11 grandes casos concentran 60% de “torres enderezadas”

105 millones de pesos se cobraron a once inmobiliarias para legalizar construcciones que violaron planes parciales.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Además del ajuste a la inmobiliaria Cititower GDL, SA de CV, que significa el pago de 13.1 millones de pesos en efectivo y 31.7 millones de pesos “en especie” para “enderezar” legalmente un grupo de torres que violaron el plan parcial de la zona, hay diez expedientes más que significan los casos más fuertes atendidos por el Ayuntamiento de Guadalajara en su polémica aplicación de las “Disposiciones administrativas de compensación, indemnización o mitigación por acciones urbanísticas” aprobadas en febrero de 2016.

Se trata de diez acciones de ajuste vía decreto que significaron la entrega de casi 59 millones de pesos a la comuna, de manera que entre los once expedientes se concentran casi 105 millones de pesos, esto es, 60 por ciento del monto total registrado en los 67 expedientes del corte hasta mayo pasado, de acuerdo a información de transparencia del gobierno municipal.

En orden de la apertura del expediente, estos son los diez casos que siguen en el monto global a Cititower GDL, SA de CV:

Expediente 09/06/2016, torres Sania, ubicadas en avenida Vallarta 3090, colonia Vallarta Norte, propiedad de INM. B.B., SA de CV. Debieron pagar 15 millones 497,975 pesos y entregar “tres puntos limpios [(un núcleo de contenedores de basura clasificada por tipo de residuo y que se opera con motor), incorporación de por lo menos 20 sujetos forestales [árboles], manejo integral del agua y dos cruceros seguros”.

08/09/2016. Ubicado en calle Mar Tirreno 2168, colonia Country Club, edificado por Banco del Bajío, SA de CV. Pago de dos millones 887,500 pesos y entrega de un punto limpio dentro del edificio y un crucero seguro. El pago en especie asciende a dos millones 456,643.75 pesos, y consiste en un punto limpio de plataforma soterrada con valor de 882 mil pesos, y rehabilitación de superficies de rodamiento de las vialidades dentro del polígono de la zona con valor de un millón 600 mil pesos.

08/09/2016. Ubicado en calle Mar Egeo 1438 y 1442, colonia Country Club. Edificado por Inmobiliaria Ve-Lejos, SA de CV. Pago de tres millones 733,500 pesos, establecimiento de un punto limpio y rehabilitación de banqueta en todo el frente. El pago en especie es de 1 millón 132,495 pesos, e incluye un punto limpio de plataforma soterrada con valor de 882 mil pesos y dos cruceros seguros con valor de hasta 200 mil pesos, además de un programa de arte público de 50,500 pesos.

06/12/2016. Sito en avenida Pablo Neruda 2828, colonia Providencia cuarta sección. Construido por Inmobiliaria AIKA Querétaro, SA de CV. Pagó en efectivo 4 millones 769,021.88 pesos y debió establecer tres puntos limpios, y plan de saneamiento de arbolado urbano por 130 mil pesos más IVA. 15/09/2017. Sobre calle López Cotilla, colonia Arcos Vallarta. Construido por LAR TRADING SERVICES, S de RL de CV. Pago de 6 millones 191,625 pesos, y construcción de dos puntos limpios cerrados, plantación de 15 árboles (ahuehuetes de siete metros), 37 podas, 15 derribos y dos cruces seguros.

15/09/2017. Enclavado en avenida López Mateos 391, colonia Jardines del Bosque. Propiedad de Bansi, SA, IBM. Pago de sanción por siete millones 361,270 pesos, y establecimiento de un punto limpio, saneamiento de arbolado con valor de 110 mil pesos, y realización de dos cruceros seguros con valor de 200 mil pesos.

15/09/2017. En calle Hipódromo 2077, colonia Colomos Providencia. De Inmobiliaria Zararacua, SA de CV. Pago de tres millones 350,130 pesos, incorporación de un punto limpio cerrado, 16 podas, cuatro derribos, elaboración de evaluación preliminar hidrogeológica para una red de monitoreo de aguas subterráneas, cancelación de cajones al frente del predio y líneas logarítmicas con botones para Colomos.

28/02/2018. En calle Diagonal San Jorge 93, colonia Vallarta San Jorge. Propiedad de Diagonal San Jorge, SA de CV. Sanción de 11 millones 740,480 pesos, y establecimiento de un punto limpio cerrado, punto fijo de reciclaje, sustitución de arbolado con valor de al menos 400 mil pesos y un crucero seguro.

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Claves 

¿Cómo justifica GDL el programa? 

“La Administración Municipal ha detectado una gran cantidad de edificaciones verticales que obtuvieron sus licencias de manera irregular. La mayoría de éstas, en zonas donde la clasificación de usos del suelo no lo permitía, con incrementos considerables en su intensidad de utilización, contraviniendo leyes y reglamentos estatales y municipales, entre los que destaca el Código Urbano para el Estado de Jalisco. Es claro, y se debe ser consciente, de la importancia del problema y su difícil solución, ya que muchas de estas edificaciones se encuentran ya concluidas y a la espera de sus certificados de habitabilidad, por lo que es sustancial tomar las medidas adecuadas que puedan contribuir a resultados convincentes y efectivos […]”

“Por otra parte, si bien es cierto que entre las sanciones contempladas por el Código Urbano, existe la demolición, también es cierto que la fracción II del artículo 133 de este instrumento, señala que si las acciones se ejecutaron con autorización, licencia o permiso expedido por autoridad competente, el costo de los trabajos de demolición, será a cargo de la autoridad responsable y los propietarios o poseedores a título de dueño, tendrán derecho a la indemnización sobre pago de daños. Sobre este particular, resulta muy difícil estimar el costo económico que pudiera representar para la administración municipal…”

Fuente: Gaceta Municipal de Guadalajara, 2 de marzo de 2016

GDL ha recaudado $174.8 millones por ‘torres chuecas’

Hay hasta mayo pasado, 67 expedientes que se han procesado a lo largo de tres años; 40% del recurso se paga “en especie”.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Al menos 67 expedientes de “torres chuecas” han sido “enderezados” por la aplicación de las “Disposiciones administrativas de compensación, indemnización o mitigación por acciones urbanísticas” que aprobó el Ayuntamiento de Guadalajara en febrero de 2016, de acuerdo a un corte informativo que contiene datos hasta el mes de mayo de 2018.

Esto ha significado ingresos por 108 millones 800 mil pesos para la comuna tapatía, además de pagos en especie que rebasan 66 millones de pesos, de acuerdo a lo que revelan diversos procedimientos de transparencia y análisis de información pública realizados por asesores de los vecinos de Huentitán, uno de los núcleos de colonos que más se oponen a las modalidades de redensificación urbana que ha seguido la administración municipal que actualmente encabeza Enrique Ibarra Pedroza.

Entre los expedientes, falta información de los dos siguientes casos: 06/12/2016 (correspondiente a la fecha de apertura), un edificio enclavado en Américas 1254, entre Mar Báltico y Mar Rojo, colonia Country Club, la cual fue reservada por el Ayuntamiento de Guadalajara, “por haber suspensión definitiva dentro del expediente 3313/2016 del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo”; el segundo es el expediente 13/04/2016, de una edificación enclavada en Américas 1500, fraccionamiento Providencia, “información reservada por amparo indirecto 1485/2016 del Juzgado Octavo Administrativo y Toca 78/2017 en Revisión del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa”.

Las disposiciones incluyen un pago económico más pago en especie, según sea el caso. El monto más bajo es el del expediente 09/06/2016, de la calle Aguamarina 2391, colonia Bosques de la Victoria, con 27,750 pesos de pago , y en especie, la construcción de un punto limpio (un núcleo de contenedores de basura clasificada por tipo de residuo y que se opera con motor), y un “crucero seguro”.

El de pago más alto es el comenzado el 09/06/2016, un edificio de avenida México 2582, colonia Ladrón de Guevara, construido por Cititower GDL, SA de CV, con un monto económico de 13 millones 127,400 pesos, la demolición de 2,500 metros cuadrados de la acción urbanística, la compensación de tres puntos limpios, censo de arbolado urbano, sustitución de arbolado urbano y tres cruceros seguros. En especie se entregan además bienes por 31 millones 692,204 pesos, lo que incluye: donación de un terreno en la calle Reforma esquina Tomás V. Gómez con valor catastral de 2 millones 655 mil pesos; donación de otro inmueble en calle Tomás V. Gómez, entre Reforma y Avenida México, con valor catastral de 2 millones 250 mil pesos; pago de la escrituración con avalúo aproximado de 90 mil pesos; adquisición del equipamiento para el segundo inmueble mencionado, con valor de hasta 4 millones de pesos; construcción de parque y plazoleta pública en el primer predio mencionado. Además: máquinas pintarrayas, 400 litros de pintura, 20 trafitambos (sic), 40 barreras de seguridad, 100 perfiles tubulares, 20 inmovilizadores, dos grúas de seis toneladas, 600 delineadores urbanos y 250 bolardos abatibles, con una valoración de 3 millones 800 mil pesos.

Otros costos a pagar por esa desarrolladora: diseño, elaboración y reproducción de contenidos, materiales y herramientas educativas y de comunicación enfocadas en la movilidad, con valor de 2 millones de pesos; “recuperación de espacio público y mejoramiento de imagen urbana en monumentos” con valor de 10 millones de pesos; proyecto de manejo integral de agua del manantial de Colomos, en el área de El Barreno, con valor de 4 millones 897,204 pesos.

Este expediente se lleva, de este modo, 44.8 millones de pesos, lo que significa más de 25 por ciento de lo que se ha cobrado a lo largo de tres años. La vigencia de este programa de es hasta el final de la actual administración a la que le resta poco más de un mes.

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Claves 

Los datos por año 

2016. Pagos en efectivo, 59.5 millones de pesos; pagos en especie: 44.7 millones de pesos

2017. Pagos en efectivo, 33.7 millones de pesos; pago en especie, de 21.2 millones de pesos

2018. Pagos en efectivo, 15.6 millones de pesos

Cambio climático moderado potenciaría pesca con manejo

México, 16 lugar mundial en producción pesquera, puede aprovechar condiciones si ordena su pesca y protege ecosistemas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El cambio climático es un desafío para las actividades económicas, sobre todo, las que están más ligadas a las condiciones de los ecosistemas. En el caso de la pesca, México y muchas naciones han generado colapsos de especies al presionar de forma intensiva a unas cuantas, generar costosos “daños colaterales” a especies no comerciales y desestructurar cadenas tróficas con la destrucción de arrecifes y esteros.

