emitió una sentencia firme que yo no admito recurso alguno ni puede ser impugnada. Esta resolución obliga a la Sedeur a restituir los daños ocasionados en una zona donde se construye la carretera, es decir, a dejar las cosas en el estado que guardaban anteriormente. La Sedeur ya fue notificada de esta sentencia, y de acuerdo a la información de la Dirección Jurídica, la dependencia está a la espera de que la autoridad judicial ordene cuál será la manera más adecuada de cumplir con esta sentencia, que favorece a la comunidad huichola. Hasta el momento no se ha recibido ninguna orden del juez que indique lo que se debe hacer para restituir el daño”, informó la dependencia a este diario a través de su Dirección de Comunicación Social.

La resolución data ya de más de un año, pero todavía está en proceso la serie de peritajes necesarios para determinar el daño ocasionado, señaló por su parte el director de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), Carlos Chávez Reyes.

“El amparo ya está ganado, lo pendiente es el procedimiento de ejecución, que es complejo, porque decía el pueblo [de Tuapurie], yo cómo voy a saber si el gobierno reparó el daño que hizo, si son temas ecológicos, y yo necesito saber cuántos árboles necesitan sembrarse y de qué especie, en dónde, si se tienen que hacer terrazas y de cuántos metros, de dónde a dónde, entonces se abrió un expediente donde se está determinando con precisión técnica cómo va a ocurrir esto; lo primero que hizo el juez fue poner a los peritos de ecología, de antropología, de ingeniería civil y de topografía, pero pidió que fuera a título gratuito, porque la comunidad no tiene recursos para pagar todos los estudios que se requieren ahí [...] lo que hizo fue acudir a universidades para solicitar el auxilio, y se logró un equipo de altísimo nivel para hacer un peritaje de todo el daño ecológico en las cuencas, por el daño de la carretera, de parte de la UdeG, el Centro Universitario de la Costa Sur, donde está la escuela de ingeniería en recursos naturales”, añadió el asesor jurídico de los aborígenes de la sierra.

También hubo un equipo armado desde el ITESO, y otro más del CIESAS (Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social), “que destacó a un antropólogo para determinar culturalmente qué daño se produjo”.

Los peritajes serán concluidos en breve; la Sedeur también contrató una empresa para hacer lo propio. El juez decidirá sobre esa base de información. “Esperamos que esto va a ocurrir poco antes de que termine la actual Administración, y que quedará como un compromiso de la siguiente, reparar la ilegalidad que se produjo, pero también hay demandas penales, por la posible comisión de hechos ilícitos, de fraude de orden penal, y en ese sentido ya empezaron a llamar a declarar, al presidente de Mezquitic en ese momento, a la gente de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas [CDI], o sea la gente que estuvo y que llevó hasta los extremos esta imposición a Santa Catarina”, como es el caso de las actas de asamblea falsificadas.

Otra denuncia más es por delitos ambientales, “en México está atoradísima, la PGR no lo avanza, recientemente una comisión de diputados le pidió cuentas a la dependencia”.

Pero no ha sido miel sobre hojuelas para los comuneros. Perciben una actitud castigadora del gobierno del estado; Tuapurie, además de perder un camino que era andable en términos aceptables, no ha recibido un bachillerato que se le tenía comprometido y en el gobierno estatal “siguen en la línea de no admitir acciones viciadas, acciones que vayan a destruir a la naturaleza, o acciones que vayan a terminar dividiendo a los indígenas”.

Lo que es indudable, apunta Chávez Reyes, es que la comunidad ha pagado ese costo para apropiarse de su desarrollo, y ese es el camino que ya siguen hacia el futuro.

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PRIVATIZAN” OTRO SITIO SAGRADO

A la par de Wirikuta, el lugar del nacimiento del mundo, al oriente de la sierra, el sitio sagrado ubicado al poniente, sobre el océano Pacífico, denominado Haramara o Isla del Rey, en el municipio de San Blas, Nayarit, enfrenta el embate de la privatización.
Casi cien hectáreas de la zona fueron concesionadas por la Semarnat a dos empresas, según acuerdos firmados por Juan Rafael Elvira Quesada, secretario del ramo, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio de 2011.

