La crisis social y política provocada por el desalojo del poblado de Tenacatita, en la playa homónima de la costa de Jalisco, ha sido en buena medida ocasionada por el papel del gobierno del estado, que en vez de ser un árbitro imparcial, ha inclinado todo su poder a favor del empresario José María Andrés Villalobos, acusó ayer el dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Gabriel Ponce Miranda.
Emilio González Márquez “debería de ser árbitro, o como se usa en el béisbol, el ampayer en esto: ‘a ver, vámonos sentando, preséntenme sus probatorias’, y ahí decidir, pero que quedara clara su voluntad de atender a la sociedad de Jalisco, y no decir de manera olímpica ‘pues es un problema entre ellos’ […]”.
—¿En la práctica está jugando a favor de una de las partes?
—Y está claro esto, [a favor] del señor José María Andrés Villalobos, al que le dan posesión a su anchas y dice: ‘yo de qué me preocupo, si tengo quién me cuide mis intereses’; y si además le están permitiendo que bloquee una carretera estatal, que evita el ingreso a una playa que no es de él, entonces está claro que tiene toda la protección del gobierno…
El también legislador priista destacó que tras la marcha y la negociación que le tocó encabezar el pasado 16 de agosto, no sacan lo positivo: “La gente quedó absolutamente inconforme e insatisfecha, porque hicimos tres propuestas; los campesinos decían, ‘bueno, con que nos digan que hay voluntad y nos acepten una’; pero nada, se cierran en que se tiene que respetar una ley superior a la cual no tuvo conocimiento ni siquiera el presidente municipal de La Huerta, ni el presidente del comisariado ejidal, ni el delegado municipal, y llegó la policía preventiva a las cuatro de la mañana a desalojarlos […]”.
El dirigente campesino dijo que desde la tarde del lunes, en que fue atendido por un funcionario menor de la Secretaría General de Gobierno, no ha recibido ninguna noticia que indique una corrección en la postura gubernamental.
“No, hasta ahorita no he tenido ninguna llamada, ninguna señal de que pueda darse […] yo reitero de que se corre el riesgo inminente de que ahí pueda suscitarse un enfrentamiento violento, los campesinos no están dispuestos a que siga la situación como está, y en el uso del derecho por lo que ellos consideran un atropello, un abuso de autoridad, y la forma en que fueron tratados […] estoy realmente disgustado por la actitud del gobierno del estado, que según mi entender como ciudadano tenemos derecho a que se nos escuche con o sin la razón, o que al menos haya el antecedente de que hay disposición al diálogo”.
Ponce Miranda dijo que el siguiente paso es acudir a la Ciudad de México para que Gobernación y Reforma Agraria intervengan, pues hay actos jurídicos de gobierno que ellos validaron, como la entrega de las tierras hoy desalojadas.
... Y el Ejecutivo matiza, pero...
Ayer, el gobernador Emilio González Márquez insistió en que los actos de desalojo en Tenacatita fueron ordenados por un juez.
“[…] Lo que a nosotros nos motiva en este tema es que evidentemente hay inestabilidad social en la zona y lo que nosotros buscamos es que los que están peleando por la propiedad, por un patrimonio, puedan sentarse y puedan llegar a un acuerdo conveniado [sic] , atendiendo aquel viejo dicho de que más vale un mal arreglo que un buen pleito; entonces el gobierno del estado, el Ejecutivo, está sentando en una mesa para que los que están peleando puedan ponerse de acuerdo […]”.
Dijo que el bloqueo del acceso a la playa y de una carretera estatal fue parte de la orden que dio el juez, y no puede desacatarla. “Ya se están sentando las partes, muy probablemente los políticos no se estén enterando, pero ya van reuniones en donde los verdaderamente interesados en resolverlo, que son los que están en el litigio, están sentándose, ya tienen tiempo”, añadió, sin explicar cómo y dónde son tales encuentros conciliatorios.
Guadalajara/Agustín del Castillo
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