Pero si el alza de temperatura no rebasa 2 grados, la adaptación, con orden y legalidad, podría ser exitosa, sostiene un estudio pionero de investigadores de Estados Unidos y Japón, difundido hoy por el capítulo México de la Environmental Defense Fund.

“Naciones pesqueras como México, 16 productor a nivel mundial con más de dos millones de personas trabajando en este sector directa o indirectamente, deben comenzar hoy a tomar acciones de adaptación para el futuro en cara al cambio climático, proceso que requiere la participación de todos los actores del sector pesquero, a la luz de un estudio integral realizado por científicos de EDF, la Universidad de California Santa Bárbara (Estados Unidos) y la Universidad de Hokkaido (Japón), que por primera vez muestra que los océanos del planeta tienen el potencial de ser más abundantes de lo que son hoy, incluso ante el cambio climático, si se ponen en marcha buenas prácticas de manejo pesquero y si la temperatura global no supera los 2 grados al alza”.

El artículo científico fue publicado en la revista científica de la Asociación Americana de Avances Científicos (American Association for the Advancement of Sciences), Science Advances.

“El estudio señala que, comparado al día de hoy, la pesca a nivel global podría tener un aumento estimado en sus ganancias por 14 mil millones de dólares, producir 25 mil millones de raciones de pescados y mariscos más, incrementando la cantidad de peces en el mar en 217 millones de toneladas –una tercera parte más de la cantidad de biomasa actual–, si se cumple lo estipulado en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y se limita la temperatura global a 2°C. Sin embargo, un estudio alerta que estos resultados dependerán de la implementación de un manejo pesquero que permita a las pesquerías adaptarse a los cambios en productividad y distribución geográfica de las especies marinas, así como limitar el calentamiento global. Por el contrario, si no se adapta el manejo pesquero al cambio climático, significaría una disminución de capturas y a su vez un riesgo para las comunidades costeras que depende de los productos del mar”.

De acuerdo a este estudio, “el cambio climático generará cambios en la cantidad (abundancia) y dónde habitan (distribución), siendo las naciones alrededor de la línea del ecuador las más afectadas. Esto es relevante en tanto que la mayoría son países en vías de desarrollo con alta dependencia en la pesca para asegurar empleos estables en el sector pesquero y proteger la economía de comunidades costeras”.

Para responder al desafío, “los autores consideran necesario tener más información sobre el estado de las pesquerías y contar con un manejo pesquero sustentable, colaborativo y basado en evidencia, para encontrar las mejores medidas de adaptación. En el caso de México, los impactos del cambio climático en la pesca es un tema que, aun cuando ya hay varios estudios en la materia, requiere de más investigación y mejores políticas públicas que integren mecanismos de adaptación en el manejo de recursos marinos y costeros”.

Laura Rodríguez Harker, Directora General de EDF de México, dijo: “para entender mejor los impactos del cambio climático en la pesca de nuestro país y para aportar a la creación de políticas públicas adecuadas para la pronta adaptación a los cambios, EDF de México y un grupo de investigadores están finalizando un estudio similar a nivel nacional y los resultados preliminares apuntan a que es posible disminuir los impactos del cambio climático sobre nuestras pesquerías si se adoptan lo antes posible estrategias de manejo sustentable y adaptativas”.

Añadió que, ante los impactos complejos del cambio climático y la interacción entre recursos naturales, “las medidas de manejo adaptativas deben desarrollarse de manera coordinada entre todos los actores del sector pesquero mexicano. Este estudio será presentado en 2019 y esperamos aporte más información para el desarrollo de soluciones de adaptación y sustentabilidad para la pesca en México, para proteger los empleos generados por esta actividad, asegurar alimento nutritivo para los mexicanos y conservar nuestra biodiversidad”.

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Claves 

Jalisco, mucho mar y poca producción 

Numeralia 

80% se han abatido las existencias de las principales pesquerías comerciales de la costa de Jalisco, debido a la sobreexplotación, el cambio climático y el pésimo manejo de las cuencas marina y terrestres, según cifras de las principales cooperativas: Barra de Navidad y La Manzanilla. Las especies fundamentales en esta crisis son los pargos, en especial, el huachinango, con 70% del valor comercial de las pesquerías

15 años de fenómenos extremos de temperatura se han percibido en el mar costero de Jalisco, como posible consecuencia de cambio climático. La temperatura es un factor crítico porque provoca el movimiento de los bancos de peces, lo cual da al traste con la experiencia de los pescadores del modo de pescar en las aguas marinas

3 especies reservadas para la pesca deportiva son manzana de la discordia con la pesca artesanal: el pez vela, el marlin y el pez dorado. Las pescas incidentales de estos productos se han incrementado como consecuencia de la caída de las pesquerías tradicionales. Su registro es como “pesca incidental”

45% de los pescadores de la costa de Jalisco deben dedicarse a oficios alternos al de pescar por no alcanzar a cubrir sus necesidades económicas

25% de las embarcaciones pesqueras artesanales son ilegales, pero si se consideran las capturas por arrastres de la pesca industrial, sobre todo en la zona de Mismaloya, la ilegalidad se dispara. Un análisis revela que 56 por ciento del producto que va del mar a las mesas de los mexicanos es ilegal o al menos irregular

Fuente: UdeG, Sagarpa

La Semadet viola su marco legal al no dictaminar planes parciales

El Código Urbano ya ha dejado claro que la dependencia no puede omitir dictámenes de congruencia, advierte Fernández.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La omisión deliberada de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) para elaborar dictámenes de congruencia sobre 53 planes parciales de desarrollo urbano del municipio de Guadalajara, es “una postura bastante cómoda, deslindarse de una responsabilidad que tiene como autoridad superior” en el tema, dijo el urbanista Jorge Fernández Acosta.

“Independientemente de que el inicio de los planes estuviesen antes la promulgación de las reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, los mismos planes declaran haber tomado en cuenta puntos de esa reforma respectiva, entonces cae la posibilidad, en una interpretación normativa correcta, de que sí tenga incidencia e interés jurídico para poder haber emitido una dictaminación; a mí me parece que la Semadet se está justificando, y está queriendo paliar una omisión de un trabajo que debió ser ejecutivo y vinculante; los planes parciales están así, sin esa dictaminación, porque hubo un acuerdo político superior, y evidentemente la Semadet obedeció, y lo digo con toda claridad, porque además hay indicios que lo señalan que todo esto es parte de un proceso de trabajo en la mesa, que me parece que es digno de revisarse”, indicó.

Fernández Acosta destacó que el gobierno del estado ha sido, de este modo, voluntariamente omiso en ejercer facultades que no eran opcionales, y que ni siquiera dependían de una solicitud del Ayuntamiento de Guadalajara.

“Es también omiso en su compromiso con el ambiente, y con el seguimiento de la norma, hay una falla en la conducción ética relacionada con el medio ambiente; y sobre todo contrasta con una actitud arrogante, de presunciones, con que declaró el gobernador su supuesta prioridad que dio durante su mandato al tema ambiental; en realidad, lo vemos ante los resultados, ha sido muy omiso, hay una total y terrible falta de compromiso con el ambiente, y obviamente eso facilita los procesos a los municipios, para que consigan las aberraciones jurídicas de modificar los planes a su arbitrio y al juego de los intereses, lo cual se ha demostrado con la impugnación judicial y la suspensión definitiva que el Parlamento de Colonias consiguió para los planes de la zona Minerva”.

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Claves 

Lo que dice el Código Urbano (reformas de enero de 2018) 

Artículo 78 A

“El Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano se integrará por un conjunto de programas y planes de desarrollo y ejecución obligatorios, articulados entre sí, en relación directa con los ordenamientos ecológicos y los atlas de riesgo…”

“[…] Los instrumentos de planeación referidos, deberán guardar congruencia entre sí, sujetándose al orden jerárquico que establece su ámbito territorial, y contando con los dictámenes de validación y congruencia que para ese fin serán solicitados y emitidos por los diferentes órdenes de gobierno, para su aplicación y cumplimiento”

Artículo 9 ter.

“Son atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial […]

XXVI. Supervisar, mediante inspección técnica en el ámbito de su competencia, el cumplimiento que deba darse a este código y validar sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en materia de desarrollo urbano […]”.

Artículo 10

Son atribuciones de los municipios:

LXII. Validar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado, sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos por el artículo 115, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”

Fuente: periódico oficial El estado de Jalisco, 11 de enero de 2018, tomo II SRN

Parque Ladrillero, cancelado por falta de tiempo y certezas

Una inversión de 20 millones de pesos está virtualmente perdida, pero se gestionan recursos ante el CAF para el siguiente año.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Parque Ladrillero, uno de los proyectos más avanzados de la agenda ambiental del gobierno de Jalisco, está al borde de cancelarse en lo correspondiente a esta administración, pues el Ayuntamiento de Tlaquepaque incumplió con el requisito de acreditar la propiedad donde se realizará. Los fondos federales que están a punto de perderse ascienden a 20 millones de pesos.

“Hay poca información por parte del ayuntamiento de Tlaquepaque; yo regresé como regidora el 2 de junio y le pregunté al secretario del ayuntamiento en qué proceso iba el tema, y me comentó que me iba a hacer llegar una ficha técnica, donde me explicaba todo, porque me enteré por el presidente del ejido San Martín de las Flores, que fue al que se le compró el predio para la creación del parque, que se ha detenido el proceso porque no han podido abrir una cuenta para que les depositen el dinero de la compra”, explicó a MILENIO JALISCO la regidora Daniela Chávez Estrada. 

Dijo que por parte del municipio, el director actual de Medio Ambiente desconoce del asunto, y los grupos organizados de productores de ladrillo artesanal “preocupados realmente, por lo que han pedido una cita con los directores y con las autoridades municipales, y no les han abierto las puertas”, dijo la representante popular.

Refirió que acudió recientemente a un diálogo en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC),”un seminario de estrategias transformacionales, en materia ambiental, ecológica y tecnológica; concentramos toda la experiencia y conocimientos que se han dado en este lapso, en materia de ladrilleras artesanales, y estuvo exponiendo un poco Jalisco, sobre el proyecto que está totalmente hecho por parte de Semadet, sin ejecutarse; también estuvieron autoridades del estado de Guanajuato, platicando de los hornos que han sido exitosos, y pues fue lamentable ver que no se presento ninguna autoridad municipal, el encargado, que era el director, dijo que tenía agenda y no fue”, lo cual de muestra el interés municipal en el tema.

-¿Entonces es prácticamente un hecho que ese recurso se perdió?