Se concesionaron 999,640.85 metros cuadrados de “terrenos ganados al mar” a las empresas Desarrollos Turísticos Paraíso del Rey, SA de CV y Desarrollos Turísticos Aramara, SA de CV.

Fue un año después cuando la Semarnat hizo algo por evitar que el centro ceremonial fuera clausurado en la tentativa privatizadora. Fue por medio del acuerdo “por el que se destina al servicio del gobierno del estado de Nayarit, la superficie de 83,042.13 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, ubicada en playa Isla del Rey, municipio de San Blas, estado de Nayarit, con el objeto de que la utilice para uso de protección y centro ceremonial de las etnias de la entidad”, fechado el 27 de junio de 2012.

Este rescate, cuyos efectos jurídicos genera dudas entre los representantes de los wixaritari, se logró “mediante solicitud de destino recibida con fecha 20 de enero de 2012”, de parte de Roberto Sandoval Castañeda, gobernador nayarita, quien “pidió se destine la superficie de ubicación descrita en el considerando anterior, para uso de protección y centro ceremonial de las etnias de la entidad”.

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CLAVES

Del juicio ganado

El amparo 596/2008 fue promovido por las autoridades comunales de Tuapurie o Santa Catarina Cuexcomatitlán, el 27 de febrero de 2008, ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo de Guadalajara

Señala como autoridades responsables al gobernador de Jalisco, a sus secretarios General de Gobierno y de Desarrollo Urbano, y a su director de Seguridad Pública; a los delegados federales de la Secretaría de la Reforma Agraria y del Registro Agrario Nacional, y a los ayuntamientos de Huejuquilla el Alto, Mezquitic y Bolaños, al norte del estado

El reclamo va, en el caso de las autoridades federales, por la “espuria acta de asamblea” del 9 de septiembre de 2007, con el que se pretendía convalidar un acto de expropiación de la zona de la carretera

En cuanto a las estatales y municipales, “la pretensión que tienen de privarnos de nuestra propiedad o de la posesión y disfrute de nuestras tierras”, con los permisos órdenes para ejecutar las obras de construcción carretera”, además de órdenes de desalojo contra los comuneros en plantón

A finales de 2008, se determinó que el asunto fuera entregado al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, creado ex profeso para apoyar “en el dictado de sentencias”. Ese centro se ubica en Culiacán, Sinaloa, y recibió el expediente el 31 de marzo de 2011

Una parte de los reclamos fueron sobreseídos, es decir, se determinó que se trataba de actos inexistentes. Pero se acreditó a la Sedeur de Jalisco la orden y permisos otorgados para la ejecución de obras a partir del kilómetro 70 con 400 metros hacia el norte, de la ruta Bolaños-Huejuquilla, hasta el km 89 más 580 metros, sin mediar notificación oficial, derecho de audiencia o defensa, es decir, en violación con las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política mexicana

Así, el juez amparó y protegió a Tuapurie por la ocupación ilegal de su territorio por parte de las autoridades demandadas, “para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente todos los actos inherentes a la ejecución del proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla el Alto [...] que afecten la propiedad de la parte quejosa, aclarando que se entenderá como debidamente cumplida la ejecutoria del presente amparo, hasta que la autoridad responsable deje las cosas en el estado que guardaban hasta
antes de la violación decretada”

La sentencia fue firmada por el juez Jorge Mercado Mejía, el 24 de junio de 2011

viernes, 7 de septiembre de 2012

“No me voy”, dice Avín; IP insiste en que salga


Presidente de Coparmex pidió la destitución del funcionario a secretarios de Educación y Gobierno. Auditoría oficial avala inocencia: titular del CAPECE

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Los empresarios de Jalisco mantienen su escepticismo sobre los resultados de la auditoría que practicó la Contraloría del estado al CAPECE, pero consideran que no hay tiempo ni recursos suficientes para hacer la auditoría externa a que se comprometió el secretario de Educación, Antonio Gloria Morales.

