El gobierno europeo, preocupado por afectaciones a sus ciudadanos, pidió información. Comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos se reparten el trabajo: buscarán determinar actos y omisiones de los niveles de gobierno, sobre todo por impedir paso en carretera y playa públicas.
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 24 de agosto de 2010
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya abrió un expediente sobre presuntas violaciones a las garantías jurídicas de ciudadanos, como consecuencia del desalojo de la playa de Tenacatita, en la costa de Jalisco, realizado por policías estatales, en apoyo del juzgado civil de Cihuatlán, el pasado 4 de agosto, y que ha derivado en el bloqueo de una carretera pública y el impedimento del acceso a la playa por parte de las fuerzas del orden.
Además, la embajada alemana en México ha solicitado información en días pasados ante diferentes instancias públicas, como resultado de las denuncias de diversos ciudadanos de esa nación europea, que vieron afectado su patrimonio con el lanzamiento practicado a favor de la Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, y consideran el hecho una injusticia, pues son compradores de buena fe y poseen escrituras validadas por dos Presidentes de la República: Vicente Fox y Felipe Calderón, según explicaron miembros de esa comunidad a Público.
En cuanto a la CNDH, su primer visitador, Luis García López, se reunió el pasado fin de semana con el presidente de la comisión estatal, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, tras quejas recibidas desde que se realizaron los hechos hace más de dos semanas. El acuerdo fue que cada comisión daría seguimiento a los asuntos de sus respectivos ámbitos, el estatal y el federal, lo que deja el problema de la intromisión policial en manos de la CEDHJ, y el del acceso a la playa federal y el daño a ecosistemas, en manos de la nacional.
“Desde el 4 de agosto, que se celebró esta diligencia de levantamiento y entrega de posesión del predio, hubo presencia de la comisión nacional, con dos visitadores, porque hubo telefónicamente una queja que presentó un particular que se siente afectado […] este fin de semana vino el primer visitador a otros asuntos y aprovechó para tener una reunión con su servidor, donde determinamos que la comisión estatal seguirá conociendo las quejas en lo que se refiere a las autoridades estatales y municipales que pudieran estar involucradas y denunciadas ante Derechos Humanos, pero la nacional hará lo propio en lo que respecta a las autoridades y dependencias federales para ver qué están haciendo o dejando de hacer”, informó el propio presidente de la CEDHJ.
“Recordemos que después de la zona arenosa y de lo que es el mar, en tierra conforme con las leyes federales son 20 metros que no se pueden enajenar, que no se pueden embargar, que no se pueden trasmitir y son propiedad de la nación”, apuntó Álvarez Cibrián.
El ombudsman estatal fue enfático en la necesidad de que se discrimine entre el tema de violaciones a derechos básicos, que es materia del trabajo de las comisiones, y los “temas jurisdiccionales”, que son materia de jueces y tienen la última palabra en cuanto a quién es el legítimo propietario de los terrenos de la zona, descontada el área federal, que es de la nación.
El representante subrayó que tiene alta preocupación por el bloqueo de una carretera federal, pues le parece que no es necesaria esa medida para preservar la paz y ya se ha prolongado excesivamente. La CEDHJ tiene 20 quejas que está integrando; la entidad pública con la que entró en relación es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que preside Luis Carlos Nájera Gutiérrez.
“La carretera es un bien público y por ella se debe garantizar el libre tránsito […] en este momento no encontramos una justificación de esa acción, creemos que hay formas de garantizar la tranquilidad sin que se obstruya ese libre tránsito y el disfrute de esa playa”, puso en relieve Álvarez Cibrián.
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Propiedad polémica
Los presidentes Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) han emitido escrituras para hasta 220 fracciones de propiedad vendidas por ejidatarios de El Rebalse de Apazulco (o Lázaro Cárdenas) frente a la playa de Tenacatita, incluso en la superficie que hoy tiene posesionada la inmobiliaria Rodenas, SA de CV, tras el polémico desalojo de la semana pasada, que ésta promovió.
Dichas escrituras están emitidas en el marco del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Certificación de Solares Urbanos (Procede), lo que deriva inevitablemente de un procedimiento oficial de medición de linderos y confirmación de la legítima propiedad del núcleo agrario sobre la zona, que entra en abierta contradicción con los derechos invocados por la inmobiliaria, que fueron hechos valer por el juez civil de Cihuatlán el pasado 4 de agosto, al ordenar el lanzamiento de los compradores del ejido.
Los derechos de la inmobiliaria son fruto de un juicio de amparo ejecutado diez años después de la orden
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