- La realidad es que el recurso está etiquetado exclusivamente para este año; si siguen sin darle trámite por parte del ayuntamiento, cuando están a la espera de que entreguen la certeza jurídica del lugar donde se va a hacer la inversión, no caminó ya; sobre todo denunciar que fue por falta de interés, y que por falta de conocimiento dentro del tema, han ocurrido muchos errores; por ejemplo, la primera directora entrego unos predios a estudiar, donde no se tenía certeza jurídica, después se buscó al ejido y al ejido se le intentó rentar el predio, pero la realidad es que el gobierno del estado dijo que no podía hacer una inversión de un predio arrendado, necesitaba la propiedad ya que son 20 millones de pesos.

Entonces pasó el tema por cabildo, se aprobaron unos dos millones de pesos para la compra de un predio en el ejido de San Martín; “sabemos que en predios ejidales, es mucho más complicado todo, y es lo que se ha llevado básicamente todo este año, el trámite de poder escriturar el predio, y yo por la parte de la Cooperativa de Ladrilleros fue en lo que estuvimos trabajando; la cooperativa está desconcertada porque no se le informa nada, creo que todos estamos sin saber, hasta la propia Semadet, que es lo que va a suceder con la inversión”.

El gobierno del estado sabe que es complejo que se pueda siquiera arrancar con el proyecto este año, por lo cual, realiza gestiones ante el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en busca de asegurar recursos para que pueda ejecutarse en el momento en que la propiedad de las dos hectáreas de terreno sea asegurada. Por lo pronto, un proyecto ambicioso para integrar a casi 2,500 ladrilleras de Jalisco, ha quedado trunco.

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Claves 

Ladrilleras, un gran problema de salud 

Los principales contaminantes atmosféricos generados en los hornos ladrilleros son el monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), compuestos orgánicos volátiles (COV), y el material particulado (PM10 y PM2.5), así como compuestos tóxicos como las dioxinas y furanos cuando se utilizan combustibles sintéticos, señala un estudio de la Semadet

“Por otra parte, el uso de combustibles bio-másicos o de origen fósil al entrar en ignición liberan diferentes cantidades de GEI (gases de efecto invernadero) traducidos en toneladas de CO2 equivalentes agravan el problema del cambio climático, la combustión incompleta dentro del sistema incide en ello de igual manera, particularmente se emanan lo que se conoce como contaminantes de vida corta (CCVC) sustancias con una vida relativamente corta en la atmósfera y con influencia en el calentamiento en el clima”

Los principales CCVC, el carbono negro (hollín), el metano y el ozono troposférico, “son los contaminantes más significativos inducidos por el ser humano que contribuyen al cambio climático, después de CO2. También son contaminantes del aire con efectos graves sobre la salud, la agricultura y los ecosistemas”

De acuerdo a estudios recientes, las zonas cercanas a las ladrilleras tienen concentraciones de PM10 y PM2.5 “mucho mayores a las que se presentan en la ZMG, lo que representa un grave riesgo para la salud de la población que vive en ese lugar, principalmente para los sectores más vulnerables”

Más de 80% de los días se rebasan en esas demarcaciones los límites máximos permisibles de PM10 y siempre, el de PM2.5. “Esto quiere decir que de manera permanente la calidad del aire en la zona es mala, llegando a rangos de muy mala”

Fuente: Semadet Jalisco

Semadet debe dictaminar; derechos son “progresivos”

La retroactividad es jurídicamente aceptable si representa “progresividad” en los derechos ciudadanos, advierte Gutiérrez Nájera.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El deslinde de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) del proceso de dictaminar la congruencia de los planes parciales de desarrollo urbano de Guadalajara con instrumentos ambientales y urbanísticos, como lo obligan las reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos, afecta los derechos de la sociedad, pues la retroactividad en este caso no es “en perjuicio” de los ciudadanos, y México desde su reforma constitucional de 2011 ha establecido la progresividad en la aplicación de las leyes, lo que significa que se debe optar por lo que beneficie más a los ciudadanos, dijo ayer la doctora en derecho Raquel Gutiérrez Nájera.

“El argumento de la Semadet, de que los planes empezaron a revisarse con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, me parece endeble […] el problema yo creo que es más de fondo, y pensando en reformas, existe una reforma antes , en la propia constitución, donde se incluye la perspectiva de derechos humanos , y que es obligatoria a todas las autoridades, poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y si pensamos en esta perspectiva, la Semadet estaría obligada a cumplir los principios de universalidad, de no discriminación, de progresividad, lo que incluye el derecho a habitar las ciudades, al medio ambiente, pro naturaleza, pro desarrollo; me parece que su argumento es muy pobre”, destacó.

Si a eso “le agregamos que Guadalajara incluye en la justificación de los planes los argumentos de esa normatividad, pues lo lógico es que la tiene que aplicar, independientemente de que el proceso haya iniciado antes de que entrara en vigor; sencillamente porque es más progresista y más favorable para garantizar los derechos a la ciudad, nuevamente en referencia a esos principios constitucionales, lo que quita razón a las ponderaciones de la Semadet”, dijo en entrevista con MILENIO JALISCO.

- El principio de no retroactividad aplica en perjuicio, pero en este caso sería una retroactividad en beneficio de la sociedad, ¿es válido verlo así?

- Así es, claro, porque aunque empiezan cuando no está en vigor la reforma de la ley, ellos tienen que aplicar la ley más favorable para garantizar los derechos humanos.

- ¿Vale la pena que el juez de distrito entre al fondo para analizarlo?

- Así es, porque si una ley beneficiosa la aplicas, ya te estás sometiendo a lo más progresivo y benéfico para la sociedad, eso fue el criterio que debió haber aplicado la Semadet, porque de otra manera lo que deja es una inseguridad, al no emitir los dictámenes de congruencia, y qué va a pasar, que se van a judicializar con los primeros actos de aplicación de estos planes, y se va a paralizar todo. Para mí eso es no tener visión de estado, de ver que es lo más favorable para el medio ambiente, para los recursos naturales, para el bienestar, para garantizar derechos, una visión garantista de derechos.

- ¿No es extraño que el Ayuntamiento de Guadalajara rechace esos dictámenes de congruencia?

- Claro, lo que está dejando el municipio son planes y programas en una total vulnerabilidad jurídica, que en los primeros actos de aplicación, cualquier ciudadano que invoque el derecho a la ciudad, de disfrutar un medio ambiente sano, los vamos a poder impugnar por las vías judiciales. El derecho a la ciudad trae principios importante como no regresividad, ni un metro menos de lo que hay, por ejemplo, de parques y espacios públicos, y creo que ese es el fondo del asunto: que los planes parciales de Guadalajara no están acordes a estos principios de política pública ambiental, local urbana, y quizás por eso quieren evitar el filtro de la dictaminación.

Gobierno de Jalisco ya invirtió 70 mdp en camino de Tuapurie

Los compromisos del año 2018 están saldados, pero la obra apenas rebasó un tercio de su longitud total.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La restauración de la zona afectada por el proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla en la comunidad indígena de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán), y la construcción del camino-jardín ordenada por el juez primero de distrito en materia administrativa (expediente 596/2008), ya ha recibido 70 millones de pesos para cerrar esta administración con poco más de siete kilómetros construidos, aún lejos de la longitud total de la ruta, de poco más de 19 kilómetros.

La semana pasada, las autoridades comunales recibieron en la zona al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Netzahualcóyotl Ornelas, para la entrega formal del Paso del Oso, un sitio sagrado de la cosmogonía wixárika que había sido dañado por la maquinaria de la obra durante la administración de Emilio González Márquez.

También se hizo la entrega de un cheque por 20 millones de pesos a favor de la comunidad por pago de daños y perjuicios, pues la obra del gobierno anterior no tenía ni autorización de impacto ambiental ni permiso de la asamblea general de comuneros, lo que derivó en un fuerte impacto a sitios tradicionales, daño a arbolado y perjuicios no resueltos completamente a diez años por los problemas de comunicación terrestre que tuvo como consecuencia.

En lo correspondiente a 2018, el gobierno estatal aportó 20.5 millones de pesos mientras el Ayuntamiento de Mezquitic lo hizo con 2 millones, para un total invertido en el camino de 22.5 millones de pesos, lo que completa la inversión comprometida para 2018.

Los cuatro conceptos de reparación se dividen del siguiente modo: uno, restauración del Paso del Oso: totalmente entregado y recibido por la comunidad. Construcción del camino-jardín, ya acumula una inversión de cerca de 50 millones de pesos. Tres, pago de 20 millones que ordenó el tribunal como indemnización por el uso de derecho de vía. Y cuatro, reforestación: se tiene contrato de construcción de vivero y supervisión ambiental para todo el año 2018.

El concepto de camino-jardín es más costoso que una carretera asfaltada normal, porque incluye líneas de adoquín para hacer más lento el tránsito y respetar de este modo la vida silvestre y el paso de viandantes. Pero quedará en manos del siguiente gobierno terminar la mayor parte, pues restan por construir alrededor de doce km. Eso hace que la comunicación, sobre todo hacia el sur, con Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) y Bolaños, permanezca precaria, y la salida de vehículos sea por lo general hacia el norte, a la zona de Tenzompa, hacia Huejuquilla y Mezquitic.

La dificultad de comunicaciones es claramente una de las carencias que mantiene en estado de rezago social a la zona wixárika, pues hace que los insumos y bienes necesarios para la calidad de vida, así como servicios básicos de salud y educación, se integren más lentamente. También cancela oportunidades económicas: la espectacularidad de la región no puede ser explotada como oportunidad de negocios para los núcleos indígenas.

La sentencia del juicio de amparo quedó firme desde el 14 de mayo de 2014, cuando el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, notificó al juez primero de distrito el toca de la queja 165/2013, promovida por el gobierno estatal contra la sentencia del 19 de septiembre de 2013. Se concedió el amparo y protección de la justicia federal “para el efecto de que la autoridad responsable Sedeur del estado de Jalisco deje insubsistente todos los actos inherentes a la ejecución del proyecto carretero Bolaños –Huejuquilla El Alto, específicamente del kilómetro 70 más 400 [metros] al 89 más 580, que afecten la propiedad de la parte quejosa, aclarando que se entenderá como debidamente cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo, hasta que la autoridad responsable deje las cosas en el estado que guardaban antes de la violación decretada”, de lo que derivó el convenio de cumplimiento en un camino-jardín cuya conclusión ha sido postergada para el siguiente gobierno.

Semadet omitió dictaminar los planes parciales de GDL

Parlamento de Colonias ve el cambio de la autoridad ambiental como fruto de la presión del ayuntamiento al gobierno del estado, por lo que ha impugnado la decisión

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), dependiente del Ejecutivo del estado, decidió recular en su intención de dictaminar los 53 planes parciales del municipio de Guadalajara, contra lo que había expresado en enero pasado. El argumento es que tras una revisión del marco legal, el tiempo de inicio del proceso no se lo permite. 