“Lo más adecuado sería que el ingeniero Salvador Uribe Avín [director del CAPECE] dejara el puesto, y que eso tranquilizaría las cosas y dejaría espacio para que se aclaren las cosas como debe de ser, por el bien de la educación en Jalisco, y el secretario me dice que es una posibilidad que puede considerar”, señaló el presidente en Jalisco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Óscar Benavides Reyes.

La propuesta se ha planteado también al secretario general de Gobierno, Víctor González Romero, pero no se ha tenido respuesta. Pero el titular del CAPECE, Salvador Uribe Avín, dejó manifiesta ayer de forma clara en MILENIO RADIO su oposición a ser destituido, pues aseguró que no se le comprobó ninguna irregularidad y que todas las acusaciones son falsas y tienen una explicación satisfactoria.

No hay tiempo
“Nosotros lo que hemos venido solicitando es que se esclarezcan las cosas, el secretario de educación propuso una auditoría externa con una terna de despachos para que concursaran, y de ahí sacar un ganador para hacerla; quedamos en trabajar en ese sentido, sin embargo, nos dimos cuenta que la cantidad que tenían ellos destinada eran cerca de 120 mil pesos, y pues ya no nos da con los alcances de la auditoría que debíamos de tener, ni tampoco nos alcanza el tiempo”, refirió Benavides Reyes.

De ahí que el camino más simple para restaurar la confianza e indagar lo procedente sea la salida de Uribe Avín, situación que el secretario de Gobierno, Víctor González Romero, “es evidente que ve como algo que podría ser positivo, me dijo que lo iba a platicar en estos días, y es donde básicamente nos encontramos, a la espera; nosotros le dijimos que ya no había tiempo y ya no había presupuesto para hacer una auditoría, y pues realmente hasta más daño se va a hacer con esto; lo que necesitamos es que en estos seis meses, que todavía son útiles para la educación en Jalisco, las cosas se lleguen a construir”.

A Benavides Reyes y al gremio empresarial “la verdad no nos gusta que haya 30 asignaciones de obra en lo que va del año, en montos superiores a tres millones de pesos, sin tener un criterio específico para ello; debe haber un tabulador que defina cuál es el mecanismo, pero simplemente se le asigna a la persona que de una manera unipersonal se cree que puede hacer el mejor trabajo, y esto se presta a muchas malas interpretaciones”.

Por eso “pedíamos que la auditoría cubriera no solamente temas de campanas y loncheras, sino también asignación de obra, para tener la tranquilidad de que lo que se ha hecho, se ha hecho bien [...] mis colegas, Francisco Beckmann, presidente de la Canaco Guadalajara, y Manuel Herrera, del CCIJ, también opinan que esto ha llevado demasiado tiempo, y enterándonos del monto que se tiene destinado para hacer esta auditoría, pues nos dimos cuenta que no se puede llevar a cabo de una manera seria”.

—¿Habría un plazo para que les dieran una respuesta?

—Sí, el secretario general de Gobierno y el secretario de Educación mencionan que no tienen ningún inconveniente en que las cosas se esclarezcan, y que se revise lo que se tenga que revisar, y llegar hasta donde se tenga que llegar; entienden que es una situación compleja para ellos y piden un poco de tiempo para ver cuál sería la mejor manera de resolver esta situación, pero ya tienen en cuenta este punto de vista, que estamos generando desde la iniciativa privada.

No se irá por su voluntad
“No tengo por qué retirarme”, respondió enfático el director general del CAPECE, Salvador Uribe Avín, al inquirirle sobre la propuesta de organismos empresariales para que deje el cargo que ostenta desde 2007, ante una eventual auditoría externa que transparente la actuación del organismo.