“Esta Secretaría no estaba en la hipótesis de dictaminar los instrumentos de Planeación del municipio de Guadalajara, pues su proceso de revisión y actualización inició con anterioridad a la fecha en que se publicó y entró en vigor la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, esto es, a la fecha en que se dotó de la facultad a las entidades federativas para dictaminar los instrumentos de Planeación de los ayuntamientos; aunado a lo anterior no medió solicitud expresa del municipio a Semadet para realizar la aludida dictaminación”, dijo la dependencia en una nota informativa emitida la semana pasada a solicitud de MILENIO JALISCO. 

No obstante, la postura institucional fue diferente en enero. En la edición del día 17, la titular de la dependencia, Magdalena Ruiz Mejía, señaló que harían los dictámenes de congruencia porque los obligaba la ley, incluso si el ayuntamiento no lo solicitaba expresamente.

Se refería a la legislación federal y local, como base de esa postura. El artículo 44 de la Ley General de Asentamientos Humanos, del ámbito federal, lo señala: “el ayuntamiento, una vez que apruebe el plan o programa de Desarrollo Urbano, y como requisito previo a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, deberá consultar a la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate, sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de dicho instrumento con la planeación estatal y federal. La autoridad estatal tiene un plazo de noventa días hábiles para dar respuesta, contados a partir de que sea presentada la solicitud señalará con precisión si existe o no la congruencia y ajuste. Ante la omisión de respuesta [en el tiempo determinado] opera la afirmativa ficta”.

Por otra parte, el artículo 83 del Código Urbano vigente en Jalisco, destaca: “El gobernador del estado y los presidentes municipales en sus respectivos ámbitos de competencia, solamente ordenarán la publicación e inscripción de un programa o plan, si previamente se aprobó con apego a las disposiciones de este código y si existe congruencia con los programas, atlas de riesgo, planes de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico y territorial aplicables en el ámbito federal, estatal, regional, metropolitano y municipal...”.

Además, el artículo 84, fracción II, del mismo código, establece: “...deberán ser inscritos [en el Registro Público de la Propiedad] dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del dictamen de congruencia a que hace referencia el artículo 83”.

Entonces, ¿qué fue lo que cambió? La Semadet justifica el cambio de postura: “Con relación a las referencias en medios sobre los planes parciales de Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalajara, y de la participación que esta Semadet tiene en su proceso de elaboración y autorización; conviene precisar lo siguiente: El municipio de Guadalajara inició el proceso de revisión para la actualización de su Programa Municipal de Desarrollo Urbano, su Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, así como de los 53 planes parciales de desarrollo urbano, a partir del acuerdo A 31/07/16, el 30 de junio de 2016, publicado el 6 de julio de 2016 en el suplemento de la Gaceta Municipal, Tomo IV, Ejemplar 2, año 99. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano [versión con las últimas reformas], se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016. Es en su artículo 44 que impone a las entidades federativas la facultad de dictaminar, previa consulta del Ayuntamiento que corresponda, sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste del plan o programa de desarrollo urbano con la planeación estatal y federal, en el plazo de 90 días contados a partir que la solicitud sea presentada, señalando con precisión si existe o no la congruencia y ajuste”.

Precisa el señalado artículo “que en caso de no ser favorable el dictamen deberá justificar clara y expresamente las recomendaciones que considere pertinentes para que el ayuntamiento realice las modificaciones correspondientes”.

La propia Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano “impone los lineamientos y criterios generales que deben incorporarse a todos los instrumentos a que se refiere el Sistema de Planeación del Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano; respecto a los instrumentos que se emitan conforme a sus lineamientos y vigencia. Incluso tomando en cuenta los propios tiempos que las disposiciones transitorias han señalado para que las autoridades encargadas de la emisión de los instrumentos de planeación, se armonicen a tales lineamientos y criterios generales”.

Con base en eso, asegura, “esta secretaría no estaba en la hipótesis de dictaminar los instrumentos de Planeación del municipio de Guadalajara, pues su proceso de revisión y actualización inició con anterioridad a la fecha en que se publicó y entró en vigor la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, esto es, a la fecha en que se dotó de la facultad a las entidades federativas para dictaminar los instrumentos de Planeación de los ayuntamientos; aunado a lo anterior no medió solicitud expresa del municipio a Semadet para realizar la aludida dictaminación”.

No obstante, “la facultad con que sí contaba esta dependencia del Gobierno del Estado de Jalisco, lo fue el opinar técnicamente en el marco de la consulta pública de los planes parciales de desarrollo urbano, que inició el 1 de junio y concluyó el 14 de julio de 2017. Específicamente el 13 de julio de 2017, esta Secretaría abrió sendos expedientes con los proyectos de cada uno de los planes parciales de desarrollo urbano sometidos a consulta pública y compareció a ésta emitiendo observaciones en todos y cada uno de ellos; siendo el municipio responsable, conforme lo dispone el artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de decidir cuáles observaciones aceptaba y cuáles no”.

A su juicio, “resulta importante destacar la importancia de las observaciones técnicas formuladas por esta Secretaría, puesto que consignan la visión integral del impacto y trascendencia de los efectos de los planes parciales, destacando entre ellas la necesidad de una regulación específica de las zonas de protección patrimonial y ambiental, así como la necesidad de elaborar proyecciones, estudios y análisis específicos en cada distrito para impacto ambiental, movilidad, redes de infraestructura y equipamiento, al igual que la importancia de la armonización de estos planes con instrumentos superiores en las materias urbana y ecológica”.

Dichas observaciones, concluye, “son una herramienta valiosa que queda a disposición de todos los ciudadanos y organizaciones vecinales para su seguimiento ante la importancia que los instrumentos de desarrollo urbano del municipio tienen en la habitabilidad de la ciudad”.

“SE DEJARON PRESIONAR” 

No quedó conforme con ese cambio de decisión el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa. A su juicio, la Semadet fue presionada por el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, quien a su vez habría acordado no obstruir los nuevos planes parciales con quien será su sucesor en el cargo, Enrique Alfaro Ramírez.

“Yo creo que los argumento no son válidos, ya que finalmente los planes parciales de Guadalajara están basados en la Ley General de Asentamientos Humanos, la versión reformada, basta irse a las bases jurídicas, y ahí está la descripción de los artículos, ¿cómo es que tomas solo unos artículos a conveniencia, te refieres a la ley reformada, y luego resulta que no la tomas? […] la verticalización está planteada en la versión reformada de la ley, entonces con la ley anterior se quedan sin materia, no pueden justificarla; a mí me parece que los documentos de los planes parciales son claros y que la Semadet hace un argumento endeble, hasta inválido, para no reconocer la verdad”.

Y a juicio del dirigente, “nosotros interpretamos que les hicieron presión para que no emitieran el dictamen, así de simple. En los juicios de amparo lo estamos señalando como una de las violaciones, creemos que es una omisión de la Semadet y que es violatoria de los derechos humanos de los habitantes de Guadalajara. Estamos a la espera de que el juez determine ordenar a la Semadet que subsane esa omisión, y efectivamente, aunque haya tratado de evitarlo, emita los dictámenes de congruencia”, sostiene.

“Son cuestiones de fondo que no va a decir ahora, pero que esperamos se atiendan y se sienten precedentes, porque la autoridad no puede pretender que es la dueña del desarrollo de la ciudad, son los ciudadanos […] nosotros estamos en ese sentido: sentimos que si aplicaron la Ley de Asentamiento Humanos a conveniencia, para justificar muchas cosas, debieron también de aplicarla en este caso, y no es cierto que es a solicitud del ayuntamiento, es de oficio, lo dice el artículo 83 de la ley y lo estamos haciendo valer en el juicio”.

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CLAVES 

Lo que está en juego 

Los planes parciales de Guadalajara son los documentos rectores del desarrollo en 53 áreas en que está dividida la ciudad. Cancelar los aprobados en enero lleva a aplicar los vigentes en 2003, que son los últimos que cuentan con legalidad

El ayuntamiento no tiene interés en que la Semadet dictamine los planes, puesto que podría haberlo solicitado invocando la aplicación de las nuevas leyes, la retroactividad en ese caso sería en beneficio de los ciudadanos, no en perjuicio, y al ser a petición de parte, sería legal

Guadalajara asegura haber realizado manifestación de impacto ambiental de cada uno de los 53 planes, pero fue juez y parte, dado que elaboró los planes y los dictaminó. La Semadet reclamaba en enero la falta de un análisis serio en el tema

Los aspectos más controvertidos de la verticalización deberían ser resueltos por el estudio de impacto ambiental: el incremento de densidad de población en un territorio implica un uso más intensivo de la infraestructura de agua, de alcantarillado, la red vial, el transporte público, los cajones de estacionamiento, las áreas verdes públicas (cuyo promedio por habitante se reduce drásticamente), la seguridad, la energía eléctrica

En una solicitud de transparencia de MILENIO JALISCO, Guadalajara aseguró que los 53 planes que elaboró su Coordinación de Gestión Integral de Ciudad están rigurosamente dictaminados en el tema… por su área de medio ambiente.

Las disputas por la sierra, wixaritaris vs wixaritaris

La comunidad de Tuapurie y la de Tatei-kie se enfrentan por más de 1,300 ha; la primera lleva ventaja judicial

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Las comunidades wixárikas de San Andrés Cohamiata (Tatei-kie) y Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie) viven en conflicto por más de 1,330 hectáreas que ambas reclaman, en el predio conocido como La Laguna. De acuerdo a la versión de los segundos, desde 1949, ambos poblados de origen huichol acordaron distender, pues se reconocía el mejor derecho de Tuapurie, pero se permitía permanecer familias de San Andrés mientras siguieran la costumbre, es decir, el tequio (trabajo comunitario) y la presencia en las asambleas.

Todo cambió en 2003, cuando ocurre un incidente del que el abogado del juicio civil de Santa Catarina, Óscar González Garí, responsabiliza a comuneros de Tatei-kie.

En 1949, las dos comunidades acordaron, aunque había dudas de los linderos, que San Andrés reconocía que el territorio pertenecía a Santa Catarina; se van a México y establecen dos convenios: para que se le permitiera a los andreseños estar en el territorio de Santa Catarina, y como eran hermanos huicholes dijeron: solo dos condiciones les ponemos, y tienen que cumplirlas porque si no, no procedería el acuerdo; lo primero es que hagan trabajos de tequio, y lo segundo, que vayan a las asambleas comunitarias de Santa Catarina, pero si no van a participar y hacen solo su capricho mejor váyanse. Santa Catarina fue clarísimo”.

El acuerdo funcionó por décadas, hasta que “Santa Catarina decide medir toda la comunidad, que carecía de linderos, y pone esos linderos para que la comunidad ya estuviera protegida en su territorio, lo cual está reconocido en materia agraria; sin embargo cuando llegaron a cerrar el límite con San Andrés en La Laguna, como es centro ceremonial además, los de San Andrés responden entre octubre y noviembre del 2003 con violencia, cerca de 500 comuneros llegaron con palos, los de San Andrés se fueron metiendo y fueron despojando; se llevaron rollos de alambre que eran propiedad de Santa Catarina; la gente ya estaba haciendo los postes, ya estaban abiertos los hoyos, y llegan a parar los trabajos, y les quitaron todas las herramientas; aparte golpean a un muchacho, Lino de la Rosa, quien sangra por los oídos y quedó sordo de uno…”.

Tuapurie se fue a juicio por tres vertientes: al Ministerio Público de Huejuquilla para la denuncia penal; a los tribunales agrarios para demandar el pleno reconocimiento de su propiedad, y por la vía civil para demandar los daños y perjuicios.

“Hubo hace poco una audiencia conciliatoria, con el juez de primera instancia del Colotlán, llegaron las dos partes, pero no quisieron llegar a un arreglo”. El juicio agrario 115/16 fue fallado a favor de la comunidad indígena de Tuapurie, y el civil, que ya ganaron también.

Y subyace un problema social. “Están afectadas como 70 familias, ya que se ha poblado sobre todo de gente de San Andrés, y como hay conflicto, Santa Catarina recomienda a su gente no presentarse ahí, hasta que se resuelva el conflicto, agrario, territorial, penal[…] en el asunto civil pedimos reparación de daños, porque el lesionado tuvo que tratarse por lo de su trastorno, los rollos de alambre costaron tanto, y tenemos la factura, las herramientas de 200 trabajadores que estaban instalando postes, también; suma como medio millón de pesos, lo que le tiene que pagar San Andrés a Santa Catarina”.

La falta de resolución del tema afecta también a otros problemas que deben afrontar los comuneros. Por ejemplo, San Andrés no tiene salida por la zona de La Laguna y debe rodear a Canoas, Durango, y Huejuquilla el Alto, Jalisco, para salir de la región, lo que hace larga la ruta hacia Colotlán y Guadalajara.

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Claves 

Detalles de los juicios 

Civil. Juzgado de Primera Instancia de Colotlán, expediente 635/2006

Agrario. Tribunal Unitario Agrario 16 de Guadalajara, 115/16/2015, fallado en febrero pasado

Superficie en disputa. 1,333 hectáreas, 58 áreas, 7 centiáreas

Fuente: defensa de Santa Catarina Cuexcomatitlán

Colima autoriza mecanismo para el pago de servicios hidrológicos

Los usuarios de servicios de agua en los centros urbanos pueden donar recursos para mantener bosques y zonas de recarga.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El estado de Colima ha dado un paso decisivo para garantizar el agua que consumen sus centros urbanos, con la implementación de un mecanismo local de compensación por servicios ambientales hidrológicos, lo que permite que los usuarios paguen por la conservación de las zonas de recarga y afloramiento de manantiales y ríos que los abastecen, en busca de generar a largo plazo una certidumbre.

El primer “laboratorio” de estos cambios son las montañas que comparten Jalisco y Colima, al norte de la capital, que conforman el área natural protegida más importante de la región: la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Desde los manantiales de Cerro Grande sale el agua que abastece a la capital del estado, y a partir de esa experiencia se implementó todo el esquema, inicialmente sustentado en el programa de servicios ambientales de la Comisión Nacional Forestal y el apoyo de diversas asociaciones civiles, desde hace casi quince años.

El pasado miércoles 22 de agosto, el Congreso de ese estado consolidó el proceso al aprobar, con 22 votos, las reformas a la Ley de Aguas, la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento “que permiten crear, en la legislación estatal, un marco de actuación institucional para garantizar el suministro de agua de las zonas urbanas de la entidad, las cuales dependen de manantiales y cuencas hidrológicas, de donde proviene el agua”, dijo la coordinadora de la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente en ese estado, Angélica Jiménez Hernández.

Con estas reformas se crea la figura de “mecanismo local de compensación por servicios ambientales hidrológicos, que podrá establecerse solo uno en cada municipio o en zonas intermunicipales, con el que se podrá solicitar, de manera voluntaria, la compensación por servicios ambientales hidrológicos a favor de comunidades y de propietarios o poseedores de terrenos localizados en zonas de importancia hidrológica, con la finalidad de incentivar la conservación, recuperación y uso sustentable de esos ecosistemas naturales. Y se establece como herramienta financiera para ello los fideicomisos privados, debido a que son más trasparentes para el manejo de los recursos”, explicó.

Cerro Grande dota a la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, y “con poco más de una década de arduo trabajo de un sinnúmero de actores de diversos sectores, empezando por los dueños de los terrenos ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, la academia [Universidad de Colima, Universidad de Guadalajara, Instituto Tecnológico de Colima], asociaciones civiles como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, el Fondo del Noroeste, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la Fundación Mabio, Comduce [Comunidades Rurales para la Conservación y Manejo de Cerro Grande]” e instancias gubernamentales: la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la dirección de la reserva de Manantlán, la propia Conafor, la Comisión de Cuenca del río Ayuquila-Armería, la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov).

La viabilidad de crear un mecanismo local a largo plazo fue sustentada mediante el estudio de valoración y demanda de servicios hidrológicos en el área Cerro Grande – Colima, realizado en 2007, y actualizado en el 2010 y 2015; en el último “se encontró que 78.5 por ciento de los usuarios del sistema de agua potable y alcantarillado afirman su disposición a pagar como acto de corresponsabilidad para mantener el volumen y calidad de agua que actualmente reciben”, lo cual fue la señal que necesitaba el proceso para detonar.

El nuevo marco legal generado por los legisladores colimenses, permitirá canalizar aportaciones hacia el Fideicomiso de Agua para Colima, “y ofrecerá la oportunidad de tener, en el largo plazo, una ciudad con agua”. Mabio señala que se han identificado 287 iniciativas de servicios ambientales en el mundo, de los cuales 61 corresponden a servicios ambientales hidrológicos. “En México existe un mecanismo exitoso en la ciudad de Saltillo, Coahuila y al menos otros quince en formación. El de Cerro Grande es ya referente a nivel nacional e internacional y puede convertirse en un caso de éxito con la participación de todos”.

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Claves 

Un proceso innovador 

El mecanismo local de compensación por servicios ambientales hidrológicos de Cerro Grande operará del siguiente modo: “la cantidad económica proveniente de donaciones o aportaciones voluntarias de ciudadanos, empresas o gobierno, será aplicada en las siguientes líneas de acción ya establecidas entre los diversos actores, que se apegan directamente a los objetivos descritos para este mecanismo y benefician al uso sustentable de los recursos”

El objetivo de financiamiento es el manejo y conservación de bosques, el diseño de alternativas productivas sustentables, el mejoramiento del hábitat familiar o de los centros de población, el fortalecimiento institucional, el soporte Público y la conciencia ciudadana, la investigación aplicada y la transferencia de tecnología

“La adecuada comunicación entre proveedores y demandantes de un servicio ambiental constituyen un aspecto crucial para asegurar una óptima coordinación en la implementación de un mecanismo de compensación. Se diseñó el mecanismo con una transparencia total para el manejo de los recursos”

Por ello, “el propio comité técnico del fideicomiso estará integrado por diversas instituciones gubernamentales, educativas, representantes de las siete comunidades de Cerro Grande y las ONG vinculadas al tema”

También se pretende “la participación de dos plataformas sociales: uno, SubConsejo de Cerro Grande: Integrado por los representantes de las siete comunidades de Cerro Grande; y dos, Consejo Cívico del Agua, en el cual se encuentren representados los principales sectores usuarios del servicio ambiental, que para este caso en particular son los ubicados en la zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez que se abastecen del agua proveniente del acueducto de Zacualpan (manantial El Cóbano). Este Consejo estará conformado por representantes de cámaras empresariales (industria, construcción, restauranteros, comerciantes), institutos, representantes de comités de barrio, ciudadanos con liderazgo reconocido socialmente, medios de comunicación, ONG”

Fuente: Mabio AC

Jalisco carece de modelo de gobernanza del agua

Legisladora Mónica Almeida destaca trascendencia de Instituto de Gestión Integral del Agua de Jalisco.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

No existe en Jalisco “un modelo decisional para la gestión integral y la gobernanza hídrica”, advirtió ayer la legisladora local perredista Mónica Almeida López, tras destacar la trascendencia del comité académico instituido el año pasado para asesorar a la comisión especial que presidió, y de la propuesta que empujó como diputada parta crear un Instituto de Gestión Integral del Agua, que presentó hoy.

“Este consejo académico ha sido un parteaguas, entendiendo que es un derecho vital, que es un derecho humano, y que nos da la oportunidad con este documento a las instancias públicas, tanto del poder Ejecutivo como del Legislativo, de tener elementos argumentados, técnicos, especializados, para impulsar soluciones”, dijo.

El informe sobre la presa El Zapotillo, del que MILENIO JALISCO adelantó detalles, “demuestra puntos clave de lo que se hace y de lo que se está dejando de hacer, y por eso es valioso; primero en materia de gobernanza hídrica, que no existe per se, pero que deberíamos tenerla, garantizar la perspectiva humana de derechos humanos, y una perspectiva de manejo de cuenca, comprendida esta como la propuesta para una gestión integral; una política pública, procesos de planeación basados en prioridad de derechos humanos, y procesos de consulta, hoy están ausentes o son ineficientes; no nos garantizan la participación democrática, el acceso, la construcción de gobernanza […] lamentablemente, la presa El Zapotillo, como un estudio de caso, nos tiene en una parálisis a los jaliscienses, con un proyecto millonario, con una serie de problemáticas de interpretación jurídica, y lo peor, sin garantizar el derecho humano al agua de la población, algo que nos tiene hoy aún con un alto grado de incertidumbre”.

Las luces que el comité ha arrojado permiten derivar en una iniciativa de ley “para que ésta comisión se constituye de manera ordinaria, en atención a los vacíos que les explico, para que esta comisión ordinaria le dé una respuesta a la sociedad, para que trabaje desde la perspectiva de una gestión integral”.

Una segunda propuesta “derivada de este trabajo, es una iniciativa de ley en la que se crea un organismo regulador, un organismo constitucional autónomo, como primera propuesta de lanzamiento, para así dar un marco jurídico que nos permita tener un modelo decisional, que garantice un derecho humano al agua” (los detalles de esa iniciativa se pueden consultar en la edición de ayer de este diario).