“Yo no tengo por qué retirarme, yo tengo un nombramiento del señor gobernador y solamente él cuando me lo pida, pues obviamente en cualquier momento tendré que retirarme. Sin embargo, pues aquí es una situación del posicionamiento que yo tengo, donde considero que no tengo nada que esconder”, respondió en entrevista para MILENIO RADIO.

Más confiado, ahora con el respaldo de la resolución que emitió la Contraloría del estado tras auditar al organismo, Uribe Avín incluso señaló que se reserva el derecho de actuar legalmente ante quienes asegura que lo difamaron.

“No tengo nada que esconder, tan es así que ya se hizo una auditoría. Yo tengo cuatro auditorías anuales, año por año, entonces los órganos oficiales de control que son los acreditados legalmente pues han hecho esas auditorías”, dijo, tras agregar que está dispuesto que se haga una auditoría más, externa. “Si existen las condiciones legales, adelante, yo no tengo ningún problema”.

El titular de este comité constructor de escuelas reiteró su postura al descalificar a quienes lo han denunciado, asegurando que presentaron documentos falsos como pruebas de irregularidades.

Uribe Avín consideró que los órganos empresariales, encabezados por Coparmex Jalisco, tienen el derecho de opinar respecto a la adjudicación directa de licitaciones que ha realizado el CAPECE. Sin embargo, apuntó que si algún organismo acusa lo tiene que probar.

“El estar en una posición de organismos intermedio no da derecho de acusar”, dijo, enfatizando que también él ha participado en este tipo de agrupaciones.

Insistió que las adjudicaciones directas se hicieron bajo las reglas que se prevén, debido al retraso en la entrega de presupuesto y la urgencia de tener listas las escuelas para el inicio del ciclo escolar.

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Claves

► Los señalados:

Salvador Uribe Avín, director general; Édgar Hernández, ex coordinador de costos y presupuesto; Ramiro Fernández, ex jefe de Adquisiciones; Francisco José Ontiveros Balcázar, director de Obra; Daniel Hernández, director administrativo; Ignacio Pérez de Alba, ex director administrativo.

► Los expedientes:

CAPECE da asignaciones directas a cambio de “comisiones” de 10 a 20 por ciento del monto de los proyectos; Francisco José Ontiveros Balcázar, director de Obra, favorece a familiares suyos en primera generación, con más de 28 millones de pesos en contratos; la adquisición de 550 mil loncheras y siete mil campanas de metal por 23.6 millones de pesos, a favor de un sólo proveedor, Héctor Orozco, con cuatro firmas; 14 empresas y funcionarios integran un negocio de fianzas falsificadas; laboratorios de computación que no cubren características; falsificación de bases de licitación pública nacional 431030002-022-10 por funcionarios del CAPECE.

jueves, 6 de septiembre de 2012

Contraloría no halló culpas en el CAPECE


El contralor estatal dice que no hay evidencias de que se cobrara por favorecer a empresas, pero admite que los quejosos pueden inconformarse

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

La Contraloría del estado no encontró elementos para sancionar al director del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), Salvador Uribe Avín, pese al alud de denuncias en su contra por presuntos malos manejos de los dineros del programa.

El titular de la dependencia, Francisco Xavier Trueba Pérez, notificó de ese resultado la semana pasada, tanto al responsable del CAPECE como a sus acusadores; serán estos los que determinen si aceptan el resultado o lo impugnan en una queja, pero además tienen la opción de un amparo ante la justicia federal o un recurso ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), dijo ayer en entrevista con MILENIO JALISCO.

“Dijimos que en agosto íbamos a concluir este asunto, situación que sucedió en especie; el 28 de agosto notificamos los oficios, el primero es el 1307/DGJ/Q/2012, y el segundo, el 1308 con los mismos determinantes, dirigidos al ingeniero Salvador Uribe Avín y al ingeniero José Antonio Rivas Gallegos; ya habíamos notificado mediante el oficio 1332 con los mismos determinantes, al ingeniero Leobardo Vargas Ceballos, en el sentido de que con todas las pruebas aportadas, del análisis y la investigación que se hizo, no hubo elementos para imponer una sanción de carácter administrativa contemplada en el artículo 64, de la ley de responsabilidades”, explicó Trueba Pérez.