Observatorio desconfía de propuesta 

Con relación a las reformas propuestas a la legislación local para crear el Instituto de Gestión Integral del Agua de Jalisco, “pareciera más una concreción de acciones que los negocieros [sic] del agua pretendieron afianzar en la fallida ley de agua ‘Korenfeld o Pichardo’ en el sentido de desplazar a los usuarios de aguas nacionales, a la sociedad y concentrar el conocimiento de manera única y excluyente en grupos o instituciones selectos, o creados exprofeso, que considera a la ciudadanía en infancia permanente y se debe decidir por ellos. Cabe resaltar que el sector académico no es usuario consuntivo del agua y sus intervenciones –acertadas o desafortunadas- no inciden de manera directa sobre ellos”, dijo el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez.

También lamentó que el informe del consejo académico, entregado ayer, haya sido omiso respecto al papel del Observatorio y que omitiera la gravedad de la falta de respuestas a las recomendaciones emitidas en torno a El Zapotillo y la exportación de aguas a León.

“El llamado comité académico no emitió un posicionamiento respecto a las recomendaciones del Observatorio, ya que además de ser necesario para cualquier análisis técnico, son de obligada consideración para ellos, al ser –dicho comité- producto de un acuerdo interno de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua del lado de Jalisco, del Congreso Local. Tampoco hacen una amplia referencia –o análisis- a la evolución actual del proyecto presa y acueducto El Zapotillo, lo que indica que no lo tienen en su poder o no lo conocen a detalle; de igual manera, no han atendido las demandas de los habitantes y productores de Los Altos, que han entregado al Congreso de Jalisco y han publicado a nivel nacional y local en medios impresos y electrónicos y sí en cambio, centran sus opiniones en las comparecencias a modo, de algunos titulares de dependencias del Ejecutivo llevadas a cabo el 30 de agosto del 2017”.

El Congreso lanza iniciativa para ombudsman del agua

El Instituto de Gestión Integral del Agua de Jalisco buscará garantizar el derecho humano al agua y saneamiento bajo bases ambientales.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Esta mañana, la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua del Congreso de Jalisco, presentará la iniciativa para la creación de dos entes que deberán enmarcar el proceso de modernización del sector agua en Jalisco: un organismo autónomo regulador, denominado Instituto de Gestión Integral del Agua de Jalisco, y la formalización del Comité Académico para la Gestión Integral del Agua como órgano técnico de la misma comisión.

En el primer caso, se trata de un organismo autónomo, equivalente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tendrá la tarea de “garantizar el derecho humano al agua y saneamiento”

“La regulación de la Comisión Estatal del Agua, como autoridad en materia hídrica, es incompatible con el derecho humano al agua ya que se erige como juez y parte en la materia. Esto implica un riesgo de politización innecesaria, sobre todo cuando se tutela un derecho humano de vital importancia. Se requiere un organismo regulador con expertos en la materia que determinen las soluciones, y se garantice la autonomía constitucional necesaria para garantizar este derecho”, justifica el texto de la iniciativa, del cual tiene copia MILENIO JALISCO.

Así, “se conforma el Instituto de Gestión del Agua de Jalisco como organismo constitucional autónomo cuya función sea promover y garantizar el pleno disfrute del derecho humano al agua y saneamiento, fungiendo como ente regulador en materia hídrica y organizado de la siguiente manera: […] siete comisionados, electos de manera escalonada, expertos en materia hídrica; contando como mínimo con título de posgrado en el área; debiendo además de contar con el reconocimiento de centros de investigación, o de universidades públicas o privadas, o en su defecto de colegio de profesionistas debidamente acreditados”. Los comisionados se elegirán por un “procedimiento mixto, en donde se realiza un examen por oposición en donde exista a su vez una evaluación integral de sus perfiles, a efecto que, los candidatos con mejor desempeño, sean electos por dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado”. Los comisionados estarán en el cargo nueve años “improrrogables”.

Las facultades del instituto: “Expedir disposiciones administrativas de carácter general: es decir normatividad interna para hacer más eficiente y eficaz sus funciones; será órgano rector en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico en materia hídrica en el estado de Jalisco, estableciendo los mecanismos para la generación de herramientas de propiedad industrial que sean necesarias para garantizar el desarrollo sostenible en garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento; se contará con una agencia de investigación para poder investigar y sancionar irregularidades en materia hídrica, como sería el caso cuando las tarifas y demás políticas públicas no garantizan el derecho humano al agua”.

Fungirá “como defensor del derecho humano al agua y su saneamiento de los habitantes en Jalisco, estableciendo en su normatividad interna, los defensores gratuitos y accesibles a la población en caso que sus prerrogativas se vean vulneradas, teniendo facultades para dictar las medidas cautelares necesarias, para evitar que las acciones lesivas en materia de este derecho se lleven a cabo”.

Otras funciones: “formulación, seguimiento y alineación de la gestión integral del agua en Jalisco con los indicadores correspondientes al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas denominado: Agua para Todos, así como de la agenda internacional de ONU-Habitat. Intercambio de experiencias exitosas y mejores prácticas de manejo nacionales e internacionales y liderazgo en la conformación de comunidades de aprendizaje. Definir los umbrales de mínimo vital que, de acuerdo con los criterios del derecho humano al agua, deberán tener los hogares como acceso en cantidad y calidad los habitantes de Jalisco”.

También, la “consolidación estratégica de atención y seguimiento interinstitucional, con sólidos instrumentos de participación ciudadana, que garantice la implementación de las acciones al paso de las administraciones públicas y a la lógica propia de los tiempos políticos. Generar y mantener un marco de cooperación entre los organismos y actores del sector del agua en el Estado para lograr la transversalidad e integralidad de las políticas hídricas con un enfoque de equidad, derechos, mínimo vital y gestión integral y efectiva del recurso hídrico”.

Además, “monitorear y evaluar a través de la definición de objetivos estratégicos indicadores de desempeño, resultados e impacto, la efectividad y equidad del recurso hídrico en el estado, a través de los principios de efectividad, predictibilidad, simplicidad, justicia, equidad y consistencia”.

El marco de la necesidad de este organismo es que “pese a que han pasado cinco años desde que se constitucionalizó el derecho humano al agua potable y al saneamiento, sigue sin que se expidan los marcos jurídicos que se encuentren armonizados con los compromisos adquiridos con la comunidad Internacional”. El acceso real al agua sigue siendo un problema, sobre todo para grupos vulnerados. “El saneamiento resulta preocupante, en donde la mayor parte de las entidades y municipios no cuentan con la infraestructura adecuada que responda a las necesidades de la población; además que éstas operan de manera deficiente”.

En cuanto a la calidad del agua, “no se cuenta con información suficiente para los usuarios que garantice que ésta cumpla con los estándares internacionales; sobre todo existe opacidad en la materia, lo cual se traduce en una inversión adicional que deben de realizar éstos en comprar botellas de agua”.

En materia de asequibilidad, “los sectores pobres deben de pagar más por su agua, sobre todo atendiendo a la opacidad en cuanto a la claridad en cuanto a su calidad; por no mencionar que al existir diversas tarifas que no están homologadas, pueden ser inclusive a veces desproporcionales. Esto se traduce en que al tener los usuarios, sobre todo sectores vulnerados, que sufragar más gastos para acceder a éste derecho, otras prerrogativas se ven mermadas”, mientras en materia de igualdad y no discriminación, “siguen dándose numerosos casos en donde grupos vulnerados como es el caso de las comunidades indígenas que no ven satisfecho este derecho, con lo cual se incumple con la obligación por el que éste derecho debe ser accesible para todos; por lo que resulta preocupante que no se dé solución a esta circunstancia”.

Consolidan el órgano técnico 

La comisión propone dar continuidad al Comité Académico para la Gestión Integral del Agua, estableciéndolo como su órgano técnico.

“Ha logrado establecer parámetros a favor del derecho humano del agua sin que implique un costo al Congreso del Estado en donde se ha hecho uso de la experiencia de centros de investigación e instituciones de educación superior. Se pretende darle continuidad, manteniendo su conformación actual a través de instituciones y centros académicos de expertos en donde sigan realizando sus funciones, auxiliando a la Comisión para la Gestión del Agua en el Estado de Jalisco”.

El órgano “sesionará con sus integrantes de manera colegiada, en donde cada universidad presidirá por un año de manera rotativa dicho órgano interno. A su vez tendrá la obligación de publicar informes mensuales”.

El Ejecutivo “no tuvo voluntad”para discutir el tema Zapotillo

Presentaninforme “Los problemas de la gestión integral del agua y la Presa El Zapotillo”.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Durante las jornadas de trabajo que se dieron en agosto de 2017, unas semanas después de que el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz decidió decantarse por el proyecto de cortina de 105 metros en El Zapotillo, y la definitiva inundación de los tres pueblos alteños ubicados en la zona del embalse, los legisladores no contaron con la seria participación de los representantes del Ejecutivo, que se limitaron a convalidar la decisión tomada sin apegarse a los temarios específicos que se les entregaron.

Esto hizo imposible llegar a conclusiones y sobre todo, a acuerdos, señalan los autores del informe “Los problemas de la gestión integral del agua y la Presa El Zapotillo”, que se presenta formalmente hoy.

“El pasado 30 de agosto del 2017, se llevó a cabo en el H. Congreso del Estado de Jalisco una comparecencia con el titular de la Comisión Estatal del Agua y los secretarios de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; Planeación, Administración y Finanzas; Infraestructura y Obra Pública; Desarrollo Rural; Desarrollo Económico, y General de Gobierno. Asimismo, el 31 de agosto del presente se desahogó un diálogo con el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco. El ejercicio de deliberación surge a partir de un Acuerdo Legislativo del día 17 de agosto por el cual se insta a los titulares del Poder Ejecutivo estatal mayormente involucrados con el tema de la Presa El Zapotillo a comparecer y responder preguntas sobre asuntos específicos acerca del proyecto de infraestructura y gestión integral del agua en Jalisco”, señala la publicación.

“Se observó que, aun existiendo un formato previo sugerido para abordar la información, todos los funcionarios, excepto la Semadet, optaron por presentarla sin atender a dicho formato, lo cual dificultó el análisis comparativo de la congruencia integral de la información presentada”, añade.

El formato previamente acordado consistía en los temas y planteamientos diversos, entre ellos: 1. Nivel de cumplimiento de recomendaciones del Observatorio Ciudadano del Agua. 2. Mecanismos de compensación y expropiación a afectados directos. 3. Conclusiones de estudios de impacto ambiental, evaluaciones ambientales estratégicas y costo-beneficio social.

Problemáticas en torno a la construcción de La Presa El Zapotillo: “1. Con base en la información disponible y analizada, dimensione las problemáticas social, económica, ambiental y de gobernanza en torno a los siguientes aspectos del conflicto de la Presa El Zapotillo. 2. ¿Qué escenarios y proyecciones vislumbra con base en el conflicto actual para cada uno de los 3 temas? 3. ¿Qué alternativas propone en caso de presentarse el escenario menos favorable para cada uno de los 3 temas? 4. ¿Qué procesos de negociación y colaboración se han llevado a cabo o se requerirían para solucionar cada uno de estos tres aspectos?

Otros temas: 1. Volúmenes de agua comprometidos por Jalisco para la construcción de la presa El Zapotillo. 2. Afectaciones Económicas del sector ganadero y agrícola de los Altos de Jalisco. 3. Estimación de afectaciones a pozos y bordos de los Altos de Jalisco. 4. Proyecciones y planes de Acción para minimizar la afectación a productores de Los Altos”.

El desdén de los funcionarios del ejecutivo tuvo sus efectos: “Algunos legisladores abandonaron la sesión por considerar que el formato era inadecuado y por sentirse ofendidos. No se percibió un debate propositivo y de discusión seria de diferencias, sino más bien de confrontación. Como resultado de la comparecencia, los miembros del Comité Académico para la Gestión Integral del Agua de Jalisco presentaron algunas observaciones sobre los temas abordados u omitidos que quedaron inconclusos o insuficientemente discutidos y clarificados con el ánimo de rescatar la discusión en torno al conflicto del proyecto de la Presa El Zapotillo y encontrar salidas que sean económicamente viables, socialmente justas y ecológicamente sustentables”. El resultado es el informe, que se publica hoy, y del que MILENIO JALISCO ha ofrecido adelantos en sus ediciones del 13 y 14 de agosto de 2018.

Secretarios coinciden en la debilidad de agenda ambiental

Reunidos en Jalisco, la titular de la Semadet destaca que los problemas ambientales nacen de decisiones políticas y económicas de corto plazo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales tuvo ayer su último encuentro en Jalisco, en lo correspondiente a la relación con la administración federal 2012-2018. Representantes de 25 estados de la república coincidieron en la necesidad de fortalecer la organización para pesar con más fuerza en el ámbito de las decisiones federales, como experiencia de un sexenio en el cual el gasto ambiental de esa esfera de gobierno se desplomó estrepitosamente.

Reunidos en la sede central de la Comisión Nacional Forestal, en Zapopan, coincidieron en la necesidad de consolidar una agenda y darle fortaleza equivalente a otros ámbitos del sector público, caso del desarrollo rural, que ha sido muy próspero por la convergencia de recursos federales en los estados, caso del aguacate y los berries en el caso de Jalisco.

“Las problemáticas ambientales lo que reflejan es la disfuncionalidad del programa de desarrollo, es decir, no se toman decisiones basados en lo ambiental, y las problemáticas no se van a solucionar hasta que se haga esto totalmente transversal, desde el ciudadano, hasta toda la toma de decisiones de los sistemas productivos y de la política; lo que nosotros tenemos es un avance grandísimo, realmente, y estratégico, en todas las políticas públicas, hicimos los andamiajes institucionales, la programática, les dimos presupuesto; la diferencia de resolver realmente una problemática ambiental que requiere de un alto nivel de complejidad de muchos factores, y de una apuesta a las intermunicipalidades y a la gobernanza, que es que todos los que tomamos en el territorio decisiones estemos involucrados”, dijo la secretaria anfitriona, Magdalena Ruiz Mejía, titular de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

Señaló: “como Jalisco desdoblamos una estrategia, libros blancos, de los proyectos más prioritarios, y un análisis cualitativo de este sexenio; nos concentramos en las políticas más estratégicas, y lo que vamos a estar compartiendo es cómo hemos caminado estos seis años como entidad federativa, y si bien nosotros le dimos una prioridad al eje de lo medio ambiental, en la que financieramente llegamos a casi 1.5 por ciento del presupuesto y somos una de las cinco entidades que destinan más recursos al tema, también debemos asumir que en los 32 estados la situación de fortaleza es muy desigual”.

En Jalisco, el mayor presupuesto ambiental pudo paliar el descenso de presupuesto federal, pero otros estados no tuvieron ni los medios financieros ni la prioridad política para hacerlo. Consideró necesario dar peso a una visión de desarrollo desde lo territorial y lo ambiental que dé certidumbre de largo plazo a las actividades económicas.

“Estamos reflexionando cómo hemos llevado el tema del cambio climático en las agendas de adaptación, vamos a compartir estos avatares que tuvimos en el tema de lo territorial, y todo los aprendizajes que tuvimos al ver cómo la ciudad se trataba de adaptar al territorio; también ver cómo resolvimos, de una manera, con gobernanzas, con el apoyo de capacidades diferenciadas, tema como los pasivos ambientales […] también nos vamos reunimos para la agenda climática”, sostuvo.

Destacó que en seis años “hemos tenido proyectos de conservación y de manejo de biodiversidad, el tema del manejo de fuego, todas las estrategias de cambio climático, todos los proyectos de colaboración interinstitucional”.

Aseguró que “somos los líderes a nivel de lo nacional, en la agenda de cambio climático; hemos hecho todos los arreglos interinstitucionales, todos los instrumentos, políticas públicas, presupuesto y acciones […] también el programa estatal de gestión integral de residuos fue un programa con un enfoque participativo, construido con los gestores que manejan todo el tema de residuos; hemos desdoblado toda una agenda participativa, donde jalisco tiene normatividades que ningún otra entidad federativa tiene, somos pioneros a nivel latinoamericano en temas como las ladrilleras, que si bien operativamente nos ha costado trabajo hacer el parque ladrillero, todo lo que está detrás nos ponen en liderazgos a nivel latinoamericano”; destacó “proyectos sustantivos” en movilidad escolar, biodiversidad, y sobre todo, el enfoque de gobernanza territorial, “con las intermunicipalidades, que han hecho posible aterrizar el proyecto REDD+ [Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación más desarrollo social] en las cuencas de la costa, justo las que más se deforestaban”.

Dato

La Asociación Nacional de Autoridades Estatales “es un órgano de coordinación y trabajo entre las autoridades ambientales de los estados de México, que tiene como objetivo intercambiar experiencias, programas y acciones encaminadas al desarrollo ambiental estatal, regional y nacional. Es un vínculo permanente con el Congreso de la Unión y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a fin de encontrar mecanismos legales y presupuestales para la gestión ambiental”

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Claves 

Problema complejo 

La administración federal 2012-2018 es la que, desde 1988, menos recursos relativos ha destinado al ambiente, aunque paradójicamente, es la que ha protegido en el papel más espacios de vida silvestre

Esto obligó a los estados y los municipios a asumir papeles más protagónicos para hacer frente a las agendas ambientales

En Jalisco, se redujo casi a cero la inversión en proyectos ambientales de unidades de manejo de vida silvestre (abreviado a uma), lo que llevó a la quiebra a proyectos pioneros como la uma de jaguar en Cabo Corrientes

En el caso de los estímulos al desarrollo forestal, también descendieron, y las inversiones de Conafor se concentraron en reforestación y proyectos de productividad, lo que derivó en abandono de diversos proyectos forestales comunitarios

La procuración de justicia ambiental es también uno de los talones de Aquiles: la impunidad es casi completa en materia ambiental

Denuncian vertedero en Atemajac que daña el bosque

Vecinos aseguran que la Semadet eximió de presentar evaluación de impacto ambiental aunque se ubica en zona boscosa.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El tiradero municipal de Atemajac de Brizuela, enclavado en el predio La Topomina y El Carrizal, es un grave riesgo ambiental por ubicarse contiguo a una zona de bosque, y a praderas donde pasta ganado y se hacen labores agrícolas, denunció el presidente de la asociación civil Custodios del Bosque y Amigos de la Naturaleza, Guillermo Dávila Trinidad.

El activista, en compañía de sus abogados, dijo que para reabrir el sitio, que había sido cerrado hace casi quince años, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial eximió al Ayuntamiento de Atemajac de Brizuela de presentar manifestación de impacto ambiental, lo que considera una seria irregularidad, dado que la zona del predio es contigua a manantiales, hay un centro de población a menos de dos kilómetros, el terreno tenía árboles y domina la parte alta de una cuenca, lo que significa que puede contaminarla. De acuerdo a los datos geohidrológicos, la zona aporta hacia el sitio Ramsar Laguna de Atotonilco, el cual es parte de los humedales prioritarios internacionales cuya conservación es compromiso del gobierno mexicano.

“Cuando hicieron por primera vez el vertedero, hace quince años, recuerdo que una vaca comió de la basura y se le murió al dueño, y este, por supuesto, interpuso recursos y demandó el asunto […] el ayuntamiento habían recibido dinero de un programa que se llamaba Jalisco Limpio, y aún así, el tiradero fue cerrado cuando se demostraron los daños ambientales que estaba ocasionando”, explicó.

El proyecto de reapertura fue presentado a la Semadet como “rehabilitación”; en el documento se pide la exención de la MIA, lo que admite la dependencia estatal por haber sido pagado el derecho a la exención, haberse entregado el proyecto ejecutivo de un relleno sanitario sobre 15,254 metros cuadrados, un contrato de arrendamiento y la copia del decreto por el que se creó un organismo público descentralizado denominado Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sólidos Urbano Sierra Sur, para operarlo.

El proyecto incluye “obras especiales de protección”, licencia municipal de relleno sanitario, dictamen de trazos, usos y destinos. “El proyecto fue emplazado en una cañada natural por la cual, durante la temporada de lluvias corría un arroyo intermitente. Las escorrientías que antes corrían en esa cañada son desviadas por las obras especiales de protección pluvial que las conducen por los costados norte y sur del predio hacia la continuación de la cañada, al oreste del proyecto” (sic). 

Así, asegura la Semadet que “está fuera de los supuestos de evaluación en materia de impacto ambiental dado que no se causarán desequilibrios ecológicos, las afectaciones al ambiente y los impactos serán mínimos y podrán ser prevenidos o mitigados” (expediente 3111, oficio SEMADET DGPGA/DEIA número 2880279/2016).

Con base en eso, la Semadet dicta normas a cumplir y permite que se haga la reapertura. Esto no convence a los vecinos, que además, aseguran que la vida del SIMAR Sierra Sur ya ha fenecido, porque el Ayuntamiento de Tapalpa quedó fuera. Y en todo caso, ni los vecinos fueron consultados ni existe la certeza de que no habrá daños. Exigen que no se permita operar al vertedero, lo que ocurre desde el pasado 7 de agosto.