Para arribar a esa conclusión “entre otras actuaciones, se le solicitó información tanto a la Secretaría de Desarrollo Urbano como al propio CAPECE en relación al registro de los contratistas, de la adjudicación de contratos a diversas personas físicas y jurídicas [...] se obtuvo que hay elementos que permiten establecer que no había pruebas para establecer procedencia en la queja, porque hay contratistas que obtuvieron de manera directa varios contratos, pero que su promedio no rebasaba los montos que, por ejemplo, se otorgaron a constructora Varce —una de las quejosas—, en el año 2010; Varce tuvo varios contratos por una sumatoria de dos millones 700 mil pesos, cuando había otros contratistas señalados que obtuvieron hasta nueve contratos que no rebasaban es monto en la sumatoria, y eso fue el criterio que establecimos”.

El contralor aseguró que se tomó una muestra representativa de alrededor de 70 personas físicas o morales vinculadas al CAPECE entre 2010 y 2011. “Si tenemos un universo de contratistas y de ellos conocemos cuántos contratos les fueron asignados en cada ejercicio, se ve con toda claridad, independientemente del importe y del número de contratos, si hubo favoritismo o no; llegamos a esa conclusión, de que no hay favoritismo por las razones que acabamos de exponer”.

— Dentro de la queja, aparte del tema del favoritismo, se mencionaba que presuntamente se les cobraban dádivas para poder participar o incluso acceder a algún contrato...

— Sí, pero aquí es muy importante recalcar que dentro de los documentos que obran en el expediente, no hay referencias de alguna figura que pueda ser una dádiva o de cantidad alguna demandada para que les adjudicaran contratos de obra; yo creo que eso se fue agregando a lo largo del tiempo transcurrido, y quizás en diferentes foros, ya sea por los propios contratistas que en su momento promovieron o por la parte ulterior de quien concluyó el tramite, pero aquí sí le podemos compartir, en el análisis que hicimos no está exactamente la figura de que habían de sufrir una exacción por parte de los servidores públicos para poder tener acceso al contrato de obra; esa circunstancia no la tuvimos documentalmente [...] y no podemos ir más allá de lo que obra en el expediente.

— ¿Pero cómo se puede probar un hecho de esta naturaleza?, documentalmente es complicado que deje rastro...

— Sí, pero hay siempre algunos argumentos que pueden servir de base para tener la presunción, y el que afirma está obligado a probar y a demostrar [...] el simple hecho de manifestarlo no garantiza que así sucedió; sin embargo, se toma como referencia hasta donde nosotros podamos investigar, con base en el contexto que se cuente, pero eso no lo tuvimos nosotros, ya había yo advertido que íbamos a resolver de acuerdo a la pruebas documentales que nosotros tenemos, y de acuerdo a lo que nos allegáramos de información...

De este modo, se cierra un ciclo de denuncias que comenzó en 2009 por parte de Varce SA y que fue reforzado con más de una docena de empresas que se dolieron de los procesos en el CAPECE. No obstante, además de los recursos de inconformidad, el contralor admitió que está el recurso de la auditoría externa que se hará al CAPECE, en la cual, la Contraloría no intervendrá.