Jalisco es el campeón nacional agropecuario con pies de barro

El escenario tendencial de ascenso de temperaturas puede poner en riesgo la economía del sector primario, y “estamos haciendo muy poco”, advierte experto.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

No solamente la región de Los Altos de Jalisco está expuesta a un colapso económico y social por la falta de acciones de prevención, adaptación y mitigación del cambio climático; la próspera economía agropecuaria del estado, que aporta 11 por ciento de la riqueza nacional del sector primario, puede sufrir graves retrocesos si no se comienza a tomar en serio el tema, advierte el meteorólogo de la Universidad de Guadalajara, Hermes Ulises Ramírez Sánchez.

Coordinador del tema de vulnerabilidad en el grupo interdisciplinario e interinstitucional que dio vida al proyecto más ambicioso sobre el tema, culminado en 2014, y que pese a sus objetivos, no fue considerado por la actual administración estatal que contrató un nuevo proyecto, según el investigador, “hecho al vapor”, Ramírez Sánchez sostiene que se está haciendo tarde como para responder con simulaciones de “corto plazo”.

“Yo creo que nuestro trabajo se ha tomado como un archivo más, y pese a que se supone que se hizo a petición de la Semadet [Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial], o sea, del gobierno del estado; y se supone que era para implementar las acciones contra el cambio climático, así que creo que fue desechado, no fue tomado en cuenta, por parte de las autoridades, ya que decían que como no correspondía a su administración [el contrato data del año 2010] no era válido; ahora se ha evidenciado en la falta de una verdadera acción contra el cambio climático, me parece que todo ha quedo en el discurso por parte de la autoridad”, sostiene en entrevista con MILENIO JALISCO.

A su juicio, el gobierno estatal cayó en la tentación de adjudicarse el eslogan de ser una administración ambientalista, pero sin atreverse a reflejarlo “en acciones concretas”. De este modo, “cuando ya empecemos a sentir los problemas más severos, se van a empezar a tomar acciones, y espero que no sea ya demasiado tarde”, advierte.

- ¿Qué tipo de acciones deberíamos estar ya haciendo?

- Hay un montón de cosas que se tenían que hacer; hablamos de cambios en la manera de producción tanto a nivel industrial como agrícola y ganadero; tenemos que cambiar nuestros cultivos, tener recursos para la reconversión productiva; acciones reales que involucren a todo mundo, no es solo exclusivo del gobierno, y a la iniciativa privada, y a nosotros como formadores de conciencia como universidades; pero creo que cada uno trabajando por su lado, sólo le quiere sacar raja a su posición, y mientras estemos descoordinados no le veo futuro.

- Los alteños piensan que el cambio era para legitimar la presa de El Zapotillo, pues los datos climáticos no podían favorecer un proyecto de ese tipo; pero incluso a nivel del área metropolitana de Guadalajara, no hay una verdadera política para ampliar las áreas verdes, que ayudarían mucho a la mitigación…
- Así es; por el contrario, prácticamente han desaparecido las pocas áreas verdes que hay en esta ciudad, ya sabemos que uno de los elementos que absorben el bióxido de carbono son las plantas, y cada vez tenemos menos cobertura verde. Creo que tenemos que ponernos las pilas, tampoco estamos eficientando el transporte público como para que sustituya al privado, y mientras sigamos en esa tendencia, no saldremos de esto.

- Jalisco, dice el gobierno, es “el campeón agropecuario”, ¿un gigante con pies de barro?

- Pues sí, es un gigante agropecuario, pero a ver hasta cuándo; mientras sigamos agotando los recursos básicos, que son agua, tierra, clima, sol, qué va a pasar; cuando nos acabemos las tierras, cuando ya no tengamos agua, el sol lo vamos a tener, pero no nos va a servir de gran cosa; tenemos que pensar a futuro, no a corto y mediano plazo: somos los grandes productores y exportadores de berries [frutos del bosque] en el mundo, pero no nos damos cuenta que la producción de este tipo de producto lleva un gran consumo de agua, exagerado, que no es lo que le conviene al estado; nos estamos fijando en lo que nos da en este momento, pero a futuro, no hay una política de sustentabilidad para que sigamos teniendo agua, y no tener nada mas este tipo de productos, sino una diversidad importante de productos agropecuarios que apunten a un equilibrio.

- Y hablamos de riesgos para la economía, pero ¿qué hay del patrimonio natural?

- Ahí está peor el asunto; el dinero se puede buscar de otras fuentes, pero el entorno, ¿lo importamos, o de dónde lo vamos a traer? Porque aquí todo va a cambiar, los ecosistemas se van a transformar, pueden ser atractivos en un momento dado, pero después de van a convertir en lugares que no van a ser atractivos desde ningún punto de vista.

- ¿Ve que el gobierno que entrará en funciones en octubre traiga mejores propuestas para este tema?

- Me da mucha pena decirlo, pero durante las campañas no vi ninguna propuesta, de ningún partido, para este tipo de problemas; la visión sigue siendo a muy corto plazo, a lo que es en el momento, para mantener una rentabilidad política, pero en el país desde hace mucho tiempo no veo una política ambiental con un propósito definido; estamos dando tumbos, a ver que sale, sabemos que en cualquier cosa si no hay una planeación debida, tiene resultados inciertos, y eso es lo que sucede. Agrega: “creo que se nos ha olvidado que hay que trabajar en los tres ejes del cambio climático: vulnerabilidad, adaptación y mitigación; estamos trabajando mucho en lo de la huella de carbono, en adaptarnos, pero ni siquiera sabemos en qué somos vulnerables, cuando tendríamos que definir con mucha precisión las realidades y los riesgos de cada región, y hacer políticas públicas específicas […] seguimos en esta política absurda de que lo que hicieron los otros gobiernos no sirve, y yo creo que al contrario, no puedes desechar un estudio sin ni siquiera evaluarlo de manera concienzuda”.

- ¿No podrá pensarse que el trabajo de ustedes contenía conclusiones y datos estorbosos para políticas económicas de corto plazo, como la exportación de aguas del río Verde o la expansión aguacatera a costa de los bosques?

- Yo creo que no era conveniente para las políticas que se estaban implementando en este sexenio, así que parte de esto también lo afectó; sabemos que muchos de esos estudios están hecho a modo, y nosotros jamás nos prestamos a que nos impusieran otras condiciones; publicamos lo que encontramos en la realidad, sin maquillar y sin tampoco exagerar, sino simplemente lo que nos daba resultado con nuestros procedimientos, como están en la norma internacional. De otro modo no sirve, no tiene caso engañarse.

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Claves 

Jalisco, vulnerabilidad, de 3 a 6 grados más en el siglo XXI 

“En el mejor de los escenarios, la temperatura promedio en Jalisco aumentará de manera general al menos 3 grados y en el peor 6 grados […] en el mismo sentido, las disminuciones de humedad se consideran entre el 10 y 15% con un incremento en la intensidad de las precipitaciones en los primeros años y descenso alarmante de las mismas en el resto del periodo conjuntamente con el aumento de temperatura…

” De este modo, se esperan “problemas de seguridad del agua tales como: estrés hídrico y aumento de la demanda de agua; esto, como resultado de la reducción de precipitaciones y del aumento de la evaporación. Afectará adversamente a los medios de subsistencia y exacerbará los problemas relacionados con el agua. Se predice que los cambios en las pautas de las precipitaciones afecten significativamente a la disponibilidad de agua para consumo humano, las actividades primarias (agricultura y la ganadería), actividades secundarias (industria) y actividades terciarias (servicios, turismo)”

Como consecuencia, “una disminución de la producción de la agricultura y la silvicultura debido al aumento de los incendios y sequías; junto con esto, se pondría en peligro la producción agrícola, el acceso a los alimentos, la disminución de las áreas cultivables, la duración de las estaciones de crecimiento vegetativo y del potencial productivo afectando la seguridad alimentaria y exacerbando la malnutrición”

En algunas regiones, “podría reducirse el rendimiento de la agricultura de seca no en un porcentaje importante. En las zonas más secas se espera que el cambio climático provoque la salinización y desertifcación de la tierra agrícola. Se prevé la disminución de la productividad de algunos cultivos y ganadería con consecuencias adversas para la seguridad alimentaria”

La disminución y desaparición “de zonas ganaderas (Región Altos) producto del estrés térmico, falta de disponibilidad de agua y alimentos para el ganado, la sustitución de especies por otras más resistentes con el consecuente descenso de la productividad. Esto implicará que el estado pierda su supremacía en la producción de productos lácteos y de carne para consumo humano”

Riesgos de inundación en zonas bajas “debido a que se espera que el nivel del mar aumente. Se prevé que el aumento de la temperatura marina en superficie tenga efectos adversos en los manglares, arrecifes de coral y cambie la ubicación de los bancos de peces, con consecuencias adicionales para las pesquerías y el turismo. Asimismo, se prevé que la disminución de los recursos pesqueros debido al aumento de las temperaturas del agua, así como el exceso de pesca puede empeorar esta situación. Hacia finales del siglo XXI, el aumento del nivel del mar previsto afectará a las zonas costeras bajas con grandes asentamientos poblacionales como los son las zonas turísticas de Vallarta, Costa Alegre y Riviera Nayarit”

El deterioro de las condiciones costeras “como consecuencia de la erosión de las playas se espera afecte a los recursos locales reduciendo el valor de esos destinos turísticos. Se espera que el aumento en el nivel del mar agrave las inundaciones, las mareas de tempestad, la erosión y otros riesgos costeros, amenazando las principales infraestructuras, los asentamientos y las instalaciones que sostienen los medios de subsistencia de las comunidades costeras”

En salud, “un aumento de la morbilidad endémica y la mortalidad debido a enfermedades diarreicas asociadas a inundaciones. El aumento de las temperaturas de las aguas costeras podría exacerbar la presencia de algunas enfermedades como dengue, influenza, cólera, entre otras. Asimismo, se espera el resurgimiento de otras enfermedades consideradas erradicadas hasta hace algunos años, además de la presencia de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, de epidermis, las transmitidas por vectores, por aguas contaminadas, entre otras; aunado a ello, la malnutrición afectaría principalmente las zonas marginales, de las diferentes regiones del estado y de la zona Metropolitana de Guadalajara”

Esto conllevaría “un incremento muy importante en el gasto de salud, el cual si no se toma en cuenta en el presupuesto del estado, puede tener como consecuencia el aumento de la mortalidad en amplios sectores de la población”

Fuente: Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC) del Estado de Jalisco, proyecto fnanciado por el Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Jalisco FOMIX, clave: 2010-04-143992