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Claves

Otras dudas y su respuesta, según la Contraloría

► Hay siete expedientes gruesos abiertos ante la opinión pública por las anomalías en el CAPECE. El contralor estatal explicó las principales dudas que generan

► El predominio de adjudicaciones directas por montos superiores a los de la ley, como forma de asignación de obras y compras en el CAPECE

► “Sabemos que no siempre los recursos son asignados en los tiempos previstos, y en función de ello tendrán que ajustarse los tiempos; pero también hay la referencia de que cuando son situaciones de carácter urgente, fortuitas o de fuerza mayor, hay los argumentos de peso para que puedan realizarse sin involucrar a un proceso que pudiera ser licitación”, aunque la ley impone topes “que deben de atenderse, dependiendo del tamaño de la obra, y del importe”

► La Secretaría de la Función Pública acreditó una licitación fraudulenta de unos laboratorios de computación a finales de 2011

► “Cuando no hay perjuicio, no hay daño al erario o al patrimonio, ni beneficio indebido, el asunto tiene características de aspecto administrativo, y ese antecedente debe ser sancionado con base a la falta y gravedad que se cometió”, lo que se realizó en ese proceso

► Las fianzas falsas otorgadas a 14 empresas según denuncia del director del CAPECE, en el año 2011

► “En la revisión de los documentos, se puede desprender como parte de la obligación del personal que revisa los documentos, si son fidedignos o adolecen de una falla, y eso le corresponde a las áreas jurídicas del CAPECE, y por la naturaleza del documento entiendo que dieron parte a la autoridad competente, que no es la Contraloría, en la cual yo no emitiré opinión porque es del ámbito de la competencia de la procuraduría”

► El director de Obra del CAPECE, Francisco José Ontiveros Balcázar, recibe beneficios por casi 30 millones de pesos en asignaciones para sus familiares

► “...de acuerdo a sus atribuciones, como lo ha manifestado el propio director del CAPECE, el director de obra participa en determinadas etapas, no en el momento en que se hace la asignación, eso le corresponde a otras áreas que conforman el grupo o el comité de asignación de la obra, y si el director de obra incurrió en algunas omisiones durante los procesos, tendremos que analizar cuál fue la parte en la que incurrió, debiendo en su caso haberse excusado, si tomó alguna decisión relacionada con asuntos vinculados de carácter consanguíneo, hasta en cuarto grado [...] no tenemos ahorita una situación específica, de que él hubiera asignado...”

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Pide aclaración sobre loncheras y campanas

En contraste con el tema de la obra pública, la Contraloría notificó el pasado 31 de agosto de 17 observaciones sobre el proceso de licitación y posterior adjudicación de una compra por 23.6 millones de pesos para adquirir campanas y loncheras a cuatro razones sociales propiedad del empresario Héctor Orozco Michel y familiares suyos.

“El señor secretario de Educación [Antonio Gloria Morales], en su carácter de presidente de la junta de gobierno del CAPECE, solicitó a la Contraloría realizar una auditoría de un periodo específico, donde estaba la efervescencia pública por tiempos en que se habían dado estas adquisiciones, y los productos que se trataba; así, la Contraloría abrió la auditoría por el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre del 2011, y del 1 de enero al 30 de abril del 2012”, explicó el contralor, Francisco Xavier Trueba Pérez.

Se atendió esta adquisición de campanas y loncheras que de dos licitaciones declaradas desiertas, derivó en una adjudicación directa a cuatro firmas de la familia de Héctor Orozco Michel (MILENIO JALISCO, 9 de julio de 2012).

“En este tenor, la Contraloría ha notificado los resultados de la revisión al director del CAPECE, el pasado 31 de agosto, y se le otorgó un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente, para que entregue su propuesta de solventación de las observaciones que le fueron emitidas, que son 17, en el renglón de las adquisiciones a que referí, de registro y control, y en el registro de los bancos por las cuestiones de los pagos referentes a éstas [...] debemos esperar a que concluya el término y que presente la propuesta, y en los términos en que se resuelva, yo con mucho gusto les compartiría para dar conocimiento al interesado, toda vez que hay detalles que pudieran involucrar a personas y estamos obligados a proteger los datos personales”.

El plazo para que el CAPECE responda por este pliego de observaciones vence el próximo 21 de septiembre, y en función de su respuesta, se tomarán las medidas de sanción y corrección correspondientes, indicó el contralor.